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ARENA y el FMLN, los obstáculos principales del Plan Control Territorial a sus tres años de implementación
Este día se cumplen tres años desde el inicio de la implementación del Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad de la gestión actual, que ha dado importantes e históricos resultados en la reducción de delitos, principalmente la violencia homicida generada por las pandillas, que causó la muerte de más de 75,000 salvadoreños en los últimos cuatro gobiernos de los partidos ARENA y FMLN.
Desde el día en que el presidente de la república, Nayib Bukele, anunció el plan para enfrentar a los mareros y salvaguardar la vida de los salvadoreños, los diputados de la vieja Asamblea Legislativa se empeñaron en negar sus votos y bloquear toda petición del gobernante encaminada a disponer de fondos para comenzar la fase I.
La correlación de fuerzas en la anterior legislatura estaba de la siguiente manera: 37 diputados del partido ARENA, 23 del FMLN, 10 de GANA, nueve del PCN, tres del PDC, uno de CD y uno independiente. En el caso del partido tricolor, cuatro de sus diputados externaron su apoyo para la aprobación de los fondos que requería el Gobierno, además de los parlamentarios de GANA.
Sin embargo, pese a las reiteradas explicaciones que el presidente les dio a los diputados sobre la distribución de los fondos, ARENA y el FMLN se empeñaron en negar sus votos.
A pesar de no contar con el apoyo necesario, el Gobierno tuvo que hacer maniobras con sus finanzas y reorientar $31 millones provenientes de la contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia (CESC) —dejó de ser prorrogada en 2020— para comenzar la fase I, denominada Control. El resto de este financiamiento fue obtenido de la contribución ciudadana.
El mandatario brindó detalles de los resultados luego de dos semanas de haber comenzado el plan: «Lleva 15 días y ha sido muy exitoso, hemos tenido reducción de homicidios».
En paralelo, funcionarios de Seguridad Pública anunciaron que el Estado, por medio de la Policía y el Ejército, había tomado el control de las comunidades en los 16 municipios más violentos; entre estos, San Salvador, Mejicanos, Apopa, Soyapango, Ilopango, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Santa Tecla, donde los criminales hacían lo que querían.
Menos de un mes había transcurrido cuando comenzó la fase II, Oportunidades, cuya apuesta se centraba en llevar desarrollo a las comunidades, principalmente para que los niños y los jóvenes se mantuvieran alejados de las pandillas.
BLOQUEO DE $91 MILLONES
Para la ejecución de esta fase, el Gobierno necesitaba $91 millones, pero de nueva cuenta la anterior legislatura negó sus votos, así como también lo hizo cuando el Ejecutivo solicitó $109 millones para la fase III, llamada Modernización, para dotar a los policías y soldados con equipo de protección personal e insumos destinados para combatir a los criminales.
El bloqueo de ARENA y el FMLN se prolongó por 21 meses, período en que la vida de miles de salvadoreños fue arrebatada por la criminalidad, aunque en menor porcentaje que en los gobiernos anteriores, que se caracterizaron por implementar planes fracasados y por pactar con mareros para obtener réditos electorales a cambio de la vida de la población, tal como lo ha denunciado varias veces el presidente Bukele.
La Policía Nacional Civil informó que un hombre murió y una mujer resultó lesionada tras un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Litoral, en las cercanías del cantón La Havillal, distrito de San Miguel.
Según el reporte preliminar, en el hecho estuvieron involucrados un camión de volteo y un vehículo particular. El impacto provocó la muerte inmediata del conductor del automóvil, mientras que su acompañante fue trasladada a un centro asistencial.
Debido al siniestro, el paso en la zona permanece habilitado únicamente en un carril. Agentes de la PNC se mantienen en el lugar para orientar el tráfico.
La División de Tránsito junto a elementos del Cuerpo de Bomberos realizan la inspección correspondiente para esclarecer la causa del accidente, cuyos detalles serán ampliados en las próximas horas.
Principal
MOP avanza en la construcción de una nueva obra de paso para restaurar la conectividad en Villa Lourdes
El Ministerio de Obras Públicas (MOP), ejecuta trabajos en el sector de Villa Lourdes, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste, para devolver la conectividad a miles de familias afectadas por el colapso de un puente a causa de las lluvias recientes en junio pasado.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, supervisó a principios de noviembre el avance de las obras, donde explicó que inicialmente se colocó una pasarela provisional para garantizar el paso peatonal mientras se construye una nueva estructura de paso. “Hay rutas alternas habilitadas para el tránsito vehicular, mientras se desarrollan los trabajos en la zona”, indicó el funcionario.
Rodríguez detalló que el terreno presentaba condiciones fangosas, por lo que se realizó una excavación de dos metros de profundidad y un enrocado de piedra para estabilizar el área. Además, se retiraron los escombros y materiales arrastrados por las lluvias.
La nueva obra de paso, que tendrá aproximadamente 28 metros de longitud, contará con una doble caja de concreto y será más resistente ante eventos climáticos. “El avance de los trabajos supera el 10%, más de lo que estaba programado. El plazo para culminar la obra es a mediados del próximo año, pero haremos todo lo posible por finalizar antes del invierno”, aseguró el ministro.
La inversión asciende a más de un millón de dólares y beneficiará directamente a más de 10,000 familias de comunidades como Guarumal, Campos Verdes 1 y 2, y Villa Lourdes.
“Vamos a devolverle la conectividad a las familias de Villa Lourdes y se hará todo lo posible para que pronto el proyecto esté 100% terminado”, manifestó el ministro de Obras Públicas.
Los titulares de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y del Consejo Nacional de Calidad (CNC) suscribieron un Convenio Interinstitucional con la finalidad de promover y fortalecer la cultura organizacional, la transparencia y buenas prácticas en la labor que realiza la Entidad Fiscalizadora
Superior.
La firma del instrumento legal estuvo a cargo del Presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa Funes y de la Ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, en su calidad de Presidenta del CNC.
La suscripción se llevó a cabo en el Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP) de este Organismo
Superior de Control.
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Desde abril anterior la Corte de Cuentas tiene en marcha el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), encargado de implementar una cultura antisoborno en los procesos de auditoría, jurisdiccionales y administrativos, bajo estándares internacionales.
En similar forma, para cumplir con sus atribuciones, el CNC cuenta con el Sistema Salvadoreño para la Calidad y éste, dentro de su estructura, con el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), que será el ente encargado de brindar la certificación a la CCR.
“Esta acción reafirma el compromiso de trabajar con otras instituciones del Estado para servir mejor a los salvadoreños; más allá de los aspectos que enmarca el convenio, este es un paso histórico para la institución, pues el Organismo Salvadoreño de Normalización certificará nuestro Sistema de Gestión Antisoborno conforme a la Norma Internacional ISO 37001:2016”, manifestó el Presidente Sosa Funes, en la apertura del acto.
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Entre los beneficios de esta Certificación Antisoborno ISO 37001, están: el reforzamiento de la confianza pública, adopción de mejores prácticas internacionales, fortalecimiento y formalización de los controles internos, promoción de una cultura organizacional de integridad, cumplimiento con obligaciones nacionales e internacionales, mayor eficiencia y transparencia institucional, reconocimiento oficial del Organismo Salvadoreño de Normalización, relacionamiento más transparente con instituciones auditadas y la proyección estratégica a futuro.
En el documento se remarca que por mandato constitucional la CCR es el ente fiscalizador de la Hacienda Pública y rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública. “En ese marco considera indispensable establecer e impulsar buenas prácticas institucionales orientadas a
fortalecer la transparencia, la ética pública y el buen gobierno”.
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