La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido procesada con prisión preventiva por el juez federal Claudio Bonadío, en la causa judicial que se abrió por las revelaciones del chofer Oscar Centeno.

Para el magistrado, la expresidenta es «jefa de una asociación ilícita» por el presunto cobro de coimas en 22 hechos. Sin embargo, para que la orden de prisión preventiva se haga efectiva, Fernández debe perder la inmunidad parlamentaria que goza actualmente por ser miembro del Senado.

La decisión sobre el desafuero queda ahora en manos de la mayoría peronista en el Parlamento. El proceso judicial se inició en el contexto de la denominada ‘causa de los cuadernos’, donde se investigan presuntos entramados de corrupción que habrían sido registrados en manuscritos por Centeno, un chofer del entorno gubernamental durante la Administración anterior.

Según las revelaciones en esos cuadernos, la administración de Fernández habría incurrido en el cobro de sobornos para la adjudicación de contratos con el Estado. La ex mandataria, por su parte, ha calificado todo el proceso como una muestra de «la utilización del Poder Judicial como un instrumento de persecución y proscripción de dirigentes populares».

El juez considera que Fernández era jefa del entramado que supuestamente estaba integrado por su fallecido esposo y exmandatario, Néstor Kirchner, y el exministro de Planificación, Julio de Vido. Un grupo de empresarios «arrepentidos» han testificado en la caso, así como ex funcionarios como José López y Claudio Uberti, quienes están en calidad de «imputados colaboradores».

Para Fernández, el manejo de los testigos por parte de Bonadío en la causa abierta en su contra ha sido «extorsivo». Además de la petición de desafuero y la posible medida preventiva de prisión, a la exmandataria y posible presidenciable le han impuesto un embargo de 4.000 millones de pesos.