Judicial
CONTROVERSIA: Peritaje acusa a mujer de usar sus conocimientos en leyes para reclamar a su expareja pensión alimenticia para sus hijas
La violencia psicológica y económica es un tipo de delito establecido dentro de la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, y es uno de los que pasan desapercibidos en muchos hogares del país.
Un peritaje socioeconómico del Tribunal Especializado para una vida de Violencia contra las Mujeres ha puesto entre la espada y la pared a una madre que dice solo busca que su expareja se haga responsable de sus hijas.
En enero de 2018, Sandra inició su recorrido lleno de obstáculos para que Samuel (ambos nombres modificados a petición) le brinde la asistencia socioeconómica a las dos niñas producto de una relación de siete años.
La mujer interpuso la denuncia contra su excompañero por episodios de violencia económica y psicológica que este ejerció sobre ella mientras vivieron juntos en una colonia de San Salvador.
La jueza del tribunal que recibió el caso ordenó que los peritos iniciaran un estudio a las finanzas de ambos para verificar los hechos denunciados, algo que no fue favorable para la supuesta víctima.
El examen concluyó que Sandra se había aprovechado de sus conocimientos en leyes de género para señalar a su excompañero como el responsable de ejercer violencia económica y psicológica.
“Decía que prácticamente yo vulneraba los derechos de mi pareja, que yo lo agredía a él. Eso no fue así”, explicó la mujer mientras analizaba sobre el verdadero papel que dicha instancia ha tenido en el caso.
Este no sería el único golpe para la madre quien no fue informada de los avances de las investigaciones, lo único que supo fue que el lunes 4 de marzo había una audiencia para la que no contó con ningún abogado que la representara, algo que provocó la reprogramación de esta para el 16 de mayo.
Según lo dicho por la mujer a El Salvador Times, cuando solicitó una abogada para su caso en la Procuraduría General de la República (PGR), el colaborador jurídico le explicó que no podía acceder a este servicio debido a que Samuel ya contaba con uno de la misma institución.
Dos días después y tras asesoramientos y constantes presiones a la PGR a Sandra le fue asignado un defensor público que poco ha podido hacer por la mujer que teme represalias de Samuel ya que las medidas de protección que se le brindaron vencen el 8 de mayo y hasta el momento no han sido renovadas.
“Él está empecinado en querer ver a mis hijas; me manda correos diciéndome que ama, que me quiere y en otros me insinúa que se va a suicidar. Cuando me dice que se va a llegar a mis hijas entro en pánico porque yo sé sus niveles de alcoholismo, me genera miedo”, señaló angustiada la mujer
Las deudas por amor a él
Pago de vehículo, proyectos fracasados y una casa, son el fruto que la mujer ha recogido de su relación con ese hombre por quien se endeudó con más de $50,000 que tienen comprometido más de la mitad de su salario.
“Me tocó aguantar cosas difícil económicamente. Él decía que iba a hacer proyectos de los cuales nunca daban buenos resultados, nos íbamos endeudado y no me permitía avanzar en mis cosas”, recordó Sandra.
La deuda por una casa valorada en $39,000 la tuvo que asumir la mujer en su totalidad cuando su todavía pareja se quedó sin trabajo, situación que se repitió con el préstamo de $2,230 que la mujer adquirió para recuperar un carro que habían perdido y que nunca volvió a ver.
“A veces decía que no tenía dinero para el supermercado y yo extralimite la tarjeta de crédito porque ya tenía un crédito anterior pero al final financió la deuda”, comentó a El Salvador Times.
Sandra explicó que lo único que busca es justicia para sus hijas y que el padre no deje de llevarle el sustento a su casa. Así como también el compromiso de pagar las deudas.
Ella se espera la fecha de la nueva audiencia con la esperanza que el abogado asignado le ayude a agilizar una estrategia que le sea favorable a sus hijas.
Nota tomada de El Salvador Times
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Sifredo Norberto Martínez Corquín, quien es acusado por el delito de secuestro agravado.
En diciembre del 2010, el imputado junto a otros pandilleros de la 18, privaron de libertad a la víctima que residía en Valle Verde, distrito de Apopa, y la mantuvieron secuestrada por varios días hasta que le quitaron la vida.
«El día 3 de diciembre de 2010, la víctima clave Fernanda, fue secuestrada en la colonia Valle Verde 3, del municipio de Apoya, por sujetos pertenecientes a la pandilla 18 que operaban en el sector, entre este grupo de pandilleros se encontraba el señor Sifredo Norberto Martínez Corquín, alias el Negro, quien colaboró en el traslado desde una casa a la otra donde estuvo privada de libertad la víctima, quien el día 4 de diciembre de 2010, lastimosamente fue asesinada y enterada por dichos pandilleros en la zona», indicó el fiscal del caso.
La fuente detalló que el cuerpo de la víctima fue localizado en el sector conocido como la Arenera, Apopa.
«El cadáver de clave Fernanda fue encontrado en el sector de la Arenera mutilado y enterrado casi un año después, en el 2011», señaló el fiscal.
Agregó «en virtud de ello, el Tribunal Quinto contra el crimen organizado juez 1 de San Salvador, consideró la prueba testimonial, documental y pericial declarando al imputado responsable penalmente, condenandolo a 30 años de prisión, por el delito de secuestro agravado».
Este pandillero también es procesado por otros delitos.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 50 años de cárcel para José Eriberto Calidonio, por haber asesinado a una persona en el distrito de Apopa, jurisdicción de San Salvador Oeste.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) han determinado que este criminal fue «contactado por el esposo de la víctima para que cometiera el crimen a cambio de dinero».
Calidonio, también apodado Bob Esponja, fue procesado por el delito de homicidio agravado, el cual está regulado en los artículos 128 y 129 del Código Penal. Este crimen sucedió el 18 de marzo de 2016.
«Ese hecho da inicio a partir de la planificación que fue realizada por el esposo de la víctima quien se pone en contacto con dos personas a quienes le ofrece dinero para que ejecuten a la esposa», explicó en su momento la fiscal del caso.
Uno de los criminales contratados es alias Bob Esponja; la víctima fue contactada por los delincuentes a eso de las 4:00 de la tarde y cerca de las 8:00 de la noche fue asesinada con un arma de fuego, según establecieron las autoridades.
