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El 87% de los municipios de la zona oriental no reporta homicidios en 2021 como fruto de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno
En el 87% de los municipios de cuatro departamentos situados en la zona oriental de El Salvador las autoridades no registran asesinatos en los primeros 13 días de enero de 2021; con lo cual se evidencia que el éxito del Plan Control Territorial impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, continúa en este nuevo año en todo el territorio nacional.
De acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) solo en 11 municipios de los departamentos de Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión se reportan muertes violentas; mientras que en las 76 jurisdicciones restantes no ha habido ningún asesinato.
Los datos policiales señalan que de las 20 localidades que conforman el departamento de San Miguel, 18 se mantienen con cero homicidios. Mientras que en Usulután, 18 de las 23 que lo conforman tampoco ha habido asesinatos.
Por su parte, en 15 de las 18 jurisdicciones del departamento de La Unión no se contabilizan asesinatos. Mientras que Morazán solo en una de sus 26 localidades registra una muerte violenta.
Entre los municipios que se mantienen sin homicidios se encuentran algunos que en los anteriores gobiernos fueron reconocidos históricamente por el alto índice delincuencial, están Ciudad Barrios, San Agustín, Jucuapa, Mercedes Umaña y otros.
La estrategia de seguridad del Gobierno del Presidente Bukele ha llegado a los territorios de manera conjunta y articulada con otras instituciones, para una verdadera recuperación de los espacios controlados por grupos criminales, algo que en los pasados gobiernos nunca sucedió.
Los logros obtenidos por la estrategia de seguridad son el resultado del trabajo realizado por los soldados de la Fuerza Armada de El Salvador, la operatividad de la Policía, y la aplicación del orden y disciplina en los Centros Penales, así como el bloqueo de la comunicación desde su interior.
El año pasado fueron 77 los municipios que no reportaron asesinatos, lo cual constituye un resultado nunca antes registrado por las anteriores administraciones.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un pandillero de la MS-13 en la frontera El Amatillo, ubicada en La Unión Norte, cuando intentaba salir del país.
De acuerdo con la institución, durante la intervención los agentes identificaron tatuajes en el cuerpo del detenido alusivos a la estructura criminal. Asimismo, al inspeccionar el teléfono celular que portaba, encontraron varias imágenes que lo vinculaban con la pandilla, entre ellas fotografías en las que presuntamente aparecía realizando señas alusivas a la organización y presumiendo su pertenencia a la misma.
El capturado fue identificado por las autoridades como Santos Humberto Pineda, de 25 años de edad, señalado como homeboy de la MS-13.
La PNC informó que al detenido le fue incautado el teléfono celular y será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
