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Diputados citan al presidente de ANDA para que detalle sobre trabajos que han causado corte del servicio de agua en colonias populosas de Soyapango
Esta mañana de martes, fue girada una convocatoria de última hora por los diputados de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, al presidente de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez.
La convocatoria era para que esta misma tarde, en donde proporcionaría detalles sobre los trabajos que realiza la institución en el municipio de Soyapango, que ha ocasionado corte del servicio en algunas colonias populosas de la zona y la queja de los afectados.
Dicha comisión no sesionaba desde febrero y en su primera reunión este martes, decidieron convocar a Benítez.
Los denunciantes aseguraron que padecen la falta de agua desde hace tres semana y manifestaron que la ANDA aún no les ha notificado cuándo restablecerá el servicio. Los afectados fueron recibidos en la Asamblea por las fracciones de ARENA y FMLN, que se comprometieron a atender la situación.
En tal sentido, Batres detalló que la comisión citó a Benítez para este mismo día y aclare la demanda ciudadana. “Para esta tarde, precisamente por esta urgencia, está convocado el presidente de ANDA a la Comisión de Medio Ambiente”, anunció Batres.
Por su parte, la diputada del FMLN, Rina Araujo dijo la falta de agua obstaculiza el combate de la pandemia de coronavirus.
“Hemos convocado al presidente de Anda para que nos explique cómo estas más de 150,000 personas están desde hace seis meses con este padecimiento. La Organización Mundial de la Salud desde que dictamina la emergencia por covid-19 dijo que era fundamental el derecho al agua porque es una de las estrategias para la disminución del riesgo a la contaminación”, manifestó la legisladora.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
