Internacionales
VIDEOS | Narcos aprovechan la pandemia de coronavirus para expandirse: “O plata o plomo”
Los grupos criminales relacionados con el narcotráfico aprovecharon el confinamiento obligado a causa del coronavirus, COVID-19 para tratar de expandirse, lo que ha generado más enfrentamientos armados en distintos puntos de México, alertó una organización internacional.
En el municipio de Zicuirán, Michoacán, surgió una célula armada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) -que se autodenominó Cártel Zicuirán Nueva Generación (CZNG)- y La Familia Michoacana (LFM) hizo lo mismo pero para irrumpir en Morelos, mientras que en Nuevo León surgieron nuevos grupos criminales.
“La escalada (de la violencia) sugiere que algunos grupos están utilizando la crisis para expandir y reforzar su presencia, por ejemplo, en Nuevo León, los ataques contra civiles alcanzaron niveles sin precedentes en abril en comparación con los últimos 12 meses”, indicó un análisis del Proyecto de Ubicación de Conflictos Armados y Datos de Eventos (ACLED, por sus siglas en inglés).
“Recientemente han surgido varios grupos criminales nuevos y tan sólo este estado (Nuevo León) es disputado por al menos seis grupos que buscan tomar el territorio para transportar droga a Estados Unidos“.
El ACLED, una organización no gubernamental especializada en el análisis de conflictos, destacó que algunos de los grupos criminales que se han expandido en los dos últimos meses han sido el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras y La Unión Tepito.
“La actividad del CJNG se expandió a dos nuevos estados, Veracruz y Puebla, que anteriormente habían estado libres de su violencia”, planteó en su informe.
Explicó que dicho cártel utiliza precursores químicos de China para fabricar drogas sintéticas, pero por la contingencia esa cadena de suministros se ha interrumpido, por lo que el grupo criminal busca maneras de tener más ingresos.
“La emergencia sanitaria y la consecuente crisis económica cambiarán el equilibrio entre los cárteles y llevarán a algunos a buscar nuevos modelos de negocio”, indicó el ACLED.
“Las pandillas más pequeñas, o aquellas con menos capacidad económica, están amenazadas por grupos más establecidos y pueden tratar de sobrevivir diversificándose en violentos crímenes callejeros, extorsiones, secuestros y ataques“.
Datos del ACLED, que sistematiza la información generada sobre hechos violentos y el hallazgo de cadáveres, refieren que en los últimos dos meses los enfrentamientos han aumentado en su letalidad.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, destacó que según las cifras oficiales, los delitos comunes, como el robo, bajaron durante el confinamiento, mientras que los hechos más violentos han ido al alza.
“La delincuencia, lejos de ser contenida está exacerbada”, aseguró.
El experto planteó que la entrega de despensas por parte de grupos criminales sigue la lógica del “plata o plomo“, a la vez que expande su base social.
“Los grupos criminales siguieron matando gente, mientras distribuyeron las despensas”, denunció.
“Hay que recordar que la delincuencia organizada se alimenta también de una comunidad que los protege”.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.


Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Internacionales
Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.








