Judicial
Abogados aseguran: “Expresidente Saca y sus funcionarios se encuentran en detención ilegal”
Los abogados del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, aseguran que su defendido se encuentra en “detención ilegal”, una medida supuestamente arbitraria que también se aplica a sus exfuncionarios acusados de supuestos cargos de corrupción.
Según los defensores, “Saca y demás procesados debieron quedar en libertad a partir del pasado 3 de noviembre, ya que es la fecha en la cual se cumplió los dos años de detención… desde la resolución de la audiencia inicial realizada en noviembre de 2016”.
La exigencia de los abogados se sustenta en el artículo 8 del Código Procesal Penal.
De acuerdo con este artículo, exponen los profesionales, “ninguna persona puede estar detenida sin sentencia por más de dos años en un delito grave, y la reforma del inciso tercero habla de la posible ampliación para fines de recursos, lo cual en el caso de Saca no aplica, puesto que el Tribunal Segundo de Sentencia en tres oportunidades ha cambiado fecha para entregar la misma”.
Los abogados agregan que “no puede existir ninguna clase de recurso si no existe la sentencia físicamente entregada, ya que lo que existió el pasado 16 de septiembre fue la lectura del fallo, lo cual no permite interponer recursos”.
Los abogados se preguntan “¿Por qué el Órgano Judicial complica la Justicia?”.
Según ellos, también queda en evidencia que el mal proceder en este caso denota que se trata de un juicio político, en el sentido que se deja de lado la aplicación del verdadero derecho y se trastocan los procesos o mecanismos de ley que deben aplicar en todos los procesos que se ventilan en los juzgados.
“¿Será ineptitud, ignorancia o malicia?”, agregan los defensores del expresidente, quien al igual que los otros implicados en el caso permanece en el sector 9 del centro de detención “La Esperanza”, popularmente conocido como “Mariona”.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
