Judicial
Detención por extorsión contra palabreros detenidos en Zoológico por extorsión
Detención por extorsión contra pandilleros detenidos en Zoológico por extorsión
El Juzgado 7° de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Josué Jonathan Ascencio López, de 31 años de edad; Kevin Alexander Palacios Mancía, 24 años; y, Carmen Yesenia Zacarías León, de 30 años, acusados de extorsión agravada en perjuicio de una víctima con régimen de protección.
Así también a Josué y Carmen se les acusa de los delitos de casos especiales de lavado de dinero y activos, posesión y tenencia de droga, y, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
En el mismo caso se le otorgó medidas sustitutivas a la detención provisional a Fátima del Carmen Solórzano López, de 25 años, debido a que no existían suficientes indicios que establecieran su participación en los hechos, pero también pasará a la etapa de instrucción.
De acuerdo a la requerimiento fiscal, el pasado 9 de enero en horas de la tarde se presentó la víctima a la Sección Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil de ésta jurisdicción, denunciando que minutos antes había entregado 300 dólares a sujetos pertenecientes a una estructura terrorista, debido a que le estaban exigiendo mil dólares a cabio de no atentar contra la vida de él y su familia; así también dijo que los sujetos se dirigieron al sector del Zoológico Nacional.
Agentes policiales precedieron a la búsqueda y ubicaron a los imputados afuera del serpentario, con ellos andaba una niña. Al registrarlos le encontraron a Josué Ascencio una carta de libertad de fecha 6 de septiembre de 2018, una llave y tarjeta de circulación de un vehículo Nissan Rogue; mientras que a Carmen Zacarías se le encontró la cantidad de 315 dólares.
Según el expediente, Josué es corredor de programa a nivel nacional de una estructura criminal, éste manifestó residir junto a su compañera de vida Carmen en Residencial Metrópolis San Gabriel Sur, jurisdicción de Apopa; por lo que solicitaron una orden de allanamiento a su vivienda. Lugar donde encontraron: 8,034 dólares en efectivo, 5 teléfonos celulares, un revolver, un pick up Nissan, tres escrituras, dos libretas, entre otros.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
