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Nacionales

Defensoría del Consumidor activó operativos para evitar cobros ilegales de la CESC

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La Defensoría del Consumidor activó este jueves operativos de inspección a nivel nacional para verificar que los proveedores no realicen cobros indebidos amparados en la fenecida Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) cuya vigencia finalizó el cinco de noviembre de 2020.

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, se ha desplazado con los equipos de inspección en el Área Metropolitana de San Salvador, en el inicio de un operativo a escala nacional para la protección de los derechos e intereses de las personas consumidoras.

Salazar, ha advertido que las tiendas y proveedores, sean estos, grandes, medianos, pequeños o micro, formales e informales, tienen prohibido realizar prácticas abusivas como los cobros indebidos, de conformidad con la Ley de Protección al Consumidor, cuya infracción puede ser sancionada con multa hasta de quinientos salarios mínimos en la industria.

Durante el operativo realizado en el centro de Santa Tecla, los equipos de inspección han requerido a las tiendas mayoristas, las tarifas de telefonía ofertadas a la ciudadanía y la facturación de las ventas realizadas, con el fin de garantizar que están cobrando de conformidad a las tarifas vigentes autorizadas por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), las cuales deben estar libres del CESC.

Asimismo, se ha constatado que las recargas de datos y minutos corresponda al monto pagado por los consumidores.

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, ha sido enfático al declarar que la entidad no tolerará que se vulneren los derechos de las personas consumidoras al realizar recargas de saldo o adquirir bienes o servicios que hasta noviembre de 2020 eran cargados con dicha contribución, e hizo un llamado a los proveedores a corregir esta práctica indebida en apego a la Ley de Protección al Consumidor.

La Defensoría del Consumidor reitera que han sido activados todos los mecanismos de protección a los consumidores y usuarios. Para la denuncia es importante que el usuario de telefonía proporcione el nombre del proveedor o establecimiento donde fue objeto del cobro abusivo y la dirección.

Para avisos de infracción, información y asesorías, los consumidores disponen del teléfono 910, WhatsApp 7860-9704, o redes sociales, en Twitter @Defensoria_910 y Facebook DefensoriadelConsumidorSV.

Economia

Comisión de Hacienda emite dictamen favorable a nueva amnistía fiscal vigente hasta el 11 de diciembre de 2026

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La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y multas adeudadas, con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.

El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, explicó que la medida pretende dar oportunidades a quienes cumplen con sus pagos, pero que por alguna razón no han podido solventar sus compromisos con el fisco. “El Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”, afirmó. La amnistía permitirá regularizar deudas ante Impuestos Internos, Aduanas y el Tribunal de Apelaciones sin pagar intereses, recargos ni multas por mora, aunque los impuestos originales sí deberán cancelarse.

El beneficio también alcanzará a personas con procesos en la Fiscalía General de la República, cobros judiciales y recargos sobre multas de tránsito o de otras instituciones públicas (excepto municipalidades). Los contribuyentes podrán optar por un plan de pagos con una primera cuota del 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales sucesivas. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y se reactivarán los recargos originales.

La última amnistía, aprobada el 15 de octubre de 2025, benefició a 56,195 contribuyentes. De la recaudación obtenida, el 71 % correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes. La iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno legislativo para convertirse en ley.

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Judicial

Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos

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El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.

Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.

Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.

Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.

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Judicial

Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.

Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.

Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.

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