Judicial
Abogados aseguran: “Expresidente Saca y sus funcionarios se encuentran en detención ilegal”
Los abogados del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, aseguran que su defendido se encuentra en “detención ilegal”, una medida supuestamente arbitraria que también se aplica a sus exfuncionarios acusados de supuestos cargos de corrupción.
Según los defensores, “Saca y demás procesados debieron quedar en libertad a partir del pasado 3 de noviembre, ya que es la fecha en la cual se cumplió los dos años de detención… desde la resolución de la audiencia inicial realizada en noviembre de 2016”.
La exigencia de los abogados se sustenta en el artículo 8 del Código Procesal Penal.
De acuerdo con este artículo, exponen los profesionales, “ninguna persona puede estar detenida sin sentencia por más de dos años en un delito grave, y la reforma del inciso tercero habla de la posible ampliación para fines de recursos, lo cual en el caso de Saca no aplica, puesto que el Tribunal Segundo de Sentencia en tres oportunidades ha cambiado fecha para entregar la misma”.
Los abogados agregan que “no puede existir ninguna clase de recurso si no existe la sentencia físicamente entregada, ya que lo que existió el pasado 16 de septiembre fue la lectura del fallo, lo cual no permite interponer recursos”.
Los abogados se preguntan “¿Por qué el Órgano Judicial complica la Justicia?”.
Según ellos, también queda en evidencia que el mal proceder en este caso denota que se trata de un juicio político, en el sentido que se deja de lado la aplicación del verdadero derecho y se trastocan los procesos o mecanismos de ley que deben aplicar en todos los procesos que se ventilan en los juzgados.
“¿Será ineptitud, ignorancia o malicia?”, agregan los defensores del expresidente, quien al igual que los otros implicados en el caso permanece en el sector 9 del centro de detención “La Esperanza”, popularmente conocido como “Mariona”.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
