Internacionales
VIDEO | Joven de 18 años pierde varios dientes al ser golpeada en su boca por un oficial
Miracle Boyd, una joven manifestante de 18 años que acudió al parque Grant de Chicago, perdió varios dientes al recibir un fuerte puñetazo de parte de un agente de la Policía de la ciudad.
La joven era una de las organizadoras del movimiento ‘Good Kids Mad City’ (Buenos chicos, ciudad loca traducido al español).
De acuerdo con el relato que la joven concedió a medios estadounidenses, ella estaba grabando parte de las protestas, de las que formaba parte, cuando dos oficiales se le acercaron, uno de ellos le trató de quitarle su teléfono.
Miracle corrió al tratar de que no se le arrebataran, pero uno de los uniformados la alcanzó y le propinó un fuerte puñetazo en la cara, tal como se aprecia en el video.
En las imágenes se aprecia que después del golpe, la joven sale huyendo, tocándose la cara, ante el rechazo de los asistentes.
“Un oficial de Policía se me acercó, me golpeó el teléfono con la mano, me golpeó en la boca y perdí los dientes”, afirmó la agredida a la ABC.
En una imagen que subió a sus redes sociales el senador del partido demócrata del estado de Illinois, Robert Peters, mostró cómo le quedó el rostro a la joven de 18 años.
En la fotografía se puede notar que le arrancaron al menos dos dientes de la parte superior, además de sangre en los labios.
“Ella es Miracle, tiene 18 años y es organizadora de ‘Good Kids Mad City’. Ella pelea contra la violencia todos los días (…) esta noche un oficial de la Policía la golpeó y le sacó sus dientes. Estoy triste, enojado y disgustado”, fueron las palabras con las que el senador acompañó la fotografía.
RT agregó que hay una campaña en la plataforma GoFundMe.com que busca recaudar fondos para el tratamiento médico, que en este momento supera los $83 mil.
Sincelejo, Sucre. – Dos mujeres, madre e hija, fueron enviadas a prisión luego de quitarle la vida a un perro pastor alemán llamado Rommy, bajo el argumento de que el animal estaba “poseído por un mal espíritu”.
El hecho ocurrió en el municipio de Sincelejo, donde vecinos alertaron sobre gritos relacionados con un supuesto intento de “liberar” al perro de un espíritu maligno. Al llegar la Policía, el canino ya había sido asesinado e incinerado.
Teresita Alcocer y Arlin Cuello Alcocer fueron capturadas y presentadas ante la Fiscalía, donde se legalizó la detención y se les imputaron cargos por maltrato animal con circunstancias de muerte agravada. Debido a su comportamiento durante las audiencias, ambas fueron remitidas a una evaluación psiquiátrica.
El caso ha generado indignación entre los ciudadanos, quienes exigen que las responsables permanezcan tras las rejas y no sean liberadas como en situaciones similares anteriores.
Un alguacil estadounidense y un inmigrante en situación irregular resultaron heridos durante una operación de la policía migratoria en Los Ángeles, informó el Gobierno.
El incidente ocurrió el martes cuando oficiales de inmigración, apoyados por alguaciles federales, intentaban recapturar a un “extranjero ilegal”. Según Tricia McLaughlin, secretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional, el migrante utilizó su vehículo para embestir a la patrulla en un intento de escapar.
“Temiendo por la seguridad del público y de los agentes, nuestros oficiales siguieron su entrenamiento y dispararon en defensa propia”, explicó McLaughlin.
El migrante recibió un impacto en el codo, mientras que un agente resultó herido en la mano por una bala que rebotó. Ambos fueron trasladados a un hospital.
El uso de vehículos policiales para bloquear automóviles se ha convertido en una práctica habitual durante las redadas migratorias del Gobierno estadounidense.
Perú. – El presidente interino José Jerí decretó estado de emergencia en la ciudad de Lima y la provincia del Callao por un periodo de 30 días, en respuesta al incremento sostenido de la violencia y la delincuencia organizada que afecta al país. La medida entró en vigor a partir de la medianoche del 22 de octubre.
El decreto permite la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar el orden público, así como la suspensión del derecho al libre tránsito y reunión en determinadas zonas. También autoriza la realización de operativos e inspecciones en barrios con alta incidencia delictiva.
La decisión del Ejecutivo se produce en un contexto de tensión social y política, marcado por protestas y una creciente percepción de inseguridad entre la población. Según encuestas recientes, la delincuencia es considerada el principal problema nacional por la mayoría de los peruanos.
El Gobierno anunció que la medida será evaluada al finalizar los 30 días para determinar si se mantiene o se extiende a otras regiones del país.
