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Bukele pide a diputados aprobar régimen de excepción nacional de 15 días para enfrentar al COVID-19
Los indicadores de salud respecto a la pandemia del COVID-19 son alarmantes en nuestro país y a escala internacional, debido a que la cantidad de contagios y de fallecidos se eleva aceleradamente.
El Ministerio de Salud (MINSAL), confirmo que ayer sábado se realizaron 2,475 pruebas del nuevo coronavirus, 270 resultaron positivos al contagio, en un día en el que también se lamentó la muerte de siete pacientes debido a complicaciones de la enfermedad.
Hasta la fecha El salvador acumula un consolidado de 7,777 casos confirmados, 217 decesos, 2,987 casos activos y 8,344 casos sospechosos.
En horas de la mañana de de este domingo, el Gobierno del Presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, informó que debido al incremento de contagios por COVID, la fase 2 de reapertura económica, que estaba programada para el 7 de julio, se suspende por 15 días más.
Ademas, solicitaron nuevamente a los diputados de la Asamblea Legislativa aprobar un régimen de excepción nacional por 15 días, y no de forma focalizada.
El mandatario dijo hoy en su cuenta oficial en Facebook, “Es lo menos que podemos hacer, ante el aumento de casos y el número de fallecidos. Aunque lo que en realidad necesitamos es una cuarentena para bajar la curva. Lastimosamente, nos despojaron de las facultades legales para hacer una. Pero aún tenemos el poder legal para regular la reapertura económica”.
“Así, al menos reduciremos el incremento. Aunque sin cuarentena, no podremos evitarlo mucho”, añadió.
Decidirse por una cuarentana focalizada, como pretenden aprobarla, será inconstitucional.
La inconstitucionalidad tiene como base que la ponderación requerida para decretar un régimen de excepción vinculado a la pandemia debe ser llevada a cabo por la máxima autoridad sanitaria del país, es decir el Ministerio de Salud. No es atribución de la Asamblea Legislativa.
La valoración respecto de cuáles zonas o municipios pueden ser objeto de una cuarentena, no cuenta con la ponderación que le corresponde exclusivamente al Ministerio de Salud. El interés nacional está por encima del económico.
La Asamblea Legislativa debe considerar que la densidad poblacional, así como la cercanía entre municipios limitarían los alcances de la eficacia de una pretensión focalizada, pues detener la curva de contagios solo en algunos municipios difícilmente favorece la salud pública nacional.
Los municipios no tienen por ley los alcances competenciales que sí posee la máxima autoridad en salud. Solo tienen iniciativa en materia de sus impuestos, según artículo 133 de la Carta Magna.
El Gobierno de la República reitera su llamado a los diputados a aprobar una cuarentena estricta nacional, para salvaguardar la vida y salud de los salvadoreños.
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Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
