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Diputados analizaran la pieza de Velásquez Parker para que destituyan al Fiscal Raúl Melara, por supuesta “incapacidad manifiesta”
El pasado lunes 24 de agosto, el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Ricardo Velásquez Parker, basado en el artículo 131 numeral 19 de la Constitución de la República, presentó una pieza de correspondencia solicitando que se destituya al fiscal general de la República, Raúl Melara Morán, por “manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones”.
Además, la base de la petición del tricolor se encuentra el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), que establece que la destitución del titular del ministerio público “puede ser realizada por las dos terceras partes de los diputados electos”, explicó el legislador Velásquez Parker.
La iniciativa fue admitida en la sesión plenaria del jueves 27 de agosto y enviada a la junta directiva, para que se entregue a la comisión respectiva, que por la trascendencia del tema, es a la Comisión Política a la que le correspondería conocer la solicitud.
En ese sentido, los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa podrían analizar la próxima semana la pieza de correspondencia de su colega de Alianza Republicana Nacionalista, Ricardo Velásquez Parker, para destituir al fiscal Melara.
El Fiscal General será destituido por la Asamblea Legislativa con el voto favorable de las dos terceras partes de los Diputados electos, en votación nominal y pública, por las siguientes causas legales. Literal d) Por manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
El legislador del tricolor sostuvo en la pieza de correspondencia que Raúl Melara Morán “ha manifestado incompetencia sobre hechos de importancia acontecidos en nuestra República, que no solo han atentado contra la democracia, libertad e institucionalidad, sino también se han atropellado derechos fundamentales de los ciudadanos”, justificó en la mencionada pieza de correspondencia.
Entre los hechos sobre los cuales se cuestiona la forma de proceder de Raúl Melara se encuentran los ocurridos en la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero del presente año.
Además, el diputado Ricardo Velásquez Parker señala al fiscal Raúl Melara que un militar lo haya “desconocido” el pasado 17 de abril del año en curso, cuando se ordenó instalar un cordón sanitario en el municipio del Puerto de La Libertad, debido a que la población estaba ignorando la cuarentena para contener los contagios de covid-19.
Otro hecho que el legislador reclama, es que los responsables de la cartera de Agricultura, han sido señalados por actos que comprometen la estabilidad financiera del país y han faltado a la Ley de la Administratorio Financiera del Estado y a la misma Constitución de la República.
«El Ministerio de Agricultura modificó el presupuesto de su institución sin hacer todo el procedimiento de autorización por parte de la Asamblea Legislativa en la Comisión de Hacienda como corresponde según la ley», dicta la pieza.
Además de todo eso, Parker asegura que: «por medios de comunicación investigativos, los salvadoreños nos hemos podido dar cuenta de lamentables casos de trafico de influencia, compras amañadas, actos de corrupción y otros abusos durante la pandemia del COVID-19, como por ejemplo que se han adquirido por contratación directa mascarillas y otros bienes destinados a salvaguardar la salud de personal médico y particulares con sobreprecio y en sistemática opacidad en detrimento de los intereses de la sociedad» acusa el parlamentario.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
