Internacionales
El crimen opera con cinco modalidades de extorsión en Perú
Doscientas personas por cada 10,000 habitantes se han convertido en víctimas de las extorsiones en Perú. Este es un problema que mantiene en vilo a la ciudadanía, que debe tener un fondo extra para pagar a los delincuentes y no poner en riesgo su vida.
La tensión llegó a su límite la semana pasada, especialmente cuando no cuentan con el respaldo del Gobierno ni del Congreso. Las protestas o exigencias de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte no hacen eco en el Ejecutivo ni en los parlamentarios. La semana pasada cientos de personas bloquearon calles y se manifestaron frente al Congreso en espera de una respuesta a sus demandas.
La agonía que viven las familias fue externada desde el año pasado, pero en lugar de un cambio la criminalidad opera con más fuerza en las comunidades.
La principal fuente de extorsión son las organizaciones delictivas y, aunque este delito se asocia al control territorial de los grupos, en el país sudamericano ha escalado adaptándose al perfil de las víctimas, de acuerdo con el estudio «¿Cómo combatir la extorsión en el Perú?», de la organización sin fines de lucro Lab-Co, con sede en México y El Salvador.
El informe, con registros de la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior, reveló que de enero a agosto de 2023 hubo 12,936 denuncias por extorsión, y entre ellas la más frecuente es el «gota a gota», un mecanismo que empieza como un préstamo de manera informal y que conlleva a situaciones de impago para luego proceder a la extorsión, ya sea de forma presencial o virtual.
Una vez establecido el préstamo, las bandas operan mediante un aumento de los intereses, los cuales incrementan de manera excesiva por cada día de retraso.
Si se incumple una cuota, obligan a reiniciar los pagos desde cero, y frecuentemente presionan a las víctimas para que adquieran nuevos préstamos, se explica en la investigación. Del «gota a gota» existen 30 veces más registros de extorsión que otros tipos.
De las 3,060 denuncias recibidas entre el 21 de abril y el 30 de junio de 2023, un total de 463 fueron por extorsión en modalidad de préstamos gota a gota. De las denuncias recibidas, el 57 % fueron de mujeres.
En cuanto a las formas de pago, 54 % fueron a través de una aplicación, 23 % a una cuenta bancaria y 14 % fueron realizadas de manera presencial. Los préstamos van desde los $66 a los $1,341.
También se encuentra el «chalequeo», un cobro por un servicio de seguridad dirigido a unidades de transporte o comercios grandes. Las bandas ofrecen sus servicios de protección para evitar las amenazas de su misma organización. Otro método es el «cobro de cupos y cuotas» diseñado para obras de construcción civil, puestos de transportistas y trabajadoras sexuales.
Las organizaciones criminales han instaurado un sistema de cobros ilícitos en cada proyecto de construcción en desarrollo. En esta modalidad se incluye al sector informal, ya que los vendedores deben pagar por lugares o plazas donde circula el comercio.
Cuando los usuarios recurren a créditos de manera virtual facilitan a los delincuentes el uso de datos personales obtenidos en sus celulares o extorsionar a sus contactos. De 2021 a 2023, un total de 3,730,802 personas descargaron aplicaciones de préstamos informales en sus dispositivos móviles, de acuerdo con el estudio. A esta modalidad se denomina «aplicativos informales de préstamo».
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) difundió una lista de 29 aplicaciones de préstamos informales identificadas hasta mayo de ese mismo año.
Un informe del Instituto Peruano de Economía y Asociación de Bancos del Perú reveló que 580,000 familias peruanas debían pagar una tasa anual de interés de por lo menos 500 %, y el 35 % de esas familias (más de 200,000) recibieron amenazas o fueron presionadas.
En algunos casos nunca solicitaron un financiamiento. El «escopetazo/extorsión desde cárceles» funciona con el envío masivo de mensajes o llamadas extorsivas, y quienes responden a los mensajes son acosados constantemente.
El presidente del complejo monumental de Versalles fue nombrado este miércoles al frente del museo del Louvre de París, tras la dimisión de Laurence des Cars cuatro meses después del espectacular robo de varias joyas.
Aunque en un primer momento se rechazó la renuncia de Des Cars, el presidente francés, Emmanuel Macron, acabó por aceptarla el martes para dar «calma» y un nuevo impulso fuerte a la pinacoteca, indicó su oficina.
El hasta ahora responsable del Palacio de Versalles, Christophe Leribault, de 62 años, liderará esta nueva etapa al frente del Louvre, anunció la vocera del gobierno, Maud Bregeon, tras su nombramiento.
Tendrá la misión de «dar seguridad» y «modernizar» el museo, así como de llevar a cabo su ambicioso plan de renovación bautizado Louvre-Nuevo Renacimiento, precisó.
El martes, Des Cars presentó su dimisión a Macron. La funcionaria dijo al diario Le Figaro que «ya no se daban las condiciones para avanzar».
El Louvre se encuentra sumido en la polémica desde el 19 de octubre, cuando se produjo el sonado robo de las joyas, así como por problemas estructurales, huelgas de personal y casos de fraude en los boletos de entrada.
Aunque su ya expresidenta había alertado desde inicios 2025 del estado del museo, que alberga obras maestras como «La Gioconda» o la «Venus de Milo», el ‘modus operandi’ del robo aumentó la presión sobre ella.
Los ladrones irrumpieron a plena luz del día en el museo con ayuda de un montacargas y escaparon en menos de ocho minutos con el botín, que todavía no se ha localizado. Varios sospechosos fueron detenidos.
El Louvre también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de antigüedades egipcias.
Leribault, historiador del arte y conservador general del patrimonio, presidía el palacio de Versalles desde febrero de 2024. Antes de ese complejo monumental, dirigió los museos parisinos de Orsay y de la Orangerie.
La corte suprema de Brasil decide este miércoles la condena o absolución de dos políticos acusados de ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco, ocho años después de este crimen que expuso los vínculos entre la política y las milicias de Río.
Ícono de la causa negra y LGBT, Franco fue acribillada a balazos el 14 de marzo de 2018, cuando tenía 38 años, mientras viajaba en su auto por el centro de Río de Janeiro, ciudad de la que era concejala.
Murió en el acto, al igual que su chofer Anderson Gomes. El tirador y un cómplice ya fueron condenados a largas penas de cárcel en 2024.
La fiscalía acusó el martes al exdiputado Chiquinho Brazao y a su hermano Domingos, exlegislador de Río, de haber ideado el asesinato.
La defensa clamó su inocencia, pero admitió abiertamente los vínculos del poder local con el crimen.
«Quien hace política en Río y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra», dijo Cleber Lopes, abogado de Chiquinho Brazao.
Cuatro jueces de la corte votarán sobre esa acusación, en una sesión que inició a las 9H00 locales (12H00 GMT) en Brasilia.
La fiscalía afirma que los hermanos Brazao ordenaron el crimen por la oposición de Franco en el concejo municipal a propuestas que facilitarían la apropiación de tierras por milicias.
Estos grupos criminales controlan zonas enteras de barrios populares de Río.
Formadas en Río hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.
La acusación pidió que los Brazao sean condenados por doble homicidio calificado, organización criminal armada y la tentativa de homicidio de una asesora de Franco que sobrevivió al ataque.
De ser hallados culpables, se exponen a penas que podrían superar 90 años de prisión.
Los hermanos niegan los hechos que se les imputan y cuestionan la validez de un acuerdo de colaboración entre la justicia y el pistolero condenado a 78 años de cárcel por haber cometido el crimen, el expolicía Ronnie Lessa.
«Marielle se perfiló como un riesgo para los intereses de los hermanos Brazao», apuntó el vicefiscal Hindenburgo Chateaubriand en la sesión del martes.
Procedente de una favela y referente izquierdista, Franco defendía además los derechos de los habitantes de barrios pobres, sobre todo de jóvenes negros, mujeres y personas de la comunidad LGBT.
Mientras la corte decide sobre el caso Franco, el Congreso brasileño aprobó en la noche del lunes una ley que endurece la lucha contra organizaciones criminales.
El presidente Donald Trump aseguró el martes que Irán busca desarrollar misiles que podrían golpear a Estados Unidos, una tecnología de armamento de largo alcance que solo un número limitado de países posee.
«Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y a nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán Estados Unidos», declaró Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión.
En 2025, la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos señaló que Irán podría potencialmente desarrollar un misil balístico intercontinental viable desde el punto de vista militar para 2035, «si Teherán decidiera perseguir esa capacidad», pero no indicó si se había tomado tal decisión.
Washington y Teherán han concluido dos rondas de conversaciones destinadas a alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní que reemplace el pacto que Trump rompió durante su primer mandato en el cargo.
Durante su discurso a la nación, Trump también dijo que quería resolver la confrontación con Irán «a través de la diplomacia», pero advirtió que nunca permitirá que Teherán desarrolle armas nucleares.
«Estamos en negociaciones con ellos, quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos escuchado esas palabras secretas: ‘Nunca tendremos un arma nuclear’», dijo Trump en el discurso.
Estados Unidos ha pedido repetidamente a Irán mantener en cero el enriquecimiento de uranio, pero también ha buscado discutir su programa de misiles balísticos y su apoyo a grupos armados en la región.
