Judicial
CRIMINALES: Pandilleros asestan 11 balazos a presidente de directiva de un edificio en Ciudad Delgado porque podaba los árboles
La víctima fue asesinada cuando iba a ingresar a su casa, los pandilleros le dispararon y ocultaron el cuerpo en su vivienda, lugar en el que lo acribillaron a balazos y robaron sus pertenencias.
Cinco pandilleros participaron en el asesinato del que fue el presidente de la directiva del Condominio Continental en Ciudad Delgado porque podaba los árboles y dejaba a la vista de todas las persona lo que ocurría en las afueras del lugar. El hombre ya había sido amenazado por los criminales antes de que se cometiera el asesinato.
Fue el 21 de febrero de 2018 cuando Carlos Alberto Flores Hernández perdió la vida a manos de los pandilleros de la 18 revolucionarios que lo estaban esperando para asesinarlo y tratar de quemar la evidencia para que no dieran con ellos.
Según lo ventilado en la vista pública, los hechos ocurrieron cuando la víctima llegó en aparente estado de ebriedad a su hogar alrededor de las 5:00 de la tarde. En ese momento él no ingresó a su vivienda sino que se quedó afuera ingiriendo más bebidas alcohólicas.
Los pandilleros esperaron a que el sol se ocultara para cometer el crimen. El reloj marcaba las 9:00 de la noche y Flores Hernández se disponía a abrir la puerta de su apartamento cuando, según un testigo denominado Blanco, fue Carlos Eduardo Calixto que le disparó directo al rostro de la víctima.
Inmediatamente junto a su compinche, Ricardo Mayorga Sigarán, entraron el cuerpo a la casa del hombre rematarlo y acribillarlo a balazos. Según las pruebas desfiladas por la Fiscalía el cuerpo de Flores Hernández tenía 22 orificios provocados por un arma de fuego.
Tras haber cometido el crimen, los pandilleros se refugiaron en la casa de las hermanas Reina y Gabriela Alvarenga Medrano, quienes eran vecinas del hombre al que acababan de asesinar. Horas más tarde, apareció una nueva cómplice: Karla Patricia Medina, quien llevó una sábana a la casa en la que se refugiaban los pandilleros.
El testigo con clave Blanco declaró que ya en la madrugada los pandilleros salieron de su escondite e ingresaron a la casa de la víctima para sacar el cadáver, mientras tanto las mujeres se quedaron pendientes de que la Policía Nacional Civil (PNC) no llegara al lugar.
De acuerdo al fiscal del caso, al salir los pandilleros, las hermanas Alvarenga Medrano quemaron parte de las pertenencias de Flores Hernández y saquearon su casa para vender los electrodomésticos que él tenía.
Al siguiente día, las autoridades de la PNC fueron alertadas que el cadáver de un hombre de aproximadamente 45 años de edad había sido encontrado envuelto en una sábana verde y con varios impactos de bala bajo el puente del kilómetro 12 y medio de la carretera Panamericana.
Los agentes que llegaron a acordonar la zona describieron que el lugar era una especie de basurero y que, como parte de los procedimientos, esperaron a que llegaran representantes de Medicina Legal para que ellos evaluaran el cadáver.
La coartada que no le funcionó a Calixto
En el juicio, un testigo llegó a la defensa del imputado Calixto, quien aseguró que pocos días antes de haberse cometido el asesinato él estaba herido de su pie. “Ni siquiera podía caminar yo solo”, dijo el procesado.
Según lo expuesto en el juicio, Calixto fue junto a su madre a una unidad de salud para que le atendieran una herida que describieron como “profunda, pero simple”, él debía asistir durante cinco días a curaciones y tener un estricto aseo.
Cuando llegó al centro asistencial, el personal que lo atendió aseguró que iba apoyado de su madre porque no podía apoyar bien su pie izquierdo debido a su lesión.
El juez del caso permitió que Calixto se dirigiera al testigo con clave Blanco, a quien le preguntó si había notado si la persona que disparó el arma cojeaba, algo que la persona que los delató aseguró no pudo notarlo.
De acuerdo a lo declarado por el testigo, él se encontraba a unos diez metros de donde ocurrieron los hechos, pero la defensa argumentó que la poca luz en la zona podría haber obstaculizado la visión de Blanco, lo cual lo llevaría a no identificar claramente a la persona que halo del gatillo.
Pese a lo declarado, el juez del Tribunal 4° de Sentencia determinó la culpabilidad de Calixto y lo condenó a junto a Sigarán a 20 de años de prisión por el homicidio agravado; mientras que las tres mujeres cumplirán una pena de 13 años con cuatro meses en un centro de reclusión.
Nota tomada de El Salvador Times
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
