El gobierno del presidente Donald Trump dijo el jueves que eliminó la consideración especial de dejar en libertad a las inmigrantes embarazadas acusadas de estar ilegalmente en Estados Unidos mientras sus casos se procesaban en las cortes de inmigración. Desde entonces, diversos grupos promigrantes en la Unión Americana han alzado sus voces en contra de esta disposición.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) dijo que puso fin a una política instaurada en agosto de 2016 de poner en libertad a las embarazadas a menos de que cumplieran determinados criterios para seguir detenidas, como antecedentes penales graves o “circunstancias extraordinarias”.

La nueva política, que entró en vigencia en diciembre pero que fue anunciada hasta el jueves, no concede ninguna consideración especial por embarazo, aunque la agencia afirma que cada caso será revisado en forma individual y que las mujeres que estén en el tercer trimestre serán generalmente dejadas en libertad.

Poco después de la asunción presidencial de Trump, las normas que restringían las deportaciones a delincuentes convictos, personas que representaran una amenaza a la seguridad pública y que hubieran cruzado en fecha reciente hacia Estados Unidos fueron anuladas, lo que expone a cualquiera que viva sin permiso en el país a ser deportado. Durante el gobierno de Trump los arrestos para deportación se han incrementado más de 40%.

Funcionarios dijeron que las nuevas normas sobre las embarazadas se apegan a los decretos del presidente emitidos en 2017 para reforzar la aplicación de leyes migratorias.

“En todo nuestro portafolio de detenciones, ya no estamos exceptuando a nadie frente a la ley”, declaró Philip Miller, subdirector ejecutivo asociado de operaciones de captura y deportación del ICE.

Grupos defensores de las mujeres y los inmigrantes, muchos de los cuales han censurado la calidad de la atención médica en los centros de detención de inmigrantes, condenaron de inmediato el cambio.