Internacionales
El fiscal de la CPI solicita órdenes de detención contra Netanyahu y dirigentes de Hamás por crímenes de guerra
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció este lunes que solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y tres dirigentes del movimiento palestino Hamás, por presuntos crímenes de guerra y contra la Humanidad.
Tras más de 200 días de guerra entre Israel y Hamás, el fiscal del tribunal con sede en La Haya, indicó en un comunicado que tramitó las órdenes de detención Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por «matar deliberadamente de hambre a civiles», «homicidio intencionado» y «exterminio y/o asesinato» en la Franja de Gaza.
«Los crímenes contra la Humanidad mencionados (…) forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina en cumplimiento de la política de una organización. Según nuestras conclusiones, algunos de estos crímenes siguen cometiéndose», declaró Khan.
«Como primer ministro de Israel, rechazo con disgusto la comparación del fiscal de La Haya entre Israel», un país «democrático» y «los asesinos de masas de Hamás», reaccionó en un comunicado Netanyahu, cuyo país no forma parte de la CPI.
Previamente, su ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, había calificado la solicitud del fiscal como una «decisión escandalosa» y una «vergüenza histórica».
El presidente de Israel, Isaac Herzog, criticó el anuncio como un ejemplo de que «el sistema de justicia internacional está en peligro de colapsar».
Joe Biden también criticó duramente la decisión, que tachó de «escandalosa», en tanto el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo que el anuncio del fiscal es «vergonzoso».
«Seré claro: no importa qué insinúe el fiscal, Israel y Hamás no son equiparables de ninguna manera», sostuvo Biden en un comunicado. «Siempre estaremos junto a Israel contra las amenazas a su seguridad», subrayó.
Los cargos contra dirigentes de Hamás, entre ellos Yahya Sinwar, líder del movimiento islamista, incluyen «exterminio», «violación y otras formas de violencia sexual» y «toma de rehenes como crimen de guerra» en Israel y en Gaza.
La solicitud también afecta a Mohamed Al Masri, más conocido como «al Deif», jefe de las brigadas Ezedin al Qasam, el brazo militar de Hamás, y a Ismail Haniyeh, líder del buró político del movimiento palestino que reside en Catar.
«Afirmamos que los crímenes contra la Humanidad a los que se hace referencia en las solicitudes forman parte de un ataque generalizado y sistemático llevado a cabo por Hamás y otros grupos armados en cumplimiento de la política de una organización», afirmó el fiscal en la declaración.
Hamás condenó la decisión y criticó «los intentos del fiscal de la Corte Penal Internacional de equiparar a la víctima con el verdugo al dictar órdenes de detención contra varios dirigentes de la resistencia palestina».
Investigación abierta en 2021
El fiscal de la CPI abrió en 2021 una investigación sobre las acciones de Israel y de Hamás y otros grupos armados palestinos, por posibles crímenes de guerra en los Territorios Palestinos.
Khan afirmó que esta investigación ahora «incluye la escalada de hostilidades y violencia desde los ataques que tuvieron lugar el 7 de octubre de 2023».
La guerra entre Israel y Hamás en Gaza estalló el 7 de octubre cuando comandos islamistas perpetraron un ataque en el sur de Israel, que causó la muerte de más de 1.170 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP a partir de cifras oficiales israelíes.
Más de 250 personas fueron capturadas y 124 permanecen secuestradas en Gaza, de las cuales se cree que 37 murieron, según el ejército.
Hasta ahora 35.562 palestinos, principalmente civiles, han muerto en la ofensiva de represalia lanzada por Israel, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, un territorio gobernado por Hamás desde 2007.
«Todas las guerras tienen reglas»
El fiscal ha pedido en varias ocasiones la liberación de todos los rehenes apresados por Hamás el 7 de octubre y llevados a Gaza y ha advertido contra una operación militar israelí en Rafah, en el sur del territorio palestino.
«Todas las guerras tienen reglas y las leyes aplicables a los conflictos armados no pueden interpretarse de modo que queden vacías o carezcan de sentido», declaró Khan en febrero.
Si el tribunal emite la orden, cualquiera de los 124 Estados miembros de la CPI estaría obligado a detener a Netanyahu si se desplaza a su territorio.
Esto podría complicar algunos viajes de Netanyahu, pero el tribunal internacional no dispone de una fuerza para asegurar el cumplimiento de sus órdenes, por lo que esto depende de sus miembros.
La CPI emitió en marzo de 2023 una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, acusado de «deportación ilegal» de niños ucranianos.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
