Internacionales
Vendedor ambulante viola a una de sus clientas
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a siete años de cárcel a un vendedor de cervezas ambulante acusado de violar a una joven en su departamento, tras unirse a su grupo de amigos y seguirla hasta su vivienda.
Cabe mencionar que, la joven no denunció los hechos hasta varios días después por miedo y vergüenza.
En la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia madrileña, los magistrados consideran probado que el acusado, bangladés de 33 años, violó a la joven en octubre de 2018 tras vender cervezas a ella y a sus amigos en el centro de la capital y tras unirse a este grupo durante varias horas.
Cuando la joven tomó un autobús hacia su casa junto a un amigo que vive cerca, el ahora condenado les siguió hasta su parada, les invitó a cervezas y los tres bebieron en la azotea del edificio de ella, hasta que el amigo de la chica se fue y ella, por pena, le dijo al acusado que se podía a quedar a dormir en la azotea solo, y que le subiría una manta.
Ante esto, el acusado aprovechó para bajar hasta el piso de la fémina, obligarla a entrar y agredirla sexualmente en el sofá, sin que la joven fuera capaz de gritar para alertar a sus compañeras de piso, según relata el tribunal, que considera veraz y consistente el relato de la chica, que no fue capaz de contar lo que había ocurrido a nadie hasta 15 días después, y de denunciar los hechos hasta un mes más tarde.
La jovencita fue representada por la abogada penalista Beatriz Uriarte, experta en violencia de género y delitos sexuales del despacho Ospina Abogados, quién aportó una serie de pruebas acerca de los acontecimientos ocurridos esa madrugada, entre ellas conversaciones por Whatsapp y testigos de lo sucedido.
Esas conversaciones de mensajería instantánea fueron claves para dilucidar lo sucedido, ya que como explicó la chica ante el juez esa noche, antes de que el acusado la agrediese sexualmente, se habían intercambiado sus respectivos números de teléfono; y que al día siguiente el acusado le escribió y mantuvieron una conversación más o menos normal, afirmando que en esa ocasión no le reprochó lo que había sucedido la noche anterior, ya que no sabía muy bien cómo reaccionar.
La joven alegó que tenía miedo, dado que él sabía dónde vivía ella. Agregó que simplemente le siguió la corriente, pero pasados 15 días la agredida obtuvo las fuerzas suficientes para relatarle lo sucedido a su ex novio y posteriormente a sus amigos, quienes la animaron a presentar la denuncia, como finalmente hizo a pesar de los miedos que ello le generaba.
Habían pasado 35 días desde la noche del los hechos, cuando «la fémina se armó de valor y le recriminó todo, añadiendo que el acusado reconoció lo que había hecho y que le pidió perdón» apunta la sentencia.
Beatriz Uriarte fortaleció el testimonio de la denunciante y las pruebas aportadas subiendo al estrado a varios testigos quienes arrojaron luz explicando el estado de miedo que la joven sufrió los días posteriores a los hechos ya que «incluso en alguna ocasión, cuando la víctima llegaba a casa, el acusado se encontraba merodeando por su portal y por la zona» por lo que la animaron a que denunciara los hechos, ya que esta última tenía miedo de denunciar.
Así la Sala condenó el pasado 24 de noviembre al procesado a siete años de cárcel por un delito de violación previsto en los artículos 178 y 179 del Código Penal, a no comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante catorce años, y a libertad vigilada durante siete años a partir de su salida de la cárcel.
También le condena a pagar 15.000 euros a la víctima por daños morales y detalla que no se sustituye la pena de cárcel por su expulsión del territorio español porque se trata de un delito grave por el que debe rendir cuentas en este país.
Los magistrados argumentan que, a pesar de que el acusado aseguró en el juicio que la mujer consintió la relación sexual y destacó que luego siguieron intercambiado mensajes telefónicos durante varios días, su relato no es creíble porque no fue respaldado por ningún testigo, mientras que el de la víctima sí.
«No le resulta extraño al Tribunal que B. no consiguiese gritar para llamar la atención de sus compañeros de piso, que se encontraban durmiendo en otras estancias de la casa, pues, como se desprende de su declaración, es lógico que sufriese un impacto psicológico que la paralizase, al menos parcialmente, ante la inmediata y sorpresiva acometida sexual que el acusado realizó sobre ella, previa entrada no autorizada en su domicilio», detalla el fallo.
Observan los jueces que la víctima intercambió en los días siguientes a la agresión varios mensajes con el acusado sin mencionar lo ocurrido, pero luego ella le recriminó que la hubiera forzado y le dijo que no la acosase yendo a las cercanías de su casa, por lo que el procesado reconoció lo que hizo y le pidió perdón.
El elefante, un macho solitario, ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum.
«Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente», dijo a AFP el funcionario forestal gubernamental Aditya Narayan, quien confirmó un saldo de 20 muertos.
Entre los fallecidos hay niños y ancianos, además de un cuidador profesional de elefantes.
Tras dejar un rastro de destrucción, el animal no ha sido visto desde el viernes, pese a múltiples patrullajes en la zona.
Las autoridades dijeron que equipos de búsqueda, con ayuda de drones, revisan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.
El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas por la noche.
«Un equipo policial, o un vehículo de funcionarios forestales, visita por la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos», señaló un dirigente local.
Cada año, cientos de miles de indios se ven afectados por elefantes que arrasan cultivos.
Los elefantes asiáticos están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.
Animales por lo general tímidos, los elefantes entran en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y el avance sobre los bosques, incluidas operaciones mineras.
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.
