Internacionales
El fiscal de la CPI solicita órdenes de detención contra Netanyahu y dirigentes de Hamás por crímenes de guerra
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció este lunes que solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y tres dirigentes del movimiento palestino Hamás, por presuntos crímenes de guerra y contra la Humanidad.
Tras más de 200 días de guerra entre Israel y Hamás, el fiscal del tribunal con sede en La Haya, indicó en un comunicado que tramitó las órdenes de detención Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por «matar deliberadamente de hambre a civiles», «homicidio intencionado» y «exterminio y/o asesinato» en la Franja de Gaza.
«Los crímenes contra la Humanidad mencionados (…) forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina en cumplimiento de la política de una organización. Según nuestras conclusiones, algunos de estos crímenes siguen cometiéndose», declaró Khan.
«Como primer ministro de Israel, rechazo con disgusto la comparación del fiscal de La Haya entre Israel», un país «democrático» y «los asesinos de masas de Hamás», reaccionó en un comunicado Netanyahu, cuyo país no forma parte de la CPI.
Previamente, su ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, había calificado la solicitud del fiscal como una «decisión escandalosa» y una «vergüenza histórica».
El presidente de Israel, Isaac Herzog, criticó el anuncio como un ejemplo de que «el sistema de justicia internacional está en peligro de colapsar».
Joe Biden también criticó duramente la decisión, que tachó de «escandalosa», en tanto el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo que el anuncio del fiscal es «vergonzoso».
«Seré claro: no importa qué insinúe el fiscal, Israel y Hamás no son equiparables de ninguna manera», sostuvo Biden en un comunicado. «Siempre estaremos junto a Israel contra las amenazas a su seguridad», subrayó.
Los cargos contra dirigentes de Hamás, entre ellos Yahya Sinwar, líder del movimiento islamista, incluyen «exterminio», «violación y otras formas de violencia sexual» y «toma de rehenes como crimen de guerra» en Israel y en Gaza.
La solicitud también afecta a Mohamed Al Masri, más conocido como «al Deif», jefe de las brigadas Ezedin al Qasam, el brazo militar de Hamás, y a Ismail Haniyeh, líder del buró político del movimiento palestino que reside en Catar.
«Afirmamos que los crímenes contra la Humanidad a los que se hace referencia en las solicitudes forman parte de un ataque generalizado y sistemático llevado a cabo por Hamás y otros grupos armados en cumplimiento de la política de una organización», afirmó el fiscal en la declaración.
Hamás condenó la decisión y criticó «los intentos del fiscal de la Corte Penal Internacional de equiparar a la víctima con el verdugo al dictar órdenes de detención contra varios dirigentes de la resistencia palestina».
Investigación abierta en 2021
El fiscal de la CPI abrió en 2021 una investigación sobre las acciones de Israel y de Hamás y otros grupos armados palestinos, por posibles crímenes de guerra en los Territorios Palestinos.
Khan afirmó que esta investigación ahora «incluye la escalada de hostilidades y violencia desde los ataques que tuvieron lugar el 7 de octubre de 2023».
La guerra entre Israel y Hamás en Gaza estalló el 7 de octubre cuando comandos islamistas perpetraron un ataque en el sur de Israel, que causó la muerte de más de 1.170 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP a partir de cifras oficiales israelíes.
Más de 250 personas fueron capturadas y 124 permanecen secuestradas en Gaza, de las cuales se cree que 37 murieron, según el ejército.
Hasta ahora 35.562 palestinos, principalmente civiles, han muerto en la ofensiva de represalia lanzada por Israel, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, un territorio gobernado por Hamás desde 2007.
«Todas las guerras tienen reglas»
El fiscal ha pedido en varias ocasiones la liberación de todos los rehenes apresados por Hamás el 7 de octubre y llevados a Gaza y ha advertido contra una operación militar israelí en Rafah, en el sur del territorio palestino.
«Todas las guerras tienen reglas y las leyes aplicables a los conflictos armados no pueden interpretarse de modo que queden vacías o carezcan de sentido», declaró Khan en febrero.
Si el tribunal emite la orden, cualquiera de los 124 Estados miembros de la CPI estaría obligado a detener a Netanyahu si se desplaza a su territorio.
Esto podría complicar algunos viajes de Netanyahu, pero el tribunal internacional no dispone de una fuerza para asegurar el cumplimiento de sus órdenes, por lo que esto depende de sus miembros.
La CPI emitió en marzo de 2023 una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, acusado de «deportación ilegal» de niños ucranianos.
Cuatro astronautas despegarán para volver a dotar de personal la Estación Espacial Internacional (EEI) la próxima semana, informó la NASA el viernes, tras la evacuación médica de emergencia de la tripulación anterior.
La NASA anunció que la nueva misión, llamada Crew-12, despegará en el cohete Falcon 9 de SpaceX a primera hora del miércoles, con el lanzamiento «previsto para no antes de las 6H01 a.m.» hora local (11H01 GMT).
La confirmación aporta una pizca de certeza a la Crew-12, que había afrontado problemas de último minuto con el cohete y cambios de personal.
A principios de esta semana, SpaceX había dejado en tierra sus cohetes Falcon 9 mientras investigaba lo que la Administración Federal de Aviación (FAA) describió como una «falla de encendido del motor de la segunda etapa».
«El vehículo Falcon 9 está autorizado para volver a volar», dijo el viernes a la AFP un portavoz de la FAA.
La pausa temporal por parte de SpaceX generó preocupaciones de que el vuelo de la Crew-12 pudiera haberse retrasado.
La misión reemplazará a la Crew-11, que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, durante la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.
Militares y agentes federales capturaron en el estado mexicano de Querétaro (centro) a 30 integrantes de una célula criminal ligada al poderoso cártel de Sinaloa, informó este viernes la secretaría de Seguridad Federal.
Los detenidos son 21 hombres y nueve mujeres señaladas de ser presuntos vendedores de drogas y extorsionadores de la banda criminal conocida como Los Salazar. Entre los capturados está uno de sus jefes, Diego «N», alias ‘El Flaco’ (por ley se reservan los apellidos).
Este grupo criminal es «afín al cártel de Sinaloa» y las capturas fueron resultado de cuatro meses de investigación, escribió en la red social X el secretario de seguridad mexicano Omar García Harfuch.
Un comunicado de la dependencia detalló que las capturas se realizaron en doce operativos en la ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre.
«Se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información», añadió el comunicado.
Estas detenciones se conocen luego de que el pasado jueves la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Querétaro para participar con autoridades locales en un evento público.
El gobierno mexicano ha multiplicado sus operativos contra el narcotráfico en medio de reclamos y amenazas de imponer aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.
Tras dos semanas de protestas indígenas, el gobierno de Brasil anunció este viernes la suspensión del dragado del río Tapajós, en la Amazonía, donde pueblos nativos rechazan la explotación fluvial para la exportación de granos.
Cientos de indígenas acamparon durante días frente a la terminal portuaria del gigante agroindustrial estadounidense Cargill, en el norte brasileño, para llamar la atención del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
«Frente a la movilización de pueblos indígenas y (…) como gesto de negociación», el gobierno suspendió el proceso de contratación de una empresa para las obras de dragado anual del Tapajós, en el estado de Pará, según una nota oficial.
Pueblos amazónicos alertan sobre la expansión portuaria en ríos que consideran vitales para su modo de vida, una queja que ya expresaron en la conferencia climática COP30 de la ONU en noviembre.
Piden la derogación de un decreto firmado por el izquierdista Lula en agosto pasado, que designa los principales ríos de la Amazonía como prioritarios para la navegación de carga y la expansión de puertos privados.
También reclamaban la cancelación de la licitación para dragar el Tapajós, un importante afluente del Amazonas.
Además de suspender ese proceso, el gobierno prometió este viernes una «consulta libre, previa e informada» a las comunidades locales antes de avanzar en obras.
«El gobierno está abriendo nuestros territorios a muchos proyectos (…) para impulsar el agronegocio», dijo esta semana a la AFP la líder indígena Auricelia Arapiuns, por video desde la protesta en la ciudad portuaria amazónica de Santarém.
Los manifestantes llegaron a impedir que los camiones «entren y salgan de la terminal», dijo Cargill en un comunicado enviado a la AFP.
La multinacional estadounidense cuenta con operaciones de logística agrícola en todo Brasil.
Los manifestantes bloquearon la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Santarém, punto frecuentado por turistas.
«La infraestructura (para los ríos) que llega no es un espacio para nosotros, y nunca lo será», afirmó esta semana la líder indígena Alessandra Korap, del pueblo mundurukú.
Brasil es el mayor exportador mundial de soja y maíz y, en los últimos años, ha optado por puertos fluviales del norte para abaratar la exportación de granos.
La fiscalía general había señalado el martes «serios riesgos ambientales» para el río Tapajós.
