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Bitcoin City recibe gran aceptación entre inversionistas
Luego de que el presidente de la república, Nayib Bukele, anunció durante la novena edición de Latin American Bitcoin & Blockchain Conference (LABITCONF) la construcción en nuestro país de la primera Bitcoin City en el mundo, diferentes inversionistas y líderes de la industria en la criptomoneda destacaron las ventajas y la oportunidad de negocios que permitirán desarrollar aún más la economía.
El CSO de Blockstream, Samson Mow, quien acompañó al mandatario en el anuncio del proyecto, aseguró que «El Salvador será el centro financiero del mundo. El Singapur de América».
En ese mismo sentido, el periodista y corredor de bolsa Max Keizer afirmó: «El Salvador será la historia más importante de los próximos 10 años. El bitcóin es el gran ecualizador global».
También Nischal Shetty, director ejecutivo de WazirX, una plataforma de criptomonedas, indicó que Bitcoin City vendrá a potenciar el desarrollo masivo de habilidades criptográficas, lo que traerá beneficios al país. «Felicito al presidente Nayib Bukele por tomar iniciativas tan disruptivas», agregó.
Bukele detalló que El Salvador emitirá un bono bitcóin de $1,000 millones, que será un instrumento financiero «tokenizado» desarrollado por Blockstream, en Liquid Network. De ese monto, $500 millones se utilizarán para generar la energía necesaria y construir la infraestructura minera de bitcoines, y $500 millones para comprar más criptomonedas.
Bitcoin City, que será financiada precisamente con los bonos respaldados por la moneda digital, se ubicará en el golfo de Fonseca, La Unión, y se aprovechará la fuente geotérmica del volcán de Conchagua para generar la electricidad que se usará en negocios, oficinas, hoteles, bares y residencias.
La ciudad será 100 % digital y se eliminarán todos los aranceles, excepto el IVA. El bitcoinero Anthony Pompliano destacó que las ciudades que se dan cuenta de que pueden financiarse por sí mismas sin depender de impuestos, serán «imparables en el siglo XXI».
Con estas medidas, Bukele busca convertir al país en un centro financiero mundial, a diferencia de naciones vecinas, como Costa Rica que recientemente propuso imponer el
13 % del IVA a la compra de criptodivisas y el 15 % a las ganancias del capital.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
