Internacionales
Cualquiera podría portar un arma en Nueva York sin justificar para qué la usará, ordena la Corte Suprema
En medio de la creciente violencia con armas en Nueva York, especialmente en la ciudad, la Corte Suprema anuló una ley de armas estatal promulgada hace más de un siglo, la cual imponía restricciones sobre portar un arma oculta en espacios públicos.
“Debido a que el estado de Nueva York emite licencias de portar armas en público sólo cuando un solicitante demuestra una necesidad especial de defensa propia, concluimos que el régimen de licencias del estado viola la Constitución”, escribió el juez Clarence Thomas.
La decisión fue respaldada por la mayoría (6-3) en el Máximo Tribunal. La opinión del juez Thomas estuvo acompañada por la postura del presidente del Tribunal Supremo John Roberts y el juez Brett Kavanaugh.
De este modo, cualquier persona podría solicitar una licencia para portar un arma en espacios públicos sin tener que justificar el motivo, como parte del litigio State Rifle & Pistol Association v. Bruen.
El juez Thomas afirma que los peticionarios están protegidos bajo la Segunda Enmienda, que establece sólo el derecho de aquirir armas, por lo que cada entidad regula al respecto. La decisión va en contra de una regulación neoryoquina.
“El derecho de la Segunda Enmienda a portar armas en público para defensa propia no es diferente”, afirmó el juez. “El requisito de causa justificada de Nueva York viola la Decimocuarta Enmienda al impedir que los ciudadanos respetuosos de la ley con necesidades ordinarias de autodefensa ejerzan su derecho a poseer y portar armas en público”.
La decisión ocurre al tiempo que el Congreso busca restringir la venta de armas, luego de tiroteos masivos en el país.
“Los peticionarios Brandon Koch y Robert Nash son residentes de Nueva York adultos y respetuosos de la ley que solicitaron licencias sin restricciones, para portar un arma de fuego en público en función de su interés generalizado en la defensa propia”, recuerda la opinión del juez Thomas. “El Estado negó ambas solicitudes de licencias sin restricciones, supuestamente porque Koch y Nash no cumplieron con el requisito de ‘causa apropiada’”.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, informó en un comunicado que su oficina revisa la decisión del Máximo Tribunal, pero adelantó que se buscará mantener la batalla contra la violencia con armas.
Estamos revisando la decisión de la Corte Suprema sobre la capacidad de Nueva York para regular quién puede portar armas de fuego en público”, dijo la fiscal, quien es demócrata. “Pero continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a los neoyorquinos de la violencia armada y preservar las leyes de armas de sentido común en nuestro estado”.
Nueva York ha enfrentado tiroteos masivos recientes, como el ocurrido en Buffalo, donde un supremacista blanco abrió fuego en un supermercado, donde la mayoría de los clientes son de raza negra. Hubo 10 muertos y tres heridos.
Biden lamenta de decisión.
Al citar los recientes tiroteos masivos en EE.UU., como el de Uvalde, Texas, el presidente Joe Biden expresó su decepción por la decisión de la Corte Suprema sobre las armas en Nueva York.
“Estoy profundamente decepcionado por el fallo de la Corte Suprema en New York”, dijo el mandatario. “Desde 1911, el estado de Nueva York ha requerido que las personas que deseen portar un arma oculta en público demuestren la necesidad de hacerlo con fines de defensa propia y para obtener una licencia”.
Lamentó que más de un siglo después, el Máximo Tribunal haya “optado por anular” esa autoridad de la entidad.
“Este fallo contradice tanto el sentido común y la Constitución, y debería preocuparnos profundamente a todos”, advirtió el mandatario.
Afirmó que su Administración continuará apoyando la legislación más dura contra el uso de armas, sobre todo a raíz de los tiroteos masivos en Buffalo y Uvalde.
“Insto a los estados a continuar promulgando y haciendo cumplir leyes de sentido común para hacer que sus ciudadanos y comunidades estén más seguros de la violencia armada”, pidió el mandatario.
Recordó que los estados han hecho regulaciones sobre quiénes pueden comprar armas y cómo pueden usarlas en lugares públicos.
“Hago un llamado a los estadounidenses de todo el país para que hagan escuchar su voz sobre la seguridad de las armas. Las vidas están en juego”, advirtió Biden.
Por: DNY.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
