Internacionales
La extorsión atemoriza a las escuelas peruanas
La temporada escolar comenzó hace un mes, pero solo ahora los padres pueden llevar a sus hijos a este colegio de Lima atacado con explosivos por negarse a pagar una extorsión. En la entrada, en vez de profesores, vigilan militares con fusiles.
El crimen organizado extendió su chantaje al sistema privado de educación y afecta a miles de estudiantes, tras ensañarse los últimos tres años con comerciantes y transportistas principalmente.
Su poder de intimidación desafía al impopular Gobierno de Dina Boluarte, que echó mano del Ejército para tratar de contener la ola de extorsiones en las calles de Lima.
«Hasta la fecha tenemos […] 500 colegios extorsionados» a escala nacional, señala a la AFP Giannina Miranda, presidenta del Colectivo Educar con Libertad, que representa a los colegios amenazados en Perú.
De ese total, 325 se vieron forzados a cerrar por tiempo indefinido y pasar a la virtualidad, precisó.
Las bandas han impuesto el miedo y el silencio en los ambientes escolares, según constatan docentes y padres de estudiantes que hablaron bajo reserva.
«Es prácticamente como una pandemia, pero con armas», afirma un padre de 40 años tras acompañar a su hijo de 13 al colegio San Vicente, en el distrito de Comas, en el norte de Lima.
A las afueras un grupo de cinco militares y policías vigilan el ingreso de los alumnos.
MIEDO
En la primera semana de marzo la institución que recibe a 1,200 estudiantes fue atacada con un explosivo. La detonación no causó víctimas, pero sí daños en la puerta principal y obligó a iniciar clase de manera virtual.
Previamente, por un mensaje de WhatsApp, desconocidos habían pedido a las directivas 100,000 soles (unos $27,000) para no atacar.
Después del atentado llegó un video todavía más intimidante, cuyo contenido fue compartido por el padre de un alumno del colegio San Vicente bajo anonimato. «Ya te exploté tu colegio y aún sin darme solución», se lee en un cartel con siete balas encima rodeado de fusiles y pistolas que aparece en la grabación.
El aviso concluye con una advertencia de muerte contra un vigilante, un profesor o un «padre de familia dentro o fuera del colegio».
Estos centros escolares pasaron a ser blanco de las bandas locales o internacionales, que cobran a cambio de no matar o destruir.
Las amenazas inundan los celulares de directivos y profesores. Unas 17,000 instituciones y 2.5 millones de estudiantes forman parte de la red privada.
Ante «tanto miedo y tensión», familias están considerando no enviar más a sus hijos a la escuela, sostiene una jubilada de 70 años.
COSTO POLÍTICO
El auge del crimen organizado empujó a la presidenta Boluarte a declarar el estado de emergencia por un mes en Lima, la capital peruana de 10 millones de habitantes.
El decreto entró en vigor el 18 de marzo. Amparada en esa figura, la mandataria sacó a los militares de los cuarteles para que apoyen a la Policía en la lucha contra la extorsión y el sicariato.
Pese a los esfuerzos de las autoridades por presentar resultados, la extorsión se instaló prácticamente en la actividad diaria de millones de peruanos.
«¿Cómo explicarle a mi hijo lo que está pasando? Tener yo que enseñarle que cuando regrese al colegio, si escucha un disparo o si escucha una explosión», se resguarde debajo de su pupitre, se pregunta una secretaria de 30 años.
Desde hace 20 días, su pequeño de seis años recibe clases virtuales después de que el colegio Pitágoras, en el norte de Lima, suspendió sus actividades también por extorsión.
Según la Policía, en 2024 recibió 19,443 denuncias por este delito frente a las 22,294 del año anterior. Sin embargo, según la propia autoridad, muchos no denuncian por miedo.
Internacionales
Juez ordena a Bolsonaro usar brazalete electrónico y le impone restricciones de movilidad
El juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil, ordenó este viernes que el expresidente Jair Bolsonaro use un brazalete electrónico como parte del proceso judicial en su contra por presuntamente incitar actos hostiles contra el Estado brasileño y participar en un intento de golpe de Estado en 2022.
Además del dispositivo de control, Bolsonaro deberá permanecer en su domicilio de lunes a viernes entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m., así como todo el día durante fines de semana y feriados. También se le prohibió mantener contacto con embajadores o autoridades extranjeras.
A su salida de las oficinas de la Secretaría de Justicia en Brasilia, el exmandatario calificó la medida como una “humillación suprema” y reiteró que se trata de una “persecución política”.
El caso ocurre en medio de tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos, luego de que el expresidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer aranceles del 50 % a productos brasileños, en protesta por lo que considera una “caza de brujas” contra Bolsonaro. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió a esas declaraciones calificándolas de “chantaje inaceptable”.
La sentencia contra Bolsonaro se conocerá en las próximas semanas. Si es declarado culpable, podría enfrentar más de 40 años de prisión.
Guinea ha sobrepasado los 200 casos confirmados de mpox desde que se detectó el primer contagio en septiembre de 2024, informó el Ministerio de Salud de ese país. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (ANSS), se han registrado 206 casos, de los cuales 77 requirieron hospitalización, 58 pacientes se recuperaron y 20 fueron dados de alta sin consentimiento médico.
Hasta la fecha, se reporta una sola muerte y la ciudad de Dabola, en el centro del país, ha sido identificada como un nuevo foco del brote. La mpox, antes conocida como viruela del mono, es una enfermedad viral caracterizada por fiebre alta y lesiones cutáneas. Aunque fue identificada en África en 1970, desde 2022 ha ganado presencia mundial, llevando a la OMS a declarar su nivel de alerta más alto en 2024. Países vecinos como Liberia y Sierra Leona también han reportado contagios.
Tras más de 12 horas de labores intensas, los 18 trabajadores que permanecían atrapados en una mina de oro en el municipio de Remedios, en el noroeste de Colombia, fueron rescatados con vida durante la madrugada del viernes, informaron las autoridades.
La Agencia Nacional de Minería (ANM) confirmó a través de su cuenta en X que “todos fueron encontrados en buen estado de salud”, luego del accidente ocurrido el jueves en el departamento de Antioquia. Equipos de rescate de la ANM, junto a bomberos locales, participaron en la operación.
De acuerdo con las autoridades, los trabajadores estuvieron atrapados por cerca de 18 horas, debido a una aparente “falla mecánica” que provocó el colapso de una estructura destinada a evitar derrumbes, lo que bloqueó la salida principal del socavón.
Las imágenes difundidas por medios locales muestran a los mineros saliendo uno a uno, vestidos con uniformes azules y cascos amarillos, recibiendo aplausos y abrazos por parte de sus familiares.
La alcaldía de Remedios señaló en un mensaje al gobierno que, presuntamente, el yacimiento estaba siendo explotado de forma ilegal. En esta región de Antioquia, con una fuerte tradición minera, el oro extraído de manera ilícita suele ser una fuente de financiamiento para grupos armados como el Clan del Golfo, considerado el principal cartel de narcotráfico en Colombia.
