La primera dama de la República, Gabriela de Bukele, junto al embajador de Italia en El Salvador, Paolo Rozo, anunciaron este miércoles el lanzamiento de un proyecto de cooperación bilateral enfocado en reducir la morbilidad y mortalidad materno-infantil en el país, en el marco de la Ley Nacer con Cariño.

El programa tiene como objetivo fortalecer la medicina fetal mediante la detección temprana de factores de riesgo y anomalías congénitas, para garantizar una atención oportuna y especializada desde el embarazo. La iniciativa también incluye acciones para mejorar el tratamiento integral de bebés prematuros y de aquellos que presentan malformaciones al nacer.

«Gracias a aliados como el Gobierno de Italia estamos logrando cerrar brechas y transformar retos en oportunidades», destacó la primera dama durante el evento. Gabriela de Bukele también reconoció el compromiso de los profesionales que se han sumado al proyecto, el cual se desarrollará durante los próximos tres años.

Entre las principales acciones contempladas se encuentra el equipamiento de áreas de maternidad y atención neonatal en seis hospitales del país, así como la formación especializada de personal médico a través de pasantías de corta y larga duración en centros de salud italianos.

El embajador Paolo Rozo subrayó que este intercambio es resultado de una alianza estratégica impulsada por la primera dama, quien previamente participó como ponente en el Policlínico San Matteo de Pavía, Italia, presentando los avances de la Ley Nacer con Cariño.

«Queremos que este proyecto no solo sea una respuesta técnica. Aspiramos a que sea una herramienta de transformación para construir un sistema de salud más humano y justo», expresó el diplomático, destacando el liderazgo de Gabriela de Bukele en la articulación del programa.

La colaboración entre ambos países ya comenzó a dar frutos desde el año pasado, con la capacitación de profesionales salvadoreños en ultrasonografía morfológica, citogenética y enfermería especializada en neonatos críticos.

Un incidente de intolerancia entre conductores fue reportado en el municipio de Lourdes Colón, departamento de La Libertad, luego de un accidente de tránsito que involucró a un microbús y una motocicleta.

De acuerdo con testigos y videos difundidos en redes sociales, ambos conductores protagonizaron una acalorada discusión en plena vía pública para determinar quién tuvo la culpa del percance, que únicamente dejó daños materiales. En las imágenes se observa a uno de los involucrados amenazando al otro con un objeto, mientras este último se niega a asumir la responsabilidad del choque.

El altercado habría ocurrido en las inmediaciones de la parada de buses conocida como “El Capulín”, según comentaron usuarios en redes sociales. El tráfico en la zona se vio afectado momentáneamente, ya que ambos vehículos permanecieron detenidos sobre la vía durante la disputa.

Autoridades no han emitido un informe oficial sobre el hecho, pero hacen un llamado a los automovilistas a mantener la cordura y resolver este tipo de situaciones por la vía legal, a fin de evitar poner en riesgo la seguridad de otros usuarios de la vía.

En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.

Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.

Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.

También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.

En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.

Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.

En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.

Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.

Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.