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ARENA y el FMLN, los obstáculos principales del Plan Control Territorial a sus tres años de implementación
Este día se cumplen tres años desde el inicio de la implementación del Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad de la gestión actual, que ha dado importantes e históricos resultados en la reducción de delitos, principalmente la violencia homicida generada por las pandillas, que causó la muerte de más de 75,000 salvadoreños en los últimos cuatro gobiernos de los partidos ARENA y FMLN.
Desde el día en que el presidente de la república, Nayib Bukele, anunció el plan para enfrentar a los mareros y salvaguardar la vida de los salvadoreños, los diputados de la vieja Asamblea Legislativa se empeñaron en negar sus votos y bloquear toda petición del gobernante encaminada a disponer de fondos para comenzar la fase I.
La correlación de fuerzas en la anterior legislatura estaba de la siguiente manera: 37 diputados del partido ARENA, 23 del FMLN, 10 de GANA, nueve del PCN, tres del PDC, uno de CD y uno independiente. En el caso del partido tricolor, cuatro de sus diputados externaron su apoyo para la aprobación de los fondos que requería el Gobierno, además de los parlamentarios de GANA.
Sin embargo, pese a las reiteradas explicaciones que el presidente les dio a los diputados sobre la distribución de los fondos, ARENA y el FMLN se empeñaron en negar sus votos.
A pesar de no contar con el apoyo necesario, el Gobierno tuvo que hacer maniobras con sus finanzas y reorientar $31 millones provenientes de la contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia (CESC) —dejó de ser prorrogada en 2020— para comenzar la fase I, denominada Control. El resto de este financiamiento fue obtenido de la contribución ciudadana.
El mandatario brindó detalles de los resultados luego de dos semanas de haber comenzado el plan: «Lleva 15 días y ha sido muy exitoso, hemos tenido reducción de homicidios».
En paralelo, funcionarios de Seguridad Pública anunciaron que el Estado, por medio de la Policía y el Ejército, había tomado el control de las comunidades en los 16 municipios más violentos; entre estos, San Salvador, Mejicanos, Apopa, Soyapango, Ilopango, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Santa Tecla, donde los criminales hacían lo que querían.
Menos de un mes había transcurrido cuando comenzó la fase II, Oportunidades, cuya apuesta se centraba en llevar desarrollo a las comunidades, principalmente para que los niños y los jóvenes se mantuvieran alejados de las pandillas.
BLOQUEO DE $91 MILLONES
Para la ejecución de esta fase, el Gobierno necesitaba $91 millones, pero de nueva cuenta la anterior legislatura negó sus votos, así como también lo hizo cuando el Ejecutivo solicitó $109 millones para la fase III, llamada Modernización, para dotar a los policías y soldados con equipo de protección personal e insumos destinados para combatir a los criminales.
El bloqueo de ARENA y el FMLN se prolongó por 21 meses, período en que la vida de miles de salvadoreños fue arrebatada por la criminalidad, aunque en menor porcentaje que en los gobiernos anteriores, que se caracterizaron por implementar planes fracasados y por pactar con mareros para obtener réditos electorales a cambio de la vida de la población, tal como lo ha denunciado varias veces el presidente Bukele.
En el 6.º Congreso Iberoamericano de Movilidad y Seguridad Vial, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, compartió en su ponencia cómo las políticas de prevención implementadas en el país han generado resultados positivos en la seguridad vial. La intervención del titular resaltó el impacto de los dispositivos de control antidopaje para reducir siniestros y proteger la vida de la población.
«Por ejemplo, algo que nos ha funcionado mucho es el tema de los controles antidoping y fiscalizar a las personas que están manejando bajo los efectos del alcohol. Realizamos otro tipo de drogas o estupefacientes, pero el protagonista es el del alcoholímetro», manifestó el viceministro de Transporte.
Reyes participó en el panel con la temática «Una nueva narrativa para la seguridad vial: Cambiando corazones, mentes y políticas públicas», un espacio para reflexionar sobre cómo transformar la cultura vial desde la comunicación.
El ministro de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez, informó esta noche que el Gobierno salvadoreño avanza en la reconstrucción de las principales arterias del país, en el marco de los proyectos impulsados por la administración del presidente Nayib Bukele.
«Estamos trabajando en la reconstrucción de las principales arterias del país. Hemos reparado miles de kilómetros durante el gobierno del presidente Bukele, aunque aún hay mucho por hacer», señaló el funcionario.
Entre las obras en ejecución, Rodríguez mencionó la reconstrucción total de la carretera Panamericana, en el tramo que conecta Cojutepeque con San Martín, cuyos trabajos dijo, estarán concluidos a inicios de enero de 2025.
El titular del MOP también destacó los avances en el proyecto del viaducto y ampliación de la carretera de Los Chorros, donde se intervendrán 14.7 kilómetros.
«Vamos a acelerar las obras, la idea es tener una buena parte de la carretera concluida a finales del próximo año, aunque el proyecto finalizará en 2027», explicó, al resaltar que esto permitirá aliviar la carga vehicular en una de las vías más transitadas del país.
Asimismo, Rodríguez anunció la ampliación de la carretera Litoral, desde la playa El Obispo hasta El Zonte, y el desarrollo del Bypass de Apopa, que incluirá un puente atirantado de cuatro carriles, considerado uno de los proyectos más ambiciosos de la actual gestión.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el miércoles 12 de noviembre no se registraron muertes a causa de la violencia en El Salvador. Según la institución, este día sin homicidios se suma a los 11 contabilizados en lo que va del mes.
Las autoridades atribuyen la reducción de los crímenes a la implementación del Plan Control Territorial, reforzado por el régimen de excepción. Gracias a estas medidas, el país ha acumulado más de mil días sin homicidios, un logro considerado sin precedentes para El Salvador, históricamente reconocido por sus altos índices de criminalidad.
