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Internacionales

Localizan 19 cuerpos de guatemaltecos calcinados en Tamaulipas, México

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Tras el hallazgo de 19 cuerpos calcinados dentro de una camioneta en la localidad conocida como Ejido Santa Anita, municipio de Camargo, Tamaulipas, versiones preliminares señalan que los restos encontrados por autoridades estatales pertenecen a inmigrantes guatemaltecos.

Desde que fueron encontrados los cadáveres el sábado 23 de enero, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGET) abrió una carpeta de investigación por homicidio.

Los cuerpos presentaban heridas de arma de fuego, a diferencia de los vehículos localizados, que sólo presentaron daños provocados por el fuego.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Fiscalía, las víctimas fueron encontradas dentro de una camioneta tipo pickup.

Autoridades de Tamaulipas encontraron 19 cuerpos calcinados en la frontera chica (Foto: Twitter/@FuriaNegra7)

Habitantes de la localidad declararon que los finados son, presuntamente, pertenecientes a un grupo de migrantes provenientes de Guatemala con rumbo a Estados Unidos; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por la FGJT.

Aunado a esto, Grupo Milenio realizó una publicación en la que asegura que una de las personas fallecidas en la zona conocida como “la frontera chica”, zona de Tamaulipas colindante con Nuevo León y Estados Unidos, es un jugador de fútbol de tercera división, El Zurdo, quien practicaba su deporte para el club Juventud Comiteca.Marvin Tomás, posible víctima en caso Tamaulipas (Foto: Facebook / Juventud Comiteca)Marvin Tomás, posible víctima en caso Tamaulipas (Foto: Facebook / Juventud Comiteca)

“Junta directiva, cuerpo técnico, jugadores y la afición de juventud Comiteca repudiamos el vil asesinato de nuestros compatriotas y en especial de nuestro Joven Jugador Marvin Alberto Tomás Tomás,  El Zurdo, gracias por ser parte de nuestro sueño, gracias por tu entrega, gracias por darnos la oportunidad de conocerte… por todo gracias campeón”, publicaron en redes sociales.

Por su cuenta, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala brinda el respectivo acompañamiento al Gobierno de México en el caso, pues la embajada y el consulado del país centroamericano en Monterrey se encuentran en comunicación con las autoridades mexicanas para coadyuvar en las labores de reconocimiento.

En el país centroamericano esta cruel masacre ha generado muchas tristeza y repudio de familiares de la víctimas como población en general.

Las autoridades señalaron que los cuerpos carbonizados son el resultado de una batalla entre carteles del narcotráfico. Los cuerpos fueron encontrados por soldados del Ejército y el portal de noticias México Código Rojo informó de que los muertos son de Guatemala.

El hallazgo es el resultado de varios días de búsqueda y comenzó hace tres días cuando una mujer dio la voz de alarma y denunciar la desaparición de su esposo.

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Internacionales

Embarazada resulta lesionada en intento de asalto en Ciudad de Guatemala

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Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.

De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.

La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.

La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.

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Internacionales

Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto

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La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.

En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.

Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.

MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.

Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.

La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.

La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.

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Ecuador cierra el semestre más violento desde 2011 con más de 4,500 homicidios

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Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».

Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.

Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.

Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.

Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.

El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.

Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.

Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.

El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.

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