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Alcalde Muyshondt prorroga por 7 días el cordón sanitario en el centro de la capital
El Comité de Protección Civil Municipal acordó este día, por decisión unánime, extender el Cordón Sanitario en el Centro de San Salvador por 7 días más.
La población ha calificado como positiva la instalación del cordón sanitario que coordinó el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, directamente con el Presidente de la República, Nayib Bukele; ya que aseguran que con dicha medida se ha reducido al mínimo la afluencia de personas en el centro de la ciudad.
«Los resultados del cordón sanitario son exitosos. Hemos reducido al mínimo el ingreso y permanencia de personas en el centro de San Salvador y por ende reducimos la posibilidad de más contagios en la capital. Con esta medida estamos previniendo a contener el COVID-19 y por eso se ha decido prorrogarlo Juntos saldremos adelante!», expresó el alcalde Muyshondt.
En la Comisión de Protección Civil Municipal se decidió que en el cordón sanitario seguirán apoyando 100 agentes de la Policía Nacional Civil y elementos de la Fuerza Armada que se sumarán a los miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos en la logistica.
Se mantiene el perímetro que abarca cerca de 400 manzanas urbañas que van desde la 25 calle Poniente hasta la 10 avenida Sur, y desde el bulevar Venezuela hasta la Alameda Juan Pablo II.
Además, el acceso es restringido y solo se permite acceder a los empleados y
usuarios de mercados, supermercados, bancos, farmacias, hospitales y de todo aquel que realmente demuestre y justifique la necesidad de entrar al perímetro acordonado.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
