Internacionales
Cualquiera podría portar un arma en Nueva York sin justificar para qué la usará, ordena la Corte Suprema
En medio de la creciente violencia con armas en Nueva York, especialmente en la ciudad, la Corte Suprema anuló una ley de armas estatal promulgada hace más de un siglo, la cual imponía restricciones sobre portar un arma oculta en espacios públicos.
“Debido a que el estado de Nueva York emite licencias de portar armas en público sólo cuando un solicitante demuestra una necesidad especial de defensa propia, concluimos que el régimen de licencias del estado viola la Constitución”, escribió el juez Clarence Thomas.
La decisión fue respaldada por la mayoría (6-3) en el Máximo Tribunal. La opinión del juez Thomas estuvo acompañada por la postura del presidente del Tribunal Supremo John Roberts y el juez Brett Kavanaugh.
De este modo, cualquier persona podría solicitar una licencia para portar un arma en espacios públicos sin tener que justificar el motivo, como parte del litigio State Rifle & Pistol Association v. Bruen.
El juez Thomas afirma que los peticionarios están protegidos bajo la Segunda Enmienda, que establece sólo el derecho de aquirir armas, por lo que cada entidad regula al respecto. La decisión va en contra de una regulación neoryoquina.
“El derecho de la Segunda Enmienda a portar armas en público para defensa propia no es diferente”, afirmó el juez. “El requisito de causa justificada de Nueva York viola la Decimocuarta Enmienda al impedir que los ciudadanos respetuosos de la ley con necesidades ordinarias de autodefensa ejerzan su derecho a poseer y portar armas en público”.
La decisión ocurre al tiempo que el Congreso busca restringir la venta de armas, luego de tiroteos masivos en el país.
“Los peticionarios Brandon Koch y Robert Nash son residentes de Nueva York adultos y respetuosos de la ley que solicitaron licencias sin restricciones, para portar un arma de fuego en público en función de su interés generalizado en la defensa propia”, recuerda la opinión del juez Thomas. “El Estado negó ambas solicitudes de licencias sin restricciones, supuestamente porque Koch y Nash no cumplieron con el requisito de ‘causa apropiada’”.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, informó en un comunicado que su oficina revisa la decisión del Máximo Tribunal, pero adelantó que se buscará mantener la batalla contra la violencia con armas.
Estamos revisando la decisión de la Corte Suprema sobre la capacidad de Nueva York para regular quién puede portar armas de fuego en público”, dijo la fiscal, quien es demócrata. “Pero continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a los neoyorquinos de la violencia armada y preservar las leyes de armas de sentido común en nuestro estado”.
Nueva York ha enfrentado tiroteos masivos recientes, como el ocurrido en Buffalo, donde un supremacista blanco abrió fuego en un supermercado, donde la mayoría de los clientes son de raza negra. Hubo 10 muertos y tres heridos.
Biden lamenta de decisión.
Al citar los recientes tiroteos masivos en EE.UU., como el de Uvalde, Texas, el presidente Joe Biden expresó su decepción por la decisión de la Corte Suprema sobre las armas en Nueva York.
“Estoy profundamente decepcionado por el fallo de la Corte Suprema en New York”, dijo el mandatario. “Desde 1911, el estado de Nueva York ha requerido que las personas que deseen portar un arma oculta en público demuestren la necesidad de hacerlo con fines de defensa propia y para obtener una licencia”.
Lamentó que más de un siglo después, el Máximo Tribunal haya “optado por anular” esa autoridad de la entidad.
“Este fallo contradice tanto el sentido común y la Constitución, y debería preocuparnos profundamente a todos”, advirtió el mandatario.
Afirmó que su Administración continuará apoyando la legislación más dura contra el uso de armas, sobre todo a raíz de los tiroteos masivos en Buffalo y Uvalde.
“Insto a los estados a continuar promulgando y haciendo cumplir leyes de sentido común para hacer que sus ciudadanos y comunidades estén más seguros de la violencia armada”, pidió el mandatario.
Recordó que los estados han hecho regulaciones sobre quiénes pueden comprar armas y cómo pueden usarlas en lugares públicos.
“Hago un llamado a los estadounidenses de todo el país para que hagan escuchar su voz sobre la seguridad de las armas. Las vidas están en juego”, advirtió Biden.
Por: DNY.
Al menos seis personas resultaron muertas y otras 15 están desaparecidas luego de un ataque ucraniano con drones contra el Colegio Starobelsk, afiliado a la Universidad Pedagógica de Lugansk, afirmaron el viernes autoridades rusas, aunque Kiev afirmó que era el cuartel general de una unidad militar rusa.
Según fuentes rusas, 86 jóvenes de entre 14 y 18 años se encontraban en un dormitorio de varios pisos, que se derrumbó tras un ataque llevado a cabo durante la noche en Starobelsk, una ciudad de unos 16,000 habitantes.
«En estos momentos sabemos que seis personas han perdido la vida, que 39 han resultado heridas y 15 están desaparecidas, ya que continúa la remoción de los escombros», declaró el presidente Vladímir Putin tras un minuto de silencio retransmitido por televisión.
De acuerdo con Putin, el ataque «no fue accidental» y se desarrolló «en tres oleadas, con 16 drones dirigidos al mismo lugar».
«No había ningún objetivo de carácter militar, ni instalaciones pertenecientes a los servicios de inteligencia o a servicios afines» en las inmediaciones, aseguró el presidente ruso, quien prometió una respuesta de su ejército.
En tanto, la cancillería rusa mencionó un «ataque deliberado contra la población civil» y denunció la asistencia de países occidentales, que «proporcionan información a las fuerzas armadas ucranianas y las ayudan a dirigir sus ataques».
El gobernador de la región de Lugansk, Leonid Pasetchnik, había difundido previamente en redes sociales fotos de edificios gravemente dañados: uno en llamas y parcialmente derrumbado, y otro con las paredes calcinadas y las ventanas destrozadas.
«Es un crimen monstruoso […] del régimen de Kiev», acotó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
De su lado, el Estado Mayor ucraniano afirmó que sus fuerzas habían bombardeado el «cuartel general» de una unidad militar rusa en la región ocupada.
Tulsi Gabbard renunció como directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, según confirmó este viernes a través de una carta dirigida al presidente Donald Trump. La salida, efectiva el 30 de junio de 2026, se produce tras el diagnóstico de cáncer de hueso de su esposo, Abraham Williams, y convierte a Gabbard en la cuarta secretaria de gabinete —todas mujeres— en abandonar la administración Trump durante su segundo mandato.
“Mi esposo ha sido diagnosticado recientemente con una forma extremadamente rara de cáncer de hueso”, escribió Gabbard en la carta, que también publicó en X. “No puedo en buena conciencia pedirle que enfrente esta batalla solo mientras continúo en este cargo tan exigente”.
Gabbard, de 45 años, veterana de la guerra de Irak y oficial en reserva del Ejército, describió a Williams como su “roca” durante los 11 años de matrimonio. Señaló que su fortaleza la sostuvo a lo largo de despliegues militares, campañas electorales y su paso por la administración Trump. La directora notificó su decisión al presidente durante una reunión en el Despacho Oval.
Tras la renuncia, Trump elogió a Gabbard: “Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la echaremos de menos”, dijo Trump en su red social Truth, y añadió que su adjunto, Aaron Lukas, asumiría el cargo de director interino de Inteligencia Nacional.
La salida de Gabbard se da en un momento en que Estados Unidos atraviesa un estancamiento en su guerra contra Irán, conflicto que desencadenó una crisis energética global tras el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán, la vía que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo. Con un historial de oposición a las intervenciones militares estadounidenses en el exterior —incluidas las guerras de Irak y Afganistán—, Gabbard quedó en una posición incómoda tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.
En una audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado en marzo, sus respuestas esquivaron de forma reiterada las preguntas sobre si la Casa Blanca había sido advertida de las posibles consecuencias del conflicto. Gabbard declaró por escrito que Irán no había intentado reconstruir su capacidad nuclear tras los ataques estadounidenses, afirmación que contradijo directamente a Trump. El presidente respondió: “No me importa lo que ella dijo. Creo que estaban muy cerca de tener una”.
La directora sostuvo que “no es responsabilidad de la comunidad de inteligencia determinar qué constituye o no una amenaza inminente”. Esa postura, junto con su tibia respuesta ante la decisión de atacar Irán, alimentó durante semanas la especulación sobre su permanencia en el cargo.
Según informó NBC News, Gabbard nunca logró integrarse al entorno más cercano del presidente. En momentos decisivos —cuando Trump deliberaba sobre acciones militares o seguía en tiempo real las operaciones en Irán y Venezuela— Gabbard frecuentemente no estaba en la sala. Mantuvo fricciones con su par en la CIA, John Ratcliffe, y con otros funcionarios de la administración.
En agosto, Gabbard sorprendió a la agencia al revelar el nombre de un agente encubierto de la CIA en una lista de personas a quienes retiró credenciales de seguridad, según reportó NBC News. También desclasificó un documento sobre interferencia electoral rusa con escasas redacciones, lo que generó alarma en la sede de la agencia. El portavoz de Gabbard negó que hubiera omitido consultar a la CIA en ambos casos.
Su confirmación como directora de Inteligencia Nacional había sido aprobada por 52 votos contra 48, con el senador republicano Mitch McConnell como único voto en contra de su propio partido. Casi 100 exfuncionarios de diplomacia, seguridad nacional e inteligencia —con experiencia bajo administraciones de ambos partidos— habían escrito a los líderes del Senado para expresar su preocupación por la nominación.
Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista y uno de los principales asesores de Gabbard, había renunciado en marzo alegando que “no podía en buena conciencia” respaldar la guerra, y sostuvo en una carta pública que Israel indujo a Trump a creer que Irán representaba una amenaza inminente. Kent y Gabbard compartían una visión crítica de las intervenciones militares externas, forjada en sus trayectorias como veteranos.
Las otras tres salidas del gabinete incluyeron a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, removida por Trump a fines de marzo en medio de críticas por su gestión de la política migratoria y la respuesta a desastres naturales; a la fiscal general Pam Bondi, quien renunció ante el creciente malestar por el manejo del Departamento de Justicia en relación con los archivos de Jeffrey Epstein; y a la secretaria de Trabajo Lori Chavez-DeRemer, que dejó el cargo en abril tras ser objeto de diversas investigaciones por conducta indebida.
Honduras volvió a estremecerse luego de conocerse nuevos y escalofriantes detalles sobre el asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados y parcialmente quemados en una zona montañosa de Corinto, Omoa, departamento de Cortés.
Los agentes habían desaparecido durante un operativo antidrogas ejecutado en una zona fronteriza con Guatemala, donde presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada al narcotráfico los habrían privado de libertad antes de asesinarlos con extrema violencia.
Las autoridades confirmaron que los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala y señales de tortura, además de haber sido desmembrados y quemados posteriormente por sus atacantes.
La Secretaría de Seguridad confirmó oficialmente la identidad de los policías que murieron durante el operativo en Corinto, Omoa.
Los cinco agentes pertenecían a la Dipampco y habían salido desde Tegucigalpa para participar en una operación contra estructuras criminales dedicadas al tráfico y distribución de drogas en la zona fronteriza.
El caso ha generado una fuerte conmoción nacional debido al nivel de violencia con el que fueron asesinados los uniformados.
De acuerdo con los reportes preliminares, equipos especiales de rescate ingresaron fuertemente armados a una zona montañosa de Omoa luego de recibir información sobre el posible paradero de los agentes desaparecidos.
Las autoridades detallaron que los agentes habrían sido capturados por miembros de una organización criminal durante el operativo antidrogas y posteriormente ejecutados.
El informe preliminar indica que los cuerpos presentaban múltiples heridas de bala y signos de extrema violencia.
Las investigaciones revelaron además que los responsables desmembraron los cuerpos de los agentes, los decapitaron y posteriormente intentaron quemarlos para dificultar su identificación.
Las imágenes y detalles del crimen generaron indignación en distintos sectores del país y reavivaron el debate sobre el avance de estructuras criminales fuertemente armadas en Honduras.
Hasta el momento, las autoridades descartaron bajas civiles relacionadas con el operativo. Sin embargo, se presume que varios miembros de la estructura criminal lograron escapar hacia Guatemala tras el ataque.
Por esa razón, Honduras ya coordinó acciones con autoridades guatemaltecas para intentar ubicar a los sospechosos que cruzaron la frontera.
Las autoridades consideran que existieron fallas operativas que terminaron exponiendo a los agentes asesinados durante el operativo antidrogas.
Mientras tanto, más de 500 policías y 200 militares permanecen desplegados en la zona realizando operaciones de búsqueda, rastreo y aseguramiento del sector.
La ola de violencia ha provocado preocupación nacional e internacional por el deterioro de la seguridad en distintas regiones del país.
