Internacionales
Mujer dominicana muere en una celda tras ser llevada por error a cárcel en vez de al hospital
La familia de la dominicana Damaris Rodríguez, quien murió en una cárcel de Washington en 2017, entabló una demanda contra las autoridades en la que piden una compensación millonaria por el “trato negligente” contra la detenida.
El viudo de Rodríguez, Reynaldo Gil; y José Marte, uno de los cinco hijos de la mujer, figuran como los principales demandantes contra la Entidad Correccional del Sur (SCORE).
La demanda en la que se alega tortura y violación de derechos civiles que incluye a la empresa “NaphCare of Birmingham” de , Alabama, a cargo del cuidado médico de la institución.
Rodríguez, de 43 años, murió luego de que fuera detenida por policías, el 30 de diciembre del referido año, por una disputa doméstica por la que su marido tuvo que llamar a las autoridades.
Supuestamente, la llamada al 911 pedía ayuda médica. Sin embargo, agentes llegaron hasta la vivienda familiar y la detuvieron.
Imágenes de vigilancia desde la sala de reclusión muestran cuando oficiales arrastran como bolsa a la mujer, hasta que la dominicana se revuelca y convulsiona desnuda por la celda.
A la prisionera también se le ve caminando en círculos, gritando y pidiendo ayuda.
También se le ve bebiendo agua desesperadamente del grifo del lavamanos de la celda.
Esa acción que realizó sin cesar durante cuatro días relacionado con una cetoacidosis, padecimiento en el que el cuerpo empieza a descomponer la grasa demasiado rápido, fue la causa oficial de la muerte.
El abogado que representa a la familia, Nate Bigaham, dijo a la cadena CBS News esta semana que, en vez de ayudar a Rodríguez, los guardias cubrieron con trapos las ventanillas y pusieron toallas en la abertura de la puerta de la celda para que el vómito no se filtrara.
“Los funcionarios correccionales y de salud de la cárcel ignoraron los síntomas de un padecimiento fácil de diagnosticar como un trastorno metabólico tratable que la hizo beber tanta agua durante un período de cuatro días que le causó la muerte”, se plantea en la demanda.
“Mi madre nunca había sido arrestada”, indicó a la cadena José Marte quien reconoció que su madre había sido diagnosticada previamente con problemas de desorden bipolar.
Internacionales
Lula prohíbe las apuestas deportivas y los casinos en línea a nueve días de las elecciones en Brasil
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el viernes en São Paulo una medida provisional que prohíbe explotar, ofertar, intermediar y publicitar las apuestas deportivas y los casinos en línea en todo el país. La decisión llega a nueve días de la primera vuelta presidencial y legislativa, prevista para el 4 de octubre, en una carrera que las encuestas muestran empatada con el senador Flávio Bolsonaro.
Desde la publicación de la norma ya no se permiten nuevos depósitos. Los usuarios tienen hasta las 23:59 del 5 de octubre para retirar su saldo; a partir del 6 de octubre, sitios y aplicaciones deberán salir del aire. El Congreso tiene 120 días para convalidar la medida. El Gobierno también enviará un proyecto de ley para tipificar delitos ligados a las apuestas de cuota fija.
Lula calificó el fenómeno de las “bets” como un “cáncer” y lo vinculó al endeudamiento de las familias. En 2025, cerca de 25 millones de brasileños apostaron el equivalente a más de 37.000 millones de euros. Clubes de fútbol, entre ellos Flamengo, rechazan el veto porque amenaza sus patrocinios. Flávio Bolsonaro la tildó de “populista” y “con motivaciones políticas”, aunque dijo que también vetaría los casinos virtuales si gana.
Ecuador desarticuló un brazo local del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la participación de tropas estadounidenses, informó el jueves el ministro del Interior, John Reimberg.
Quito y Washington mantienen una ofensiva contra el narcotráfico que ha generado cuestionamientos y que incluye el hundimiento de embarcaciones de bandera ecuatoriana que, según las autoridades, presuntamente abastecen de combustible a lanchas vinculadas al narcotráfico en altamar.
«La operación en la madrugada del jueves se llevó a cabo en conjunto con las tropas norteamericanas y la [agencia antidrogas] DEA», informó Reimberg a través de X.
El funcionario detalló que cerca de 30 ecuatorianos fueron detenidos por su «relación directa con el CJNG».
Según el ministro, la organización se dedicaba al tráfico internacional de cocaína producida en Colombia, utilizando los puertos de Guayaquil y Machala, en el suroeste de Ecuador.
En los operativos participaron 320 policías ecuatorianos y 50 uniformados del Comando Sur de Estados Unidos. Las acciones se desarrollaron en varias ciudades, incluida una zona exclusiva de Samborondón, cercana a Guayaquil.
Por otra parte, durante un enfrentamiento con militares ecuatorianos y estadounidenses ocurrido el miércoles, fue abatido alias Charlie, integrante de la banda ecuatoriana Los Choneros.
De acuerdo con las autoridades, alias Charlie era uno de los criminales más buscados de esa organización y mantenía nexos con el Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las extintas FARC en Colombia, y con el CJNG.
Honduras adoptó el martes nuevas medidas que endurecen las condiciones carcelarias, en una estrategia contra las pandillas y el narcotráfico que incluye disposiciones similares a algunas implementadas por el Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
En Honduras operan pandillas como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, consideradas organizaciones rivales y relacionadas con el narcotráfico y la tasa de homicidios del país, que alcanza 24 por cada 100,000 habitantes, cuatro veces por encima del promedio global, según el texto fuente.
Las nuevas restricciones penitenciarias fueron aprobadas por el Congreso a solicitud del Gobierno del presidente Nasry Asfura. Estas medidas se suman a la declaratoria realizada el viernes anterior, mediante la cual varios grupos criminales, incluidas las pandillas, fueron considerados organizaciones terroristas.
Las disposiciones contemplan el aislamiento de los presos considerados de alta peligrosidad y la eliminación de medidas sustitutivas de la cárcel para presuntos integrantes de esas organizaciones criminales.
El paquete de reformas modificó el Código Procesal Penal y estableció que los supuestos integrantes de estos grupos sean enviados a cárceles de máxima seguridad tras su captura.
