Internacionales
El 44% de los republicanos cree que los tiroteos masivos en EE.UU. deben “aceptarse” como parte de una “sociedad libre”
Aunque el 72% de los estadounidenses considera que los tiroteos masivos, como el de Uvalde, Texas, pueden prevenirse, los detalles por grupos partidarios de una reciente encuenta revela que los republicanos son quienes creen que este tipo de ataques “deben aceptarse” como parte de una sociedad libre.
En general, el 28% de los estadounidenses dice que los tiroteos “deberían aceptarse como parte de una sociedad libre”, pero la cifra aumenta a 44% entre republicanos. El 27% de los independientes tiene esa postura y el 14% de los demócratas, indica un sondeo de CBS News.
Sobre una posible prevención, los más confiados en una posibilidad son los demócratas, ya que el 85% considera que es viable “si realmente se intenta”, el 73% de los independientes así lo considera y el 56% de los republicanos se suma a esa postura.
Al hablar de los motivos de los tiroteos masivos, el 54% en general considera que tiene relación directa con la facilidad de tener un acceso a las armas, el 45% lo atribuye a la salud mental y hay un 37% de empate en menciones a videojuegos y la creciente división racial.
Sobre si EE.UU. es más seguro con o sin armas, el 46% dice que lo sería si solamente algunas personas o nadie tuviera armas; el 25% opina que la seguridad mejoraría si todos tienen armas, mientras el 28% cree que no importa si alguien tiene o no un arma.
In a new @CBSNewsPoll, 72% of the nation believes mass shootings are preventable, however, there is a partisan split with 44% of Republicans saying mass shootings are something we have to accept. @SalvantoCBS breaks down these numbers. pic.twitter.com/JE9B39wHdM
— Face The Nation (@FaceTheNation) June 5, 2022
El fin de semana pasado se registraron varios tiroteos, siendo los de Filadelfia, Pensilvania y Chattanooga, Tennesse, los más significativos, con tres muertes cada uno y una suma de más de dos decenas de heridos.
Ante los tiroteos masivos en escuelas, supermercados y otros espacios públicos, 140 organizaciones de distintos frentes enviaron una carta al Congreso, a fin de que legisladores a concretar reformas, además de “rechazar demandas, arraigadas en ideologías racistas y de supremacía blanca”, que empuje una legislación antiinmigrante, mecionando el proyecto de ley del republicano James Lankford (Oklahoma) y la demócrata Kirsten Sinema (Arizona).
Los firmantes citan la “Teoría del Gran Reemplazo” como el argumento de supremacistas que han contribuido a la división racial y a la problemática de tiroteos masivos.
“[Esa teoría ha] inspirado discursos de odio, violencia y una serie de trágicos tiroteos masivos contra personas negras, inmigrantes de color, judíos, musulmanes, latinos, asiático-estadounidenses, personas LGBTQIA+ y muchos otros grupos”, advierten.
Agregan que esa teoría retoma las posturas sobre “invasión” y “fronteras abiertas” en la campaña electoral, mismas que presentan “falsamente a los inmigrantes de color” como una amenaza para la nación.
“Nosotros, las 140 organizaciones abajo firmantes, apoyamos a las comunidades negras y a todas las comunidades de color en Estados Unidos y en nuestras fronteras, que han sido atacadas implacablemente en los medios, en los pasillos del Congreso y, trágicamente, por fuerzas armadas de supremacistas blancos”, señala la misiva.
Agregan que los conceptos racistas y xenófobos que ocurren en internet “se están utilizando para deshumanizar y fermentar la violencia contra los negros, los inmigrantes de color, los judíos” y otros grupos mencinados.
El envío de la carta fue organizado por The Leadership Conference on Civil and Human Rights, Haitian Bridge Alliance y Immigration Hub y entre los firmantes se encuentran NAACP, Planned Parenthood Federation of America y Anti-Defamation League.
“En primer lugar, instamos a los líderes del Congreso a llevar a cabo las prioridades políticas de los líderes negros y las organizaciones de derechos civiles para abordar la violencia”, se indica. “Además, deben cumplir las promesas de campaña que hicieron al electorado estadounidense y, como mínimo, el Congreso no debe causar más daño al promulgar legislación antiinmigrante”.
Al menos 25 personas murieron en un incendio que arrasó un club nocturno muy frecuentado del balneario de Goa, en el oeste de India, anunció el domingo el ministro en jefe de la región, Pramod Sawant.
Varios turistas figuran entre las víctimas del incendio, que se desató en una discoteca de Arpora, en el distrito de Goa Norte, según la policía, citada por la agencia Press Trust of India.
«Hoy es un día muy doloroso para todos nosotros en Goa», escribió Sawant en X, quien agregó que «25 personas han perdido sus vidas y seis resultaron heridas».
Sawant dijo a los periodistas en el lugar que «tres o cuatro» turistas habían fallecido. Además, explicó que tres personas murieron por quemaduras, mientras que las demás fallecieron por asfixia.
«Visité el lugar del incidente y he ordenado una investigación sobre este suceso», aseguró el ministro.
Y agregó que «los responsables enfrentarán las acciones más estrictas bajo la ley; cualquier negligencia será tratada con firmeza».
El primer ministro Narendra Modi dijo en un comunicado que las muertes eran «profundamente lamentables».
Por su parte, el legislador local Michael Lobo anunció una auditoría en sitios similares para evitar que ocurran nuevos accidentes, según la agencia noticiosa PTI.
Goa, una antigua colonia portuguesa en las costas del Mar Arábigo, atrae a millones de turistas cada año con su vida nocturna, playas de arena y ambiente costero relajado.
Medios locales citaron a fuentes policiales diciendo que el incendio pudo haber sido causado por la «explosión de un cilindro», pero que está bajo investigación
Los incendios son frecuentes en India debido a las deficientes prácticas de construcción, la sobreocupación de inmuebles y la poca adhesión a las normas de seguridad.
En mayo pasado murieron 17 personas en un incendio en un edificio de la ciudad sureña de Hyderabad.
Un exgobernador opositor de Venezuela procesado por «terrorismo» e «instigación al odio» murió en prisión, informaron el sábado a la AFP representantes de organizaciones de derechos humanos.
Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta (2017-2021), fue arrestado en medio de la crisis poselectoral desatada tras la reelección del presidente Nicolás Maduro. La oposición denuncia fraude y reivindica el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia, en el exilio.
La proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2,400 detenidos, la mayoría acusados de «terrorismo». Unas 2,000 personas han sido excarceladas desde entonces, según cifras oficiales.
Díaz «llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija», indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal que se dedica a defender a detenidos por razones políticas.
Desde 2014 han muerto 17 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, confirmó Romero a la AFP. «La represión básicamente se ha convertido en un mecanismo o una estrategia del régimen para intimidar», agregó.
Con Díaz, de 55 años, suman al menos seis opositores muertos en prisión desde noviembre de 2024, que fueron arrestados en el contexto de la crisis poselectoral tras los comicios disputados en julio de ese año.
«¿Quién asume responsabilidad de eso y de las otras muertes que han ocurrido?», señaló Romero.
La dirigente opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, dijo que la muerte de Díaz «se suma a una alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio».
«Las circunstancias de estas muertes -que incluyen la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes- revelan un patrón sostenido de represión estatal», indicó Machado en un comunicado conjunto firmado además por González Urrutia.
Díaz estaba preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, Caracas. El lugar es tachado como un «centro de torturas» por la oposición venezolana y activistas de derechos humanos.
Díaz «había sido acusado, pero su juicio estaba paralizado», informó a la AFP el abogado Gonzalo Himiob, también de la ONG Foro Penal. «Nosotros fuimos designados por su familia como sus representantes legales, pero el gobierno le impuso un defensor público», dijo.
Según el recuento más reciente de Foro Penal, en Venezuela hay al menos 887 presos políticos.
La explosión de un automóvil frente a un edificio policial en el convulso estado mexicano de Michoacán (oeste) dejó al menos tres muertos y seis heridos, informaron este sábado autoridades.
El estallido ocurrió minutos antes de las 12:00 pm (hora local), frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, con costas en el Pacífico, una región en la que operan diversos cárteles del narcotráfico.
«Un vehículo con su conductor explotó» en el centro de esa localidad, reportó la Fiscalía General de México en la red social X.
La conflagración causó la muerte del conductor del automóvil y dos personas más, quienes fallecieron en un hospital mientras eran atendidas por las lesiones que sufrieron, añadió la Fiscalía.
Peritos especializados en explosivos trabajan para «obtener la identidad» de los responsables, agregó la institución.
El fuerte estruendo se percibió en distintos puntos del municipio, el cual es resguardado por fuerzas de seguridad federales.
En Michoacán operan al menos cinco cárteles narcotraficantes, entre ellos el poderoso Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Nueva Familia Michoacana, designados como «organizaciones terroristas extranjeras» por el presidente estadounidense, Donald Trump, en febrero.
En esa región, en octubre fue asesinado el líder de los limoneros locales, Bernardo Bravo, quien había denunciado ser víctima de extorsiones por parte de grupos criminales.
El mes siguiente, el popular alcalde Carlos Manzo, famoso por hacer frente a las mafias que operan en ese estado, fue abatido a balazos en un acto público.
Estos crímenes de alto perfil llevaron a la presidenta, Claudia Sheinbaum, a lanzar un plan de seguridad para Michoacán, en el que fueron desplegados más de 10.000 soldados.
Ambos atentados provocaron protestas antigubernamentales, inclusive en Ciudad de México, donde el 15 de noviembre pasado ocurrió la movilización más violenta a la fecha contra la administración de Sheinbaum y su política de seguridad.
