Judicial
Juzgado Ambiental de Santa Ana realiza inspección en Río Ostúa por denuncia
El Juzgado Ambiental con sede en Santa Ana, recibió una denuncia el pasado 26 de noviembre interpuesta por el señor Wilber Armando Figueroa Sandoval en su calidad de dueño de una propiedad que linda con el Río Ostúa que está intermedio entre El Salvador y Guatemala, considerando que existen daños al medio ambiente con la hacienda propiedad de Figueroa de nombre La Portada con otra hacienda El Platanal que linda con Guatemala.
Por otra parte, la Alcaldía Municipal de Metapán decidió realizar una obra de paso (un puente) lo cual aduce dicha municipalidad que lo realizó en vista de una solicitud realizada por una Adesco de la población de Metapán. Dicha obra beneficiaría a un grupo de trabajadores de la ciudad calera que van a laborar a dicha finca ya en la República de Guatemala en el rubro del cultivo de melones.
La población del lugar al realizar la primera inspección se acercaron a las autoridades para explicar que ellos tienen trabajo seguro por siete meses en dicha finca y que es una de las fuentes de trabajo que año con año tiene esa comunidad ya que por la ausencia de trabajo ellos logran esos siete meses tener un salario fijo y así hacer un ahorro para los meses que no realizan dicha actividad. Sin embargo, el propietario de La Portada quien han conformado una fundación y que entre unos de sus rubros está la protección al medio ambiente aduce que cuando se realizó esa obra se desvió el cauce del río y en las épocas de invierto provoca un rebalse para el lado de El Salvador.
Esta ha sido la segunda inspección realizada en dicho lugar ya que anteriormente se tuvo otra denuncia por una contaminación en el río.
La denuncia actual se recibió porque hay una propiedad afectada en territorio salvadoreño. Al llegar a Metapán los técnicos de la Alcaldía informaron que la obra de paso no está en este país sino que está realizada en territorio guatemalteco y fue realizada en base a un recalculeo de la Dirección del Instituto Geográfico y de Catastro Nacional del Centro Nacional de Registro donde dice que la línea fronteriza ya no está a mitad del río, porque antiguamente era considerado que a la mitad de los ríos era la división entre ambas repúblicas.
En base al recalculeo realizado el cual dice que está más atrás la línea fronteriza se suspendió la audiencia y se reprogramó para ser realizada el lunes de esta semana con la participación de todos los actores locales involucrados como son la Dirección del Instituto Geográfico y de Catastro Nacional del Centro Nacional de Registro, la Alcaldía de Metapán, la Fiscalía General de la República, la Policía de Medio Ambiente, Soberanía Nacional, Ministerio de Medio Ambiente y los afectados quienes decidieron convocar también a los señores de Aduanas por la razón que ahí se ha realizado un punto ciego de paso.
Para la juzgadora no es de su competencia si existe o no un punto ciego. A ella le corresponde determinar el daño ambiental. Si el daño ambiental efectivamente se da por esta obra de paso y como ellos lo argumentan viene de la República vecina y como jueza no podría hacer nada más que dar los informes a las instituciones respectivas para lo cual ella ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente haga un estudio de esas circunstancias denunciadas por dicha obra que ha desviado el cauce del río y está haciendo afectaciones. Las obras que se pueden hacer aquí en el país para evitar esas circunstancias las podría resolver la señoría pero si fuese necesaria una demolición del puente ya no es de su jurisdicción al no ser vista como objeto de imposición de una medida cautelar y si está en el país vecino ya no se tiene competencia.
La jueza encomendó a la Dirección del Instituto Geográfico y de Catastro Nacional del CNR que realice un levantamiento topográfico en base a los antecedentes históricos y que ellos determinen hasta donde llega la línea fronteriza de El Salvador. Ellos argumentan que eso no tendrá validez para Guatemala pero si lo tendrá para este país y eso le permitirá a la señoría tener el marco de actuación para dicho juzgado.
En este caso, es evidente que hay un daño pero lo que mantiene en suspenso es determinar hasta donde la jueza puede actuar y en base a dicha investigación se podrá ver esta problemática denunciada, ayudando a que se activen todas las instituciones inmersas en la protección del medio ambiente y evitar que a raíz de esas circunstancias se ha visto una actuación con falta de orientación para la municipalidad metapaneca en qué trámites realizar y qué tener a la mano antes de hacer una obra como la que ya fue realizada. Al mismo tiempo les servirá de sustento por estar en una zona fronteriza para conocer hasta donde llega su jurisdicción territorial para acceder a las peticiones de su misma comunidad.
Este caso es importante porque ayudará a determinar estas afectaciones al medio ambiente en este caso al recurso hídrico como es el del Río Ostúa y permitirá tener a las demás instituciones con un margen de actuación para poder abordar esta problemática ya que no solo se da en ríos sino en muchas partes del territorio nacional y es importante no solo contar históricamente hasta donde llega la línea fronteriza sino documentalmente para tener el bien claro y específico en el marco de actuación. Se les dio 25 días hábiles y se espera próximo de la semana santa ya tener una respuesta antes del invierno que es donde se sufre más por estos impactos que los denunciantes han hecho del conocimiento de dicha sede judicial.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
