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ARENA y el FMLN, los obstáculos principales del Plan Control Territorial a sus tres años de implementación
Este día se cumplen tres años desde el inicio de la implementación del Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad de la gestión actual, que ha dado importantes e históricos resultados en la reducción de delitos, principalmente la violencia homicida generada por las pandillas, que causó la muerte de más de 75,000 salvadoreños en los últimos cuatro gobiernos de los partidos ARENA y FMLN.
Desde el día en que el presidente de la república, Nayib Bukele, anunció el plan para enfrentar a los mareros y salvaguardar la vida de los salvadoreños, los diputados de la vieja Asamblea Legislativa se empeñaron en negar sus votos y bloquear toda petición del gobernante encaminada a disponer de fondos para comenzar la fase I.
La correlación de fuerzas en la anterior legislatura estaba de la siguiente manera: 37 diputados del partido ARENA, 23 del FMLN, 10 de GANA, nueve del PCN, tres del PDC, uno de CD y uno independiente. En el caso del partido tricolor, cuatro de sus diputados externaron su apoyo para la aprobación de los fondos que requería el Gobierno, además de los parlamentarios de GANA.
Sin embargo, pese a las reiteradas explicaciones que el presidente les dio a los diputados sobre la distribución de los fondos, ARENA y el FMLN se empeñaron en negar sus votos.
A pesar de no contar con el apoyo necesario, el Gobierno tuvo que hacer maniobras con sus finanzas y reorientar $31 millones provenientes de la contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia (CESC) —dejó de ser prorrogada en 2020— para comenzar la fase I, denominada Control. El resto de este financiamiento fue obtenido de la contribución ciudadana.
El mandatario brindó detalles de los resultados luego de dos semanas de haber comenzado el plan: «Lleva 15 días y ha sido muy exitoso, hemos tenido reducción de homicidios».
En paralelo, funcionarios de Seguridad Pública anunciaron que el Estado, por medio de la Policía y el Ejército, había tomado el control de las comunidades en los 16 municipios más violentos; entre estos, San Salvador, Mejicanos, Apopa, Soyapango, Ilopango, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Santa Tecla, donde los criminales hacían lo que querían.
Menos de un mes había transcurrido cuando comenzó la fase II, Oportunidades, cuya apuesta se centraba en llevar desarrollo a las comunidades, principalmente para que los niños y los jóvenes se mantuvieran alejados de las pandillas.
BLOQUEO DE $91 MILLONES
Para la ejecución de esta fase, el Gobierno necesitaba $91 millones, pero de nueva cuenta la anterior legislatura negó sus votos, así como también lo hizo cuando el Ejecutivo solicitó $109 millones para la fase III, llamada Modernización, para dotar a los policías y soldados con equipo de protección personal e insumos destinados para combatir a los criminales.
El bloqueo de ARENA y el FMLN se prolongó por 21 meses, período en que la vida de miles de salvadoreños fue arrebatada por la criminalidad, aunque en menor porcentaje que en los gobiernos anteriores, que se caracterizaron por implementar planes fracasados y por pactar con mareros para obtener réditos electorales a cambio de la vida de la población, tal como lo ha denunciado varias veces el presidente Bukele.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
