Judicial
Abogados aseguran: “Expresidente Saca y sus funcionarios se encuentran en detención ilegal”
Los abogados del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, aseguran que su defendido se encuentra en “detención ilegal”, una medida supuestamente arbitraria que también se aplica a sus exfuncionarios acusados de supuestos cargos de corrupción.
Según los defensores, “Saca y demás procesados debieron quedar en libertad a partir del pasado 3 de noviembre, ya que es la fecha en la cual se cumplió los dos años de detención… desde la resolución de la audiencia inicial realizada en noviembre de 2016”.
La exigencia de los abogados se sustenta en el artículo 8 del Código Procesal Penal.
De acuerdo con este artículo, exponen los profesionales, “ninguna persona puede estar detenida sin sentencia por más de dos años en un delito grave, y la reforma del inciso tercero habla de la posible ampliación para fines de recursos, lo cual en el caso de Saca no aplica, puesto que el Tribunal Segundo de Sentencia en tres oportunidades ha cambiado fecha para entregar la misma”.
Los abogados agregan que “no puede existir ninguna clase de recurso si no existe la sentencia físicamente entregada, ya que lo que existió el pasado 16 de septiembre fue la lectura del fallo, lo cual no permite interponer recursos”.
Los abogados se preguntan “¿Por qué el Órgano Judicial complica la Justicia?”.
Según ellos, también queda en evidencia que el mal proceder en este caso denota que se trata de un juicio político, en el sentido que se deja de lado la aplicación del verdadero derecho y se trastocan los procesos o mecanismos de ley que deben aplicar en todos los procesos que se ventilan en los juzgados.
“¿Será ineptitud, ignorancia o malicia?”, agregan los defensores del expresidente, quien al igual que los otros implicados en el caso permanece en el sector 9 del centro de detención “La Esperanza”, popularmente conocido como “Mariona”.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
