Judicial
Detención por extorsión contra palabreros detenidos en Zoológico por extorsión
Detención por extorsión contra pandilleros detenidos en Zoológico por extorsión
El Juzgado 7° de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Josué Jonathan Ascencio López, de 31 años de edad; Kevin Alexander Palacios Mancía, 24 años; y, Carmen Yesenia Zacarías León, de 30 años, acusados de extorsión agravada en perjuicio de una víctima con régimen de protección.
Así también a Josué y Carmen se les acusa de los delitos de casos especiales de lavado de dinero y activos, posesión y tenencia de droga, y, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
En el mismo caso se le otorgó medidas sustitutivas a la detención provisional a Fátima del Carmen Solórzano López, de 25 años, debido a que no existían suficientes indicios que establecieran su participación en los hechos, pero también pasará a la etapa de instrucción.
De acuerdo a la requerimiento fiscal, el pasado 9 de enero en horas de la tarde se presentó la víctima a la Sección Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil de ésta jurisdicción, denunciando que minutos antes había entregado 300 dólares a sujetos pertenecientes a una estructura terrorista, debido a que le estaban exigiendo mil dólares a cabio de no atentar contra la vida de él y su familia; así también dijo que los sujetos se dirigieron al sector del Zoológico Nacional.
Agentes policiales precedieron a la búsqueda y ubicaron a los imputados afuera del serpentario, con ellos andaba una niña. Al registrarlos le encontraron a Josué Ascencio una carta de libertad de fecha 6 de septiembre de 2018, una llave y tarjeta de circulación de un vehículo Nissan Rogue; mientras que a Carmen Zacarías se le encontró la cantidad de 315 dólares.
Según el expediente, Josué es corredor de programa a nivel nacional de una estructura criminal, éste manifestó residir junto a su compañera de vida Carmen en Residencial Metrópolis San Gabriel Sur, jurisdicción de Apopa; por lo que solicitaron una orden de allanamiento a su vivienda. Lugar donde encontraron: 8,034 dólares en efectivo, 5 teléfonos celulares, un revolver, un pick up Nissan, tres escrituras, dos libretas, entre otros.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento contra el ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor, tras atropellar a una niña de nueve años en Ahuachapán.
Según el expediente fiscal, el hecho ocurrió el pasado 4 de julio en el kilómetro 114 de la carretera a Las Chinamas, cuando la menor cruzaba la vía para dirigirse a su centro escolar. Tras el atropello, el imputado intentó huir hacia Guatemala.
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán ha programado la audiencia inicial para el próximo 21 de julio.
Judicial
Condenan a 90 años de prisión a seis pandilleros por el asesinato de un agente policial en Sonsonate
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 90 años de prisión a seis miembros de la clica San Cocos Salvatruchos, perteneciente a la MS-13, tras ser encontrados culpables de la desaparición y homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en enero de 2022 en Sonsonate.
Los condenados fueron identificados como Eduardo José Cruz Hernández, David Eduardo Hernández Zeledón y Marco Daniel Cruz Hernández, quienes estuvieron presentes durante la vista pública. En tanto, Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, Miguel Ángel Cortez Lozano y Nelson Alexánder Chacón Rivas fueron condenados en ausencia y deberán cumplir la pena una vez sean capturados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Nahúm Elías Hernández Escobar fue privado de libertad el 2 de enero de 2022 en la colonia Sensunapán, cuando se disponía a visitar a unos familiares. En ese momento fue interceptado por los pandilleros, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo y lo trasladaron por la fuerza en otro automóvil.
Posteriormente, fue llevado a las orillas del río Sensunapán, donde fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina. Su cuerpo fue localizado seis días después, el 8 de enero, e identificado mediante una prueba de ADN debido al avanzado estado de descomposición.
Los seis implicados fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Según la resolución judicial, cada uno recibió 60 años por homicidio agravado, 25 por desaparición y 5 por pertenecer a estructuras criminales.
La FGR reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida de servidores públicos y la seguridad de los salvadoreños.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
