El asesinato de Luis Armando Córdova Díaz, exdiputado y exsecretario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, se suma a una serie de ataques contra figuras políticas ocurridos recientemente en México, en medio del proceso electoral que culminará el 2 de junio.

Córdova, quien fue legislador entre 2012 y 2015, fue atacado en Zapopan, Jalisco, parte del área metropolitana de Guadalajara. Según informó la Fiscalía del Estado, ya se abrió una investigación para esclarecer el crimen. “Se revisan cámaras de videovigilancia, entrevistas y otros indicios para identificar a los agresores, quienes habrían huido a bordo de una motocicleta”, señaló la institución en un comunicado.

El PRI condenó el homicidio a través de la red social X, donde exigió justicia y alertó sobre la creciente inseguridad. “¡El pueblo no merece vivir con miedo!”, expresó el partido.

Jalisco, considerado bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos del país, es escenario frecuente de violencia, desapariciones y enfrentamientos armados. Zapopan, donde ocurrió el ataque, es además una de las sedes seleccionadas para el Mundial de Fútbol 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

El homicidio de Córdova ocurre en un contexto de creciente violencia política en el país. El pasado lunes fue asesinado Esteban Alfonseca, exalcalde de Actopan, Veracruz. Un día antes, Yesenia Lara, candidata a la alcaldía de Texistepec por el partido oficialista Morena, resultó herida tras ser atacada a balazos mientras marchaba en caravana junto a simpatizantes.

Veracruz, donde se celebrarán elecciones locales el próximo 1 de junio para renovar 212 alcaldías, ha sido identificado como un territorio estratégico para el crimen organizado por su ubicación en la costa del Golfo de México.

De acuerdo con analistas, los asesinatos de candidatos y exfuncionarios suelen intensificarse en periodos electorales como una forma en que los grupos delictivos buscan controlar gobiernos locales y ejercer influencia sobre los procesos democráticos.

Un sargento del ejército colombiano perdió la vida tras quedar atrapado en el baño de un autobús que fue incendiado por presuntos guerrilleros disidentes de las FARC en una carretera del departamento de Caquetá, al sur del país. El hecho se registró la noche del martes, informó el Ejército Nacional mediante un comunicado.

Según el reporte oficial, hombres armados interceptaron el autobús que había partido del municipio de San Vicente del Caguán, obligaron a los pasajeros a descender y luego prendieron fuego al vehículo. La víctima, un militar vestido de civil, no logró salir a tiempo y murió calcinado dentro del automotor.

“El ataque constituye una flagrante violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”, denunció el Ejército, que atribuye la acción a un grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC, sin especificar cuál.

En el departamento de Caquetá operan dos facciones del denominado Estado Mayor Central (EMC), la principal agrupación de disidencias de las FARC. Una de ellas, bajo el mando de alias Calarcá, participa en diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro; mientras que la otra, liderada por alias Iván Mordisco, se apartó del proceso en 2023 y ha intensificado su accionar violento contra las fuerzas estatales.

Ambas estructuras se disputan el control de actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión y la deforestación en esa región selvática.

Colombia vive actualmente el pico más alto de violencia en la última década. El presidente Petro ha denunciado la implementación de un “plan pistola” por parte de grupos armados, que consiste en asesinatos sistemáticos de policías y militares. Según cifras oficiales, entre el 15 de abril y el 5 de mayo, esta ofensiva ha dejado más de 30 uniformados muertos.

El «plan pistola» recuerda la estrategia empleada por el narcotraficante Pablo Escobar en los años noventa, cuando ofrecía recompensas por cada miembro de la fuerza pública asesinado.

Como medida preventiva, el Ministerio de Defensa recomendó a principios de mayo que los integrantes de las fuerzas armadas se desplacen vestidos de civil para reducir el riesgo de ser atacados.

Colombia continúa sumida en un conflicto armado interno que, a lo largo de seis décadas, ha dejado más de 9,5 millones de víctimas entre muertos, desplazados y desaparecidos, de acuerdo con registros oficiales.

Un total de 22 pandilleros salvadoreños han sido localizados en territorio guatemalteco entre el 1 de enero y el 28 de abril de este año, según datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala.

Del total de capturados, 11 fueron expulsados hacia El Salvador, mientras que los otros 11 permanecen cumpliendo condenas en Guatemala por diversos delitos, según informaron las autoridades guatemaltecas.

Las capturas forman parte de un trabajo coordinado entre ambos países para ubicar y repatriar a miembros de estructuras criminales que han huido de El Salvador desde el inicio del régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele en marzo de 2022. La estrategia ha generado una migración forzada de pandilleros hacia países vecinos en un intento por evadir la justicia salvadoreña.

Uno de los casos más recientes es el de José Antonio Aguilar Quiñonez, alias “Seco” o “Clan”, supuesto miembro de la clica Vatos Locos Sureños de la pandilla 18, quien fue capturado en Quetzaltenango. Según la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), el sujeto intentaba pasar desapercibido haciéndose pasar por ciudadano guatemalteco.

Aguilar Quiñonez cuenta con antecedentes por delitos como homicidio, extorsión, robo agravado, portación ilegal de armas de fuego y pertenencia a agrupaciones ilícitas. Su identidad fue confirmada gracias al trabajo de inteligencia policial.

Otro de los detenidos fue Heriberto Alexander Rodríguez Hernández, identificado como miembro de la clica Acajutla Locos Salvatruchos (MS-13). Según informó el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, Rodríguez fue detenido el pasado 6 de abril en Guatemala, donde había intentado integrarse a la clica South Side Locos para continuar delinquiendo. El sujeto fue expulsado del país por su situación migratoria irregular.

En febrero, también fue capturado Hugo Alberto Hernández Rivas, requerido por la justicia salvadoreña. Aunque poseía documentación guatemalteca, las autoridades lograron demostrar su verdadera nacionalidad.

“Seguimos articulando esfuerzos con nuestros países hermanos para que ninguno de estos pandilleros escape. Todos serán alcanzados por el brazo de la ley y llevados a prisión a pagar por sus crímenes”, afirmó Villatoro.

Las autoridades salvadoreñas han reiterado su compromiso con la cooperación regional para combatir el crimen organizado transnacional y evitar que los pandilleros encuentren refugio fuera del país.