Internacionales
VIDEOS | Narcos aprovechan la pandemia de coronavirus para expandirse: “O plata o plomo”
Los grupos criminales relacionados con el narcotráfico aprovecharon el confinamiento obligado a causa del coronavirus, COVID-19 para tratar de expandirse, lo que ha generado más enfrentamientos armados en distintos puntos de México, alertó una organización internacional.
En el municipio de Zicuirán, Michoacán, surgió una célula armada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) -que se autodenominó Cártel Zicuirán Nueva Generación (CZNG)- y La Familia Michoacana (LFM) hizo lo mismo pero para irrumpir en Morelos, mientras que en Nuevo León surgieron nuevos grupos criminales.
“La escalada (de la violencia) sugiere que algunos grupos están utilizando la crisis para expandir y reforzar su presencia, por ejemplo, en Nuevo León, los ataques contra civiles alcanzaron niveles sin precedentes en abril en comparación con los últimos 12 meses”, indicó un análisis del Proyecto de Ubicación de Conflictos Armados y Datos de Eventos (ACLED, por sus siglas en inglés).
“Recientemente han surgido varios grupos criminales nuevos y tan sólo este estado (Nuevo León) es disputado por al menos seis grupos que buscan tomar el territorio para transportar droga a Estados Unidos“.
El ACLED, una organización no gubernamental especializada en el análisis de conflictos, destacó que algunos de los grupos criminales que se han expandido en los dos últimos meses han sido el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras y La Unión Tepito.
“La actividad del CJNG se expandió a dos nuevos estados, Veracruz y Puebla, que anteriormente habían estado libres de su violencia”, planteó en su informe.
Explicó que dicho cártel utiliza precursores químicos de China para fabricar drogas sintéticas, pero por la contingencia esa cadena de suministros se ha interrumpido, por lo que el grupo criminal busca maneras de tener más ingresos.
“La emergencia sanitaria y la consecuente crisis económica cambiarán el equilibrio entre los cárteles y llevarán a algunos a buscar nuevos modelos de negocio”, indicó el ACLED.
“Las pandillas más pequeñas, o aquellas con menos capacidad económica, están amenazadas por grupos más establecidos y pueden tratar de sobrevivir diversificándose en violentos crímenes callejeros, extorsiones, secuestros y ataques“.
Datos del ACLED, que sistematiza la información generada sobre hechos violentos y el hallazgo de cadáveres, refieren que en los últimos dos meses los enfrentamientos han aumentado en su letalidad.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, destacó que según las cifras oficiales, los delitos comunes, como el robo, bajaron durante el confinamiento, mientras que los hechos más violentos han ido al alza.
“La delincuencia, lejos de ser contenida está exacerbada”, aseguró.
El experto planteó que la entrega de despensas por parte de grupos criminales sigue la lógica del “plata o plomo“, a la vez que expande su base social.
“Los grupos criminales siguieron matando gente, mientras distribuyeron las despensas”, denunció.
“Hay que recordar que la delincuencia organizada se alimenta también de una comunidad que los protege”.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
