Internacionales
Cualquiera podría portar un arma en Nueva York sin justificar para qué la usará, ordena la Corte Suprema
En medio de la creciente violencia con armas en Nueva York, especialmente en la ciudad, la Corte Suprema anuló una ley de armas estatal promulgada hace más de un siglo, la cual imponía restricciones sobre portar un arma oculta en espacios públicos.
“Debido a que el estado de Nueva York emite licencias de portar armas en público sólo cuando un solicitante demuestra una necesidad especial de defensa propia, concluimos que el régimen de licencias del estado viola la Constitución”, escribió el juez Clarence Thomas.
La decisión fue respaldada por la mayoría (6-3) en el Máximo Tribunal. La opinión del juez Thomas estuvo acompañada por la postura del presidente del Tribunal Supremo John Roberts y el juez Brett Kavanaugh.
De este modo, cualquier persona podría solicitar una licencia para portar un arma en espacios públicos sin tener que justificar el motivo, como parte del litigio State Rifle & Pistol Association v. Bruen.
El juez Thomas afirma que los peticionarios están protegidos bajo la Segunda Enmienda, que establece sólo el derecho de aquirir armas, por lo que cada entidad regula al respecto. La decisión va en contra de una regulación neoryoquina.
“El derecho de la Segunda Enmienda a portar armas en público para defensa propia no es diferente”, afirmó el juez. “El requisito de causa justificada de Nueva York viola la Decimocuarta Enmienda al impedir que los ciudadanos respetuosos de la ley con necesidades ordinarias de autodefensa ejerzan su derecho a poseer y portar armas en público”.
La decisión ocurre al tiempo que el Congreso busca restringir la venta de armas, luego de tiroteos masivos en el país.
“Los peticionarios Brandon Koch y Robert Nash son residentes de Nueva York adultos y respetuosos de la ley que solicitaron licencias sin restricciones, para portar un arma de fuego en público en función de su interés generalizado en la defensa propia”, recuerda la opinión del juez Thomas. “El Estado negó ambas solicitudes de licencias sin restricciones, supuestamente porque Koch y Nash no cumplieron con el requisito de ‘causa apropiada’”.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, informó en un comunicado que su oficina revisa la decisión del Máximo Tribunal, pero adelantó que se buscará mantener la batalla contra la violencia con armas.
Estamos revisando la decisión de la Corte Suprema sobre la capacidad de Nueva York para regular quién puede portar armas de fuego en público”, dijo la fiscal, quien es demócrata. “Pero continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a los neoyorquinos de la violencia armada y preservar las leyes de armas de sentido común en nuestro estado”.
Nueva York ha enfrentado tiroteos masivos recientes, como el ocurrido en Buffalo, donde un supremacista blanco abrió fuego en un supermercado, donde la mayoría de los clientes son de raza negra. Hubo 10 muertos y tres heridos.
Biden lamenta de decisión.
Al citar los recientes tiroteos masivos en EE.UU., como el de Uvalde, Texas, el presidente Joe Biden expresó su decepción por la decisión de la Corte Suprema sobre las armas en Nueva York.
“Estoy profundamente decepcionado por el fallo de la Corte Suprema en New York”, dijo el mandatario. “Desde 1911, el estado de Nueva York ha requerido que las personas que deseen portar un arma oculta en público demuestren la necesidad de hacerlo con fines de defensa propia y para obtener una licencia”.
Lamentó que más de un siglo después, el Máximo Tribunal haya “optado por anular” esa autoridad de la entidad.
“Este fallo contradice tanto el sentido común y la Constitución, y debería preocuparnos profundamente a todos”, advirtió el mandatario.
Afirmó que su Administración continuará apoyando la legislación más dura contra el uso de armas, sobre todo a raíz de los tiroteos masivos en Buffalo y Uvalde.
“Insto a los estados a continuar promulgando y haciendo cumplir leyes de sentido común para hacer que sus ciudadanos y comunidades estén más seguros de la violencia armada”, pidió el mandatario.
Recordó que los estados han hecho regulaciones sobre quiénes pueden comprar armas y cómo pueden usarlas en lugares públicos.
“Hago un llamado a los estadounidenses de todo el país para que hagan escuchar su voz sobre la seguridad de las armas. Las vidas están en juego”, advirtió Biden.
Por: DNY.
Honduras volvió a estremecerse luego de conocerse nuevos y escalofriantes detalles sobre el asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados y parcialmente quemados en una zona montañosa de Corinto, Omoa, departamento de Cortés.
Los agentes habían desaparecido durante un operativo antidrogas ejecutado en una zona fronteriza con Guatemala, donde presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada al narcotráfico los habrían privado de libertad antes de asesinarlos con extrema violencia.
Las autoridades confirmaron que los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala y señales de tortura, además de haber sido desmembrados y quemados posteriormente por sus atacantes.
La Secretaría de Seguridad confirmó oficialmente la identidad de los policías que murieron durante el operativo en Corinto, Omoa.
Los cinco agentes pertenecían a la Dipampco y habían salido desde Tegucigalpa para participar en una operación contra estructuras criminales dedicadas al tráfico y distribución de drogas en la zona fronteriza.
El caso ha generado una fuerte conmoción nacional debido al nivel de violencia con el que fueron asesinados los uniformados.
De acuerdo con los reportes preliminares, equipos especiales de rescate ingresaron fuertemente armados a una zona montañosa de Omoa luego de recibir información sobre el posible paradero de los agentes desaparecidos.
Las autoridades detallaron que los agentes habrían sido capturados por miembros de una organización criminal durante el operativo antidrogas y posteriormente ejecutados.
El informe preliminar indica que los cuerpos presentaban múltiples heridas de bala y signos de extrema violencia.
Las investigaciones revelaron además que los responsables desmembraron los cuerpos de los agentes, los decapitaron y posteriormente intentaron quemarlos para dificultar su identificación.
Las imágenes y detalles del crimen generaron indignación en distintos sectores del país y reavivaron el debate sobre el avance de estructuras criminales fuertemente armadas en Honduras.
Hasta el momento, las autoridades descartaron bajas civiles relacionadas con el operativo. Sin embargo, se presume que varios miembros de la estructura criminal lograron escapar hacia Guatemala tras el ataque.
Por esa razón, Honduras ya coordinó acciones con autoridades guatemaltecas para intentar ubicar a los sospechosos que cruzaron la frontera.
Las autoridades consideran que existieron fallas operativas que terminaron exponiendo a los agentes asesinados durante el operativo antidrogas.
Mientras tanto, más de 500 policías y 200 militares permanecen desplegados en la zona realizando operaciones de búsqueda, rastreo y aseguramiento del sector.
La ola de violencia ha provocado preocupación nacional e internacional por el deterioro de la seguridad en distintas regiones del país.
Internacionales
Entre lágrimas y clamor de justicia, sepultan a once de las víctimas de la masacre en Trujillo, Honduras
La comunidad de Rigores, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, se convirtió esta mañana de viernes 22 de mayo, en el epicentro de un dolor indescriptible y colectivo. En una atmósfera asfixiante de luto, terror e impotencia generalizada, los habitantes y familiares dieron cristiana sepultura a 11 de las víctimas identificadas de la sanguinaria masacre perpetrada ayer en una plantación de palma africana en la finca Paso Aguán.
Entre las escenas más devastadoras de la jornada fúnebre destacó el entierro de las hermanas María Linda, Mirza y Rosa Rodríguez, tres jóvenes trabajadoras cuyas vidas fueron truncadas de forma brutal mientras buscaban el sustento diario para sus hogares.
Desde las primeras horas de la mañana, una multitud compungida acompañó los féretros hacia el cementerio local. El llanto fúnebre y los gritos de auxilio se entrelazaron en un eco de desesperación que estremece a todo el país. A través de medios locales hondureños y diversas plataformas digitales, han comenzado a circular videos desgarradores que muestran la magnitud de la tragedia.
Escenas de profundo dolor se viven en el cementerio de Trujillo, Colón, donde familiares y amigos dan el último adiós a 11 de las víctimas de la reciente masacre.
Las imágenes, de una crudeza desgarradora, registran a madres desvanecidas sobre los ataúdes, hermanos abrazando la madera inerte y a una comunidad entera sumida en el pánico y el quebranto, exigiendo a viva voz que este crimen no quede en la impunidad.
“Me prometiste que nunca me ibas a dejar”, resonaba el clamor desesperado de una mujer que se aferraba con fuerzas a uno de los cinco féretros que, debido a las dimensiones inéditas de la tragedia, tuvieron que ser colocados juntos en una sola fosa común dentro del campo santo.
La magnitud del sepelio colectivo reflejó fielmente el horror que se vivió en las plantaciones. Entre los cuerpos sepultados se encontraban también los de los jóvenes hermanos Elmer Marín y Wilmer Vidal Suchite García, dos recolectores de palma cuyos destinos quedaron sellados en la misma emboscada, dejando ambos hijos en la orfandad
Su padre, relató ante las cámaras cómo sus hijos salieron temprano con la única ilusión de laborar para subsistir. El atribulado progenitor exigió castigo inmediato para los asesinos, manifestando el desgarrador suplicio que representa para un padre ver los cuerpos de sus hijos destrozados por impactos de armas de grueso calibre.
En un emotivo testimonio, el padre de los hermanos Elmer y Wilmer Suchite García, víctimas de la masacre en Trujillo, Colón, narra su última conversación con ellos y exige justicia para los responsables. Los jóvenes eran trabajadores de la palma africana.
Entre el conflicto agrario y las pugnas criminales: La disputa por el origen de la masacre
Los testimonios de los pobladores que ingresaron a la finca Paso Aguán inmediatamente después de escuchar las detonaciones pintan un escenario de guerra.
Los trabajadores fueron cazados de manera despiadada, quedando sus cuerpos esparcidos entre los senderos y los matorrales de la plantación.
Los primeros civiles en llegar al sitio contabilizaron inicialmente más de quince cadáveres, una cifra espeluznante que posteriormente fue actualizada a veinte fallecidos por las autoridades del Ministerio Público, consolidando este hecho como una de las peores matanzas registradas en la conflictiva zona del Bajo Aguán.
Mientras el luto envuelve las calles de Rigores, la incertidumbre sobre el origen del ataque mantiene en vilo a la región. Aunque las primeras hipótesis de los defensores de derechos humanos apuntaban al histórico conflicto agrario por la tenencia de tierras que azota al departamento de Colón, las declaraciones de las autoridades de seguridad han tomado otro rumbo.
El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, argumentó públicamente que las líneas de investigación prioritarias señalan un presunto enfrentamiento entre estructuras criminales rivales que operan en la zona, quienes habrían perpetrado el ataque frontal con la aparente finalidad de enviar un mensaje de poder y control territorial en la zona agroindustrial.
Al cierre del masivo sepelio, con la tierra cubriendo los féretros bajo un sol inclemente, la comunidad de Rigores reafirmó su exigencia de justicia. Honduras entera contempla con profunda consternación las imágenes y videos de una jornada que quedará grabada en la memoria nacional como el día en que la violencia arrebató la paz de veinte familias laboriosas.
El hecho más letal se produjo en la madrugada en el municipio de Trujillo (departamento de Colón), donde al menos 19 personas fueron ejecutadas con armas largas.
Esa localidad se halla bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan dos fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades.
«Hay dos equipos trabajando en dos lugares. El primer equipo lleva ya el reconocimiento de 13 fallecidos y el segundo lleva un conteo de seis personas que perdieron la vida», dijo a la televisora local HCH Yuri Mora, vocero de la fiscalía.
En tanto, en Omoa (departamento de Cortés), región fronteriza con Guatemala, la policía nacional informó de cuatro agentes y un civil muertos el jueves en un enfrentamiento entre un escuadrón antipandillas y presuntos narcotraficantes.
«Condenamos el asesinato de al menos cuatro de nuestros policías», indicó la institución en X.
Ambos ataques ocurren en la misma semana en que el Congreso aprobó una serie de reformas para combatir la violencia criminal, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras en más de 24 casos por cada 100.000 habitantes.
Las medidas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública. Además, crean una nueva división de lucha contra el crimen organizado y permite catalogar a pandillas y carteles de la droga como grupos terroristas.
Al parecer «las personas asesinadas (en Trujillo) eran empleados de un grupo armado», dijo telefónicamente a la AFP un líder campesino de una comunidad colindante con Rigores, la aldea donde ocurrió la matanza.
En los «alrededores se escuchan disparos (…) aquí ya no hay armonía (…), uno duerme con un ojo abierto y el otro cerrado», añadió el dirigente, que pidió mantener su nombre en reserva.
Videos difundidos más temprano por un canal regional mostraron varios cuerpos ensangrentados y esparcidos en una de las haciendas.
«Es una escena dantesca», señaló a periodistas el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien indicó que las víctimas al parecer fueron ejecutadas con fusiles y escopetas.
Varios de los fallecidos fueron trasladados a sus viviendas por familiares, informó la fiscalía en un comunicado, lo que ha dificultado su labor.
«Son campesinos miembros del Movimiento Campesino de Rigores», comentó por su parte a la AFP Adilia Castro, líder comunitaria de la zona.
