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Bitcoin City recibe gran aceptación entre inversionistas
Luego de que el presidente de la república, Nayib Bukele, anunció durante la novena edición de Latin American Bitcoin & Blockchain Conference (LABITCONF) la construcción en nuestro país de la primera Bitcoin City en el mundo, diferentes inversionistas y líderes de la industria en la criptomoneda destacaron las ventajas y la oportunidad de negocios que permitirán desarrollar aún más la economía.
El CSO de Blockstream, Samson Mow, quien acompañó al mandatario en el anuncio del proyecto, aseguró que «El Salvador será el centro financiero del mundo. El Singapur de América».
En ese mismo sentido, el periodista y corredor de bolsa Max Keizer afirmó: «El Salvador será la historia más importante de los próximos 10 años. El bitcóin es el gran ecualizador global».
También Nischal Shetty, director ejecutivo de WazirX, una plataforma de criptomonedas, indicó que Bitcoin City vendrá a potenciar el desarrollo masivo de habilidades criptográficas, lo que traerá beneficios al país. «Felicito al presidente Nayib Bukele por tomar iniciativas tan disruptivas», agregó.
Bukele detalló que El Salvador emitirá un bono bitcóin de $1,000 millones, que será un instrumento financiero «tokenizado» desarrollado por Blockstream, en Liquid Network. De ese monto, $500 millones se utilizarán para generar la energía necesaria y construir la infraestructura minera de bitcoines, y $500 millones para comprar más criptomonedas.
Bitcoin City, que será financiada precisamente con los bonos respaldados por la moneda digital, se ubicará en el golfo de Fonseca, La Unión, y se aprovechará la fuente geotérmica del volcán de Conchagua para generar la electricidad que se usará en negocios, oficinas, hoteles, bares y residencias.
La ciudad será 100 % digital y se eliminarán todos los aranceles, excepto el IVA. El bitcoinero Anthony Pompliano destacó que las ciudades que se dan cuenta de que pueden financiarse por sí mismas sin depender de impuestos, serán «imparables en el siglo XXI».
Con estas medidas, Bukele busca convertir al país en un centro financiero mundial, a diferencia de naciones vecinas, como Costa Rica que recientemente propuso imponer el
13 % del IVA a la compra de criptodivisas y el 15 % a las ganancias del capital.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
