Internacionales
El crimen opera con cinco modalidades de extorsión en Perú
Doscientas personas por cada 10,000 habitantes se han convertido en víctimas de las extorsiones en Perú. Este es un problema que mantiene en vilo a la ciudadanía, que debe tener un fondo extra para pagar a los delincuentes y no poner en riesgo su vida.
La tensión llegó a su límite la semana pasada, especialmente cuando no cuentan con el respaldo del Gobierno ni del Congreso. Las protestas o exigencias de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte no hacen eco en el Ejecutivo ni en los parlamentarios. La semana pasada cientos de personas bloquearon calles y se manifestaron frente al Congreso en espera de una respuesta a sus demandas.
La agonía que viven las familias fue externada desde el año pasado, pero en lugar de un cambio la criminalidad opera con más fuerza en las comunidades.
La principal fuente de extorsión son las organizaciones delictivas y, aunque este delito se asocia al control territorial de los grupos, en el país sudamericano ha escalado adaptándose al perfil de las víctimas, de acuerdo con el estudio «¿Cómo combatir la extorsión en el Perú?», de la organización sin fines de lucro Lab-Co, con sede en México y El Salvador.
El informe, con registros de la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior, reveló que de enero a agosto de 2023 hubo 12,936 denuncias por extorsión, y entre ellas la más frecuente es el «gota a gota», un mecanismo que empieza como un préstamo de manera informal y que conlleva a situaciones de impago para luego proceder a la extorsión, ya sea de forma presencial o virtual.
Una vez establecido el préstamo, las bandas operan mediante un aumento de los intereses, los cuales incrementan de manera excesiva por cada día de retraso.
Si se incumple una cuota, obligan a reiniciar los pagos desde cero, y frecuentemente presionan a las víctimas para que adquieran nuevos préstamos, se explica en la investigación. Del «gota a gota» existen 30 veces más registros de extorsión que otros tipos.
De las 3,060 denuncias recibidas entre el 21 de abril y el 30 de junio de 2023, un total de 463 fueron por extorsión en modalidad de préstamos gota a gota. De las denuncias recibidas, el 57 % fueron de mujeres.
En cuanto a las formas de pago, 54 % fueron a través de una aplicación, 23 % a una cuenta bancaria y 14 % fueron realizadas de manera presencial. Los préstamos van desde los $66 a los $1,341.
También se encuentra el «chalequeo», un cobro por un servicio de seguridad dirigido a unidades de transporte o comercios grandes. Las bandas ofrecen sus servicios de protección para evitar las amenazas de su misma organización. Otro método es el «cobro de cupos y cuotas» diseñado para obras de construcción civil, puestos de transportistas y trabajadoras sexuales.
Las organizaciones criminales han instaurado un sistema de cobros ilícitos en cada proyecto de construcción en desarrollo. En esta modalidad se incluye al sector informal, ya que los vendedores deben pagar por lugares o plazas donde circula el comercio.
Cuando los usuarios recurren a créditos de manera virtual facilitan a los delincuentes el uso de datos personales obtenidos en sus celulares o extorsionar a sus contactos. De 2021 a 2023, un total de 3,730,802 personas descargaron aplicaciones de préstamos informales en sus dispositivos móviles, de acuerdo con el estudio. A esta modalidad se denomina «aplicativos informales de préstamo».
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) difundió una lista de 29 aplicaciones de préstamos informales identificadas hasta mayo de ese mismo año.
Un informe del Instituto Peruano de Economía y Asociación de Bancos del Perú reveló que 580,000 familias peruanas debían pagar una tasa anual de interés de por lo menos 500 %, y el 35 % de esas familias (más de 200,000) recibieron amenazas o fueron presionadas.
En algunos casos nunca solicitaron un financiamiento. El «escopetazo/extorsión desde cárceles» funciona con el envío masivo de mensajes o llamadas extorsivas, y quienes responden a los mensajes son acosados constantemente.
Un joven identificado como Franklin Moisés Che Xol, de 23 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil en la aldea San Francisco Las Mercedes, Chisec, Alta Verapaz, Guatemala, tras ser retenido previamente por vecinos de la comunidad.
De acuerdo con las autoridades, el sujeto habría agredido a su madre, de 50 años, ocasionándole graves lesiones a tal grado de sufrir una amputación en uno de sus brazos.
La mujer fue trasladada de inmediato a un hospital donde recibe atención médica especializada.
El detenido fue presentado ante el juez competente para enfrentar el debido proceso legal.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó mediante decreto ejecutivo la eliminación del subsidio al diésel, una medida que entró en vigencia a partir de la medianoche de este 13 de septiembre de 2025.
Con esta disposición, el precio del galón pasó de USD 1.80 a USD 2.80, y se mantendrá en ese rango hasta el 11 de diciembre, cuando comenzará a aplicarse un sistema de bandas de estabilización ligado a los precios internacionales del petróleo.
Según el Gobierno, el subsidio representaba un gasto anual de más de USD 1,100 millones y beneficiaba en gran parte al contrabando, la minería ilegal y sectores que no lo necesitaban.
Noboa aseguró que la eliminación de esta política permitirá redirigir recursos a programas sociales y a la atención de sectores vulnerables.
Para mitigar el impacto, el Ejecutivo anunció medidas compensatorias como el compromiso de mantener estables las tarifas del transporte público, bonos de apoyo para transportistas, ampliación de la cobertura de programas sociales, créditos preferenciales para el agro y un plan de chatarrización de vehículos.
El anuncio marca un cambio trascendental en la política de subsidios en Ecuador, país que históricamente ha enfrentado tensiones sociales cada vez que se modifican los precios de los combustibles.
Internacionales
¿Qué pasó antes y después de la explosión del camión con gas en México que dejó muertos y heridos?
Por: CNN Español
Este miércoles, una explosión de una pipa de gas LP bajo el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, provocó una tragedia que ha dejado hasta el momento ocho personas muertas y decenas de lesionadas, entre ellas cuatro bebés.
Así ocurrió el accidente
De acuerdo con la Fiscalía capitalina, la pipa, que transportaba 49.500 litros de gas LP, se volcó en una curva cerca del paradero de Santa Marta, cerca de los límites entre la capital mexicana y el Estado de México.
La volcadura ocasionó una fuga en una línea de distribución y una acumulación de gas que derivó en una fuerte explosión e incendio, cuya onda expansiva dañó 32 vehículos, según han reportado las autoridades.
Testigos captaron en video la nube blanca que comenzó a expandirse segundos antes del estallido, lo que provocó pánico entre peatones y usuarios del transporte público en la zona.
Foto: Cortesía
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Víctimas y daños
Las autoridades reportaron que, hasta la mañana de este jueves, el saldo preliminar es de ocho personas fallecidas y 67 lesionadas que aún son atendidas.
Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de la capital. Entre ellos hay al menos 13 menores y cuatro bebés de entre seis meses y un año.
De los heridos, además, 19 ya fueron dados de alta, mientras que 22 permanecen en estado crítico. La mayoría de las víctimas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado.
Además, se reportaron 28 vehículos siniestrados, entre ellos dos camiones de carga —uno que transportaba cemento y otro con cartón para reciclaje—, varios de los cuales quedaron completamente consumidos por el fuego. También se registraron daños en la infraestructura vial y en el mobiliario urbano.
Bomberos de la Ciudad de México, Protección Civil y cuerpos de seguridad desplegaron un operativo para controlar las llamas y evacuar la zona. Tras varias horas de labores, la pipa fue retirada y la circulación en Calzada Ignacio Zaragoza se restableció de manera parcial.
Foto: Cortesía
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La investigación
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del siniestro y determinar responsabilidades.
Señaló en un comunicado que en el lugar “trabaja personal pericial especializado en criminalística, fotografía, química, incendios y explosiones, hidrosanitarias, hechos de tránsito, video, mecánica y seguridad industrial, con el objetivo de recabar los primeros indicios y determinar la causa de lo ocurrido”.
La pipa pertenece a la empresa Transportadora Silza, del Grupo Tomza.
Según la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, un organismo de la Secretaría de Medio Ambiente federal, la unidad no contaba con una póliza de seguro vigente, ya que venció en junio de 2025, lo que podría complicar las indemnizaciones a las víctimas y a los afectados por los daños materiales.
Foto: Cortesía
En tanto, la compañía aseguró en un comunicado que asumirá su responsabilidad social y legal frente a lo sucedido y que su chofer, al igual que otras personas lesionadas, recibe atención médica.
La compañía afirmó que sí tiene tres pólizas de seguro vigentes para responder a las necesidades del caso. “Dichas pólizas, contratadas con Chubb Seguros, Qualitas y AXXA Seguros, cubren daños a terceros, daño moral, daños ecológicos y responsabilidad civil por parte de transportistas.”, dice el comunicado. La empresa dijo que está dispuesta a colaborar con las autoridades y cumplir con la normatividad vigente.
Las autoridades capitalinas señalaron que se revisarán si la empresa incurrió en incumplimientos normativos y, en su caso, se fincarán responsabilidades civiles y penales.
