Internacionales
Tenía que diseccionar un cuerpo y descubre que era el de un amigo desaparecido
El estudiante de medicina Enya Egbe se encontraba en una clase de anatomía de la universidad de Calabar, en Nigeria, cuando descubrió con horror que el cadáver que tenía enfrente para diseccionar era el de un amigo suyo. La situación lo conmovió profundamente, a tal punto que rompió en llanto y huyó a los gritos del aula.
Esto, en rigor, ocurrió 7 años atrás. Pero la historia fue ahora reconstruida por el periodista nigeriano Adaobi Tricia Nwaubani para la BBC, en un contexto en que busca profundizar sobre los casos que existen en ese país africano de los cuerpos “no reclamados” supuestamente de criminales que son entregados a las escuelas o facultades de medicina.
Egbe, de 20 años entonces, se encontraba en el momento de hacer su descubrimiento alrededor de una mesa con otros compañeros. Había en el lugar 3 de estos muebles, con 3 cadáveres para diseccionar. Por desgracia, el cuerpo que se encontraba frente al joven estudiante era el de Divine, un amigo suyo durante siete años, a quien su familia buscaba luego de que fuera detenido por la policía.
“Solíamos ir a bailar juntos. Había dos agujeros de bala en el lado derecho de su pecho”, le contó el joven estudiante a Nwaubani.
“La mayoría de los cadáveres que usamos en la escuela tenían marcas de balas. Me sentí muy mal entonces cuando me di cuenta de que algunas de las personas podrían no ser verdaderos criminales”, contó al citado medio Oyifo Ana, una de las estudiantes compañeras de Egbe que corrieron tras él en el momento en que salió del aula.
La joven narró también que había visto esa misma mañana temprano una camioneta de la policía en la escuela de medicina, con un depósito de cuerpos adjunto.
Egbe, en tanto, notificó de inmediato a la familia de Divine lo que había visto. Ellos habían estado buscando a su familiar en las comisarías de Calabar, luego de que el joven fuera arrestado, junto a otros dos amigos, por agentes policiales cuando regresaban de una fiesta.
Finalmente, la familia pudo recuperar el cuerpo de Divine.
El macabro descubrimiento de Egbe puso en evidencia el hecho de la falta de cadáveres en Nigeria para los estudiantes de medicina, pero sobre todas las cosas, el destino que pueden tener las víctimas de la violencia policial en ese país.
En Nigeria una ley sostiene que los “cuerpos no reclamados” en depósitos de cadáveres del Gobierno deben ser entregados a las escuelas o facultades de medicina. Una investigación de 2011 daba cuenta que, en ese año, el 90% de los cuerpos que llegaban a esos centros de estudio correspondían a “criminales asesinados por disparos”.
En realidad, de acuerdo con lo que informa Nwaubani, los cadáveres eran más bien de “sospechosos asesinados a tiros por fuerzas de seguridad”. De acuerdo a la investigación, las edades de los fallecidos oscilaban entre los 20 y los 40 años, el 95% eran hombres y tres de cada cuatro pertenecían a la clase socioeconómica más baja.
“Nada ha cambiado diez años después”, dijo Emeka Anyanwu, profesor de anatomía en la Universidad de Nigeria, y coautor del estudio Servicio de ambulancia, sobre el tema de los “cuerpos no reclamados”.
El año pasado, el Gobierno nigeriano estableció paneles de investigación judicial en diferentes estados para analizar diversas denuncias de brutalidad policial. Esto sucedió luego de que la comunidad realizara una serie de protestas tras viralizarse el video de un joven que fue asesinado a tiros presuntamente por el Escuadrón Especial Antirrobo (Sars).
Precisamente, como respuesta a las siglas de esta organización de seguridad fue que las protestas se unificaron bajo el hashtag #EndSars. Ese escuadrón, finalmente, fue disuelto por las autoridades nigerianas.
En distintos paneles numerosas personas dieron testimonio de familiares arrestados por las fuerzas de seguridad que se encontraban desaparecidos.
La policía, en tanto, se defendió diciendo que los desaparecidos eran ladrones armados que cayeron en tiroteos. Frank Mba, vocero de la policía de Nigeria, negó tener conocimiento de que la policía hubiera arrojado cadáveres a laboratorio de anatomía o depósitos de cuerpos.
Por su parte, la asociación de anatomistas de Nigeria ahora presiona para que un cambio en la ley establezca que cada morgue pueda contar con registros históricos completos de los cuerpos que se donan o entregan a los depósitos de las escuelas de medicina. Que cuenten además con el consentimiento de sus familiares. Y también se realizarán campañas para que las personas puedan donar sus cuerpos a las universidades y así paliar la escasez que existe en la actualidad.
En cuanto al estudiante que se encontró a su amigo en la mesa de disección, resta decir que quedó entonces tan traumatizado que no regresó a la escuela de medicina por semanas. Imaginaba que su amigo Divine lo esperaría de pie en la puerta del aula de anatomía cada vez que intentara entrar allí.
Sin embargo, Egbe pudo superar sus traumas y acabó graduándose un año después que sus compañeros de clase. Ahora trabaja en el laboratorio de un hospital del estado de Delta.
La familia de Divine, por su parte, pudo lograr que algunos de los oficiales involucrados en el crimen del muchacho fueran despedidos de la Fuerza. Apenas un poco de justicia, pero mucho más de la que consigue la mayoría de los nigerianos cuyos familiares perecieron a causa de la violencia policial.
Quizás esos jóvenes que sus familiares buscan están todavía en los depósitos de alguna escuela de medicina del país, reflexiona finalmente el periodista Nwaubani.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
