Internacionales
La extorsión atemoriza a las escuelas peruanas
La temporada escolar comenzó hace un mes, pero solo ahora los padres pueden llevar a sus hijos a este colegio de Lima atacado con explosivos por negarse a pagar una extorsión. En la entrada, en vez de profesores, vigilan militares con fusiles.
El crimen organizado extendió su chantaje al sistema privado de educación y afecta a miles de estudiantes, tras ensañarse los últimos tres años con comerciantes y transportistas principalmente.
Su poder de intimidación desafía al impopular Gobierno de Dina Boluarte, que echó mano del Ejército para tratar de contener la ola de extorsiones en las calles de Lima.
«Hasta la fecha tenemos […] 500 colegios extorsionados» a escala nacional, señala a la AFP Giannina Miranda, presidenta del Colectivo Educar con Libertad, que representa a los colegios amenazados en Perú.
De ese total, 325 se vieron forzados a cerrar por tiempo indefinido y pasar a la virtualidad, precisó.
Las bandas han impuesto el miedo y el silencio en los ambientes escolares, según constatan docentes y padres de estudiantes que hablaron bajo reserva.
«Es prácticamente como una pandemia, pero con armas», afirma un padre de 40 años tras acompañar a su hijo de 13 al colegio San Vicente, en el distrito de Comas, en el norte de Lima.
A las afueras un grupo de cinco militares y policías vigilan el ingreso de los alumnos.
MIEDO
En la primera semana de marzo la institución que recibe a 1,200 estudiantes fue atacada con un explosivo. La detonación no causó víctimas, pero sí daños en la puerta principal y obligó a iniciar clase de manera virtual.
Previamente, por un mensaje de WhatsApp, desconocidos habían pedido a las directivas 100,000 soles (unos $27,000) para no atacar.
Después del atentado llegó un video todavía más intimidante, cuyo contenido fue compartido por el padre de un alumno del colegio San Vicente bajo anonimato. «Ya te exploté tu colegio y aún sin darme solución», se lee en un cartel con siete balas encima rodeado de fusiles y pistolas que aparece en la grabación.
El aviso concluye con una advertencia de muerte contra un vigilante, un profesor o un «padre de familia dentro o fuera del colegio».
Estos centros escolares pasaron a ser blanco de las bandas locales o internacionales, que cobran a cambio de no matar o destruir.
Las amenazas inundan los celulares de directivos y profesores. Unas 17,000 instituciones y 2.5 millones de estudiantes forman parte de la red privada.
Ante «tanto miedo y tensión», familias están considerando no enviar más a sus hijos a la escuela, sostiene una jubilada de 70 años.
COSTO POLÍTICO
El auge del crimen organizado empujó a la presidenta Boluarte a declarar el estado de emergencia por un mes en Lima, la capital peruana de 10 millones de habitantes.
El decreto entró en vigor el 18 de marzo. Amparada en esa figura, la mandataria sacó a los militares de los cuarteles para que apoyen a la Policía en la lucha contra la extorsión y el sicariato.
Pese a los esfuerzos de las autoridades por presentar resultados, la extorsión se instaló prácticamente en la actividad diaria de millones de peruanos.
«¿Cómo explicarle a mi hijo lo que está pasando? Tener yo que enseñarle que cuando regrese al colegio, si escucha un disparo o si escucha una explosión», se resguarde debajo de su pupitre, se pregunta una secretaria de 30 años.
Desde hace 20 días, su pequeño de seis años recibe clases virtuales después de que el colegio Pitágoras, en el norte de Lima, suspendió sus actividades también por extorsión.
Según la Policía, en 2024 recibió 19,443 denuncias por este delito frente a las 22,294 del año anterior. Sin embargo, según la propia autoridad, muchos no denuncian por miedo.
El presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla, pidió públicamente repetir las elecciones presidenciales en Honduras. Lo hizo durante una transmisión en vivo, en medio del escrutinio especial.
Nasralla afirmó que el proceso electoral es “totalmente falso” y aseguró tener pruebas de fraude electoral. Según su declaración, existen actas que no se han contado de forma deliberada.
Además, advirtió que no aceptará un resultado oficial si se proclama un ganador antes del cierre del escrutinio especial. Sostuvo que las autoridades buscan impedir la revisión completa de las actas.
La propuesta de repetir las elecciones generó un rechazo inmediato dentro del propio Partido Liberal. Dirigentes y diputados liberales marcaron distancia de la postura de Nasralla.
El expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPLH), Yani Rosenthal, reiteró su oposición a una nueva elección presidencial. Aseguró que esa posición representa de forma clara la línea institucional del partido.
Rosenthal señaló que el Partido Liberal debe respetar las reglas del proceso electoral. Indicó que corresponde continuar con el escrutinio especial y agotar los recursos legales existentes.
En su pronunciamiento, Rosenthal afirmó que la repetición de elecciones no tiene sustento legal en este momento. Sostuvo que desconocer un proceso en curso resulta contradictorio y peligroso.
“El único interesado en repetir elecciones es Libre”, declaró, al señalar que ese partido busca romper el orden constitucional. Según Rosenthal, el camino institucional exige respetar las etapas del proceso electoral.
También advirtió que desacreditar el desarrollo de las elecciones debilita la institucionalidad democrática. Insistió en que el Estado de Derecho ofrece mecanismos legales para resolver disputas electorales.
Diputados liberales refuerzan el rechazo
La diputada liberal Maribel Espinoza rechazó de forma tajante cualquier intento de repetir las elecciones generales en Honduras. Afirmó que esa propuesta responde a intereses políticos ajenos al orden democrático.
“No a la repetición de elecciones generales para ayudarle a Libre a destruir la democracia”, expresó la parlamentaria. Agregó que el contexto actual pone a prueba la coherencia de los liderazgos políticos.
Espinoza recordó que todos los partidos aceptaron las reglas electorales antes de los comicios. Subrayó que el Partido Liberal se sometió al proceso bajo ese marco legal.
Tensión política y efectos en el país
Las declaraciones de Nasralla se producen en un contexto de alta tensión política por el escrutinio especial. El proceso ha estado marcado por denuncias, bloqueos y confrontaciones entre actores políticos.
Analistas señalan que el llamado a repetir elecciones aumenta la incertidumbre institucional. También advierten que ese planteamiento puede profundizar la polarización política en Honduras.
Mientras tanto, las autoridades electorales continúan con la revisión de actas. El desarrollo del escrutinio especial se mantiene como el mecanismo central para resolver las disputas electorales.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) concluyó que el chofer de la pipa de gas LP involucrada en la explosión ocurrida en Iztapalapa fue el principal responsable del accidente que dejó personas fallecidas, lesionados y severos daños materiales en la zona del Puente de la Concordia.
Conductor de pipa responsable del incidente
De acuerdo con los resultados del peritaje, el chofer circulaba a una velocidad superior a la permitida, lo que le hizo perder el control de la unidad al tomar una curva.
La pipa terminó impactándose contra el muro de contención, provocando la ruptura del tanque que transportaba gas LP, lo que derivó en una fuerte explosión seguida de un incendio de gran magnitud.
Las autoridades detallaron que la investigación fue exhaustiva e incluyó análisis mecánicos, estudios de la superficie de rodamiento, reconstrucción de la trayectoria del vehículo, revisión de cámaras de videovigilancia y dictámenes especializados.
Además, la FGJ-CDMX descartó que el accidente haya sido provocado por fallas en la infraestructura vial, hundimientos, desperfectos del pavimento o condiciones externas que influyeran en la pérdida de control del vehículo.
Aunque el conductor perdió la vida en el siniestro, la Fiscalía señaló que la empresa propietaria de la pipa, Gas Silza, también incurrió en responsabilidades.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran deficiencias en la capacitación del operador para el manejo de materiales peligrosos, falta de supervisión adecuada, así como omisiones en los protocolos de seguridad y control de jornadas laborales.
En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se han establecido acuerdos de reparación del daño para las víctimas y sus familias. Estos acuerdos contemplan indemnizaciones millonarias, atención médica, apoyo psicológico y compensaciones económicas por los daños ocasionados a viviendas, vehículos y comercios afectados por la explosión.
El gobierno de Estados Unidos evalúa remover al embajador en Guatemala como parte de un amplio cambio diplomático impulsado por la administración de Donald Trump. La medida podría concretarse en enero de 2026.
La prensa estadounidense informó que 29 embajadores de carrera recibieron notificación sobre el fin de sus mandatos. Entre ellos figura, de forma preliminar, el jefe de misión en Guatemala.
Según The Washington Post y Univision, funcionarios del Departamento de Estado comunicaron la decisión la semana pasada. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato.
Tobin Bradley y el escenario en Guatemala
El actual embajador de Estados Unidos en Guatemala es Tobin Bradley. Llegó al país el 2 de febrero de 2024.
Antes de asumir, Bradley se desempeñó como subsecretario adjunto en la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley. Su nombramiento ocurrió durante la administración de Joe Biden.
Guatemala aparece junto a Surinam como los 2 países del hemisferio occidental incluidos en la lista preliminar. Hasta ahora, el Departamento de Estado no confirmó oficialmente los relevos.
Notificaciones y plazos definidos
Los diplomáticos afectados comenzaron a recibir notificaciones entre el 17 y el 19 de diciembre de 2025. Sus salidas están previstas para enero de 2026.
Las autoridades aclararon que los embajadores no pierden su condición de funcionarios del Servicio Exterior. Regresarán a Washington para asumir otras funciones o posibles reasignaciones.
Por lo general, los embajadores permanecen en sus cargos entre 3 y 4 años. Su continuidad depende de la decisión del presidente en funciones.
Posición del Departamento de Estado
El Departamento de Estado calificó los cambios como un “proceso estándar de cualquier administración”. Señaló que los embajadores actúan como representantes personales del presidente.
Además, indicó que el mandatario tiene derecho a contar con funcionarios alineados con su agenda. En este caso, la prioridad es la política de “America First”.
Países y regiones afectadas
África concentra el mayor número de posibles relevos, con 13 países. La lista incluye Burundi, Camerún, Cabo Verde, Gabón, Costa de Marfil y Nigeria, entre otros.
En Asia y el Pacífico, los cambios alcanzarían a Laos, Filipinas, Vietnam, Fiyi y Papúa Nueva Guinea. También figuran Nepal y Sri Lanka.
Europa aparece con Armenia, Macedonia del Norte, Montenegro y Eslovaquia. En Medio Oriente, los ajustes incluirían a Argelia y Egipto.
Uganda también figura en la lista, tras la nominación de William Popp para ese país.
Reacciones y contexto político
El medio Politico fue el primero en revelar el retiro de embajadores. La información generó preocupación entre legisladores y el sindicato del servicio exterior.
Los embajadores fueron designados durante el gobierno de Joe Biden. Muchos habían superado una primera revisión tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Hasta el momento, la administración estadounidense no ha anunciado sustitutos para las misiones afectadas. El proceso continúa en desarrollo.
