Internacionales
Brasil supera los 4 millones de casos de COVID-19
Brasil supera los cuatro millones de contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia, que muestra tímidas señales de ceder después de haber causado más de 123.000 muertes.
Desde el primer caso registrado el 26 de febrero y el primer deceso, el 16 de marzo, los balances llegaron el miércoles a 3.997.865 contagios y 123.780 muertos.
Tras varios meses en una meseta con un promedio diario de más de mil muertos, el gigante sudamericano registra desde fines de agosto una leve disminución y computó en la última semana una media de 874 muertes y unos 40.000 contagios cada día.
El Ministerio de Salud afirma que los números revelan una «caída» en la curva, pero los especialistas independientes sugieren cautela.
«Es el inicio de lo que esperamos sea de hecho una tendencia de mejora», dijo a la AFP el epidemiólogo de la Universidad de Brasilia Mauro Sanchez, quien advierte que se trata de una mejora «muy tímida» y «muy reciente», que debe mantenerse por al menos dos o tres semanas para confirmarse.
Además, por ser un país de dimensiones continentales, la curva nacional debe ser leída como un «resumen de 27 epidemias diferentes», una por cada estado, apunta el especialista.
«En los últimos dos meses hemos visto una curva que mezcla regiones en aumento [como el sur y el centro-oeste o el interior de Sao Paulo y Minas Gerais] con otras en retroceso», como las ciudades de Sao Paulo y Rio de Janeiro, así como el norte y el noreste, complementa Paulo Lotufo, profesor de Epidemiología en la Universidad de Sao Paulo (USP).
Para Lotufo, los números también sugieren que Brasil está a las puertas de una mejora.
En alerta
Pero ambos especialistas coinciden en que todo puede desmoronarse si los gobiernos locales y regionales ceden a presiones de grupos económicos para promover una reapertura indiscriminada y se abandonan las medidas individuales de protección, como se observó el pasado domingo en las playas de Rio de Janeiro, atestadas de personas sin mascarilla.
Tras la retomada de las actividades comerciales y la reapertura de bares, restaurantes, gimnasios e iglesias con normas de higiene y distanciamiento, numerosas ciudades estudian cómo y cuándo reabrir las escuelas, que suspendieron sus actividades en marzo, poco después del inicio del año lectivo.
La multitudinaria fiesta de fin de año en Copacabana ya no será realizada en su formato tradicional y el carnaval de 2021 probablemente se postergue, a la espera de una vacuna.
El gigante sudamericano enfrentó la pandemia sin una estrategia coordinada. El presidente Jair Bolsonaro saboteó las medidas de aislamiento impuestas por los gobernadores, por considerar que se trataba de un remedio «peor que la enfermedad» y que el país debía «volver a la normalidad» para no perjudicar la economía.
El mandatario de ultraderecha, que llegó a calificar a la covid-19 de «gripecita», contrajo él mismo el virus y sigue promoviendo aglomeraciones en viajes oficiales y estrechando la mano de simpatizantes, sin usar mascarilla.
Su postura provocó la caída de dos ministros de la Salud que discrepaban con su manejo de la crisis y su promoción de la hidroxicloroquina como tratamiento, pese a la ausencia de evidencias científicas sobre su eficacia.
Sánchez y Lotufo coinciden en que Brasil podría haber evitado un gran número de muertes si hubiera implementado rápidamente medidas efectivas de aislamiento y facilitado el acceso temprano de las camadas más pobres al subsidio económico distribuido por el gobierno desde abril.
«Las personas más vulnerables no pueden quedarse en casa trabajando en ‘home office'», apunta Sánchez, quien teme que las señales de mejora actuales lleven a los gobiernos y la población a aflojar los cuidados y que los frutos de las últimas semanas se echen a perder.
Por el momento, Brasil lucha con las dos crisis en paralelo: se ha convertido en el segundo país con más casos y más muertos, después de Estados Unidos, y enfrenta una contracción récord de su economía, que llevó a la destrucción de unos nueve millones de empleos.
El propietario y un cliente de una cevichería fallecieron en un ataque armado registrado en el departamento de Chimaltenango, Guatemala.
El tiroteo ocurrió en el cantón La Democracia, ubicado en el municipio de Párramos, departamento de Chimaltenango.
Según la información disponible, socorristas de los Bomberos Voluntarios fueron alertados por vecinos del sector luego de que se escucharan múltiples detonaciones en el lugar.
Al llegar a la escena, los cuerpos de socorro verificaron que las víctimas ya no presentaban signos vitales.
Las dos personas fallecidas quedaron en el interior de una venta de bebidas alcohólicas. Hasta el momento, se conoce que uno de los fallecidos era el propietario del local, mientras que la otra víctima era un cliente de la cevichería.
Internacionales
Dos fallecidos y varios lesionados tras fatal accidente en Quetzaltenango, Guatemala
Dos personas fallecieron y otras 12 resultaron lesionadas durante un aparatoso accidente de tránsito ocurrido el sábado en Guatemala, según informaron medios de comunicación locales.
El siniestro vial se registró en el kilómetro 210 de la carretera CA-2, a la altura de la Finca Miramar, en el municipio de Colomba Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango.
De manera preliminar, se conoció que la intensa lluvia que se experimentó en la zona habría podido provocar el accidente.
Tras la emergencia, socorristas de los Bomberos Voluntarios utilizaron equipo hidráulico para rescatar a las víctimas que habían quedado atrapadas entre los hierros retorcidos de ambos vehículos involucrados en el choque.
🚨 EmergenciaCBMD | ACCIDENTE DE TRÁNSITO COLECTIVO 🚨🚑
Kilómetro 208 de la Ruta al Pacífico jurisdicción de Finca Miramar, se reporta la colisión de un microbús de transporte colectivo y un vehículo particular.
Elementos de @ASONBOMDGT de las estaciones de Las Delicias,… pic.twitter.com/OqmQvLuesj
— ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) June 21, 2026
Internacionales
Presidente Paz decreta estado de excepción en Bolivia tras más de seis semanas de protestas
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó este sábado el estado de excepción y ordenó la movilización de policías y militares tras más de seis semanas de protestas y bloqueos protagonizados por indígenas aimaras y campesinos afines al exmandatario Evo Morales, quienes exigen su renuncia.
Las manifestaciones comenzaron a principios de mayo, cuando obreros, campesinos e indígenas iniciaron una huelga y cortes de rutas para exigir al Gobierno soluciones a la crisis económica, considerada la más grave del país en cuatro décadas, y para rechazar la venta de gasolina de mala calidad, situación que generó malestar general.
Aunque el viernes el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para pacificar el país, indígenas de la Federación Túpac Katari y cocaleros afines a Morales decidieron mantener los bloqueos de carreteras.
Ante la falta de acuerdos, los sectores movilizados incorporaron la demanda de renuncia presidencial y extendieron los bloqueos a nivel nacional. Asimismo, durante varios días se registraron enfrentamientos con la Policía en La Paz, ciudad que junto con su vecina El Alto enfrenta escasez de alimentos, medicinas y combustibles.
“Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional”, afirmó Paz durante un mensaje difundido por el canal estatal desde el Palacio de Gobierno. El mandatario sostuvo además que la medida responde a “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”.
El Gobierno de centroderecha de Paz, que asumió el poder en noviembre tras dos décadas de gobiernos de izquierda, acusa a Morales de impulsar las protestas y de utilizar recursos provenientes del narcotráfico, aunque no ha presentado pruebas. Morales permanece oculto en la región cocalera de Chapare para evitar una orden de captura por un caso de trata de menor, acusación que niega. También ha rechazado los señalamientos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.
En su mensaje, Paz informó que instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas ejecutar las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población.
El decreto, publicado posteriormente en la Gaceta de Bolivia, tendrá una vigencia máxima de 90 días. Además, establece que los ministerios de Gobierno y Defensa podrán emitir resoluciones conjuntas para restringir, cuando sea necesario, los derechos de circulación, locomoción y reunión. La medida deberá ser ratificada por el Congreso, que convocará reuniones en las próximas horas.
La declaración del estado de excepción se produjo un día después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con la COB. Mario Argollo, máximo dirigente de la organización sindical, anunció el levantamiento de las medidas de presión a nivel nacional y destacó el compromiso gubernamental de cumplir de forma inmediata lo acordado.
Paz celebró el entendimiento alcanzado con la central sindical y afirmó que “el diálogo es más fuerte que la propia fuerza, no sobreviven los más fuertes, sobreviven los que se saben adaptar”.
Durante la semana pasada, el Gobierno instaló mesas de trabajo con dirigentes sindicales y ministros para negociar una salida al conflicto. Entre los acuerdos alcanzados figura el estudio de la liberación de personas detenidas durante las marchas en La Paz y los bloqueos de carreteras. La Defensoría del Pueblo reportó más de un centenar de arrestados.
Asimismo, la administración de Paz se comprometió a no privatizar empresas estatales, una de las principales demandas de los sindicatos.
Sin embargo, tras conocerse el acuerdo, organizaciones campesinas y cocaleras anunciaron que mantendrían las medidas de presión. El dirigente campesino Antonio Mallku aseguró que se determinó radicalizar los grupos de huelga en las carreteras.
Por su parte, los cocaleros informaron en un comunicado difundido por una radio de su propiedad que mantendrán la movilización y los bloqueos de caminos, al tiempo que calificaron la firma del convenio entre el Gobierno y la COB como una “traición”.
