Internacionales
El crimen opera con cinco modalidades de extorsión en Perú
Doscientas personas por cada 10,000 habitantes se han convertido en víctimas de las extorsiones en Perú. Este es un problema que mantiene en vilo a la ciudadanía, que debe tener un fondo extra para pagar a los delincuentes y no poner en riesgo su vida.
La tensión llegó a su límite la semana pasada, especialmente cuando no cuentan con el respaldo del Gobierno ni del Congreso. Las protestas o exigencias de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte no hacen eco en el Ejecutivo ni en los parlamentarios. La semana pasada cientos de personas bloquearon calles y se manifestaron frente al Congreso en espera de una respuesta a sus demandas.
La agonía que viven las familias fue externada desde el año pasado, pero en lugar de un cambio la criminalidad opera con más fuerza en las comunidades.
La principal fuente de extorsión son las organizaciones delictivas y, aunque este delito se asocia al control territorial de los grupos, en el país sudamericano ha escalado adaptándose al perfil de las víctimas, de acuerdo con el estudio «¿Cómo combatir la extorsión en el Perú?», de la organización sin fines de lucro Lab-Co, con sede en México y El Salvador.
El informe, con registros de la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior, reveló que de enero a agosto de 2023 hubo 12,936 denuncias por extorsión, y entre ellas la más frecuente es el «gota a gota», un mecanismo que empieza como un préstamo de manera informal y que conlleva a situaciones de impago para luego proceder a la extorsión, ya sea de forma presencial o virtual.
Una vez establecido el préstamo, las bandas operan mediante un aumento de los intereses, los cuales incrementan de manera excesiva por cada día de retraso.
Si se incumple una cuota, obligan a reiniciar los pagos desde cero, y frecuentemente presionan a las víctimas para que adquieran nuevos préstamos, se explica en la investigación. Del «gota a gota» existen 30 veces más registros de extorsión que otros tipos.
De las 3,060 denuncias recibidas entre el 21 de abril y el 30 de junio de 2023, un total de 463 fueron por extorsión en modalidad de préstamos gota a gota. De las denuncias recibidas, el 57 % fueron de mujeres.
En cuanto a las formas de pago, 54 % fueron a través de una aplicación, 23 % a una cuenta bancaria y 14 % fueron realizadas de manera presencial. Los préstamos van desde los $66 a los $1,341.
También se encuentra el «chalequeo», un cobro por un servicio de seguridad dirigido a unidades de transporte o comercios grandes. Las bandas ofrecen sus servicios de protección para evitar las amenazas de su misma organización. Otro método es el «cobro de cupos y cuotas» diseñado para obras de construcción civil, puestos de transportistas y trabajadoras sexuales.
Las organizaciones criminales han instaurado un sistema de cobros ilícitos en cada proyecto de construcción en desarrollo. En esta modalidad se incluye al sector informal, ya que los vendedores deben pagar por lugares o plazas donde circula el comercio.
Cuando los usuarios recurren a créditos de manera virtual facilitan a los delincuentes el uso de datos personales obtenidos en sus celulares o extorsionar a sus contactos. De 2021 a 2023, un total de 3,730,802 personas descargaron aplicaciones de préstamos informales en sus dispositivos móviles, de acuerdo con el estudio. A esta modalidad se denomina «aplicativos informales de préstamo».
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) difundió una lista de 29 aplicaciones de préstamos informales identificadas hasta mayo de ese mismo año.
Un informe del Instituto Peruano de Economía y Asociación de Bancos del Perú reveló que 580,000 familias peruanas debían pagar una tasa anual de interés de por lo menos 500 %, y el 35 % de esas familias (más de 200,000) recibieron amenazas o fueron presionadas.
En algunos casos nunca solicitaron un financiamiento. El «escopetazo/extorsión desde cárceles» funciona con el envío masivo de mensajes o llamadas extorsivas, y quienes responden a los mensajes son acosados constantemente.
El Ejército mexicano desplegó 2,500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio «El Mencho» Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.
«Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar» la presencia militar en la zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.
«La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo», añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.
La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.
La FAP precisó que el helicóptero realizaba labores rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.
«El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo», señaló la FAP.
«Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer», indicó la fuerza aérea en un comunicado.
El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.
Internacionales
Concluye proceso legal que anula la concesión de Hutchison en puertos del canal de Panamá
La justicia panameña dio por concluido el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings para operar dos puertos en el canal, al publicar este lunes el fallo.
La Corte Suprema panameña declaró en enero «inconstitucional» el contrato que ha permitido a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Sin embargo, para que la sentencia, que no admite apelación, quedara en firme aún faltaban unos trámites que han concluido este lunes con la publicación del fallo en la gaceta oficial.
El viernes, el vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que la publicación del fallo en la gaceta oficial supondría que «la concesión deja de existir», por lo que pidió al gobierno panameño «negociar» con la firma hongkonesa el futuro de los puertos para «evitar el caos».
Tras ese fallo judicial, que se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
La decisión ha traído incertidumbre en los puertos, ubicados en sendas entradas de la vía interoceánica, por los que en 2025 pasó el 38 % de los contenedores que transitaron por Panamá.
«El camino que se está siguiendo puede causar un caos» porque «no va a haber un orden ni marco legal» en que puedan confiar los proveedores, trabajadores y las líneas navieras, había declarado el viernes Kouruklis al canal panameño TVN-2.
«Nuestro plan no es salir, es conversar con el Estado a ver qué solución se le puede dar a esto» y «no tomar decisiones abruptas» para que un tercero entre en las instalaciones «a tomar bienes que no le pertenecen», añadió.
Hutchison amenazó hace días a Maersk con «acciones legales» si asume la administración de las terminales sin su consentimiento y anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle «graves daños».
Pero la Corte panameña asegura que la concesión, renovada por otros 25 años en 2021 es «inconstitucional» y tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares.
