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Mujer dominicana muere en una celda tras ser llevada por error a cárcel en vez de al hospital
La familia de la dominicana Damaris Rodríguez, quien murió en una cárcel de Washington en 2017, entabló una demanda contra las autoridades en la que piden una compensación millonaria por el “trato negligente” contra la detenida.
El viudo de Rodríguez, Reynaldo Gil; y José Marte, uno de los cinco hijos de la mujer, figuran como los principales demandantes contra la Entidad Correccional del Sur (SCORE).
La demanda en la que se alega tortura y violación de derechos civiles que incluye a la empresa “NaphCare of Birmingham” de , Alabama, a cargo del cuidado médico de la institución.
Rodríguez, de 43 años, murió luego de que fuera detenida por policías, el 30 de diciembre del referido año, por una disputa doméstica por la que su marido tuvo que llamar a las autoridades.
Supuestamente, la llamada al 911 pedía ayuda médica. Sin embargo, agentes llegaron hasta la vivienda familiar y la detuvieron.
Imágenes de vigilancia desde la sala de reclusión muestran cuando oficiales arrastran como bolsa a la mujer, hasta que la dominicana se revuelca y convulsiona desnuda por la celda.
A la prisionera también se le ve caminando en círculos, gritando y pidiendo ayuda.
También se le ve bebiendo agua desesperadamente del grifo del lavamanos de la celda.
Esa acción que realizó sin cesar durante cuatro días relacionado con una cetoacidosis, padecimiento en el que el cuerpo empieza a descomponer la grasa demasiado rápido, fue la causa oficial de la muerte.
El abogado que representa a la familia, Nate Bigaham, dijo a la cadena CBS News esta semana que, en vez de ayudar a Rodríguez, los guardias cubrieron con trapos las ventanillas y pusieron toallas en la abertura de la puerta de la celda para que el vómito no se filtrara.
“Los funcionarios correccionales y de salud de la cárcel ignoraron los síntomas de un padecimiento fácil de diagnosticar como un trastorno metabólico tratable que la hizo beber tanta agua durante un período de cuatro días que le causó la muerte”, se plantea en la demanda.
“Mi madre nunca había sido arrestada”, indicó a la cadena José Marte quien reconoció que su madre había sido diagnosticada previamente con problemas de desorden bipolar.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
