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Cambios estructurales con administración Bukele cierran brecha de impunidad
Los cambios estructurales implementados por la administración del presidente Nayib Bukele han permitido no solo que El Salvador sea el país más seguro del hemisferio occidental, sino también cerrar la brecha de la impunidad que por tres décadas —durante los gobiernos de ARENA y el FMLN— favoreció a las estructuras criminales y a los funcionarios corruptos.
Recientemente, el presidente Bukele reafirmó que ahora «en El Salvador no se tolerará ni el más mínimo delito», y resaltó que «la efectividad de nuestra Policía es del 99 %» para lograr la captura de los delincuentes.
«Así que, si usted comete uno, sepa que tendrá que pagar en la cárcel», escribió el mandatario el 31 de agosto pasado en la red social X.
La publicación del gobernante fue en reacción a la captura de Manuel de Jesús Huezo Gómez, detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) minutos después de que hurtó el celular de una adulta mayor en el reparto Maquilishuat, en el distrito de Tonacatepeque, municipio de San Salvador Este.
Ante esta nueva realidad en seguridad que vive El Salvador, el abogado Juan Contreras explicó que el Plan Control Territorial (PCT), el régimen de excepción, reformas de leyes como el Código Penal, el fortalecimiento de la PNC y de la Fiscalía General de la República (FGR) constituyen los pilares de una nueva etapa de seguridad y justicia que ponen fin a décadas de impunidad.
«El cambio en la legislación secundaria, en normas procesales, procesal penal, adecuación de tipos penales en el Código Penal, todos esos cambios que la Asamblea Legislativa ha acompañado han permitido que las autoridades combatan mejor la delincuencia», explicó el abogado.
La fase III del PCT, conocida como Modernización, que inició el 30 de julio de 2019, permitió dotar de uniforme, equipo y armas a los agentes de la PNC para combatir a las pandillas a escala nacional.
«Los policías y los militares andaban con sus botas rotas, sus uniformes viejos, con armas que se encasquetaban, que no podían disparar, no tenían potencia de fuego; los pandilleros tenían mejores armas que la policía. Y ahora tenemos una policía bien equipada, con equipo de primera generación, con drones, con vehículos de primer nivel. Hay un fortalecimiento institucional también en el trabajo de la policía», razonó el abogado.
Luego, en julio de 2023 —un año y cuatro meses después de la implementación del régimen de excepción, y a propuesta del Gabinete de Seguridad—, la Asamblea Legislativa aumentó de 45 a 60 los años de prisión contra los cabecillas de pandillas.
Esa misma pena fue impuesta contra los financistas de los grupos delincuenciales. Además del fortalecimiento de la normativa contra las pandillas, la Asamblea Legislativa aprobó en febrero pasado —a iniciativa del Ejecutivo — la Ley Anticorrupción, cuya vigencia inició el 11 de agosto anterior, según reportó la prensa nacional e internacional.
Este cuerpo de ley creó el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción, conformado por 12 instituciones, como la FGR, la PNC, la Corte de Cuentas de la República y la Superintendencia del Sistema Financiero para combatir la corrupción en la esfera de la función pública.
La nueva normativa —respaldada por los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, PCN y PDC— fortalecerá el combate de la corrupción, aunque este flagelo ya estaba en la agenda de trabajo del Gobierno del presidente Bukele.
En octubre de 2023 fue capturado Juan Pablo Durán, presidente de Bandesal (banco estatal) por los delitos de soborno y actos arbitrarios. Y en abril de 2024 fue capturado Cristian Flores, comisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, también por soborno.
«Todos esos cambios estructurales han permitido que tengamos estos resultados [en seguridad y en el combate de la impunidad]. No hay otro liderazgo como el del presidente Bukele. El presidente ha logrado posicionar a El Salvador como un referente, particularmente en el tema de la seguridad», añadió Contreras.
Para el docente y analista Rafael Góchez, el Ejecutivo impulsa un nuevo paradigma en cuanto al combate de la criminalidad en los territorios, la persecución y represión del delito en todas las esferas de la realidad nacional, a diferencia de lo obrado por el bipartidismo representado por ARENA y FMLN.
«Las políticas de persecución al crimen en El Salvador se han endurecido como una reacción de sentido común ante la desprotección progresiva que sufrió la población durante casi tres décadas frente a estructuras criminales empoderadas», planteó el académico.
La Policía Nacional Civil informó que un hombre murió y una mujer resultó lesionada tras un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Litoral, en las cercanías del cantón La Havillal, distrito de San Miguel.
Según el reporte preliminar, en el hecho estuvieron involucrados un camión de volteo y un vehículo particular. El impacto provocó la muerte inmediata del conductor del automóvil, mientras que su acompañante fue trasladada a un centro asistencial.
Debido al siniestro, el paso en la zona permanece habilitado únicamente en un carril. Agentes de la PNC se mantienen en el lugar para orientar el tráfico.
La División de Tránsito junto a elementos del Cuerpo de Bomberos realizan la inspección correspondiente para esclarecer la causa del accidente, cuyos detalles serán ampliados en las próximas horas.
Principal
MOP avanza en la construcción de una nueva obra de paso para restaurar la conectividad en Villa Lourdes
El Ministerio de Obras Públicas (MOP), ejecuta trabajos en el sector de Villa Lourdes, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste, para devolver la conectividad a miles de familias afectadas por el colapso de un puente a causa de las lluvias recientes en junio pasado.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, supervisó a principios de noviembre el avance de las obras, donde explicó que inicialmente se colocó una pasarela provisional para garantizar el paso peatonal mientras se construye una nueva estructura de paso. “Hay rutas alternas habilitadas para el tránsito vehicular, mientras se desarrollan los trabajos en la zona”, indicó el funcionario.
Rodríguez detalló que el terreno presentaba condiciones fangosas, por lo que se realizó una excavación de dos metros de profundidad y un enrocado de piedra para estabilizar el área. Además, se retiraron los escombros y materiales arrastrados por las lluvias.
La nueva obra de paso, que tendrá aproximadamente 28 metros de longitud, contará con una doble caja de concreto y será más resistente ante eventos climáticos. “El avance de los trabajos supera el 10%, más de lo que estaba programado. El plazo para culminar la obra es a mediados del próximo año, pero haremos todo lo posible por finalizar antes del invierno”, aseguró el ministro.
La inversión asciende a más de un millón de dólares y beneficiará directamente a más de 10,000 familias de comunidades como Guarumal, Campos Verdes 1 y 2, y Villa Lourdes.
“Vamos a devolverle la conectividad a las familias de Villa Lourdes y se hará todo lo posible para que pronto el proyecto esté 100% terminado”, manifestó el ministro de Obras Públicas.
Los titulares de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y del Consejo Nacional de Calidad (CNC) suscribieron un Convenio Interinstitucional con la finalidad de promover y fortalecer la cultura organizacional, la transparencia y buenas prácticas en la labor que realiza la Entidad Fiscalizadora
Superior.
La firma del instrumento legal estuvo a cargo del Presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa Funes y de la Ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, en su calidad de Presidenta del CNC.
La suscripción se llevó a cabo en el Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP) de este Organismo
Superior de Control.
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Desde abril anterior la Corte de Cuentas tiene en marcha el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), encargado de implementar una cultura antisoborno en los procesos de auditoría, jurisdiccionales y administrativos, bajo estándares internacionales.
En similar forma, para cumplir con sus atribuciones, el CNC cuenta con el Sistema Salvadoreño para la Calidad y éste, dentro de su estructura, con el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), que será el ente encargado de brindar la certificación a la CCR.
“Esta acción reafirma el compromiso de trabajar con otras instituciones del Estado para servir mejor a los salvadoreños; más allá de los aspectos que enmarca el convenio, este es un paso histórico para la institución, pues el Organismo Salvadoreño de Normalización certificará nuestro Sistema de Gestión Antisoborno conforme a la Norma Internacional ISO 37001:2016”, manifestó el Presidente Sosa Funes, en la apertura del acto.
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Entre los beneficios de esta Certificación Antisoborno ISO 37001, están: el reforzamiento de la confianza pública, adopción de mejores prácticas internacionales, fortalecimiento y formalización de los controles internos, promoción de una cultura organizacional de integridad, cumplimiento con obligaciones nacionales e internacionales, mayor eficiencia y transparencia institucional, reconocimiento oficial del Organismo Salvadoreño de Normalización, relacionamiento más transparente con instituciones auditadas y la proyección estratégica a futuro.
En el documento se remarca que por mandato constitucional la CCR es el ente fiscalizador de la Hacienda Pública y rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública. “En ese marco considera indispensable establecer e impulsar buenas prácticas institucionales orientadas a
fortalecer la transparencia, la ética pública y el buen gobierno”.
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