Internacionales
El fiscal de la CPI solicita órdenes de detención contra Netanyahu y dirigentes de Hamás por crímenes de guerra
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció este lunes que solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y tres dirigentes del movimiento palestino Hamás, por presuntos crímenes de guerra y contra la Humanidad.
Tras más de 200 días de guerra entre Israel y Hamás, el fiscal del tribunal con sede en La Haya, indicó en un comunicado que tramitó las órdenes de detención Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por «matar deliberadamente de hambre a civiles», «homicidio intencionado» y «exterminio y/o asesinato» en la Franja de Gaza.
«Los crímenes contra la Humanidad mencionados (…) forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina en cumplimiento de la política de una organización. Según nuestras conclusiones, algunos de estos crímenes siguen cometiéndose», declaró Khan.
«Como primer ministro de Israel, rechazo con disgusto la comparación del fiscal de La Haya entre Israel», un país «democrático» y «los asesinos de masas de Hamás», reaccionó en un comunicado Netanyahu, cuyo país no forma parte de la CPI.
Previamente, su ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, había calificado la solicitud del fiscal como una «decisión escandalosa» y una «vergüenza histórica».
El presidente de Israel, Isaac Herzog, criticó el anuncio como un ejemplo de que «el sistema de justicia internacional está en peligro de colapsar».
Joe Biden también criticó duramente la decisión, que tachó de «escandalosa», en tanto el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo que el anuncio del fiscal es «vergonzoso».
«Seré claro: no importa qué insinúe el fiscal, Israel y Hamás no son equiparables de ninguna manera», sostuvo Biden en un comunicado. «Siempre estaremos junto a Israel contra las amenazas a su seguridad», subrayó.
Los cargos contra dirigentes de Hamás, entre ellos Yahya Sinwar, líder del movimiento islamista, incluyen «exterminio», «violación y otras formas de violencia sexual» y «toma de rehenes como crimen de guerra» en Israel y en Gaza.
La solicitud también afecta a Mohamed Al Masri, más conocido como «al Deif», jefe de las brigadas Ezedin al Qasam, el brazo militar de Hamás, y a Ismail Haniyeh, líder del buró político del movimiento palestino que reside en Catar.
«Afirmamos que los crímenes contra la Humanidad a los que se hace referencia en las solicitudes forman parte de un ataque generalizado y sistemático llevado a cabo por Hamás y otros grupos armados en cumplimiento de la política de una organización», afirmó el fiscal en la declaración.
Hamás condenó la decisión y criticó «los intentos del fiscal de la Corte Penal Internacional de equiparar a la víctima con el verdugo al dictar órdenes de detención contra varios dirigentes de la resistencia palestina».
Investigación abierta en 2021
El fiscal de la CPI abrió en 2021 una investigación sobre las acciones de Israel y de Hamás y otros grupos armados palestinos, por posibles crímenes de guerra en los Territorios Palestinos.
Khan afirmó que esta investigación ahora «incluye la escalada de hostilidades y violencia desde los ataques que tuvieron lugar el 7 de octubre de 2023».
La guerra entre Israel y Hamás en Gaza estalló el 7 de octubre cuando comandos islamistas perpetraron un ataque en el sur de Israel, que causó la muerte de más de 1.170 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP a partir de cifras oficiales israelíes.
Más de 250 personas fueron capturadas y 124 permanecen secuestradas en Gaza, de las cuales se cree que 37 murieron, según el ejército.
Hasta ahora 35.562 palestinos, principalmente civiles, han muerto en la ofensiva de represalia lanzada por Israel, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, un territorio gobernado por Hamás desde 2007.
«Todas las guerras tienen reglas»
El fiscal ha pedido en varias ocasiones la liberación de todos los rehenes apresados por Hamás el 7 de octubre y llevados a Gaza y ha advertido contra una operación militar israelí en Rafah, en el sur del territorio palestino.
«Todas las guerras tienen reglas y las leyes aplicables a los conflictos armados no pueden interpretarse de modo que queden vacías o carezcan de sentido», declaró Khan en febrero.
Si el tribunal emite la orden, cualquiera de los 124 Estados miembros de la CPI estaría obligado a detener a Netanyahu si se desplaza a su territorio.
Esto podría complicar algunos viajes de Netanyahu, pero el tribunal internacional no dispone de una fuerza para asegurar el cumplimiento de sus órdenes, por lo que esto depende de sus miembros.
La CPI emitió en marzo de 2023 una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, acusado de «deportación ilegal» de niños ucranianos.
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
