Internacionales
El crimen opera con cinco modalidades de extorsión en Perú
Doscientas personas por cada 10,000 habitantes se han convertido en víctimas de las extorsiones en Perú. Este es un problema que mantiene en vilo a la ciudadanía, que debe tener un fondo extra para pagar a los delincuentes y no poner en riesgo su vida.
La tensión llegó a su límite la semana pasada, especialmente cuando no cuentan con el respaldo del Gobierno ni del Congreso. Las protestas o exigencias de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte no hacen eco en el Ejecutivo ni en los parlamentarios. La semana pasada cientos de personas bloquearon calles y se manifestaron frente al Congreso en espera de una respuesta a sus demandas.
La agonía que viven las familias fue externada desde el año pasado, pero en lugar de un cambio la criminalidad opera con más fuerza en las comunidades.
La principal fuente de extorsión son las organizaciones delictivas y, aunque este delito se asocia al control territorial de los grupos, en el país sudamericano ha escalado adaptándose al perfil de las víctimas, de acuerdo con el estudio «¿Cómo combatir la extorsión en el Perú?», de la organización sin fines de lucro Lab-Co, con sede en México y El Salvador.
El informe, con registros de la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior, reveló que de enero a agosto de 2023 hubo 12,936 denuncias por extorsión, y entre ellas la más frecuente es el «gota a gota», un mecanismo que empieza como un préstamo de manera informal y que conlleva a situaciones de impago para luego proceder a la extorsión, ya sea de forma presencial o virtual.
Una vez establecido el préstamo, las bandas operan mediante un aumento de los intereses, los cuales incrementan de manera excesiva por cada día de retraso.
Si se incumple una cuota, obligan a reiniciar los pagos desde cero, y frecuentemente presionan a las víctimas para que adquieran nuevos préstamos, se explica en la investigación. Del «gota a gota» existen 30 veces más registros de extorsión que otros tipos.
De las 3,060 denuncias recibidas entre el 21 de abril y el 30 de junio de 2023, un total de 463 fueron por extorsión en modalidad de préstamos gota a gota. De las denuncias recibidas, el 57 % fueron de mujeres.
En cuanto a las formas de pago, 54 % fueron a través de una aplicación, 23 % a una cuenta bancaria y 14 % fueron realizadas de manera presencial. Los préstamos van desde los $66 a los $1,341.
También se encuentra el «chalequeo», un cobro por un servicio de seguridad dirigido a unidades de transporte o comercios grandes. Las bandas ofrecen sus servicios de protección para evitar las amenazas de su misma organización. Otro método es el «cobro de cupos y cuotas» diseñado para obras de construcción civil, puestos de transportistas y trabajadoras sexuales.
Las organizaciones criminales han instaurado un sistema de cobros ilícitos en cada proyecto de construcción en desarrollo. En esta modalidad se incluye al sector informal, ya que los vendedores deben pagar por lugares o plazas donde circula el comercio.
Cuando los usuarios recurren a créditos de manera virtual facilitan a los delincuentes el uso de datos personales obtenidos en sus celulares o extorsionar a sus contactos. De 2021 a 2023, un total de 3,730,802 personas descargaron aplicaciones de préstamos informales en sus dispositivos móviles, de acuerdo con el estudio. A esta modalidad se denomina «aplicativos informales de préstamo».
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) difundió una lista de 29 aplicaciones de préstamos informales identificadas hasta mayo de ese mismo año.
Un informe del Instituto Peruano de Economía y Asociación de Bancos del Perú reveló que 580,000 familias peruanas debían pagar una tasa anual de interés de por lo menos 500 %, y el 35 % de esas familias (más de 200,000) recibieron amenazas o fueron presionadas.
En algunos casos nunca solicitaron un financiamiento. El «escopetazo/extorsión desde cárceles» funciona con el envío masivo de mensajes o llamadas extorsivas, y quienes responden a los mensajes son acosados constantemente.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) concluyó que el chofer de la pipa de gas LP involucrada en la explosión ocurrida en Iztapalapa fue el principal responsable del accidente que dejó personas fallecidas, lesionados y severos daños materiales en la zona del Puente de la Concordia.
Conductor de pipa responsable del incidente
De acuerdo con los resultados del peritaje, el chofer circulaba a una velocidad superior a la permitida, lo que le hizo perder el control de la unidad al tomar una curva.
La pipa terminó impactándose contra el muro de contención, provocando la ruptura del tanque que transportaba gas LP, lo que derivó en una fuerte explosión seguida de un incendio de gran magnitud.
Las autoridades detallaron que la investigación fue exhaustiva e incluyó análisis mecánicos, estudios de la superficie de rodamiento, reconstrucción de la trayectoria del vehículo, revisión de cámaras de videovigilancia y dictámenes especializados.
Además, la FGJ-CDMX descartó que el accidente haya sido provocado por fallas en la infraestructura vial, hundimientos, desperfectos del pavimento o condiciones externas que influyeran en la pérdida de control del vehículo.
Aunque el conductor perdió la vida en el siniestro, la Fiscalía señaló que la empresa propietaria de la pipa, Gas Silza, también incurrió en responsabilidades.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran deficiencias en la capacitación del operador para el manejo de materiales peligrosos, falta de supervisión adecuada, así como omisiones en los protocolos de seguridad y control de jornadas laborales.
En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se han establecido acuerdos de reparación del daño para las víctimas y sus familias. Estos acuerdos contemplan indemnizaciones millonarias, atención médica, apoyo psicológico y compensaciones económicas por los daños ocasionados a viviendas, vehículos y comercios afectados por la explosión.
El gobierno de Estados Unidos evalúa remover al embajador en Guatemala como parte de un amplio cambio diplomático impulsado por la administración de Donald Trump. La medida podría concretarse en enero de 2026.
La prensa estadounidense informó que 29 embajadores de carrera recibieron notificación sobre el fin de sus mandatos. Entre ellos figura, de forma preliminar, el jefe de misión en Guatemala.
Según The Washington Post y Univision, funcionarios del Departamento de Estado comunicaron la decisión la semana pasada. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato.
Tobin Bradley y el escenario en Guatemala
El actual embajador de Estados Unidos en Guatemala es Tobin Bradley. Llegó al país el 2 de febrero de 2024.
Antes de asumir, Bradley se desempeñó como subsecretario adjunto en la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley. Su nombramiento ocurrió durante la administración de Joe Biden.
Guatemala aparece junto a Surinam como los 2 países del hemisferio occidental incluidos en la lista preliminar. Hasta ahora, el Departamento de Estado no confirmó oficialmente los relevos.
Notificaciones y plazos definidos
Los diplomáticos afectados comenzaron a recibir notificaciones entre el 17 y el 19 de diciembre de 2025. Sus salidas están previstas para enero de 2026.
Las autoridades aclararon que los embajadores no pierden su condición de funcionarios del Servicio Exterior. Regresarán a Washington para asumir otras funciones o posibles reasignaciones.
Por lo general, los embajadores permanecen en sus cargos entre 3 y 4 años. Su continuidad depende de la decisión del presidente en funciones.
Posición del Departamento de Estado
El Departamento de Estado calificó los cambios como un “proceso estándar de cualquier administración”. Señaló que los embajadores actúan como representantes personales del presidente.
Además, indicó que el mandatario tiene derecho a contar con funcionarios alineados con su agenda. En este caso, la prioridad es la política de “America First”.
Países y regiones afectadas
África concentra el mayor número de posibles relevos, con 13 países. La lista incluye Burundi, Camerún, Cabo Verde, Gabón, Costa de Marfil y Nigeria, entre otros.
En Asia y el Pacífico, los cambios alcanzarían a Laos, Filipinas, Vietnam, Fiyi y Papúa Nueva Guinea. También figuran Nepal y Sri Lanka.
Europa aparece con Armenia, Macedonia del Norte, Montenegro y Eslovaquia. En Medio Oriente, los ajustes incluirían a Argelia y Egipto.
Uganda también figura en la lista, tras la nominación de William Popp para ese país.
Reacciones y contexto político
El medio Politico fue el primero en revelar el retiro de embajadores. La información generó preocupación entre legisladores y el sindicato del servicio exterior.
Los embajadores fueron designados durante el gobierno de Joe Biden. Muchos habían superado una primera revisión tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Hasta el momento, la administración estadounidense no ha anunciado sustitutos para las misiones afectadas. El proceso continúa en desarrollo.
Autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala capturaron a dos trabajadores de una funeraria, luego de que un hombre fuera localizado sin vida dentro de un establecimiento situado en el kilómetro 60 de la ruta a Taxisco, caserío Las Flores, en Escuintla.
Según la PNC, los detenidos fueron sorprendidos dentro de una habitación de la funeraria junto al cuerpo de la víctima. De acuerdo con la información oficial, el hombre habría sido llevado al lugar bajo engaños, donde fue amarrado y posteriormente atacado con un arma blanca hasta causarle la muerte.
Los capturados fueron identificados como Kevin “N”, de 26 años, y Ángel “N”, de 20 años, quienes no brindaron explicación sobre el hecho. En el lugar se localizó un cuchillo, el cual fue embalado como evidencia. El caso continúa bajo investigación para determinar más responsabilidades.
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