Internacionales
Mujer dominicana muere en una celda tras ser llevada por error a cárcel en vez de al hospital
La familia de la dominicana Damaris Rodríguez, quien murió en una cárcel de Washington en 2017, entabló una demanda contra las autoridades en la que piden una compensación millonaria por el “trato negligente” contra la detenida.
El viudo de Rodríguez, Reynaldo Gil; y José Marte, uno de los cinco hijos de la mujer, figuran como los principales demandantes contra la Entidad Correccional del Sur (SCORE).
La demanda en la que se alega tortura y violación de derechos civiles que incluye a la empresa “NaphCare of Birmingham” de , Alabama, a cargo del cuidado médico de la institución.
Rodríguez, de 43 años, murió luego de que fuera detenida por policías, el 30 de diciembre del referido año, por una disputa doméstica por la que su marido tuvo que llamar a las autoridades.
Supuestamente, la llamada al 911 pedía ayuda médica. Sin embargo, agentes llegaron hasta la vivienda familiar y la detuvieron.
Imágenes de vigilancia desde la sala de reclusión muestran cuando oficiales arrastran como bolsa a la mujer, hasta que la dominicana se revuelca y convulsiona desnuda por la celda.
A la prisionera también se le ve caminando en círculos, gritando y pidiendo ayuda.
También se le ve bebiendo agua desesperadamente del grifo del lavamanos de la celda.
Esa acción que realizó sin cesar durante cuatro días relacionado con una cetoacidosis, padecimiento en el que el cuerpo empieza a descomponer la grasa demasiado rápido, fue la causa oficial de la muerte.
El abogado que representa a la familia, Nate Bigaham, dijo a la cadena CBS News esta semana que, en vez de ayudar a Rodríguez, los guardias cubrieron con trapos las ventanillas y pusieron toallas en la abertura de la puerta de la celda para que el vómito no se filtrara.
“Los funcionarios correccionales y de salud de la cárcel ignoraron los síntomas de un padecimiento fácil de diagnosticar como un trastorno metabólico tratable que la hizo beber tanta agua durante un período de cuatro días que le causó la muerte”, se plantea en la demanda.
“Mi madre nunca había sido arrestada”, indicó a la cadena José Marte quien reconoció que su madre había sido diagnosticada previamente con problemas de desorden bipolar.
Un fatídico hecho de sangre se registró este lunes en un restaurante ubicado sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle, de la Zona 6, de la capital guatemalteca. Clientes y empleados de la cevichería «Viña del Mar» fueron atacados a balazos por dos hombres que ingresaron con los rostros cubiertos. En el lugar fallecieron cinco personas, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, posteriormente uno murió en el nosocomio, informó el periódico Prensa Libre.
Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años que fue movilizado a una unidad de emergencias pediátricas.
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, tras recibir llamadas de emergencias de los vecinos, quienes escucharon los disparos.
Actualmente la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan el móvil de la masacre.
Según una publicación en la web del medio guatemalteco La Hora, citando versiones de testigos, los atacantes se movilizaban en motocicletas.
En las redes sociales comenzaron a circular las posibles identidades de las víctimas entre ellas Kimberly Pérez Ramos, su pareja Isaías Boch y el hijo en común que resultó herido; los tres residentes de Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.
Noemí Sinay Hernández ha sido identificada entre las víctimas mortales. La mujer contaba con récord delictivo por asociaciones ilícitas, portación de arma hechiza y conspiración para asesinato, confirmó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar. De todos los fallecidos era la única que contaba con antecedentes policiales, añadió.
Una de las hipótesis de la Policía es que el ataque iba dirigido hacia Hernández por presunta rivalidad entre bandas criminales
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda.
La salida de Porras del Ministerio Público (MP) es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.
Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla «peligrosa» para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.
Sus críticos la consideran operadora del llamado «pacto de corruptos», la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.
Internacionales
Masacres en Colombia aumentan un 32% en 2026 y dejan más de 90 víctimas en tres meses
La situación de seguridad en Colombia muestra una crisis durante el inicio de 2026, con un aumento significativo en las masacres registradas entre enero y marzo. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, en ese periodo se contabilizaron 30 hechos que dejaron 94 fallecidos a causa de la violencia, lo que representa un incremento del 32% en comparación con el mismo lapso del año anterior.
Según detalla un artículo de «El Colombiano», las cifras reflejan un problema persistente en distintas regiones del país, donde continúan ocurriendo asesinatos colectivos, definidos como la muerte intencional de tres o más personas en un mismo hecho. Este tipo de violencia evidencia la presencia activa de criminales en varios territorios.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó un panorama aún más crítico, con 35 masacres y 133 víctimas durante el primer trimestre de 2026, lo que convierte este periodo en el más violento de la última década en este tipo de crímenes.
Los casos se han concentrado en al menos 34 municipios de 17 departamentos, lo que evidencia una expansión territorial de la violencia, en muchos casos vinculada a disputas entre grupos armados ilegales. Enero y marzo fueron los meses con mayor incidencia, con 13 casos de violencia cada uno, mientras que en febrero se registraron nueve.
El año inició con un hecho que marcó la tendencia. El 3 de enero, en Santander de Quilichao, tres mujeres fueron asesinadas en un mismo hecho violento. El caso, que incluyó ataques en distintos momentos relacionados entre sí, evidenció la gravedad de la situación y el impacto en las comunidades.
La comparación con años anteriores confirma el aumento de la violencia, ya que en el primer trimestre de 2025 se registraron 16 masacres, en 2024 fueron 18 y en 2023 un total de 27 casos. Según Indepaz, entre 2016 y marzo de 2026 se han documentado 729 masacres y 2,657 víctimas en el país, reflejando la persistencia de este fenómeno a lo largo del tiempo.
