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Denuncian despilfarro de fondos públicos en alcaldía que dirige Milena Calderón
La parada de buses de $35,000, que en plena pandemia mandó a construir la alcaldesa de Santa Ana, Milena Calderón, podría ser solo “la punta del Iceberg del despilfarro de fondos públicos en esa municipalidad”, denunció Gustavo Acevedo, aspirante a la silla edilicia de ese municipio por el partido Nuevas Ideas.
De acuerdo con Acevedo, bajo la administración de Calderón se han ejecutado proyectos a sobreprecios, incluso, con fondos de emergencia para atender la pandemia por COVID-19.
“La alcaldesa construyó una parada de autobuses carísima, pudiendo focalizarse (los fondos) a familias que estaban sufriendo estragos económicos por la pandemia. Se colocó un arco sanitizante, se pintó el parque Colón, todo ello a sobreprecios por lo que se puede presumir que hay graves índices de corrupción en la comuna de Santa Ana”, puntualizó el aspirante a la comuna.
Añadió que la actual administración contrajo una deuda por $13 millones, teniendo la alcaldía una clasificación «C», para un proyecto de iluminación que también está sobrevalorado.
“Todas las obras que realiza la comuna santaneca son con precios exorbitantes. La alcaldía está invirtiendo $13 millones en la iluminación, es un contrato con graves indicios de corrupción a un precio $1,200 cada luminaria, que cuestan mucho menos. En total son 10,159 luminarias”, detalló Acevedo.
Milena Calderón es la quinta en la lista de diputados millonarios en la legislatura 2015-2018, última en la que fungió como parlamentaria, previo a convertirse en alcaldesa. En el registro de propiedad del Centro Nacional de Registros, aparece como propietaria o copropietaria de 25 inmuebles ubicados en cuatro de los 14 departamentos del país: Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate y La Libertad.
Durante los períodos dentro de la Asamblea, fue señalada de dar iniciativa de Ley y promover decretos que la favorecían particularmente, como la exoneración de impuestos provenientes de la industria textil, siendo ella propietaria de una maquila. También, previo a dejar la Asamblea, la diputada y empresaria cafetalera, presentó una iniciativa de ley para el apoyo a la producción de café, con la intención de favorecer la operatividad de los cafetaleros y reactivar las exportaciones.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
