Judicial
Detención por extorsión contra palabreros detenidos en Zoológico por extorsión
Detención por extorsión contra pandilleros detenidos en Zoológico por extorsión
El Juzgado 7° de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Josué Jonathan Ascencio López, de 31 años de edad; Kevin Alexander Palacios Mancía, 24 años; y, Carmen Yesenia Zacarías León, de 30 años, acusados de extorsión agravada en perjuicio de una víctima con régimen de protección.
Así también a Josué y Carmen se les acusa de los delitos de casos especiales de lavado de dinero y activos, posesión y tenencia de droga, y, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
En el mismo caso se le otorgó medidas sustitutivas a la detención provisional a Fátima del Carmen Solórzano López, de 25 años, debido a que no existían suficientes indicios que establecieran su participación en los hechos, pero también pasará a la etapa de instrucción.
De acuerdo a la requerimiento fiscal, el pasado 9 de enero en horas de la tarde se presentó la víctima a la Sección Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil de ésta jurisdicción, denunciando que minutos antes había entregado 300 dólares a sujetos pertenecientes a una estructura terrorista, debido a que le estaban exigiendo mil dólares a cabio de no atentar contra la vida de él y su familia; así también dijo que los sujetos se dirigieron al sector del Zoológico Nacional.
Agentes policiales precedieron a la búsqueda y ubicaron a los imputados afuera del serpentario, con ellos andaba una niña. Al registrarlos le encontraron a Josué Ascencio una carta de libertad de fecha 6 de septiembre de 2018, una llave y tarjeta de circulación de un vehículo Nissan Rogue; mientras que a Carmen Zacarías se le encontró la cantidad de 315 dólares.
Según el expediente, Josué es corredor de programa a nivel nacional de una estructura criminal, éste manifestó residir junto a su compañera de vida Carmen en Residencial Metrópolis San Gabriel Sur, jurisdicción de Apopa; por lo que solicitaron una orden de allanamiento a su vivienda. Lugar donde encontraron: 8,034 dólares en efectivo, 5 teléfonos celulares, un revolver, un pick up Nissan, tres escrituras, dos libretas, entre otros.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
