Internacionales
Una mujer fue declarada «parcialmente culpable» del ataque de su pareja que la dejó parapléjica
Una mujer tuvo un percance con el hombre con quien compartía un departamento. Ella ya lo había denunciado varias veces por violencia de género, pero un día discutieron, motivo por el cual los agentes le recomendaron abandonar la vivienda, pero de pasar la noche en la calle o regresar a su casa eligió la segunda y ese fue el supuesto error.
El 24 de agosto del 2013, tras una fuerte discusión y después de que los agentes le recomendaron irse de la casa, la mujer decidió regresar a casa de sus padres (a unos 50 kilómetros de donde vive), ella mencionó que ya no había trenes, no es opción el taxi porque es muy caro, trató de llamar al 115 (número de urgencias sociales como violencia machista, para obtener un alojamiento) no le contestaron, pidió ayuda a sus amigos y nadie le respondió.
Esto hizo que regresara a la casa de donde salió, solo que a las 03:30 horas su cuerpo reposaba en la acera, mientras que los vecinos llamaban a la policía luego de tener otra confrontación con el hombre y este la arrojara del segundo piso, hecho que la dejó parapléjica.
En junio del 2016 el hombre fue sentenciado a 15 años de cárcel y a la joven se le concedió una indemnización de 90 mil euros para sufragar los gastos médicos y de adaptación a su vivienda y del vehículo a su discapacidad. El problema fue cuando los abogados fueron a las instituciones para que aprobaran dicha indemnización.
Cuando llegaron al Fondo de Garantías de las Víctimas (FGTI), que es el organismo que provee el dinero para las víctimas de delito y atentados, le otorgaron una parte de la compensación ya que se le consideró que había una «responsabilidad compartida» por cometer una falta civil (negligencia o imprudencia) al regresar a su domicilio.
El caso lo llevaron a la Comisión de Indemnización de Víctimas de Infracciones (Civi), que trata de «facilitar la indemnización de las víctimas de infracciones penales», pero coincidió con el Fondo Estatal y bajó la indemnización a 67 mil 500 euros.
Nathalie Faussat, directora del FGTI defendió la decisión del Fondo Estatal «En este caso, está probado que la víctima no respetó las consignas de prudencia que le dio la policía no solo de abandonar la vivienda sino también la ciudad. La justicia ha considerado que era un motivo para reducir la indemnización».
Marlène Schiappa quienes la secretaria de Estado para la Igualdad Mujer-Hombre, comentó que esta situación es «profundamente chocante e incomprensible«, su oficina se está informando del caso y si es tal cual y como fue denunciado ella intervendrá.
La secretaria informó que envió una carta a las oficinas de aseguradoras e instituciones responsables para «recordar que una mujer no es jamás responsable de la violencia de la que es víctima«.
El elefante, un macho solitario, ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum.
«Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente», dijo a AFP el funcionario forestal gubernamental Aditya Narayan, quien confirmó un saldo de 20 muertos.
Entre los fallecidos hay niños y ancianos, además de un cuidador profesional de elefantes.
Tras dejar un rastro de destrucción, el animal no ha sido visto desde el viernes, pese a múltiples patrullajes en la zona.
Las autoridades dijeron que equipos de búsqueda, con ayuda de drones, revisan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.
El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas por la noche.
«Un equipo policial, o un vehículo de funcionarios forestales, visita por la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos», señaló un dirigente local.
Cada año, cientos de miles de indios se ven afectados por elefantes que arrasan cultivos.
Los elefantes asiáticos están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.
Animales por lo general tímidos, los elefantes entran en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y el avance sobre los bosques, incluidas operaciones mineras.
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.
