Judicial
CONTROVERSIA: Peritaje acusa a mujer de usar sus conocimientos en leyes para reclamar a su expareja pensión alimenticia para sus hijas
La violencia psicológica y económica es un tipo de delito establecido dentro de la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, y es uno de los que pasan desapercibidos en muchos hogares del país.
Un peritaje socioeconómico del Tribunal Especializado para una vida de Violencia contra las Mujeres ha puesto entre la espada y la pared a una madre que dice solo busca que su expareja se haga responsable de sus hijas.
En enero de 2018, Sandra inició su recorrido lleno de obstáculos para que Samuel (ambos nombres modificados a petición) le brinde la asistencia socioeconómica a las dos niñas producto de una relación de siete años.
La mujer interpuso la denuncia contra su excompañero por episodios de violencia económica y psicológica que este ejerció sobre ella mientras vivieron juntos en una colonia de San Salvador.
La jueza del tribunal que recibió el caso ordenó que los peritos iniciaran un estudio a las finanzas de ambos para verificar los hechos denunciados, algo que no fue favorable para la supuesta víctima.
El examen concluyó que Sandra se había aprovechado de sus conocimientos en leyes de género para señalar a su excompañero como el responsable de ejercer violencia económica y psicológica.
“Decía que prácticamente yo vulneraba los derechos de mi pareja, que yo lo agredía a él. Eso no fue así”, explicó la mujer mientras analizaba sobre el verdadero papel que dicha instancia ha tenido en el caso.
Este no sería el único golpe para la madre quien no fue informada de los avances de las investigaciones, lo único que supo fue que el lunes 4 de marzo había una audiencia para la que no contó con ningún abogado que la representara, algo que provocó la reprogramación de esta para el 16 de mayo.
Según lo dicho por la mujer a El Salvador Times, cuando solicitó una abogada para su caso en la Procuraduría General de la República (PGR), el colaborador jurídico le explicó que no podía acceder a este servicio debido a que Samuel ya contaba con uno de la misma institución.
Dos días después y tras asesoramientos y constantes presiones a la PGR a Sandra le fue asignado un defensor público que poco ha podido hacer por la mujer que teme represalias de Samuel ya que las medidas de protección que se le brindaron vencen el 8 de mayo y hasta el momento no han sido renovadas.
“Él está empecinado en querer ver a mis hijas; me manda correos diciéndome que ama, que me quiere y en otros me insinúa que se va a suicidar. Cuando me dice que se va a llegar a mis hijas entro en pánico porque yo sé sus niveles de alcoholismo, me genera miedo”, señaló angustiada la mujer
Las deudas por amor a él
Pago de vehículo, proyectos fracasados y una casa, son el fruto que la mujer ha recogido de su relación con ese hombre por quien se endeudó con más de $50,000 que tienen comprometido más de la mitad de su salario.
“Me tocó aguantar cosas difícil económicamente. Él decía que iba a hacer proyectos de los cuales nunca daban buenos resultados, nos íbamos endeudado y no me permitía avanzar en mis cosas”, recordó Sandra.
La deuda por una casa valorada en $39,000 la tuvo que asumir la mujer en su totalidad cuando su todavía pareja se quedó sin trabajo, situación que se repitió con el préstamo de $2,230 que la mujer adquirió para recuperar un carro que habían perdido y que nunca volvió a ver.
“A veces decía que no tenía dinero para el supermercado y yo extralimite la tarjeta de crédito porque ya tenía un crédito anterior pero al final financió la deuda”, comentó a El Salvador Times.
Sandra explicó que lo único que busca es justicia para sus hijas y que el padre no deje de llevarle el sustento a su casa. Así como también el compromiso de pagar las deudas.
Ella se espera la fecha de la nueva audiencia con la esperanza que el abogado asignado le ayude a agilizar una estrategia que le sea favorable a sus hijas.
Nota tomada de El Salvador Times
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
Abraham Quintanilla, padre de la cantante Selena, falleció la mañana de este 13 de diciembre a los 86 años. La noticia fue confirmada por su hijo, el músico A.B. Quintanilla, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.
Abraham Quintanilla fue reconocido por impulsar la carrera artística de Selena y por fungir como productor ejecutivo de la película biográfica sobre su vida estrenada en 1997 y protagonizada por Jennifer López.
