Internacionales
El crimen opera con cinco modalidades de extorsión en Perú
Doscientas personas por cada 10,000 habitantes se han convertido en víctimas de las extorsiones en Perú. Este es un problema que mantiene en vilo a la ciudadanía, que debe tener un fondo extra para pagar a los delincuentes y no poner en riesgo su vida.
La tensión llegó a su límite la semana pasada, especialmente cuando no cuentan con el respaldo del Gobierno ni del Congreso. Las protestas o exigencias de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte no hacen eco en el Ejecutivo ni en los parlamentarios. La semana pasada cientos de personas bloquearon calles y se manifestaron frente al Congreso en espera de una respuesta a sus demandas.
La agonía que viven las familias fue externada desde el año pasado, pero en lugar de un cambio la criminalidad opera con más fuerza en las comunidades.
La principal fuente de extorsión son las organizaciones delictivas y, aunque este delito se asocia al control territorial de los grupos, en el país sudamericano ha escalado adaptándose al perfil de las víctimas, de acuerdo con el estudio «¿Cómo combatir la extorsión en el Perú?», de la organización sin fines de lucro Lab-Co, con sede en México y El Salvador.
El informe, con registros de la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior, reveló que de enero a agosto de 2023 hubo 12,936 denuncias por extorsión, y entre ellas la más frecuente es el «gota a gota», un mecanismo que empieza como un préstamo de manera informal y que conlleva a situaciones de impago para luego proceder a la extorsión, ya sea de forma presencial o virtual.
Una vez establecido el préstamo, las bandas operan mediante un aumento de los intereses, los cuales incrementan de manera excesiva por cada día de retraso.
Si se incumple una cuota, obligan a reiniciar los pagos desde cero, y frecuentemente presionan a las víctimas para que adquieran nuevos préstamos, se explica en la investigación. Del «gota a gota» existen 30 veces más registros de extorsión que otros tipos.
De las 3,060 denuncias recibidas entre el 21 de abril y el 30 de junio de 2023, un total de 463 fueron por extorsión en modalidad de préstamos gota a gota. De las denuncias recibidas, el 57 % fueron de mujeres.
En cuanto a las formas de pago, 54 % fueron a través de una aplicación, 23 % a una cuenta bancaria y 14 % fueron realizadas de manera presencial. Los préstamos van desde los $66 a los $1,341.
También se encuentra el «chalequeo», un cobro por un servicio de seguridad dirigido a unidades de transporte o comercios grandes. Las bandas ofrecen sus servicios de protección para evitar las amenazas de su misma organización. Otro método es el «cobro de cupos y cuotas» diseñado para obras de construcción civil, puestos de transportistas y trabajadoras sexuales.
Las organizaciones criminales han instaurado un sistema de cobros ilícitos en cada proyecto de construcción en desarrollo. En esta modalidad se incluye al sector informal, ya que los vendedores deben pagar por lugares o plazas donde circula el comercio.
Cuando los usuarios recurren a créditos de manera virtual facilitan a los delincuentes el uso de datos personales obtenidos en sus celulares o extorsionar a sus contactos. De 2021 a 2023, un total de 3,730,802 personas descargaron aplicaciones de préstamos informales en sus dispositivos móviles, de acuerdo con el estudio. A esta modalidad se denomina «aplicativos informales de préstamo».
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) difundió una lista de 29 aplicaciones de préstamos informales identificadas hasta mayo de ese mismo año.
Un informe del Instituto Peruano de Economía y Asociación de Bancos del Perú reveló que 580,000 familias peruanas debían pagar una tasa anual de interés de por lo menos 500 %, y el 35 % de esas familias (más de 200,000) recibieron amenazas o fueron presionadas.
En algunos casos nunca solicitaron un financiamiento. El «escopetazo/extorsión desde cárceles» funciona con el envío masivo de mensajes o llamadas extorsivas, y quienes responden a los mensajes son acosados constantemente.
Indignados, temerosos y con calles semivacías, los guatemaltecos vivieron el lunes el primer día de un estado de sitio decretado por el gobierno tras el asesinato de diez policías a manos de pandilleros, para quienes exigen ahora el máximo castigo.
El miedo se disparó entre los habitantes de la capital y sus localidades vecinas, donde el domingo se registraron varios ataques contra instalaciones policiales y patrullas en represalia por la retoma de tres cárceles donde jefes pandilleros mantenían como rehenes a 46 personas.
«Es preocupante porque no se puede salir tranquilo sin que pase nada», dijo el lunes a la AFP Alondra Flores, estudiante universitaria de 26 años.
Diez agentes, entre ellos dos mujeres y varios de reciente graduación, fallecieron en estos ataques.
Las autoridades afirman que las agresiones a la policía y los motines en tres prisiones se dieron para presionar el traslado de Aldo Dupie alias «El Lobo», un líder de la temida pandilla Barrio 18, a una cárcel de menor seguridad.
Dupie es señalado de orquestar los motines. El domingo, este cabecilla fue mostrado en televisión rodeado de agentes con armas largas, jadeante, arrodillado y con manchas de sangre.
También «deseaba que en el pabellón (donde estuviera preso) se instalara aire condicionado, que se dejara ingresar una cama «king size», que se dejara ingresar comida de ciertos restaurantes», denunció el ministro de gobernación, Marco Antonio Villeda.
Para el maestro Erwin Oliva, esos privilegios otorgados en el pasado por gobiernos «permisivos» envalentonaron a los criminales.
Se «está cosechando lo que se ha estado sembrando durante tantos años, con darles privilegios a los pandilleros, con tenerlos cómodos dentro de las cárceles», lamenta Oliva.
Dupie está condenado por varios homicidios y, según la prensa local, tiene estrechos vínculos con una familia de políticos.
Barrio 18 fue declarada el año pasado organización terrorista por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto con su enemiga la Mara Salvatrucha.
Ambas operan además en Honduras y El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele ha logrado someterlas con una estrategia de mano dura, aunque criticada por organizaciones de derechos humanos.
En medio de escenas desgarradoras, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presidió el lunes el funeral de siete de los policías acribillados en la sede del ministerio de Gobernación.
Abrazó a varios de los familiares y, visiblemente compungido, pronunció un discurso junto a los féretros de quienes llamó «héroes».
Hay «indignación por la crueldad en contra de quienes están dispuestos a matar a quemarropa, de forma traicionera. No vamos a descansar ni a escatimar recursos para castigar a los responsables», afirmó el mandatario, quien denuncia que detrás de las pandillas hay poderosas mafias políticas a las que promete derrotar.
Arévalo decretó el estado de sitio la noche del domingo por 30 días.
La medida, que fue ratificada este lunes por el Congreso, autoriza detenciones e interrogatorios sin orden judicial y suspende derechos de reunión y manifestación, aunque no se observaba aún un aumento de los patrullajes.
El presidente también declaró tres días de luto nacional, por lo que la bandera guatemalteca lucía a media asta en Gobernación y demás edificios públicos. Los empleados del poder judicial tampoco trabajaron por orden gubernamental.
Como medidas preventivas, la Policía recomendó además a la población permanecer en casa, en tanto el ministerio de Educación suspendió clases en escuelas privadas (las públicas están en vacaciones) y la embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos.
Algunos colegios optaron por hacer clases virtuales.
Se estima que los operativos de seguridad aumenten en los próximos días con la coordinación de las fuerzas policiales y militares.
Sentado en una banca del centro histórico de Ciudad de Guatemala, un octogenario dice que apoya el estado de excepción, pero reclama medidas más radicales.
«Hay que volver a los tiempos de antes. Delincuente agarrado, delincuente muerto porque ya no hay de otra. Si no se le pone freno a esto, esto va a continuar», expresó el hombre, quien por temor prefirió reservarse su identidad.
Internacionales
España inicia tres días de luto por el accidente ferroviario que dejó al menos 41 muertos
En un nuevo balance difundido a primera hora de la mañana, el gobierno regional andaluz informó que se había hallado un nuevo cadáver entre los restos de uno de los trenes, con lo que el saldo de fallecidos subió a 41.
«La cifra de muertos se ha elevado a 41, tras recuperarse anoche el cuerpo sin vida de una persona de uno de los vagones» del tren de la compañía Iryo, informó el gobierno andaluz sobre el siniestro ocurrido en Adamuz, provincia de Córdoba, en un balance que aún podría aumentar porque siguen en curso las tareas de búsqueda.
Además, «en los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 39 personas, 35 adultos y cuatro niños. En UCI permanecen 13 pacientes, todos adultos», añadieron las autoridades.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, aventuró este martes que la cifra definitiva de fallecidos podría acabar asemejándose a las denuncias de desaparecidos, 43.
«Lo que hay que hacer es cruzar los desaparecidos o las denuncias por desaparición con los fallecidos y ayer, al menos a última hora, la cifra era más o menos coincidente», explicó en la radio Onda Cero.
El hombre surfeaba en la zona de Mid North Coast, en el noreste de Nueva Gales del Sur, cuando fue mordido por lo que las autoridades creen que fue un tiburón toro.
Logró escapar con heridas «menores», indicó el servicio de salvavidas de Nueva Gales del Sur.
«Un surfista reportó haber visto un tiburón y emergió del agua con heridas en la parte baja del cuerpo. Las heridas fueron reportadas como menores», indicaron los socorristas en un comunicado.
Se trata de la cuarta persona atacada por un tiburón en las últimos 48 horas en Nueva Gales del Sur.
Dos personas fueron atacadas el lunes cuando surfeaban en playas del norte de Sídney y uno de ellos quedó en condición crítica.
Horas antes, un niño de 11 años logró escapar ileso cuando un tiburón mordió su tabla de surf.
La tarde del domingo, un menor de 12 años fue herido de gravedad por un tiburón cuando nadaba en una playa del puerto de Sídney y se encuentra hospitalizado en condiciones críticas.
Todas las playas del norte de esa ciudad australiana fueron cerradas hasta nuevo aviso, indicaron las autoridades.
Las fuertes lluvias han enturbiado el agua en la zona, lo que según los salvavidas crea condiciones propicias para la presencia de tiburones toro.
«Mejor vayan a una piscina local porque en este momento estamos avisando que las playas son inseguras», dijeron en su comunicado.
