Internacionales
PERTURBADOR – Una paciente en coma dio a luz por sorpresa, investigan una violación
Investigan un caso de agresión sexual a una paciente en estado vegetativo que quedó embarazada
La víctima, internada en el centro de enfermería Healthcare, en Phoenix, Arizona, dio a luz por sorpresa
La policía de Phoenix (Arizona, EE.UU.) y el Departamento de Servicios de Salud (ADHS) de ese estado investigan un presunto abuso sexual en un centro de enfermería, después de que una paciente en estado vegetativo se quedara embarazada y diera a luz por sorpresa, según medios locales.
En un comunicado emitido hoy, el ADHS señaló que se trabaja activamente con la policía local en la «investigación criminal».
De acuerdo con datos revelados por medios locales, el 29 de diciembre pasado la mujer dio a luz un niño totalmente sano, ante el asombro del personal médico, que aseguró que no tenía conocimiento de que la paciente estaba embarazada. Por sus gemidos se enteraron de que algo iba mal y fue entonces cuando descubrieron que estaba de parto.
La presunta víctima, cuya identidad no se ha dado a conocer, ha sido paciente en el centro de Hacienda HealthCare, en Phoenix, durante al menos una década, después de que un accidente con asfixia la dejara en estado vegetativo.
Tras conocerse el caso, el ADHS inició una investigación en el lugar de los hechos para garantizar la salud y seguridad de los pacientes y verificar que las instalaciones cumplen con todas las leyes y regulaciones estatales.
Tommy Thompson, sargento de la policía de Phoenix, dijo que «el asunto está actualmente bajo investigación», pero aún no se ha revelado información alguna sobre el presunto agresor sexual.
Fuentes consultadas por medios locales indicaron que la paciente, incapaz de comunicase, requería atención las 24 horas del día y varias personas tenían acceso a su habitación.
El centro de enfermería ha cambiado el protocolo de atención a los pacientes esta semana y ahora no se permite el ingreso a personal masculino a las habitaciones de mujeres, salvo si van acompañados de una empleada.
Según Nancy Salmon, portavoz de Hacienda HealthCare, ese grupo lleva en el negocio «más de 50 años y tiene una excelente reputación, al brindar atención especializada de alta calidad a nuestros pacientes. Como proveedor de atención médica, no podemos hacer comentarios sobre ningún paciente, debido a las leyes de privacidad estatal y federal».
«Además, no podemos comentar ninguna investigación en curso. Podemos decir que la salud y seguridad de nuestros pacientes y clientes es nuestra prioridad número uno y que siempre cooperamos, cuando nos lo solicita cualquier agencia, de manera abierta y transparente», agregó.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Económica de Arizona señaló en un comunicado que ha sido informado del caso y trabaja en la investigación junto con el Departamento de Policía de Phoenix.
«Inmediatamente enviamos un equipo para realizar controles de salud y seguridad a todas las personas que residen en esa instalación sanitaria. Continuaremos trabajando para garantizar la seguridad de todos», añadió en la nota.
Dos ciudadanos salvadoreños con antecedentes penales fueron arrestados recientemente en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de los operativos que la administración Trump mantiene para retirar de las calles a inmigrantes ilegales con historial violento.
En Dallas, fue detenido Edwin Sagastizado Morán, de 32 años, quien enfrenta condenas previas por robo en Houston, Texas, además de dos delitos graves por reingreso ilegal al país. Mientras tanto, en Houston, se reportó el arresto de Roberto Antonio Caballero García, de 30 años, quien posee una condena por intento de agresión sexuaI contra un menor y otra por escape durante su detención en el condado de Dallas.
El gobierno estadounidense ha señalado que, mientras algunos sectores políticos abogan por la permanencia de inmigrantes con antecedentes delictivos, se mantienen firmes en sus acciones de seguridad para proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Washington anunció este jueves nuevas tarifas portuarias sobre buques construidos y operados por China que atraquen en puertos estadounidenses, en una apuesta por impulsar la industria naval nacional y frenar el dominio del gigante asiático en el sector.
La medida, que se deriva de una investigación iniciada bajo el gobierno anterior de Joe Biden, se conoce cuando Estados Unidos y China están enzarzados en plena guerra comercial por los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones.
«Los buques y el transporte marítimo son vitales para la seguridad económica estadounidense y la libre circulación del comercio», declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.
Según el funcionario, la mayoría de las tasas entrarán en vigor a mediados de octubre.
Bajo las nuevas reglas, se aplicarán tarifas por tonelada o por contenedor, y se cobrarán por cada visita a Estados Unidos, no por cada puerto en el que los buques atraquen.
Se impondrán hasta un máximo de cinco veces al año y los propietarios podrán verse eximidos si hacen un pedido de un buque construido en Estados Unidos.
La industria naviera estadounidense, dominante después de la Segunda Guerra Mundial, ha decaído gradualmente y ahora representa solo el 0,1% de la producción mundial.
Asia domina el sector en la actualidad, con China responsable por la construcción de casi la mitad de los barcos que son lanzados, por delante de Corea del Sur y Japón.
Los tres países asiáticos representan más del 95% de la construcción naval civil, según cifras de la ONU.
Las nuevas tarifas estadounidenses serán «perjudiciales para todos», reaccionó este viernes Lin Jian, un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.
Según el vocero, las tasas «hacen que suban los costes del transporte marítimo a escala mundial» y «acentúan la presión inflacionista en Estados Unidos», pero «no permitirán reimpulsar la industria naval estadounidense».
«Revertir el dominio chino»
Según la decisión estadounidense, habrá tarifas distintas para los buques operados por chinos y para aquellos construidos en China, y ambas aumentarán gradualmente en los años siguientes.
Para los barcos ensamblados en China, la tarifa empieza en 18 dólares por tonelada neta o 120 dólares por contenedor. Esto significa que un buque con 15.000 contenedores podría tener que pagar una tarifa de hasta 1,8 millones de dólares.
Además, todos los buques de transporte de automóviles que no hayan sido fabricados en Estados Unidos también tendrán que pagar una tasa que comenzará a aplicarse dentro de 180 días.
El anuncio introduce también nuevos recargos para los barcos de transporte de gas natural licuado, aunque no entrarán en vigor hasta dentro de tres años.
Una hoja informativa que acompaña al anuncio dice que las tasas no cubrirán «el transporte marítimo en los Grandes Lagos o el Caribe, el transporte marítimo hacia y desde los territorios de Estados Unidos, o las exportaciones de productos básicos en buques que llegan vacíos a Estados Unidos».
«Las acciones de la administración Trump comenzarán a revertir el dominio chino, abordarán las amenazas a la cadena de suministro de Estados Unidos y enviarán una señal de demanda para los buques construidos» en el país, aseguró Greer.
