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Presidente de Uruguay señala «enorme preocupación» por homicidios
«Lo que nunca he hecho y no voy a hacer en lo que me queda de gobierno es poner excusas. Hay una enorme preocupación por los homicidios. Nunca escucharon a este gobierno decir que era ajuste de cuentas. Son homicidios. Hay vidas que se pierden. Y en este caso, además, la vida de un niño», dijo el mandatario de centroderecha, que en marzo terminará su mandato de cinco años.
El jueves por la noche cuatro personas fueron acribilladas a balazos en una casa en el barrio Maracaná de Montevideo donde las autoridades sospechan que se vendían drogas. Entre los asesinados había un hombre de 40 años, un adolescente de 18, otro de 16 y un niño de 11.
En rueda de prensa el miércoles, Lacalle Pou destacó que la policía cuenta con «elementos importantes» para resolver este crimen, que según dijo, «no es un hecho aislado», sino que responde a un conflicto entre algunas personas desde hace mucho tiempo.
El presidente cuestionó que la muerte de un niño se use como «arenga de campaña», pero reconoció que el país enfrenta un problema con las muertes violentas, a pesar de que durante su gobierno bajaron «sensiblemente» los hurtos, rapiñas y robos de ganado.
«Es la primera vez en muchísimos años que los delitos descienden. Y no es que descienden este año, que vienen descendiendo (…) ¿Estoy conforme? No, no estoy conforme. Pero hay que decir la verdad, los delitos han bajado. No podemos con los homicidios», afirmó.
«El récord fue en el 2018 y después ahora se mantiene estable desde hace mucho tiempo y no está bien eso», apuntó Lacalle Pou, que asumió en 2020 luego de 15 años de gobiernos de izquierda.
Uruguay, con 3,4 millones de habitantes, registró 382 homicidios en 2023, una tasa de 11,2 muertes violentas cada 100.000 habitantes, prácticamente la misma que en 2022, cuando los homicidios aumentaron casi 26% con relación a 2021. En 2018, en tanto, la cifra fue de 420 homicidios.
Uruguay, donde no existe la reelección presidencial inmediata, celebrará comicios presidenciales y legislativos en octubre.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
India aprobó por primera vez la comercialización de una vacuna contra el dengue. Se trata de Qdenga, de fabricación japonesa, informó este martes el Ministerio de Salud del país.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mitad de la población mundial está actualmente expuesta al riesgo de contraer esta enfermedad viral transmitida por mosquitos, la cual provoca entre 100 y 400 millones de infecciones cada año.
En India, desde 2021 se han registrado más de un millón de casos de dengue, de los cuales al menos 1,500 han sido mortales.
El dengue puede provocar fiebre alta, dolores de cabeza, molestias musculares, náuseas, erupciones cutáneas y, en casos poco frecuentes, hemorragias e incluso la muerte.
El Ministerio de Salud indicó que la vacuna fue autorizada por la Organización Central de Control de Medicamentos (CDSCO). El biológico, fabricado por los laboratorios Takeda, está recomendado en un esquema de dos dosis para personas de entre 4 y 60 años.
Las autoridades también señalaron que este medicamento ya ha sido aprobado por los organismos reguladores de aproximadamente 40 países.
Por otra parte, el grupo farmacéutico indio Panacea Biotec inició la fase final de los ensayos clínicos de una vacuna contra el dengue de una sola dosis.
En contraste, Brasil anunció el mes pasado la suspensión del uso de otra vacuna de una sola dosis desarrollada en ese país, tras dos muertes sospechosas.
El Gobierno de Ecuador declaró la alerta naranja en 17 de las 24 provincias del país como medida preventiva ante la llegada del fenómeno climático de El Niño, informó el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, quien preside el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).
La decisión responde al aumento de la temperatura del océano, explicó el funcionario. Previamente, en mayo, el Gobierno había decretado alerta amarilla en las provincias ubicadas hasta los 1,500 metros sobre el nivel del mar, consideradas más susceptibles a los efectos del fenómeno.
«Que la temperatura del océano se encuentre arriba del promedio normal, eso no quiere decir que las lluvias necesariamente vayan a ocurrir muy pronto o en los meses subsiguientes», señaló Luque.
El funcionario agregó que el Gobierno ha destinado alrededor de 600 millones de dólares para acciones de prevención ante la llegada de El Niño.
Según Luque, el incremento en la temperatura del océano ya ha tenido efectos en la pesca y en el avistamiento de aves. Además, el país prevé la ocurrencia de sequías en la Amazonía e incendios forestales.
El fenómeno de El Niño incrementa las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, provocando cambios en los patrones globales de viento, presión atmosférica y precipitaciones. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de las Naciones Unidas, prevé que entre julio y septiembre de este año se registre un «episodio fuerte».
De acuerdo con especialistas, El Niño suele presentarse cada dos a siete años y tiene una duración aproximada de entre nueve y doce meses.
El evento más intenso registrado en Ecuador desde 1950 ocurrió entre 1997 y 1998. Según cifras oficiales, dejó casi 300 fallecidos, alrededor de 20,000 damnificados y pérdidas económicas estimadas en 3,000 millones de dólares.
