Internacionales
El crimen opera con cinco modalidades de extorsión en Perú
Doscientas personas por cada 10,000 habitantes se han convertido en víctimas de las extorsiones en Perú. Este es un problema que mantiene en vilo a la ciudadanía, que debe tener un fondo extra para pagar a los delincuentes y no poner en riesgo su vida.
La tensión llegó a su límite la semana pasada, especialmente cuando no cuentan con el respaldo del Gobierno ni del Congreso. Las protestas o exigencias de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte no hacen eco en el Ejecutivo ni en los parlamentarios. La semana pasada cientos de personas bloquearon calles y se manifestaron frente al Congreso en espera de una respuesta a sus demandas.
La agonía que viven las familias fue externada desde el año pasado, pero en lugar de un cambio la criminalidad opera con más fuerza en las comunidades.
La principal fuente de extorsión son las organizaciones delictivas y, aunque este delito se asocia al control territorial de los grupos, en el país sudamericano ha escalado adaptándose al perfil de las víctimas, de acuerdo con el estudio «¿Cómo combatir la extorsión en el Perú?», de la organización sin fines de lucro Lab-Co, con sede en México y El Salvador.
El informe, con registros de la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior, reveló que de enero a agosto de 2023 hubo 12,936 denuncias por extorsión, y entre ellas la más frecuente es el «gota a gota», un mecanismo que empieza como un préstamo de manera informal y que conlleva a situaciones de impago para luego proceder a la extorsión, ya sea de forma presencial o virtual.
Una vez establecido el préstamo, las bandas operan mediante un aumento de los intereses, los cuales incrementan de manera excesiva por cada día de retraso.
Si se incumple una cuota, obligan a reiniciar los pagos desde cero, y frecuentemente presionan a las víctimas para que adquieran nuevos préstamos, se explica en la investigación. Del «gota a gota» existen 30 veces más registros de extorsión que otros tipos.
De las 3,060 denuncias recibidas entre el 21 de abril y el 30 de junio de 2023, un total de 463 fueron por extorsión en modalidad de préstamos gota a gota. De las denuncias recibidas, el 57 % fueron de mujeres.
En cuanto a las formas de pago, 54 % fueron a través de una aplicación, 23 % a una cuenta bancaria y 14 % fueron realizadas de manera presencial. Los préstamos van desde los $66 a los $1,341.
También se encuentra el «chalequeo», un cobro por un servicio de seguridad dirigido a unidades de transporte o comercios grandes. Las bandas ofrecen sus servicios de protección para evitar las amenazas de su misma organización. Otro método es el «cobro de cupos y cuotas» diseñado para obras de construcción civil, puestos de transportistas y trabajadoras sexuales.
Las organizaciones criminales han instaurado un sistema de cobros ilícitos en cada proyecto de construcción en desarrollo. En esta modalidad se incluye al sector informal, ya que los vendedores deben pagar por lugares o plazas donde circula el comercio.
Cuando los usuarios recurren a créditos de manera virtual facilitan a los delincuentes el uso de datos personales obtenidos en sus celulares o extorsionar a sus contactos. De 2021 a 2023, un total de 3,730,802 personas descargaron aplicaciones de préstamos informales en sus dispositivos móviles, de acuerdo con el estudio. A esta modalidad se denomina «aplicativos informales de préstamo».
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) difundió una lista de 29 aplicaciones de préstamos informales identificadas hasta mayo de ese mismo año.
Un informe del Instituto Peruano de Economía y Asociación de Bancos del Perú reveló que 580,000 familias peruanas debían pagar una tasa anual de interés de por lo menos 500 %, y el 35 % de esas familias (más de 200,000) recibieron amenazas o fueron presionadas.
En algunos casos nunca solicitaron un financiamiento. El «escopetazo/extorsión desde cárceles» funciona con el envío masivo de mensajes o llamadas extorsivas, y quienes responden a los mensajes son acosados constantemente.
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
