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Internacionales

Vendedor ambulante viola a una de sus clientas

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La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a siete años de cárcel a un vendedor de cervezas ambulante acusado de violar a una joven en su departamento, tras unirse a su grupo de amigos y seguirla hasta su vivienda.

Cabe mencionar que, la joven no denunció los hechos hasta varios días después por miedo y vergüenza.

En la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia madrileña, los magistrados consideran probado que el acusado, bangladés de 33 años, violó a la joven en octubre de 2018 tras vender cervezas a ella y a sus amigos en el centro de la capital y tras unirse a este grupo durante varias horas.

Cuando la joven tomó un autobús hacia su casa junto a un amigo que vive cerca, el ahora condenado les siguió hasta su parada, les invitó a cervezas y los tres bebieron en la azotea del edificio de ella, hasta que el amigo de la chica se fue y ella, por pena, le dijo al acusado que se podía a quedar a dormir en la azotea solo, y que le subiría una manta.

Ante esto, el acusado aprovechó para bajar hasta el piso de la fémina, obligarla a entrar y agredirla sexualmente en el sofá, sin que la joven fuera capaz de gritar para alertar a sus compañeras de piso, según relata el tribunal, que considera veraz y consistente el relato de la chica, que no fue capaz de contar lo que había ocurrido a nadie hasta 15 días después, y de denunciar los hechos hasta un mes más tarde.

La jovencita fue representada por la abogada penalista Beatriz Uriarte, experta en violencia de género y delitos sexuales del despacho Ospina Abogados, quién aportó una serie de pruebas acerca de los acontecimientos ocurridos esa madrugada, entre ellas conversaciones por Whatsapp y testigos de lo sucedido.

Esas conversaciones de mensajería instantánea fueron claves para dilucidar lo sucedido, ya que como explicó la chica ante el juez esa noche, antes de que el acusado la agrediese sexualmente, se habían intercambiado sus respectivos números de teléfono; y que al día siguiente el acusado le escribió y mantuvieron una conversación más o menos normal, afirmando que en esa ocasión no le reprochó lo que había sucedido la noche anterior, ya que no sabía muy bien cómo reaccionar.

La joven alegó que tenía miedo, dado que él sabía dónde vivía ella. Agregó que simplemente le siguió la corriente, pero pasados 15 días la agredida obtuvo las fuerzas suficientes para relatarle lo sucedido a su ex novio y posteriormente a sus amigos, quienes la animaron a presentar la denuncia, como finalmente hizo a pesar de los miedos que ello le generaba.

Habían pasado 35 días desde la noche del los hechos, cuando «la fémina se armó de valor y le recriminó todo, añadiendo que el acusado reconoció lo que había hecho y que le pidió perdón» apunta la sentencia.

Beatriz Uriarte fortaleció el testimonio de la denunciante y las pruebas aportadas subiendo al estrado a varios testigos quienes arrojaron luz explicando el estado de miedo que la joven sufrió los días posteriores a los hechos ya que «incluso en alguna ocasión, cuando la víctima llegaba a casa, el acusado se encontraba merodeando por su portal y por la zona» por lo que la animaron a que denunciara los hechos, ya que esta última tenía miedo de denunciar.

Así la Sala condenó el pasado 24 de noviembre al procesado a siete años de cárcel por un delito de violación previsto en los artículos 178 y 179 del Código Penal, a no comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante catorce años, y a libertad vigilada durante siete años a partir de su salida de la cárcel.

También le condena a pagar 15.000 euros a la víctima por daños morales y detalla que no se sustituye la pena de cárcel por su expulsión del territorio español porque se trata de un delito grave por el que debe rendir cuentas en este país.

Los magistrados argumentan que, a pesar de que el acusado aseguró en el juicio que la mujer consintió la relación sexual y destacó que luego siguieron intercambiado mensajes telefónicos durante varios días, su relato no es creíble porque no fue respaldado por ningún testigo, mientras que el de la víctima sí.

«No le resulta extraño al Tribunal que B. no consiguiese gritar para llamar la atención de sus compañeros de piso, que se encontraban durmiendo en otras estancias de la casa, pues, como se desprende de su declaración, es lógico que sufriese un impacto psicológico que la paralizase, al menos parcialmente, ante la inmediata y sorpresiva acometida sexual que el acusado realizó sobre ella, previa entrada no autorizada en su domicilio», detalla el fallo.

Observan los jueces que la víctima intercambió en los días siguientes a la agresión varios mensajes con el acusado sin mencionar lo ocurrido, pero luego ella le recriminó que la hubiera forzado y le dijo que no la acosase yendo a las cercanías de su casa, por lo que el procesado reconoció lo que hizo y le pidió perdón.

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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