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ARENA y el FMLN, los obstáculos principales del Plan Control Territorial a sus tres años de implementación
Este día se cumplen tres años desde el inicio de la implementación del Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad de la gestión actual, que ha dado importantes e históricos resultados en la reducción de delitos, principalmente la violencia homicida generada por las pandillas, que causó la muerte de más de 75,000 salvadoreños en los últimos cuatro gobiernos de los partidos ARENA y FMLN.
Desde el día en que el presidente de la república, Nayib Bukele, anunció el plan para enfrentar a los mareros y salvaguardar la vida de los salvadoreños, los diputados de la vieja Asamblea Legislativa se empeñaron en negar sus votos y bloquear toda petición del gobernante encaminada a disponer de fondos para comenzar la fase I.
La correlación de fuerzas en la anterior legislatura estaba de la siguiente manera: 37 diputados del partido ARENA, 23 del FMLN, 10 de GANA, nueve del PCN, tres del PDC, uno de CD y uno independiente. En el caso del partido tricolor, cuatro de sus diputados externaron su apoyo para la aprobación de los fondos que requería el Gobierno, además de los parlamentarios de GANA.
Sin embargo, pese a las reiteradas explicaciones que el presidente les dio a los diputados sobre la distribución de los fondos, ARENA y el FMLN se empeñaron en negar sus votos.
A pesar de no contar con el apoyo necesario, el Gobierno tuvo que hacer maniobras con sus finanzas y reorientar $31 millones provenientes de la contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia (CESC) —dejó de ser prorrogada en 2020— para comenzar la fase I, denominada Control. El resto de este financiamiento fue obtenido de la contribución ciudadana.
El mandatario brindó detalles de los resultados luego de dos semanas de haber comenzado el plan: «Lleva 15 días y ha sido muy exitoso, hemos tenido reducción de homicidios».
En paralelo, funcionarios de Seguridad Pública anunciaron que el Estado, por medio de la Policía y el Ejército, había tomado el control de las comunidades en los 16 municipios más violentos; entre estos, San Salvador, Mejicanos, Apopa, Soyapango, Ilopango, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Santa Tecla, donde los criminales hacían lo que querían.
Menos de un mes había transcurrido cuando comenzó la fase II, Oportunidades, cuya apuesta se centraba en llevar desarrollo a las comunidades, principalmente para que los niños y los jóvenes se mantuvieran alejados de las pandillas.
BLOQUEO DE $91 MILLONES
Para la ejecución de esta fase, el Gobierno necesitaba $91 millones, pero de nueva cuenta la anterior legislatura negó sus votos, así como también lo hizo cuando el Ejecutivo solicitó $109 millones para la fase III, llamada Modernización, para dotar a los policías y soldados con equipo de protección personal e insumos destinados para combatir a los criminales.
El bloqueo de ARENA y el FMLN se prolongó por 21 meses, período en que la vida de miles de salvadoreños fue arrebatada por la criminalidad, aunque en menor porcentaje que en los gobiernos anteriores, que se caracterizaron por implementar planes fracasados y por pactar con mareros para obtener réditos electorales a cambio de la vida de la población, tal como lo ha denunciado varias veces el presidente Bukele.
Mario Vásquez, alcalde de San Salvador Sur, aseguró que sostuvo una reunión con la población indígena que reside en los cantones Azacualpa, San Isidro, Troncones y Crucitas, del distrito de Panchimalco.
El funcionario explicó que el objetivo de este encuentro es para conocer de primera mano las necesidades y retos que enfrenta este grupo poblacional.
«Realizamos una importante asamblea con la población indígena, un espacio de diálogo y participación para escuchar sus necesidades y fortalecer el trabajo conjunto», aseguró.
Vásquez detalló que durante la reunión con los pobladores también tuvieron la participación y el acompañamiento de Raquel Caballero de Guevara, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), «con quien reafirmamos el compromiso de velar por el respeto y garantía de los derechos de nuestras comunidades».
El funcionario agregó que en el conversatorio se abordaron temas prioritarios como el acceso a los servicios de agua, educación y salud, entre otros.
Además, señaló que este encuentro sentó las bases para organizarse junto con las comunidades e «impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo y bienestar de todas las familias».
La reunión también sirvió para que instituciones gubernamentales llevaran a cabo una jornada de salud a través de la cual se proporcionaron más de 500 atenciones en consulta general, pediatría, odontología y otros servicios.
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Aplican multas por consumo de alcohol en vía pública y cobros ilegales de parqueo en San Salvador Centro
El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de la Alcaldía de San Salvador Centro llevó a cabo una serie de intervenciones en diferentes puntos de la capital, donde aplicaron multas a personas sorprendidas consumiendo bebidas alcohólicas en espacios públicos, así como a individuos que realizaban cobros irregulares por estacionamiento sin autorización municipal.
Las operaciones formaron parte de los operativos permanentes de control en el distrito de San Salvador Centro, enmarcados en el Plan para mantener una ciudad ordenada y segura. El objetivo principal fue garantizar el estricto cumplimiento de las ordenanzas municipales, particularmente la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, que prohíbe expresamente el consumo de alcohol en vías públicas, aceras, parques, plazas y otros espacios no autorizados.
Según las autoridades municipales, estas acciones responden a un trabajo constante en territorio para preservar el orden público, prevenir desórdenes, evitar altercados y proteger la seguridad de los ciudadanos que transitan por la zona. El consumo de bebidas alcohólicas en lugares prohibidos puede acarrear multas que oscilan entre $51 y $900, dependiendo de los agravantes y circunstancias específicas del caso.
De igual forma, se sancionó a personas que exigían pagos por el «cuidado» o estacionamiento de vehículos en la vía pública, una práctica ilegal contemplada en el artículo 75 de la misma ordenanza, con sanciones económicas en el mismo rango ($51 a $900). La alcaldía reitera que los espacios públicos son de libre uso y que nadie está autorizado a cobrar por parquear en calles o áreas comunales.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de irregularidades a través de los canales oficiales, como el número de atención del CAM. Estas intervenciones forman parte de una estrategia continua para fortalecer la convivencia y el respeto a las normas en la capital salvadoreña.
Cuando la solidaridad no conoce fronteras, la salud llega más lejos. Así se reflejó en una jornada de cirugías oftalmológicas gestionada por una delegación humanitaria de médicos especialistas suecos y españoles, liderada por el doctor salvadoreño residente en Suecia, Frank Riko. Esta iniciativa permitió beneficiar a 250 pacientes salvadoreños, contribuyendo de manera significativa a mejorar su calidad de vida.
La jornada fue impulsada desde la Representación de El Salvador en Suecia, evidenciando el firme compromiso de la diáspora salvadoreña con el bienestar del país. El esfuerzo conjunto demuestra cómo el talento y la vocación de servicio de los salvadoreños en el exterior continúan generando un impacto positivo en las comunidades más necesitadas.
Desde el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana se destacó que este tipo de acciones fortalecen los lazos entre El Salvador y su diáspora. La viceministra Patricia Godínez señaló que se continuará trabajando para conectar solidaridad, talento y vocación de servicio, reafirmando el compromiso institucional con iniciativas humanitarias que transforman vidas.
