Internacionales
Una mujer fue declarada «parcialmente culpable» del ataque de su pareja que la dejó parapléjica
Una mujer tuvo un percance con el hombre con quien compartía un departamento. Ella ya lo había denunciado varias veces por violencia de género, pero un día discutieron, motivo por el cual los agentes le recomendaron abandonar la vivienda, pero de pasar la noche en la calle o regresar a su casa eligió la segunda y ese fue el supuesto error.
El 24 de agosto del 2013, tras una fuerte discusión y después de que los agentes le recomendaron irse de la casa, la mujer decidió regresar a casa de sus padres (a unos 50 kilómetros de donde vive), ella mencionó que ya no había trenes, no es opción el taxi porque es muy caro, trató de llamar al 115 (número de urgencias sociales como violencia machista, para obtener un alojamiento) no le contestaron, pidió ayuda a sus amigos y nadie le respondió.
Esto hizo que regresara a la casa de donde salió, solo que a las 03:30 horas su cuerpo reposaba en la acera, mientras que los vecinos llamaban a la policía luego de tener otra confrontación con el hombre y este la arrojara del segundo piso, hecho que la dejó parapléjica.
En junio del 2016 el hombre fue sentenciado a 15 años de cárcel y a la joven se le concedió una indemnización de 90 mil euros para sufragar los gastos médicos y de adaptación a su vivienda y del vehículo a su discapacidad. El problema fue cuando los abogados fueron a las instituciones para que aprobaran dicha indemnización.
Cuando llegaron al Fondo de Garantías de las Víctimas (FGTI), que es el organismo que provee el dinero para las víctimas de delito y atentados, le otorgaron una parte de la compensación ya que se le consideró que había una «responsabilidad compartida» por cometer una falta civil (negligencia o imprudencia) al regresar a su domicilio.
El caso lo llevaron a la Comisión de Indemnización de Víctimas de Infracciones (Civi), que trata de «facilitar la indemnización de las víctimas de infracciones penales», pero coincidió con el Fondo Estatal y bajó la indemnización a 67 mil 500 euros.
Nathalie Faussat, directora del FGTI defendió la decisión del Fondo Estatal «En este caso, está probado que la víctima no respetó las consignas de prudencia que le dio la policía no solo de abandonar la vivienda sino también la ciudad. La justicia ha considerado que era un motivo para reducir la indemnización».
Marlène Schiappa quienes la secretaria de Estado para la Igualdad Mujer-Hombre, comentó que esta situación es «profundamente chocante e incomprensible«, su oficina se está informando del caso y si es tal cual y como fue denunciado ella intervendrá.
La secretaria informó que envió una carta a las oficinas de aseguradoras e instituciones responsables para «recordar que una mujer no es jamás responsable de la violencia de la que es víctima«.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
