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CCR sigue juicio a Roberto d´Aubuisson por creación de TECLASEO
La sociedad de economía mixta entre la alcaldía de Santa Tecla y la empresa colombiana Interaseo S.A.S. E.S.P, con lo cual se constituyó TECLASEO para la recolección de la basura y limpieza del municipio, atraviesa por un juicio en la Corte de Cuentas de la República (CCR), luego que se encontraran anomalías por aproximadamente $1.5 millones.
El ente contralor ha dado 15 días hábiles a los representantes de dicho asocio denominado TECLASEO S.E.M. para que desvanezcan los hallazgos, entre los cuales está un reparo patrimonial por un millón 444 mil 664 dólares con 85 centavos. En este convenio la alcaldía solo tiene el 10 % de participación, por lo que se otorgó la mayoría de las acciones al conglomerado colombiano.
Este convenio entre la alcaldía e Interaseo que fue pactado a 24 años plazo y con un cláusula de confidencialidad total de tres años a partir de la firma, ya está bajo la lupa de la Corte de Cuentas de la República desde julio del año pasado, cuando esa contraloría lo declaró “improcedente” por considerar que sus condiciones son desfavorables a los intereses de la municipalidad y por ende de los tecleños.
En sus consideraciones, la Corte de Cuentas sostuvo que “se entregaron bienes municipales en uso a una sociedad con fines de lucro; por lo tanto, la municipalidad omitió el cumplimiento de los principios legales para la gestión pública y administración municipal con transparencia”.
La sociedad se fundó el 2018 con un capital de $2,000, pero hasta la fecha ya maneja fondos hasta por $2 millones; sin embargo, la municipalidad no ha dado cuentas de los detalles de ese acuerdo lesivo para los tecleños. Esto a pesar de que los fondos con los que se maneja dicha sociedad son provenientes de los impuestos que pagan los habitantes del municipio.
En esta misma línea, la expresidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas, ordenó hace dos años a sus colaboradores suspender toda auditoría en contra de la alcaldía de Santa Tecla por el tema TECLASEO. La exfuncionaria pidió mantener en reserva todo lo relacionado con dicho caso.
Asimismo, el contrato es lesivo porque el alcalde tecleño también despidió a 150 empleados para dar a la empresa colombiana todo el control en la limpieza del municipio, pero un juzgado de lo contencioso le ordenó reinstalar a unos 74 empleados que siguieron un juicio laboral, resolución que se ha negado a cumplir el alcalde d´Aubuisson.
Hasta la fecha, la Fiscalía General, que dirige Raúl Melara, no se ha pronunciado sobre el caso del contrato con Interaseo ni sobre los despidos de los empleados municipales. Aunque, para algunos concejales es evidente que el Fiscal no actúa en vista de que uno de sus hermanos es parte del Concejo que preside Roberto d’Aubuisson.
Instituto da ultimátum para entregar contrato
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha dado un plazo de 24 horas al alcalde d’Aubuisson para que entregue una copia del contrato de Teclaseo, a lo cual se ha negado en reiteradas ocasiones y sin fundamento.
Ese instituto viene exigiendo a la alcaldía desde el 15 de junio de 2020 que entregue la documentación, pero el alcalde reiteró que no daría la información.
En su resolución, el IAIP también advierte que ha iniciado un proceso sancionatorio contra el edil por ocultar dicha información, de acuerdo con el artículo 96 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Además, hace del conocimiento del caso a la Fiscalía General de la República para que esta inicie las diligencias que permitan investigar las responsabilidades en las que ha incurrido el alcalde ante dicha omisión.
De no cumplir con el requerimiento del IAIP, la ley establece que el alcalde y su Concejo estarían inhabilitados para participar en los comicios del 28 de febrero próximo.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
