Internacionales
El crimen opera con cinco modalidades de extorsión en Perú
Doscientas personas por cada 10,000 habitantes se han convertido en víctimas de las extorsiones en Perú. Este es un problema que mantiene en vilo a la ciudadanía, que debe tener un fondo extra para pagar a los delincuentes y no poner en riesgo su vida.
La tensión llegó a su límite la semana pasada, especialmente cuando no cuentan con el respaldo del Gobierno ni del Congreso. Las protestas o exigencias de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte no hacen eco en el Ejecutivo ni en los parlamentarios. La semana pasada cientos de personas bloquearon calles y se manifestaron frente al Congreso en espera de una respuesta a sus demandas.
La agonía que viven las familias fue externada desde el año pasado, pero en lugar de un cambio la criminalidad opera con más fuerza en las comunidades.
La principal fuente de extorsión son las organizaciones delictivas y, aunque este delito se asocia al control territorial de los grupos, en el país sudamericano ha escalado adaptándose al perfil de las víctimas, de acuerdo con el estudio «¿Cómo combatir la extorsión en el Perú?», de la organización sin fines de lucro Lab-Co, con sede en México y El Salvador.
El informe, con registros de la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior, reveló que de enero a agosto de 2023 hubo 12,936 denuncias por extorsión, y entre ellas la más frecuente es el «gota a gota», un mecanismo que empieza como un préstamo de manera informal y que conlleva a situaciones de impago para luego proceder a la extorsión, ya sea de forma presencial o virtual.
Una vez establecido el préstamo, las bandas operan mediante un aumento de los intereses, los cuales incrementan de manera excesiva por cada día de retraso.
Si se incumple una cuota, obligan a reiniciar los pagos desde cero, y frecuentemente presionan a las víctimas para que adquieran nuevos préstamos, se explica en la investigación. Del «gota a gota» existen 30 veces más registros de extorsión que otros tipos.
De las 3,060 denuncias recibidas entre el 21 de abril y el 30 de junio de 2023, un total de 463 fueron por extorsión en modalidad de préstamos gota a gota. De las denuncias recibidas, el 57 % fueron de mujeres.
En cuanto a las formas de pago, 54 % fueron a través de una aplicación, 23 % a una cuenta bancaria y 14 % fueron realizadas de manera presencial. Los préstamos van desde los $66 a los $1,341.
También se encuentra el «chalequeo», un cobro por un servicio de seguridad dirigido a unidades de transporte o comercios grandes. Las bandas ofrecen sus servicios de protección para evitar las amenazas de su misma organización. Otro método es el «cobro de cupos y cuotas» diseñado para obras de construcción civil, puestos de transportistas y trabajadoras sexuales.
Las organizaciones criminales han instaurado un sistema de cobros ilícitos en cada proyecto de construcción en desarrollo. En esta modalidad se incluye al sector informal, ya que los vendedores deben pagar por lugares o plazas donde circula el comercio.
Cuando los usuarios recurren a créditos de manera virtual facilitan a los delincuentes el uso de datos personales obtenidos en sus celulares o extorsionar a sus contactos. De 2021 a 2023, un total de 3,730,802 personas descargaron aplicaciones de préstamos informales en sus dispositivos móviles, de acuerdo con el estudio. A esta modalidad se denomina «aplicativos informales de préstamo».
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) difundió una lista de 29 aplicaciones de préstamos informales identificadas hasta mayo de ese mismo año.
Un informe del Instituto Peruano de Economía y Asociación de Bancos del Perú reveló que 580,000 familias peruanas debían pagar una tasa anual de interés de por lo menos 500 %, y el 35 % de esas familias (más de 200,000) recibieron amenazas o fueron presionadas.
En algunos casos nunca solicitaron un financiamiento. El «escopetazo/extorsión desde cárceles» funciona con el envío masivo de mensajes o llamadas extorsivas, y quienes responden a los mensajes son acosados constantemente.
La discusión sobre el estatus legal de OpenAI se había convertido en un punto de discordia para la compañía pionera en la inteligencia artificial (IA), ya que sus mayores inversores exigían el cambio para garantizar la rentabilidad.
Sin embargo, los detractores advertían de los peligros de buscar grandes beneficios con una tecnología tan poderosa sin la supervisión de un consejo de administración sin ánimo de lucro que actuara en interés de la sociedad y no para obtener ganancias para los accionistas.
«Tomamos la decisión de que la organización sin fines de lucro permanezca en control (de la firma) después de escuchar a líderes cívicos y mantener conversaciones con las oficinas de los fiscales generales de California y Delaware», explicó Altman en un correo electrónico al personal publicado en la web de la empresa.
OpenAI se fundó como organización sin ánimo de lucro en 2015 y en su interior se creó una entidad con fines lucrativos «limitada» que le permitía un nivel restringido de generación de ingresos.
Según un plan de reforma que había sido revelado el año pasado, OpenAI se habría convertido en una «corporación de beneficio público con fines lucrativos», una figura conocida bajo las leyes estadounidenses con la sigla de PBC.
Esto con el fin de que los inversores se sintieran más cómodos a la hora de inyectar miles de millones de dólares.
Sin embargo, la iniciativa fue objeto de duras críticas por parte de activistas en favor de la seguridad de la IA, así como de su cofundador Elon Musk, quien demandó a la compañía de la que se marchó en 2018, al alegar que el plan contravenía su filosofía fundacional.
En el nuevo plan, la rama de OpenAI dedicada a la generación de ingresos, hasta la fecha limitada, estará ahora totalmente abierta a obtener beneficios, pero seguirá bajo la responsabilidad del consejo de administración sin ánimo de lucro.
Este cambio aún requiere la aprobación de los gobiernos estatales de California y Delaware, donde la empresa tiene su sede y está registrada, respectivamente.
OpenAI se ha convertido en una de las «start-ups» más exitosas en la historia de Silicon Valley. Saltó a los titulares en 2022 cuando lanzó ChatGPT, su popular robot conversacional de IA generativa.
Su estructura corporativa se derrumbó a finales de 2023, cuando la junta directiva despidió a Altman de forma inesperada. El personal protestó y Altman fue reincorporado.
Incrementar las deportaciones hacia Haití, el país más pobre de la región y asolado por la violencia de pandillas, fue una de las promesas de campaña del presidente Luis Abinader, reelegido en mayo de 2024 para un segundo mandato.
«La Dirección General de Migración (DGM) repatrió en el mes de abril 32.540 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular en el país, para completar la cifra de 119.003 en el cuatrimestre enero-abril del 2025», anunció ese organismo en un comunicado.
La «cifra representa un incremento del 71% en comparación con el mismo período del año anterior», agregó.
El año 2024 cerró con 276.215 expulsiones.
República Dominicana, de 11,3 millones de habitantes, comenzó el 21 de abril redadas en hospitales públicos para ubicar a mujeres haitianas que van a dar a luz en ese país.
En algunos centros de salud estos casos duplican las atenciones a dominicanas, según cifras oficiales.
La Dirección de Migración, indica el comunicado, ha sido «sometida a un proceso de reorganización», que contempla un aumento del número de agentes migratorios.
Ambos países comparten la isla La Española y mantienen una compleja relación debido al desplazamiento de miles de haitianos a República Dominicana vecino en medio de una crisis agravada tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021.
Unos 500.000 haitianos viven en Dominicana.
Defensores de derechos humanos cuestionan las medidas contra la migración haitiana.
Internacionales
VIDEO | Motociclista pone en riesgo su vida y la de otros al realizar maniobras peligrosas
Un motociclista estuvo a punto de sufrir un accidente mientras realizaba maniobras peligrosas en una carretera del municipio de Juticalpa, en el departamento de Olancho, al oriente de Honduras. El incidente fue captado en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando una ola de comentarios de rechazo.
El video muestra al motociclista levantando la moto sobre una rueda, un acto imprudente que pone en evidencia la falta de responsabilidad al volante. Durante unos segundos, el motociclista estuvo al borde de perder el control de la moto, poniendo en peligro no solo su vida, sino también la de los conductores de vehículos cercanos.
Este tipo de acrobacias, que desafían las normas de tránsito, ha generado preocupación entre los usuarios de las vías, quienes advierten sobre los riesgos de este tipo de conductas. En las redes sociales, decenas de usuarios han expresado su rechazo a estas imprudencias, calificándolas como muestra de inmadurez e irresponsabilidad.
