Internacionales
El 44% de los republicanos cree que los tiroteos masivos en EE.UU. deben “aceptarse” como parte de una “sociedad libre”
Aunque el 72% de los estadounidenses considera que los tiroteos masivos, como el de Uvalde, Texas, pueden prevenirse, los detalles por grupos partidarios de una reciente encuenta revela que los republicanos son quienes creen que este tipo de ataques “deben aceptarse” como parte de una sociedad libre.
En general, el 28% de los estadounidenses dice que los tiroteos “deberían aceptarse como parte de una sociedad libre”, pero la cifra aumenta a 44% entre republicanos. El 27% de los independientes tiene esa postura y el 14% de los demócratas, indica un sondeo de CBS News.
Sobre una posible prevención, los más confiados en una posibilidad son los demócratas, ya que el 85% considera que es viable “si realmente se intenta”, el 73% de los independientes así lo considera y el 56% de los republicanos se suma a esa postura.
Al hablar de los motivos de los tiroteos masivos, el 54% en general considera que tiene relación directa con la facilidad de tener un acceso a las armas, el 45% lo atribuye a la salud mental y hay un 37% de empate en menciones a videojuegos y la creciente división racial.
Sobre si EE.UU. es más seguro con o sin armas, el 46% dice que lo sería si solamente algunas personas o nadie tuviera armas; el 25% opina que la seguridad mejoraría si todos tienen armas, mientras el 28% cree que no importa si alguien tiene o no un arma.
In a new @CBSNewsPoll, 72% of the nation believes mass shootings are preventable, however, there is a partisan split with 44% of Republicans saying mass shootings are something we have to accept. @SalvantoCBS breaks down these numbers. pic.twitter.com/JE9B39wHdM
— Face The Nation (@FaceTheNation) June 5, 2022
El fin de semana pasado se registraron varios tiroteos, siendo los de Filadelfia, Pensilvania y Chattanooga, Tennesse, los más significativos, con tres muertes cada uno y una suma de más de dos decenas de heridos.
Ante los tiroteos masivos en escuelas, supermercados y otros espacios públicos, 140 organizaciones de distintos frentes enviaron una carta al Congreso, a fin de que legisladores a concretar reformas, además de “rechazar demandas, arraigadas en ideologías racistas y de supremacía blanca”, que empuje una legislación antiinmigrante, mecionando el proyecto de ley del republicano James Lankford (Oklahoma) y la demócrata Kirsten Sinema (Arizona).
Los firmantes citan la “Teoría del Gran Reemplazo” como el argumento de supremacistas que han contribuido a la división racial y a la problemática de tiroteos masivos.
“[Esa teoría ha] inspirado discursos de odio, violencia y una serie de trágicos tiroteos masivos contra personas negras, inmigrantes de color, judíos, musulmanes, latinos, asiático-estadounidenses, personas LGBTQIA+ y muchos otros grupos”, advierten.
Agregan que esa teoría retoma las posturas sobre “invasión” y “fronteras abiertas” en la campaña electoral, mismas que presentan “falsamente a los inmigrantes de color” como una amenaza para la nación.
“Nosotros, las 140 organizaciones abajo firmantes, apoyamos a las comunidades negras y a todas las comunidades de color en Estados Unidos y en nuestras fronteras, que han sido atacadas implacablemente en los medios, en los pasillos del Congreso y, trágicamente, por fuerzas armadas de supremacistas blancos”, señala la misiva.
Agregan que los conceptos racistas y xenófobos que ocurren en internet “se están utilizando para deshumanizar y fermentar la violencia contra los negros, los inmigrantes de color, los judíos” y otros grupos mencinados.
El envío de la carta fue organizado por The Leadership Conference on Civil and Human Rights, Haitian Bridge Alliance y Immigration Hub y entre los firmantes se encuentran NAACP, Planned Parenthood Federation of America y Anti-Defamation League.
“En primer lugar, instamos a los líderes del Congreso a llevar a cabo las prioridades políticas de los líderes negros y las organizaciones de derechos civiles para abordar la violencia”, se indica. “Además, deben cumplir las promesas de campaña que hicieron al electorado estadounidense y, como mínimo, el Congreso no debe causar más daño al promulgar legislación antiinmigrante”.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
