Internacionales
Vendedor ambulante viola a una de sus clientas
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a siete años de cárcel a un vendedor de cervezas ambulante acusado de violar a una joven en su departamento, tras unirse a su grupo de amigos y seguirla hasta su vivienda.
Cabe mencionar que, la joven no denunció los hechos hasta varios días después por miedo y vergüenza.
En la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia madrileña, los magistrados consideran probado que el acusado, bangladés de 33 años, violó a la joven en octubre de 2018 tras vender cervezas a ella y a sus amigos en el centro de la capital y tras unirse a este grupo durante varias horas.
Cuando la joven tomó un autobús hacia su casa junto a un amigo que vive cerca, el ahora condenado les siguió hasta su parada, les invitó a cervezas y los tres bebieron en la azotea del edificio de ella, hasta que el amigo de la chica se fue y ella, por pena, le dijo al acusado que se podía a quedar a dormir en la azotea solo, y que le subiría una manta.
Ante esto, el acusado aprovechó para bajar hasta el piso de la fémina, obligarla a entrar y agredirla sexualmente en el sofá, sin que la joven fuera capaz de gritar para alertar a sus compañeras de piso, según relata el tribunal, que considera veraz y consistente el relato de la chica, que no fue capaz de contar lo que había ocurrido a nadie hasta 15 días después, y de denunciar los hechos hasta un mes más tarde.
La jovencita fue representada por la abogada penalista Beatriz Uriarte, experta en violencia de género y delitos sexuales del despacho Ospina Abogados, quién aportó una serie de pruebas acerca de los acontecimientos ocurridos esa madrugada, entre ellas conversaciones por Whatsapp y testigos de lo sucedido.
Esas conversaciones de mensajería instantánea fueron claves para dilucidar lo sucedido, ya que como explicó la chica ante el juez esa noche, antes de que el acusado la agrediese sexualmente, se habían intercambiado sus respectivos números de teléfono; y que al día siguiente el acusado le escribió y mantuvieron una conversación más o menos normal, afirmando que en esa ocasión no le reprochó lo que había sucedido la noche anterior, ya que no sabía muy bien cómo reaccionar.
La joven alegó que tenía miedo, dado que él sabía dónde vivía ella. Agregó que simplemente le siguió la corriente, pero pasados 15 días la agredida obtuvo las fuerzas suficientes para relatarle lo sucedido a su ex novio y posteriormente a sus amigos, quienes la animaron a presentar la denuncia, como finalmente hizo a pesar de los miedos que ello le generaba.
Habían pasado 35 días desde la noche del los hechos, cuando «la fémina se armó de valor y le recriminó todo, añadiendo que el acusado reconoció lo que había hecho y que le pidió perdón» apunta la sentencia.
Beatriz Uriarte fortaleció el testimonio de la denunciante y las pruebas aportadas subiendo al estrado a varios testigos quienes arrojaron luz explicando el estado de miedo que la joven sufrió los días posteriores a los hechos ya que «incluso en alguna ocasión, cuando la víctima llegaba a casa, el acusado se encontraba merodeando por su portal y por la zona» por lo que la animaron a que denunciara los hechos, ya que esta última tenía miedo de denunciar.
Así la Sala condenó el pasado 24 de noviembre al procesado a siete años de cárcel por un delito de violación previsto en los artículos 178 y 179 del Código Penal, a no comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante catorce años, y a libertad vigilada durante siete años a partir de su salida de la cárcel.
También le condena a pagar 15.000 euros a la víctima por daños morales y detalla que no se sustituye la pena de cárcel por su expulsión del territorio español porque se trata de un delito grave por el que debe rendir cuentas en este país.
Los magistrados argumentan que, a pesar de que el acusado aseguró en el juicio que la mujer consintió la relación sexual y destacó que luego siguieron intercambiado mensajes telefónicos durante varios días, su relato no es creíble porque no fue respaldado por ningún testigo, mientras que el de la víctima sí.
«No le resulta extraño al Tribunal que B. no consiguiese gritar para llamar la atención de sus compañeros de piso, que se encontraban durmiendo en otras estancias de la casa, pues, como se desprende de su declaración, es lógico que sufriese un impacto psicológico que la paralizase, al menos parcialmente, ante la inmediata y sorpresiva acometida sexual que el acusado realizó sobre ella, previa entrada no autorizada en su domicilio», detalla el fallo.
Observan los jueces que la víctima intercambió en los días siguientes a la agresión varios mensajes con el acusado sin mencionar lo ocurrido, pero luego ella le recriminó que la hubiera forzado y le dijo que no la acosase yendo a las cercanías de su casa, por lo que el procesado reconoció lo que hizo y le pidió perdón.
Estados Unidos y Venezuela anunciaron el 5 de marzo que iban a restablecer sus relaciones, pero hasta este lunes las operaciones diplomáticas se llevaban a cabo a distancia, desde la embajada en Bogotá.
«Reanudamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, marcando un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela», explicó un comunicado de prensa.
La representante diplomática estadounidense, Laura Dogu, llegó a Venezuela desde enero, y su equipo ha ido acondicionando la legación en Caracas.
Dogu posó ante la embajada en un mensaje en la red X, así como otros funcionarios.
«La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del Presidente [Trump] para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de entablar un diálogo directo con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado», añadió el comunicado.
Tras la captura en una intervención militar del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el gobierno de Donald Trump anunció que quería promover primero la estabilización económica, con la recuperación del sector petrolero, para luego alentar la entrada de inversiones extranjeras y finalmente una transición política.
El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó ante el Congreso que esas etapas podían solaparse.
Foto: AFP
Esta nueva etapa diplomática aporta «el tipo de estabilidad que atrae los negocios de vuelta» a Venezuela, declaró este lunes Rubio a la cadena Al Jazeera.
«Queremos ver una transición completa porque, para que Venezuela pueda alcanzar su potencial económico, tiene que tener un gobierno estable y democrático», añadió.
Embajada venezolana en Washington
Al mismo tiempo, Venezuela también ha tomado posesión de nuevo de su embajada en Washington, según reportes en redes sociales.
El viceministro para América del Norte, Oliver Blanco, colgó un video en X la semana pasada en la sede de la legación, junto al encargado de negocios, en la que informaba de encuentros en el Departamento de Estado para «explorar oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral».
El Departamento del Tesoro estadounidense anunció la semana pasada que autorizaba las transacciones económicas para facilitar la reapertura de la legación venezolana.
Tras el derrocamiento de Maduro el 3 de enero y la toma de poder en Caracas de su sustituta, Delcy Rodríguez, Estados Unidos empezó rápidamente a levantar las sanciones para el sector petrolero venezolano.
Al mismo tiempo, Caracas promulgó una reforma legal del sector y empezó a liberar prisioneros políticos.
Delcy Rodríguez, muy elogiada en público por Trump, está remodelando el gobierno y el aparato de seguridad interno.
Washington mantiene los ingresos por la venta del crudo venezolano en una cuenta bancaria bajo su control.
Y en el Caribe mantiene también una flotilla encargada desde septiembre de destruir lo que califica de «narcolanchas», unas operaciones polémicas que han causado al menos 163 muertos.
Maduro y Flores comparecieron dos veces ante un juez en Nueva York, la última el pasado jueves.
Maduro está acusado de conspiración por «narcoterrorismo», conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.
Internacionales
La justicia española determina que un beso en la mano puede ser una agresión sexual si no hay consentimiento
El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España, dictaminó que dar un beso en la mano puede ser considerado una agresión sexual si no hay consentimiento, según una decisión consultada el lunes por la AFP.
La resolución, dictada el 5 de marzo, confirmó la condena de un hombre por agresión sexual que realizó tocamientos no consentidos a una mujer en una parada de autobús.
La defensa del acusado pretendía recalificar los hechos como un simple «acoso callejero», pero los magistrados consideraron que cualquier contacto físico con connotación sexual sobrepasaba dicha categoría y que debía abonar la multa de 1,620 euros (1,850 dólares) prevista en su primera condena.
Pero según los magistrados «no se trató de un mero acto de cogerle de la mano» sino que el acusado «actuó con intención de atentar contra su integridad sexual, le cogió la mano besándosela al tiempo que le solicitaba mediante gestos que le acompañara, ofreciéndole dinero».
«Hubo, por ello, un acto de agresión sexual por cuanto la acción describe un tocamiento de índole y matiz sexual que la víctima no tenía obligación de soportar con claro contenido sexual y ataque a la víctima cosificándola», añade.
«Existe, por tanto, un acto de agresión sexual en la medida en que la acción describe un contacto de naturaleza y tono sexuales que la víctima no tenía ninguna obligación de soportar, con un contenido claramente sexual y un atentado a la víctima al reducirla a un objeto», prosigue la resolución.
España está a la vanguardia en la lucha contra la violencia de género y en 2004 aprobó una ley pionera en Europa contra la violencia contra las mujeres.
En 2025, el caso conocido como el del «beso forzado» vio cómo el que era entonces el hombre fuerte del fútbol español, el presidente de la federación española, Luis Rubiales, fue condenado por agresión sexual por un beso a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino en Sídney, en agosto de 2023.
Una investigación estadounidense lo vincula con una organización que traficaba fentanilo y cocaína, cuyo centro de operaciones estaba en Guatemala.
En San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo al salvadoreño Juan Carlos Escobar Rodríguez, alias Lucas o Pepe, reclamado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
La PNC del vecino país calificó la detención como «un nuevo golpe a estructuras vinculadas al narcotráfico». Al salvadoreño, quien también tiene nacionalidad guatemalteca, lo arrestaron agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y es la extradición número 21 que realizaran a Estados Unidos, según el informe publicado por el Ministerio de Gobernación.
La cartera de Estado guatemalteca detalló que, con la captura, se da cumplimiento a una orden emitida el 4 de marzo de 2026 por un juzgado que atendió la solicitud de Estados Unidos.
«Escobar Rodríguez es requerido por delitos relacionados con la conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo. Además, está señalado de portar un arma de fuego en actividades vinculadas al narcotráfico. Durante su captura, se le incautó una pistola con 16 municiones, mientras se conducía a bordo de un pick-up», detalló el Ministerio de Gobernación guatemalteco.
En Estados Unidos, una investigación determinó que Escobar Rodríguez mantiene vínculos directos con el narcotráfico, al estar presuntamente involucrado en conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo.
Según el informe, la conspiración tenía como objetivo fabricar y distribuir sustancias controladas, con la pretensión, conocimiento y claro conocimiento de que serían importadas ilegalmente a Estados Unidos.
La conspiración tiene que ver con la intención de enviar aproximadamente cinco kilogramos de cocaína y unos 400 gramos de fentanilo. Además de la tentativa de distribución de una sustancia controlada que sería importada a Estados Unidos, sumado a la portación de un arma de fuego en relación con un delito de tráfico de drogas.
La PNC de esa nación también aprehendió en Ayutla, San Marcos, a Jorge Edy Peláez Martínez, quien, junto a Escobar Rodríguez, supuestamente forman parte de la organización dedicada al tráfico de drogas, teniendo su centro de operaciones en Guatemala para distribuir cocaína y fentanilo hacía el distrito norte de Georgia y otros puntos de Estados Unidos.
