Judicial
CRIMINALES: Pandilleros asestan 11 balazos a presidente de directiva de un edificio en Ciudad Delgado porque podaba los árboles
La víctima fue asesinada cuando iba a ingresar a su casa, los pandilleros le dispararon y ocultaron el cuerpo en su vivienda, lugar en el que lo acribillaron a balazos y robaron sus pertenencias.
Cinco pandilleros participaron en el asesinato del que fue el presidente de la directiva del Condominio Continental en Ciudad Delgado porque podaba los árboles y dejaba a la vista de todas las persona lo que ocurría en las afueras del lugar. El hombre ya había sido amenazado por los criminales antes de que se cometiera el asesinato.
Fue el 21 de febrero de 2018 cuando Carlos Alberto Flores Hernández perdió la vida a manos de los pandilleros de la 18 revolucionarios que lo estaban esperando para asesinarlo y tratar de quemar la evidencia para que no dieran con ellos.
Según lo ventilado en la vista pública, los hechos ocurrieron cuando la víctima llegó en aparente estado de ebriedad a su hogar alrededor de las 5:00 de la tarde. En ese momento él no ingresó a su vivienda sino que se quedó afuera ingiriendo más bebidas alcohólicas.
Los pandilleros esperaron a que el sol se ocultara para cometer el crimen. El reloj marcaba las 9:00 de la noche y Flores Hernández se disponía a abrir la puerta de su apartamento cuando, según un testigo denominado Blanco, fue Carlos Eduardo Calixto que le disparó directo al rostro de la víctima.
Inmediatamente junto a su compinche, Ricardo Mayorga Sigarán, entraron el cuerpo a la casa del hombre rematarlo y acribillarlo a balazos. Según las pruebas desfiladas por la Fiscalía el cuerpo de Flores Hernández tenía 22 orificios provocados por un arma de fuego.
Tras haber cometido el crimen, los pandilleros se refugiaron en la casa de las hermanas Reina y Gabriela Alvarenga Medrano, quienes eran vecinas del hombre al que acababan de asesinar. Horas más tarde, apareció una nueva cómplice: Karla Patricia Medina, quien llevó una sábana a la casa en la que se refugiaban los pandilleros.
El testigo con clave Blanco declaró que ya en la madrugada los pandilleros salieron de su escondite e ingresaron a la casa de la víctima para sacar el cadáver, mientras tanto las mujeres se quedaron pendientes de que la Policía Nacional Civil (PNC) no llegara al lugar.
De acuerdo al fiscal del caso, al salir los pandilleros, las hermanas Alvarenga Medrano quemaron parte de las pertenencias de Flores Hernández y saquearon su casa para vender los electrodomésticos que él tenía.
Al siguiente día, las autoridades de la PNC fueron alertadas que el cadáver de un hombre de aproximadamente 45 años de edad había sido encontrado envuelto en una sábana verde y con varios impactos de bala bajo el puente del kilómetro 12 y medio de la carretera Panamericana.
Los agentes que llegaron a acordonar la zona describieron que el lugar era una especie de basurero y que, como parte de los procedimientos, esperaron a que llegaran representantes de Medicina Legal para que ellos evaluaran el cadáver.
La coartada que no le funcionó a Calixto
En el juicio, un testigo llegó a la defensa del imputado Calixto, quien aseguró que pocos días antes de haberse cometido el asesinato él estaba herido de su pie. “Ni siquiera podía caminar yo solo”, dijo el procesado.
Según lo expuesto en el juicio, Calixto fue junto a su madre a una unidad de salud para que le atendieran una herida que describieron como “profunda, pero simple”, él debía asistir durante cinco días a curaciones y tener un estricto aseo.
Cuando llegó al centro asistencial, el personal que lo atendió aseguró que iba apoyado de su madre porque no podía apoyar bien su pie izquierdo debido a su lesión.
El juez del caso permitió que Calixto se dirigiera al testigo con clave Blanco, a quien le preguntó si había notado si la persona que disparó el arma cojeaba, algo que la persona que los delató aseguró no pudo notarlo.
De acuerdo a lo declarado por el testigo, él se encontraba a unos diez metros de donde ocurrieron los hechos, pero la defensa argumentó que la poca luz en la zona podría haber obstaculizado la visión de Blanco, lo cual lo llevaría a no identificar claramente a la persona que halo del gatillo.
Pese a lo declarado, el juez del Tribunal 4° de Sentencia determinó la culpabilidad de Calixto y lo condenó a junto a Sigarán a 20 de años de prisión por el homicidio agravado; mientras que las tres mujeres cumplirán una pena de 13 años con cuatro meses en un centro de reclusión.
Nota tomada de El Salvador Times
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar
Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.
En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.
Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.
La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
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El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
