Internacionales
Planean inauguración de Biden con especial cuidado en seguridad ante amenazas de protestas armadas
La seguridad siempre ha sido uno de los elementos clave en la organización de la ceremonia presidencial inaugural y eventos secundarios, pero para el arribo del presidente electo Joe Biden, el Comité y el Servicio Secreto ponen especial atención a la vigilancia, debido al amago de protestas armadas en la capital del país y otros estados.
El FBI lanzó una alerta la semana pasada sobre amagos de movilizaciones armadas en los 50 estados y en Washington, D.C., por lo que urgió al despliegue de fuerzas del orden.
A las pocas horas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aprobó al Servicio Secreto comenzar su operativo especial el 13 de enero, no el 19, como se tenía planeado, luego del ataque al Capitolio.
Para ese día ya estaban desplegados cerca de 20,000 elementos de la Guardia Nacional en varios puntos de la capital estadounidense con especial atención al Capitolio, donde será la ceremonia de juramentación del presidente electo Biden y de la vicepresidenta electa Kamala Harris.
“Lo del Capitolio fue horrible… estamos en contacto con los encargados de la seguridad para la toma de posesión… el Servicio Secreto tiene más de un año planeando todo. Tengo toda la confianza del mundo en que se están implementando todos los cambios que se tienen que hacer”, dijo Audrey Lopez, directora de Medios Hispanos del Comité Inaugural en un podcast de Una Ciudad Sin Límites y El Diario.
Agregó que la prioridad es que la transición sea pacífica, además de que el Servicio Secreto hace cambios constantes, a fin de mejorar la vigilancia.
“Sabemos que están haciendo ciertos cambios”, expresó. Hay ajustes que se hacen de última hora, especialmente sobre las ceremonias centrales y la toma de posesión.
Es tal el nivel de seguridad que este lunes se desalojó a un grupo que hacía ensayos en el Capitolio, luego de que se registrara un incendio a pocas cuadras. El Servicio Secreto informó que tiene un despliegue complejo de vigilancia y descarta tomar cualquier alerta a la ligera.
Evitar viaje a Washington
Lopez dijo que además de la seguridad tras los hechos en el Capitolio, el Comité Inaugural sigue los lineamientos de salud por la pandemia de coronavirus, por lo que ambos elementos obligan a prohibir el acceso y la reunión de grupos.
“Le estamos diciendo a todo mundo que no venga a Washington, por favor, que más fácil lo ven en sus casitas… Estamos en medio de una pandemia y para nosotros lo más importante es la seguridad”, expresó. “Este año no hay tickets públicos… ¡Dudo que (las personas) puedan pasar! Va a haber guardias por todos lados”.
Agregó que la convocatoria oficial a la ceremonia es hecha por un Comité bicameral, quienes extienden las invitaciones a los congresistas y otros personajes, incluida la familia del presidente electo Biden y la vicepresidenta Harris.
Entre los invitados también están contemplados los republicanos, incluso aquellos que defienden abiertamente al presidente Donald Trump, pero se desconoce quiénes acudirán.
“Los invitan a todos (los congresistas) y ya ellos tendrán que decidir si van o no. Es una decisión personal que va a tomar cada uno”, indicó.
A la ceremonia no acudirá el presidente Trump ni la primera dama Melania Trump, pero se espera la presencia del vicepresidente Mike Pence.

Diversidad y presencia latina
El Comité está organizando varios eventos, incluidos conciertos, desfiles, un homenaje a víctimas de COVID-19, donde la comunidad latina tendrá amplia presencia, comenzando por el evento musical posterior a la inauguración, con la participación de Jennifer Lopez.
Sobre invitados internacionales, como líderes de Latinoamérica, dijo que el Comité responsable de ello ha extendido las invitaciones, pero los nombres se desconocen todavía, ya sea porque no han confirmado o no acudirán.
Agregó que los latinos deben poner atención a la agenda del presidente Biden, la cual incluye varios proyectos para la comunidad, pero destacó que todo el plan de gobierno impacta a todas las comunidades.
“Es importante porque todo lo que pasa por el gobierno nos afecta de una forma u otra… si es educación nos afecta, porque tenemos niños en las escuelas; si es inmigración, nos afecta porque somos inmigrantes o porque nuestros padres; si es tema de seguridad nacional, también nos afecta”, expuso. “Cuando salga la agenda del presidente electo Biden infórmense, vea cómo los va afectar… sí va a ser una agenda muy agresiva”.
Este lunes, el Comité Inaugural anunció la programación virtual que celebra la diversidad del país que incluye “We Are One” (“Somos Uno”).
“La programación oficial del PIC incluirá tres eventos adicionales destacando las diversas coaliciones”, destacan los organizadores.
El enfocado a latinos es “Herencia, resiliencia y promesa”, coordinado con la Federación Hispana y más de 50 organizaciones.
El evento será conducido por Eva Longoria y contará con la participación de Lin-Manuel Miranda, John Leguizamo, Rita Moreno, Edward James Olmos, Ivy Queen y Becky G.
Se transmitirá en vivo en el canal The Choice en Peacock, así como en las plataformas digitales y sociales de Telemundo a partir de las 9: 30 p.m. del Este.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.


Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Internacionales
Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.








