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Cualquiera podría portar un arma en Nueva York sin justificar para qué la usará, ordena la Corte Suprema
En medio de la creciente violencia con armas en Nueva York, especialmente en la ciudad, la Corte Suprema anuló una ley de armas estatal promulgada hace más de un siglo, la cual imponía restricciones sobre portar un arma oculta en espacios públicos.
“Debido a que el estado de Nueva York emite licencias de portar armas en público sólo cuando un solicitante demuestra una necesidad especial de defensa propia, concluimos que el régimen de licencias del estado viola la Constitución”, escribió el juez Clarence Thomas.
La decisión fue respaldada por la mayoría (6-3) en el Máximo Tribunal. La opinión del juez Thomas estuvo acompañada por la postura del presidente del Tribunal Supremo John Roberts y el juez Brett Kavanaugh.
De este modo, cualquier persona podría solicitar una licencia para portar un arma en espacios públicos sin tener que justificar el motivo, como parte del litigio State Rifle & Pistol Association v. Bruen.
El juez Thomas afirma que los peticionarios están protegidos bajo la Segunda Enmienda, que establece sólo el derecho de aquirir armas, por lo que cada entidad regula al respecto. La decisión va en contra de una regulación neoryoquina.
“El derecho de la Segunda Enmienda a portar armas en público para defensa propia no es diferente”, afirmó el juez. “El requisito de causa justificada de Nueva York viola la Decimocuarta Enmienda al impedir que los ciudadanos respetuosos de la ley con necesidades ordinarias de autodefensa ejerzan su derecho a poseer y portar armas en público”.
La decisión ocurre al tiempo que el Congreso busca restringir la venta de armas, luego de tiroteos masivos en el país.
“Los peticionarios Brandon Koch y Robert Nash son residentes de Nueva York adultos y respetuosos de la ley que solicitaron licencias sin restricciones, para portar un arma de fuego en público en función de su interés generalizado en la defensa propia”, recuerda la opinión del juez Thomas. “El Estado negó ambas solicitudes de licencias sin restricciones, supuestamente porque Koch y Nash no cumplieron con el requisito de ‘causa apropiada’”.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, informó en un comunicado que su oficina revisa la decisión del Máximo Tribunal, pero adelantó que se buscará mantener la batalla contra la violencia con armas.
Estamos revisando la decisión de la Corte Suprema sobre la capacidad de Nueva York para regular quién puede portar armas de fuego en público”, dijo la fiscal, quien es demócrata. “Pero continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a los neoyorquinos de la violencia armada y preservar las leyes de armas de sentido común en nuestro estado”.
Nueva York ha enfrentado tiroteos masivos recientes, como el ocurrido en Buffalo, donde un supremacista blanco abrió fuego en un supermercado, donde la mayoría de los clientes son de raza negra. Hubo 10 muertos y tres heridos.
Biden lamenta de decisión.
Al citar los recientes tiroteos masivos en EE.UU., como el de Uvalde, Texas, el presidente Joe Biden expresó su decepción por la decisión de la Corte Suprema sobre las armas en Nueva York.
“Estoy profundamente decepcionado por el fallo de la Corte Suprema en New York”, dijo el mandatario. “Desde 1911, el estado de Nueva York ha requerido que las personas que deseen portar un arma oculta en público demuestren la necesidad de hacerlo con fines de defensa propia y para obtener una licencia”.
Lamentó que más de un siglo después, el Máximo Tribunal haya “optado por anular” esa autoridad de la entidad.
“Este fallo contradice tanto el sentido común y la Constitución, y debería preocuparnos profundamente a todos”, advirtió el mandatario.
Afirmó que su Administración continuará apoyando la legislación más dura contra el uso de armas, sobre todo a raíz de los tiroteos masivos en Buffalo y Uvalde.
“Insto a los estados a continuar promulgando y haciendo cumplir leyes de sentido común para hacer que sus ciudadanos y comunidades estén más seguros de la violencia armada”, pidió el mandatario.
Recordó que los estados han hecho regulaciones sobre quiénes pueden comprar armas y cómo pueden usarlas en lugares públicos.
“Hago un llamado a los estadounidenses de todo el país para que hagan escuchar su voz sobre la seguridad de las armas. Las vidas están en juego”, advirtió Biden.
Por: DNY.
El mercado petrolero mostró señales optimistas ante la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque no anticipó una pronta reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, subió un 0.25 %, hasta los $105.33 por barril.
Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), también para entrega en junio, cayó por su lado 1.51 %, hasta los $94.40 por barril.
«El mercado está bajo presión y a la espera de las negociaciones previstas para este fin de semana entre Estados Unidos e Irán», declaró a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.
Teherán y Washington anunciaron el viernes el envío de negociadores a Islamabad, la capital pakistaní.
Cada vez que se anuncian negociaciones, el mercado espera que conduzcan a una resolución del conflicto, incluyendo la reapertura del estrecho de Ormuz y, en consecuencia, la liberación de millones de barriles de petróleo del Golfo, añadió el analista.
Pero al mismo tiempo «el mercado ha aprendido a ser muy cauteloso», dijo a la AFP Ole R. Hvalbye, de SEB.
Las negociaciones anteriores fracasaron, y esta vez el vicepresidente de Estados Unidos, quien lideró las conversaciones iniciales, permaneció en su país, según la Casa Blanca.
A pesar de la prórroga indefinida de la tregua por parte de Donald Trump, la ecuación para el mercado petrolero es complicada.
Irán y Estados Unidos podrían retomar en breve las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio y ambos países anunciaron ayer el envío de negociadores a Pakistán, que actúa como mediador.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que los emisarios del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, parten hoy hacia Pakistán «con el fin de mantener conversaciones […] con representantes de la delegación iraní».
Leavitt, en declaraciones a Fox News, expresó su esperanza en que sea «una conversación fructífera».
Previamente, la agencia IRNA oficializó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, este mismo viernes a Islamabad, la capital pakistaní.
Las conversaciones entre los beligerantes empezaron hace dos semanas, pero quedaron interrumpidas al cabo de unas horas. Pese a ello, Estados Unidos prorrogó unilateralmente el alto el fuego de forma indefinida.
Araqchi continuará con una gira regional que lo llevará después a Mascate, la capital de Omán, y a Moscú para «consultas bilaterales» sobre la situación regional, según la agencia oficial iraní.
La guerra fue provocada por el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.
Desde entonces, el conflicto ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde se enfrentan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.
El conflicto también entorpeció la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la contienda circulaba el 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consumen a nivel mundial. Ahora, esa vía marítima crucial está sometida a un doble bloqueo: iraní y estadounidense.
La reapertura inmediata de Ormuz es «vital para el mundo entero», destacó el viernes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.
El Departamento de Justicia estadounidense anunció ayer una ampliación de los métodos de aplicación de la pena de muerte en casos federales, que incluye los pelotones de fusilamiento, la electrocución y el gas letal.
La pena de muerte se aplica normalmente a nivel estatal en Estados Unidos, pero el gobierno federal también puede solicitar la ejecución para ciertos delitos.
«La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a solicitar e implementar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías», declaró el fiscal general interino Todd Blanche.
Bajo el presidente Donald Trump, «el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a ponerse del lado de las víctimas», dijo Blanche en un comunicado.
El presidente republicano puso fin en 2020, durante su primer mandato, a una pausa de 17 años en las ejecuciones federales.
Antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente demócrata Joe Biden, opositor a la pena de muerte, conmutó las sentencias de muerte de 37 de los 40 reclusos condenados a la pena capital a nivel federal.
Trump, en su primer día en la Casa Blanca de su segundo mandato, pidió ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles».
Actualmente, cinco estados de Estados Unidos autorizan el pelotón de fusilamiento para las ejecuciones, pero solo uno —Carolina del Sur— ha utilizado este método en los últimos años.
Nueve estados permiten la electrocución, pero este método no se ha usado desde 2020.
Dos estados han ejecutado recientemente a reclusos mediante hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear gas nitrógeno a una mascarilla, provocando la asfixia del preso.
El uso del gas nitrógeno como método de pena capital ha sido denunciado por expertos de las Naciones Unidas como cruel e inhumano.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias.
Los tres hombres cuyas sentencias de muerte no fueron conmutadas por Biden fueron uno de los autores del atentado del maratón de Boston de 2013, un hombre armado que asesinó a 11 fieles judíos en 2018 y un supremacista blanco que mató a nueve feligreses negros en una iglesia en 2015.
El Departamento también busca agilizar el proceso para solicitar la pena de muerte y reducir el número de años entre la condena y la ejecución, según indica el comunicado.
«Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a apoyar a las víctimas», dijo Blanche.
El Gobierno de Trump le apuesta a castigar con dureza y a toda costa a los criminales que han puesto en peligro a la sociedad estadounidense, una política que dista de la visión de Biden.
