Internacionales
VIDEO | Donald Trump usa por primera vez mascarilla en público al visitar hospital militar
Donald Trump se puso una máscara durante una visita a un hospital militar este sábado, la primera vez que el presidente de EEUU es visto en público con este tipo de protección facial recomendada por los funcionarios de salud como precaución contra la propagación del coronavirus.
Trump voló en helicóptero al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en los suburbios de Washington para visitar a veteranos heridos y a los médicos que atienden a los pacientes de COVID-19. Al salir de la Casa Blanca, dijo a los periodistas: “Cuando estás en un hospital, especialmente, creo que se espera que se use una máscara”.
Trump llevaba una máscara en el pasillo del Walter Reed cuando comenzó su visita. No llevaba ninguna cuando se bajó del helicóptero en las instalaciones.
“Creo que es una gran cosa usar una mascarilla. Nunca he estado en contra de las mascarillas, pero creo que tienen un tiempo y un lugar”, dijo Trump cuando salió de la Casa Blanca.
El presidente llegó tarde a usar una máscara para establecer un ejemplo de salud pública durante la pandemia, que ha hecho estragos en los EEUU desde marzo e infectó a más de 3,2 millones de personas y mató a por lo menos 134.000.
Los republicanos más prominentes, incluyendo al vicepresidente Mike Pence, apoyaron el uso de máscaras mientras el coronavirus ganaba terreno este verano. Trump, sin embargo, se ha negado a usar una máscara en conferencias de prensa, actualizaciones del grupo de trabajo sobre el coronavirus, concentraciones y otros eventos públicos.
Personas cercanas a él han dicho a The Associated Press que el presidente temía que una máscara lo hiciera parecer débil y que le preocupaba que el foco se centrara en la crisis de salud pública en vez de en la recuperación económica. Hablaron bajo condición de anonimato para describir asuntos privados.
Trump ha enviado señales contradictorias sobre las máscaras, reconociendo que serían apropiadas si se usaran en un ambiente interior donde la gente estuviera cerca. Pero ha acusado a los reporteros de usarlas para ser políticamente correctos y ha retuiteado mensajes burlándose del demócrata Joe Biden por usar una máscara e implicando que parecía débil.
El uso de máscaras se convirtió en otra línea divisoria política, con los republicanos más resistentes a usarlas que los demócratas. Pocas máscaras se vieron en los recientes eventos de la campaña de Trump en Tulsa, Oklahoma, Phoenix y el Monte Rushmore de Dakota del Sur.
La única vez que Trump ha sido reconocido por llevar una máscara fue durante un momento privado de un tour en una planta de Ford en Michigan.
En su página web, el Centro Médico Militar Walter Reed lleva esta recomendación: “Siempre que estés en público, como en tu tienda de comestibles o farmacia local, donde es difícil mantener 6 pies de distancia social, debes usar una cubierta de tela para la cara”. La institución también señala que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan el uso de cubiertas de tela en la cara para frenar la propagación del coronavirus.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
