Internacionales
Vendedor ambulante viola a una de sus clientas
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a siete años de cárcel a un vendedor de cervezas ambulante acusado de violar a una joven en su departamento, tras unirse a su grupo de amigos y seguirla hasta su vivienda.
Cabe mencionar que, la joven no denunció los hechos hasta varios días después por miedo y vergüenza.
En la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia madrileña, los magistrados consideran probado que el acusado, bangladés de 33 años, violó a la joven en octubre de 2018 tras vender cervezas a ella y a sus amigos en el centro de la capital y tras unirse a este grupo durante varias horas.
Cuando la joven tomó un autobús hacia su casa junto a un amigo que vive cerca, el ahora condenado les siguió hasta su parada, les invitó a cervezas y los tres bebieron en la azotea del edificio de ella, hasta que el amigo de la chica se fue y ella, por pena, le dijo al acusado que se podía a quedar a dormir en la azotea solo, y que le subiría una manta.
Ante esto, el acusado aprovechó para bajar hasta el piso de la fémina, obligarla a entrar y agredirla sexualmente en el sofá, sin que la joven fuera capaz de gritar para alertar a sus compañeras de piso, según relata el tribunal, que considera veraz y consistente el relato de la chica, que no fue capaz de contar lo que había ocurrido a nadie hasta 15 días después, y de denunciar los hechos hasta un mes más tarde.
La jovencita fue representada por la abogada penalista Beatriz Uriarte, experta en violencia de género y delitos sexuales del despacho Ospina Abogados, quién aportó una serie de pruebas acerca de los acontecimientos ocurridos esa madrugada, entre ellas conversaciones por Whatsapp y testigos de lo sucedido.
Esas conversaciones de mensajería instantánea fueron claves para dilucidar lo sucedido, ya que como explicó la chica ante el juez esa noche, antes de que el acusado la agrediese sexualmente, se habían intercambiado sus respectivos números de teléfono; y que al día siguiente el acusado le escribió y mantuvieron una conversación más o menos normal, afirmando que en esa ocasión no le reprochó lo que había sucedido la noche anterior, ya que no sabía muy bien cómo reaccionar.
La joven alegó que tenía miedo, dado que él sabía dónde vivía ella. Agregó que simplemente le siguió la corriente, pero pasados 15 días la agredida obtuvo las fuerzas suficientes para relatarle lo sucedido a su ex novio y posteriormente a sus amigos, quienes la animaron a presentar la denuncia, como finalmente hizo a pesar de los miedos que ello le generaba.
Habían pasado 35 días desde la noche del los hechos, cuando «la fémina se armó de valor y le recriminó todo, añadiendo que el acusado reconoció lo que había hecho y que le pidió perdón» apunta la sentencia.
Beatriz Uriarte fortaleció el testimonio de la denunciante y las pruebas aportadas subiendo al estrado a varios testigos quienes arrojaron luz explicando el estado de miedo que la joven sufrió los días posteriores a los hechos ya que «incluso en alguna ocasión, cuando la víctima llegaba a casa, el acusado se encontraba merodeando por su portal y por la zona» por lo que la animaron a que denunciara los hechos, ya que esta última tenía miedo de denunciar.
Así la Sala condenó el pasado 24 de noviembre al procesado a siete años de cárcel por un delito de violación previsto en los artículos 178 y 179 del Código Penal, a no comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante catorce años, y a libertad vigilada durante siete años a partir de su salida de la cárcel.
También le condena a pagar 15.000 euros a la víctima por daños morales y detalla que no se sustituye la pena de cárcel por su expulsión del territorio español porque se trata de un delito grave por el que debe rendir cuentas en este país.
Los magistrados argumentan que, a pesar de que el acusado aseguró en el juicio que la mujer consintió la relación sexual y destacó que luego siguieron intercambiado mensajes telefónicos durante varios días, su relato no es creíble porque no fue respaldado por ningún testigo, mientras que el de la víctima sí.
«No le resulta extraño al Tribunal que B. no consiguiese gritar para llamar la atención de sus compañeros de piso, que se encontraban durmiendo en otras estancias de la casa, pues, como se desprende de su declaración, es lógico que sufriese un impacto psicológico que la paralizase, al menos parcialmente, ante la inmediata y sorpresiva acometida sexual que el acusado realizó sobre ella, previa entrada no autorizada en su domicilio», detalla el fallo.
Observan los jueces que la víctima intercambió en los días siguientes a la agresión varios mensajes con el acusado sin mencionar lo ocurrido, pero luego ella le recriminó que la hubiera forzado y le dijo que no la acosase yendo a las cercanías de su casa, por lo que el procesado reconoció lo que hizo y le pidió perdón.
El abogado Matías Morla, una de las personas más cercanas al exfutbolista argentino Diego Maradona, declaró en el juicio por la muerte del exjugador y aseguró que, de haber estado en buen estado de salud, Maradona «no pasaba ni 30 segundos» dentro de la vivienda de la localidad de Tigre, en el norte de Buenos Aires, donde se recuperaba de una neurocirugía.
Maradona permaneció en esa residencia hasta su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 a causa de un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio.
El proceso judicial, que se desarrolla en la localidad de San Isidro, evalúa la pertinencia y las condiciones de la internación domiciliaria, además de determinar la responsabilidad del equipo médico encargado de su atención.
Al igual que otros testigos que han comparecido durante el juicio, Morla sostuvo que la habitación donde permanecía el exfutbolista «estaba armada de manera muy precaria» y señaló que en la vivienda «no había aparatología ni ambulancia» para atender una eventual emergencia.
Durante la declaración, el abogado explicó que mientras Maradona estaba con vida administraba sus negocios y contrataba personal para atenderlo, aunque aseguró que no tuvo participación en la decisión sobre la internación domiciliaria.
«Todos confiábamos en Swiss Medical, no soy médico», manifestó.
Morla también fue uno de los pocos testigos que expresó respaldo al neurocirujano Leopoldo Luque, médico de confianza de Maradona y principal acusado en el proceso judicial.
«Diego amaba a Luque, tenía una confianza con él tremenda», afirmó.
La comparecencia de Morla había generado expectativa debido al conflicto judicial que mantiene con los hijos de Maradona en una causa paralela relacionada con la explotación de la marca «Diego Maradona».
Por ese caso, Morla, dos hermanas de Maradona y otras tres personas enfrentarán un juicio por el presunto delito de «administración fraudulenta».
Horas antes también declaró Jonathan Espósito, sobrino y asistente de Maradona, quien fue una de las primeras personas en encontrar al exfutbolista sin vida.
«Estaba hinchado, con la lengua afuera y el cuerpo helado», recordó durante su testimonio.
En este proceso, Leopoldo Luque y otros seis profesionales de la salud enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían causar la muerte del exfutbolista. Todos los acusados se han declarado inocentes.
Los procesados —entre ellos enfermeros, médicos y un psicólogo— enfrentan una pena de hasta 25 años de prisión. Una octava acusada, una enfermera, será juzgada en un proceso separado.
Una mujer de 27 años, identificada como Sindel Nicol Mejía Girón, fue capturada por la Policía de Honduras tras ser señalada de planificar su propio secuestro y exigir a su familia el pago de 10 mil dólares por su supuesto rescate.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en noviembre de 2025, cuando la mujer salió de su vivienda con destino a una discoteca.
Desde ese momento no se tuvo información sobre su paradero hasta que quienes se identificaban como sus secuestradores se comunicaron con sus familiares para exigir el pago del rescate.
Sin embargo, las investigaciones realizadas por la Unidad Nacional Antisecuestros permitieron establecer que el secuestro nunca existió.
Las autoridades concluyeron que la propia Sindel Nicol Mejía Girón habría organizado toda la situación con el propósito de obtener el dinero, debido a que atravesaba problemas económicos y mantenía deudas pendientes.
Tras su captura, la mujer fue puesta a disposición del juzgado competente para continuar con el proceso judicial, detallaron las autoridades hondureñas.
Una niña de tres años y un hombre de 38 fallecieron la mañana de este jueves en Petén, Guatemala, luego de que un camión les cayera encima tras el colapso de un puente de madera.
El hecho ocurrió en la comunidad El Limón, en el municipio de Dolores, departamento de Petén, donde, según informaron autoridades locales, el derrumbe de la estructura dejó el saldo fatal de dos personas fallecidas.
La menor fue identificada como Kristel García Suchité, de tres años. En el caso del hombre, únicamente se informó que tenía 38 años.
De acuerdo con residentes de la zona, el puente de madera tenía más de 40 años de antigüedad, por lo que no soportó el paso del camión y terminó colapsando.
