Internacionales
El crimen opera con cinco modalidades de extorsión en Perú
Doscientas personas por cada 10,000 habitantes se han convertido en víctimas de las extorsiones en Perú. Este es un problema que mantiene en vilo a la ciudadanía, que debe tener un fondo extra para pagar a los delincuentes y no poner en riesgo su vida.
La tensión llegó a su límite la semana pasada, especialmente cuando no cuentan con el respaldo del Gobierno ni del Congreso. Las protestas o exigencias de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte no hacen eco en el Ejecutivo ni en los parlamentarios. La semana pasada cientos de personas bloquearon calles y se manifestaron frente al Congreso en espera de una respuesta a sus demandas.
La agonía que viven las familias fue externada desde el año pasado, pero en lugar de un cambio la criminalidad opera con más fuerza en las comunidades.
La principal fuente de extorsión son las organizaciones delictivas y, aunque este delito se asocia al control territorial de los grupos, en el país sudamericano ha escalado adaptándose al perfil de las víctimas, de acuerdo con el estudio «¿Cómo combatir la extorsión en el Perú?», de la organización sin fines de lucro Lab-Co, con sede en México y El Salvador.
El informe, con registros de la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior, reveló que de enero a agosto de 2023 hubo 12,936 denuncias por extorsión, y entre ellas la más frecuente es el «gota a gota», un mecanismo que empieza como un préstamo de manera informal y que conlleva a situaciones de impago para luego proceder a la extorsión, ya sea de forma presencial o virtual.
Una vez establecido el préstamo, las bandas operan mediante un aumento de los intereses, los cuales incrementan de manera excesiva por cada día de retraso.
Si se incumple una cuota, obligan a reiniciar los pagos desde cero, y frecuentemente presionan a las víctimas para que adquieran nuevos préstamos, se explica en la investigación. Del «gota a gota» existen 30 veces más registros de extorsión que otros tipos.
De las 3,060 denuncias recibidas entre el 21 de abril y el 30 de junio de 2023, un total de 463 fueron por extorsión en modalidad de préstamos gota a gota. De las denuncias recibidas, el 57 % fueron de mujeres.
En cuanto a las formas de pago, 54 % fueron a través de una aplicación, 23 % a una cuenta bancaria y 14 % fueron realizadas de manera presencial. Los préstamos van desde los $66 a los $1,341.
También se encuentra el «chalequeo», un cobro por un servicio de seguridad dirigido a unidades de transporte o comercios grandes. Las bandas ofrecen sus servicios de protección para evitar las amenazas de su misma organización. Otro método es el «cobro de cupos y cuotas» diseñado para obras de construcción civil, puestos de transportistas y trabajadoras sexuales.
Las organizaciones criminales han instaurado un sistema de cobros ilícitos en cada proyecto de construcción en desarrollo. En esta modalidad se incluye al sector informal, ya que los vendedores deben pagar por lugares o plazas donde circula el comercio.
Cuando los usuarios recurren a créditos de manera virtual facilitan a los delincuentes el uso de datos personales obtenidos en sus celulares o extorsionar a sus contactos. De 2021 a 2023, un total de 3,730,802 personas descargaron aplicaciones de préstamos informales en sus dispositivos móviles, de acuerdo con el estudio. A esta modalidad se denomina «aplicativos informales de préstamo».
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) difundió una lista de 29 aplicaciones de préstamos informales identificadas hasta mayo de ese mismo año.
Un informe del Instituto Peruano de Economía y Asociación de Bancos del Perú reveló que 580,000 familias peruanas debían pagar una tasa anual de interés de por lo menos 500 %, y el 35 % de esas familias (más de 200,000) recibieron amenazas o fueron presionadas.
En algunos casos nunca solicitaron un financiamiento. El «escopetazo/extorsión desde cárceles» funciona con el envío masivo de mensajes o llamadas extorsivas, y quienes responden a los mensajes son acosados constantemente.
Internacionales
La leyenda del agricultor colombiano y los 600 millones de dólares de Pablo Escobar resurge en 2025
La historia de José Mariena Cartolos, un supuesto agricultor colombiano que en 2015 habría encontrado 600 millones de dólares enterrados en su finca vinculados al narcotraficante Pablo Escobar, vuelve a captar la atención pública en 2025.
Según reportes de medios internacionales y portales digitales, Cartolos habría hallado bidones metálicos con fajos de dinero bajo más de un metro de tierra mientras trabajaba una plantación de palma en Bogotá. La finca, de más de 200 años de antigüedad, habría servido como escondite de parte de la fortuna del extinto líder del Cartel de Medellín.
En su momento, se informó que el dinero fue entregado a la policía local, que abrió una investigación para determinar su origen. No obstante, nunca hubo confirmación oficial por parte del Gobierno colombiano sobre la existencia del hallazgo ni sobre el destino concreto de los fondos. La leyenda indica que, de haberse recuperado, los recursos habrían sido destinados a proyectos sociales.
El relato, considerado por muchos como mito o rumor viral, ha generado un fenómeno de “turismo de búsqueda de tesoros” en Colombia, alentado por el misterio que rodea la fortuna dispersa del Cartel de Medellín. Historias similares se reportaron en años posteriores, como el hallazgo de 18 millones de dólares y objetos personales de Escobar por parte de su sobrino Nicolás Escobar, aunque los billetes estaban en mal estado para circular legalmente.
El resurgimiento de la historia en 2025 refleja el continuo interés global en los vestigios del narcotráfico colombiano y en el lado más legendario de Pablo Escobar, donde mito y realidad se entrelazan en la memoria colectiva.
Las fuertes lluvias del monzón que afectan a Pakistán han causado la muerte de al menos 393 personas desde el jueves pasado, informó la autoridad nacional de gestión de catástrofes (NDMA). De estos fallecimientos, 356 se registraron en la provincia montañosa de Jaiber Pastunjuá, en el noroeste, cerca de la frontera con Afganistán.
Desde el inicio de la temporada de monzones, el 26 de junio, un total de 706 personas han perdido la vida, mientras continúan las operaciones de rescate para localizar a víctimas sepultadas bajo barro y escombros.
Habitantes de las zonas afectadas relatan escenas devastadoras. Gul Hazir, del pueblo de Bar Dalori, describió cómo el agua de lluvia llegó desde dos frentes y arrasó con rocas y piedras sobre sus viviendas. Otros, como Saqib Ghani, buscan a familiares atrapados con palas, martillos y hasta con sus propias manos.
Las autoridades alertan sobre el riesgo de nuevas inundaciones y la necesidad de reforzar las labores de rescate y asistencia a los damnificados.
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) estima que la reciente ola de calor que afectó a España del 3 al 18 de agosto dejó un total de 1,149 muertes, de acuerdo con su sistema de monitorización de mortalidad «MoMo».
El sistema analiza las variaciones diarias de la mortalidad general en comparación con lo esperado según series históricas, integrando factores externos como las temperaturas registradas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aunque no puede establecer una relación causal absoluta, las cifras representan la mejor estimación de las muertes en las que la ola de calor pudo haber sido un factor determinante.
En julio, el mismo sistema había registrado unas 1,060 muertes atribuibles al calor, lo que representa un incremento de más del 50% respecto al mismo mes de 2024.
