Internacionales
El fiscal de la CPI solicita órdenes de detención contra Netanyahu y dirigentes de Hamás por crímenes de guerra
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció este lunes que solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y tres dirigentes del movimiento palestino Hamás, por presuntos crímenes de guerra y contra la Humanidad.
Tras más de 200 días de guerra entre Israel y Hamás, el fiscal del tribunal con sede en La Haya, indicó en un comunicado que tramitó las órdenes de detención Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por «matar deliberadamente de hambre a civiles», «homicidio intencionado» y «exterminio y/o asesinato» en la Franja de Gaza.
«Los crímenes contra la Humanidad mencionados (…) forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina en cumplimiento de la política de una organización. Según nuestras conclusiones, algunos de estos crímenes siguen cometiéndose», declaró Khan.
«Como primer ministro de Israel, rechazo con disgusto la comparación del fiscal de La Haya entre Israel», un país «democrático» y «los asesinos de masas de Hamás», reaccionó en un comunicado Netanyahu, cuyo país no forma parte de la CPI.
Previamente, su ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, había calificado la solicitud del fiscal como una «decisión escandalosa» y una «vergüenza histórica».
El presidente de Israel, Isaac Herzog, criticó el anuncio como un ejemplo de que «el sistema de justicia internacional está en peligro de colapsar».
Joe Biden también criticó duramente la decisión, que tachó de «escandalosa», en tanto el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo que el anuncio del fiscal es «vergonzoso».
«Seré claro: no importa qué insinúe el fiscal, Israel y Hamás no son equiparables de ninguna manera», sostuvo Biden en un comunicado. «Siempre estaremos junto a Israel contra las amenazas a su seguridad», subrayó.
Los cargos contra dirigentes de Hamás, entre ellos Yahya Sinwar, líder del movimiento islamista, incluyen «exterminio», «violación y otras formas de violencia sexual» y «toma de rehenes como crimen de guerra» en Israel y en Gaza.
La solicitud también afecta a Mohamed Al Masri, más conocido como «al Deif», jefe de las brigadas Ezedin al Qasam, el brazo militar de Hamás, y a Ismail Haniyeh, líder del buró político del movimiento palestino que reside en Catar.
«Afirmamos que los crímenes contra la Humanidad a los que se hace referencia en las solicitudes forman parte de un ataque generalizado y sistemático llevado a cabo por Hamás y otros grupos armados en cumplimiento de la política de una organización», afirmó el fiscal en la declaración.
Hamás condenó la decisión y criticó «los intentos del fiscal de la Corte Penal Internacional de equiparar a la víctima con el verdugo al dictar órdenes de detención contra varios dirigentes de la resistencia palestina».
Investigación abierta en 2021
El fiscal de la CPI abrió en 2021 una investigación sobre las acciones de Israel y de Hamás y otros grupos armados palestinos, por posibles crímenes de guerra en los Territorios Palestinos.
Khan afirmó que esta investigación ahora «incluye la escalada de hostilidades y violencia desde los ataques que tuvieron lugar el 7 de octubre de 2023».
La guerra entre Israel y Hamás en Gaza estalló el 7 de octubre cuando comandos islamistas perpetraron un ataque en el sur de Israel, que causó la muerte de más de 1.170 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP a partir de cifras oficiales israelíes.
Más de 250 personas fueron capturadas y 124 permanecen secuestradas en Gaza, de las cuales se cree que 37 murieron, según el ejército.
Hasta ahora 35.562 palestinos, principalmente civiles, han muerto en la ofensiva de represalia lanzada por Israel, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, un territorio gobernado por Hamás desde 2007.
«Todas las guerras tienen reglas»
El fiscal ha pedido en varias ocasiones la liberación de todos los rehenes apresados por Hamás el 7 de octubre y llevados a Gaza y ha advertido contra una operación militar israelí en Rafah, en el sur del territorio palestino.
«Todas las guerras tienen reglas y las leyes aplicables a los conflictos armados no pueden interpretarse de modo que queden vacías o carezcan de sentido», declaró Khan en febrero.
Si el tribunal emite la orden, cualquiera de los 124 Estados miembros de la CPI estaría obligado a detener a Netanyahu si se desplaza a su territorio.
Esto podría complicar algunos viajes de Netanyahu, pero el tribunal internacional no dispone de una fuerza para asegurar el cumplimiento de sus órdenes, por lo que esto depende de sus miembros.
La CPI emitió en marzo de 2023 una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, acusado de «deportación ilegal» de niños ucranianos.
Internacionales
Narco, apagones, bajo crecimiento: Ecuador en problemas antes de nuevas presidenciales
La peor sequía en seis décadas tiene en jaque a las hidroeléctricas que cubren un 70 % de la demanda, el suministro de agua potable y la producción agrícola. La vida cotidiana es una pesadilla para muchos ecuatorianos.
«Lo que está viviendo el Ecuador es una crisis multidimensional que se expresa en términos económicos, eléctricos y políticos», dijo a la AFP Fernando Carrión, investigador político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito.
La nación de 17 millones de habitantes dejó hace varios años de ser una isla de paz entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de coca. Convertida en centro internacional de operaciones del narcotráfico y el crimen organizado, la tasa de homicidios escaló de seis por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 47 en 2023.
Noboa aplicó una política de mano dura y logró bajarla a 33, pero la sensación de inseguridad persiste. Y el fantasma de las masacres carcelarias regresó, con 17 muertos en el último choque.
El mandatario gobierna desde hace un año sin mayoría en el Congreso y distanciado de su vicepresidenta Verónica Abad, que fungía como embajadora en Israel y a quien el ministerio de Trabajo suspendió por cinco meses por el «abandono injustificado» de sus funciones.
Esa decisión le impedirá reemplazar a Noboa en enero cuando inicie su campaña por la reelección. Abad, que acusa a Noboa de «persecución», regresó a Ecuador el miércoles en «un acto de rebeldía».
«Hay desafíos por todo lado», manifestó el analista político y económico Alberto Acosta Burneo, del consultor Grupo Spurrier.
«Época frustrante»
La economía ecuatoriana, dolarizada y dependiente de la estancada producción petrolera, es otro eslabón en vilo. Antes de los apagones que llevan dos meses continuos, el país ya registraba una «fase muy baja de crecimiento», anotó Acosta Burneo.
Los cortes de luz empezaron en abril y arreciaron en septiembre ante la escasez de lluvias, asociada al cambio climático de acuerdo con la ministra encargada de Energía, Inés Manzano.
El gobierno prevé extenderlos al menos hasta diciembre, a un «costo muy grande» para el país, explicó Acosta Burneo.
Ecuador calculó con anticipación un crecimiento de 0,9% en 2024, contra 2,4% de 2023. El FMI pronosticó apenas 0,3%.
Los apagones dejan pérdidas por 1.440 millones de dólares (1% del PIB), según gremios empresariales que calculan en 12 millones de dólares el costo por cada hora sin luz.
«Es una época muy frustrante», reconoció Noboa, un empresario que se autodefine de centro-izquierda.
La aprobación de Noboa cayó de 85% en enero a 42% en octubre de acuerdo con Perfiles de Opinión. Su mandato de 18 meses termina en mayo de 2025, como reemplazo del derechista Guillermo Lasso (2021-2023).
Sin completar sus cuatro años de mandato, Lasso disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio político que buscaba su destitución.
La más reciente encuesta de la empresa Comunicaliza señala que el mandatario ha caído al menos seis puntos en la intención de voto. Aunque sigue en el primer lugar con 27,5%, seguido de la izquierdista Luisa González (26,7%).
«Estas distintas crisis le están golpeando (a Noboa) y probablemente la que más le golpea (…) es la crisis de la energía», aseguró Carrión.
Popularidad golpeada
Tras una arremetida del narco en enero, el gobernante respondió con duras políticas contra una veintena de organizaciones vinculadas a cárteles internacionales.
Declaró al país en conflicto armado interno, desplegó militares en las calles y las cárceles, dio los estatus de «terroristas» y «beligerantes» a las bandas para enfrentarlas sin tregua.
Su estrategia disminuyó los homicidios y aumentó el decomiso de droga a 262 toneladas en lo que va del año, frente a las 219 toneladas de 2023.
Sin embargo, la población «tiene una percepción de inseguridad muy alta, lo cual hace que el presidente pierda apoyos», señaló Carrión.
Noboa admitió que la crisis eléctrica «sí ha afectado» su popularidad.
Los secuestros y extorsiones también desangran al país. «Todo eso hace mella en la legitimidad del presidente y sus aspiraciones» de reelección, consideró Carrión. Bajo el fantasma del magnicidio, algunos candidatos presidenciales denuncian amenazas.
Más de 30 políticos han sido asesinados desde el año pasado, entre ellos el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio (centro), baleado al salir de un mitin en Quito en vísperas de la primera vuelta del 9 de agosto de 2023.
Internacionales
«Artefacto explosivo» estalla cerca de la sede de la autoridad carcelaria de Colombia
La Policía Metropolitana de Bogotá y el departamento local de bomberos «atienden la activación de un artefacto explosivo en inmediaciones del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario)», escribió el miércoles en la red social X el alcalde Carlos Fernando Galán, pasadas las 21H00 locales (02H00 GMT).
«No hay personas heridas y los daños materiales son menores», agregó.
El general José Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró más tarde a medios que el estallido se debió al «lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado en una bolsa».
Técnicos de la institución analizan el material explosivo para determinar su composición, agregó Gualdrón.
Medios locales transmitieron imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se observa a un hombre manipulando un paquete y posteriormente abandonándolo a metros de las instalaciones del INPEC, a las 20H21 locales (01H21 GMT).
En los últimos meses, los ataques armados contra funcionarios penitenciarios en Colombia se han recrudecido.
«Llevamos, desafortunadamente, 22 atentados y 11 funcionarios muertos en el año 2024 (…) Hoy en día los funcionarios penitenciarios del INPEC no están siendo ajenos a los ataques del crimen organizado», aseguró el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, en una rueda de prensa la tarde del miércoles convocada tras el asesinato a un vigilante de la cárcel bogotana de La Picota.
Según Gutiérrez, los ataques se deben a que la autoridad carcelaria lleva a cabo «un trabajo fundamental conteniendo el delito desde las cárceles».
Expertos aseguran que varias organizaciones criminales manejan negocios ilegales como la extorsión desde el interior de las cárceles colombianas.
«¿Alguna duda de que el INPEC y sus trabajadores estamos siendo víctimas del conflicto armado y objetivo militar de los grupos al margen de la ley?», reaccionó el miércoles desde su cuenta de X Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.
En mayo, el coronel retirado Elmer Fernández, director de la prisión de La Modelo, una de las principales de Colombia, fue asesinado a tiros luego de recibir varias amenazas de muerte.
Colombia, principal productor de cocaína del mundo, está no obstante lejos de la violencia de su vecino Ecuador, donde las cárceles son epicentro de masacres y tiroteos.
En las prisiones ecuatorianas, destino de buena parte de la droga que se produce en el lado colombiano de la frontera, reos han retenido a guardias durante días.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el martes una vacuna contra la mpox de la farmacéutica japonesa KM Bilogics, la segunda en obtener la luz verde de la agencia de la ONU.
La OMS explicó que permitirá el uso de emergencia del inmunizante LC16m8 para «facilitar un mayor y rápido acceso a las vacunas en las comunidades donde se expanden los brotes de mpox».
Esta licencia allana el camino para que las autoridades estatales aprueben e importen rápidamente el fármaco para su distribución.
Esto «marca un paso significativo en nuestra respuesta a la emergencia actual, aportando una nueva opción para proteger a todas las poblaciones, incluidos los niños», dijo Yukiko Nakatani, subdirectora general de la OMS de acceso a medicamentos y productos de salud.
La agencia de la ONU declaró en agosto una emergencia de salud pública de importancia internacional por la mpox tras el aumento de casos del Clado 1b en República Democrática del Congo (RDC), que se extendió a otros países.
Esta y otras cepas de este virus se han detectado en 80 países en lo que va de año, según la OMS.
República Democrática del Congo es de largo el más afectado y donde se han registrado la mayoría de 39.000 casos sospechosos y casi mil muertos.
La OMS subrayó que el anuncio del martes es particularmente importante porque el gobierno japonés se comprometió a donar 3,05 millones de dosis de esta vacuna a RDC.
«Es el mayor paquete de donación anunciado hasta la fecha para la actual emergencia de mpox», afirmó.
Sin embargo, la agencia advirtió que la vacuna no debe usarse durante el embarazo o en personas inmunocomprometidas.
El mpox, antes conocido como viruela del mono, fue detectado por primera vez en humanos en 1970 en la actual RDC (ex Zaire).
Es una enfermedad viral que se transmite del animal al humano, así como por por contacto físico estrecho con una persona infectada por el virus.
Provoca fiebre, dolores musculares y lesiones cutáneas y en algunos casos puede ser mortal.
