Internacionales
Planean inauguración de Biden con especial cuidado en seguridad ante amenazas de protestas armadas
La seguridad siempre ha sido uno de los elementos clave en la organización de la ceremonia presidencial inaugural y eventos secundarios, pero para el arribo del presidente electo Joe Biden, el Comité y el Servicio Secreto ponen especial atención a la vigilancia, debido al amago de protestas armadas en la capital del país y otros estados.
El FBI lanzó una alerta la semana pasada sobre amagos de movilizaciones armadas en los 50 estados y en Washington, D.C., por lo que urgió al despliegue de fuerzas del orden.
A las pocas horas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aprobó al Servicio Secreto comenzar su operativo especial el 13 de enero, no el 19, como se tenía planeado, luego del ataque al Capitolio.
Para ese día ya estaban desplegados cerca de 20,000 elementos de la Guardia Nacional en varios puntos de la capital estadounidense con especial atención al Capitolio, donde será la ceremonia de juramentación del presidente electo Biden y de la vicepresidenta electa Kamala Harris.
“Lo del Capitolio fue horrible… estamos en contacto con los encargados de la seguridad para la toma de posesión… el Servicio Secreto tiene más de un año planeando todo. Tengo toda la confianza del mundo en que se están implementando todos los cambios que se tienen que hacer”, dijo Audrey Lopez, directora de Medios Hispanos del Comité Inaugural en un podcast de Una Ciudad Sin Límites y El Diario.
Agregó que la prioridad es que la transición sea pacífica, además de que el Servicio Secreto hace cambios constantes, a fin de mejorar la vigilancia.
“Sabemos que están haciendo ciertos cambios”, expresó. Hay ajustes que se hacen de última hora, especialmente sobre las ceremonias centrales y la toma de posesión.
Es tal el nivel de seguridad que este lunes se desalojó a un grupo que hacía ensayos en el Capitolio, luego de que se registrara un incendio a pocas cuadras. El Servicio Secreto informó que tiene un despliegue complejo de vigilancia y descarta tomar cualquier alerta a la ligera.
Evitar viaje a Washington
Lopez dijo que además de la seguridad tras los hechos en el Capitolio, el Comité Inaugural sigue los lineamientos de salud por la pandemia de coronavirus, por lo que ambos elementos obligan a prohibir el acceso y la reunión de grupos.
“Le estamos diciendo a todo mundo que no venga a Washington, por favor, que más fácil lo ven en sus casitas… Estamos en medio de una pandemia y para nosotros lo más importante es la seguridad”, expresó. “Este año no hay tickets públicos… ¡Dudo que (las personas) puedan pasar! Va a haber guardias por todos lados”.
Agregó que la convocatoria oficial a la ceremonia es hecha por un Comité bicameral, quienes extienden las invitaciones a los congresistas y otros personajes, incluida la familia del presidente electo Biden y la vicepresidenta Harris.
Entre los invitados también están contemplados los republicanos, incluso aquellos que defienden abiertamente al presidente Donald Trump, pero se desconoce quiénes acudirán.
“Los invitan a todos (los congresistas) y ya ellos tendrán que decidir si van o no. Es una decisión personal que va a tomar cada uno”, indicó.
A la ceremonia no acudirá el presidente Trump ni la primera dama Melania Trump, pero se espera la presencia del vicepresidente Mike Pence.
Diversidad y presencia latina
El Comité está organizando varios eventos, incluidos conciertos, desfiles, un homenaje a víctimas de COVID-19, donde la comunidad latina tendrá amplia presencia, comenzando por el evento musical posterior a la inauguración, con la participación de Jennifer Lopez.
Sobre invitados internacionales, como líderes de Latinoamérica, dijo que el Comité responsable de ello ha extendido las invitaciones, pero los nombres se desconocen todavía, ya sea porque no han confirmado o no acudirán.
Agregó que los latinos deben poner atención a la agenda del presidente Biden, la cual incluye varios proyectos para la comunidad, pero destacó que todo el plan de gobierno impacta a todas las comunidades.
“Es importante porque todo lo que pasa por el gobierno nos afecta de una forma u otra… si es educación nos afecta, porque tenemos niños en las escuelas; si es inmigración, nos afecta porque somos inmigrantes o porque nuestros padres; si es tema de seguridad nacional, también nos afecta”, expuso. “Cuando salga la agenda del presidente electo Biden infórmense, vea cómo los va afectar… sí va a ser una agenda muy agresiva”.
Este lunes, el Comité Inaugural anunció la programación virtual que celebra la diversidad del país que incluye “We Are One” (“Somos Uno”).
“La programación oficial del PIC incluirá tres eventos adicionales destacando las diversas coaliciones”, destacan los organizadores.
El enfocado a latinos es “Herencia, resiliencia y promesa”, coordinado con la Federación Hispana y más de 50 organizaciones.
El evento será conducido por Eva Longoria y contará con la participación de Lin-Manuel Miranda, John Leguizamo, Rita Moreno, Edward James Olmos, Ivy Queen y Becky G.
Se transmitirá en vivo en el canal The Choice en Peacock, así como en las plataformas digitales y sociales de Telemundo a partir de las 9: 30 p.m. del Este.
Internacionales
Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
