Internacionales
La extorsión atemoriza a las escuelas peruanas
La temporada escolar comenzó hace un mes, pero solo ahora los padres pueden llevar a sus hijos a este colegio de Lima atacado con explosivos por negarse a pagar una extorsión. En la entrada, en vez de profesores, vigilan militares con fusiles.
El crimen organizado extendió su chantaje al sistema privado de educación y afecta a miles de estudiantes, tras ensañarse los últimos tres años con comerciantes y transportistas principalmente.
Su poder de intimidación desafía al impopular Gobierno de Dina Boluarte, que echó mano del Ejército para tratar de contener la ola de extorsiones en las calles de Lima.
«Hasta la fecha tenemos […] 500 colegios extorsionados» a escala nacional, señala a la AFP Giannina Miranda, presidenta del Colectivo Educar con Libertad, que representa a los colegios amenazados en Perú.
De ese total, 325 se vieron forzados a cerrar por tiempo indefinido y pasar a la virtualidad, precisó.
Las bandas han impuesto el miedo y el silencio en los ambientes escolares, según constatan docentes y padres de estudiantes que hablaron bajo reserva.
«Es prácticamente como una pandemia, pero con armas», afirma un padre de 40 años tras acompañar a su hijo de 13 al colegio San Vicente, en el distrito de Comas, en el norte de Lima.
A las afueras un grupo de cinco militares y policías vigilan el ingreso de los alumnos.
MIEDO
En la primera semana de marzo la institución que recibe a 1,200 estudiantes fue atacada con un explosivo. La detonación no causó víctimas, pero sí daños en la puerta principal y obligó a iniciar clase de manera virtual.
Previamente, por un mensaje de WhatsApp, desconocidos habían pedido a las directivas 100,000 soles (unos $27,000) para no atacar.
Después del atentado llegó un video todavía más intimidante, cuyo contenido fue compartido por el padre de un alumno del colegio San Vicente bajo anonimato. «Ya te exploté tu colegio y aún sin darme solución», se lee en un cartel con siete balas encima rodeado de fusiles y pistolas que aparece en la grabación.
El aviso concluye con una advertencia de muerte contra un vigilante, un profesor o un «padre de familia dentro o fuera del colegio».
Estos centros escolares pasaron a ser blanco de las bandas locales o internacionales, que cobran a cambio de no matar o destruir.
Las amenazas inundan los celulares de directivos y profesores. Unas 17,000 instituciones y 2.5 millones de estudiantes forman parte de la red privada.
Ante «tanto miedo y tensión», familias están considerando no enviar más a sus hijos a la escuela, sostiene una jubilada de 70 años.
COSTO POLÍTICO
El auge del crimen organizado empujó a la presidenta Boluarte a declarar el estado de emergencia por un mes en Lima, la capital peruana de 10 millones de habitantes.
El decreto entró en vigor el 18 de marzo. Amparada en esa figura, la mandataria sacó a los militares de los cuarteles para que apoyen a la Policía en la lucha contra la extorsión y el sicariato.
Pese a los esfuerzos de las autoridades por presentar resultados, la extorsión se instaló prácticamente en la actividad diaria de millones de peruanos.
«¿Cómo explicarle a mi hijo lo que está pasando? Tener yo que enseñarle que cuando regrese al colegio, si escucha un disparo o si escucha una explosión», se resguarde debajo de su pupitre, se pregunta una secretaria de 30 años.
Desde hace 20 días, su pequeño de seis años recibe clases virtuales después de que el colegio Pitágoras, en el norte de Lima, suspendió sus actividades también por extorsión.
Según la Policía, en 2024 recibió 19,443 denuncias por este delito frente a las 22,294 del año anterior. Sin embargo, según la propia autoridad, muchos no denuncian por miedo.
El Departamento de Salud de Estados Unidos confirmó el primer caso humano de miasis causada por el gusano barrenador del Nuevo Mundo, un parásito conocido como “come-carne”.
Según el reporte, el paciente había viajado recientemente a El Salvador. El diagnóstico fue verificado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Maryland.
“El riesgo para la salud pública en Estados Unidos es muy bajo”, aseguró Emily G. Hilliard, portavoz del Departamento de Salud.
Este parásito, común en algunas zonas de Centroamérica y México, representa una amenaza para el ganado, la fauna silvestre y las mascotas. Durante las décadas de 1980 y 1990 provocó brotes severos en la región, que fueron erradicados a gran costo, pero en los últimos dos años ha vuelto a aparecer.
Corea del Sur aprobó una ley que prohíbe el uso de teléfonos móviles en las aulas, sumándose a países como Australia y Países Bajos que buscan limitar el acceso de los menores a las redes sociales, informó la Asamblea Nacional.
La norma, que entrará en vigor en marzo de 2026, restringe el uso de dispositivos móviles, incluidos los teléfonos inteligentes, salvo en casos necesarios para apoyar a estudiantes con discapacidades o para fines educativos, explicó una portavoz del Parlamento a la AFP.
El Ministerio de Educación señaló que la medida busca proteger el derecho de los estudiantes a aprender y respaldar las actividades docentes. Aunque algunos legisladores expresaron preocupación sobre posibles violaciones a los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguró que limitar el uso de móviles en el aula no contraviene dichos derechos debido a su impacto negativo en el aprendizaje y el bienestar emocional de los alumnos.
No obstante, la ley recibió críticas de grupos como el Partido Jinbo, que la calificó de restrictiva y aseguró que infringe los derechos digitales y el derecho a la educación de los estudiantes.
Una sesión del Senado mexicano terminó en un enfrentamiento físico este miércoles, cuando los legisladores Gerardo Fernández Noroña, del oficialista partido de izquierda, y Alejandro Moreno, del PRI, se trenzaron a golpes tras un acalorado debate sobre supuestos llamados de la oposición a Estados Unidos para intervenir contra los cárteles del narcotráfico.
El conflicto surgió luego de que Moreno denunciara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por supuestos nexos con cárteles mexicanos, acusaciones que Fernández Noroña rechazó. Durante la sesión, Moreno subió a la tribuna, empujó y golpeó a Noroña y tiró al suelo a un hombre que intentó interponerse.
La tensión se incrementó porque la mayoría oficialista acusó al PRI y al PAN de promover una intervención militar extranjera, señalamientos que los partidos niegan. Fernández Noroña anunció que presentará una denuncia contra Moreno por lesiones y solicitará el retiro de su fuero legislativo. Por su parte, Moreno acusó a Noroña de haber iniciado la agresión.
El enfrentamiento ocurre en un contexto de investigaciones sobre posibles actos de corrupción de ambos legisladores: Moreno enfrenta un proceso por presunta corrupción durante su gestión como gobernador de Campeche (2015-2019), mientras que Noroña fue criticado por poseer una vivienda valuada en aproximadamente 640.000 dólares.
El incidente se suma a la creciente preocupación por la violencia vinculada a los cárteles en la región, en medio de recientes declaraciones de medios internacionales sobre órdenes del expresidente estadounidense Donald Trump de que las fuerzas armadas combatan a organizaciones criminales latinoamericanas designadas como “terroristas” globales.
