Internacionales
Biden podría ampliar protección condicionada a inmigrantes de ciertos países
El Gobierno del presidente Joe Biden podría ampliar su plan migratorio que busca evitar el viaje irregular de miles de personas que buscan asilo en Estados Unidos, el cual ya aplica a gente originaria de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
“Dimos nuestro primer paso en octubre; dimos nuestro segundo paso en enero, no hay razón para creer que no habrá un tercer paso en algún momento. Estamos abiertos a eso”, reveló el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.
El funcionario se refiere a la decisión de octubre de aceptar hasta 24,000 inmigrantes originarios de Venezuela que soliciten una protección temporal a través de la aplicación “CBP One”.
Hay dos condicionantes claves: la persona debe tener un patrocinador en Estados Unidos, además de aprobar los cuestionamientos y revisión sobre seguridad.
Si el inmigrante es aceptado recibirá una cita para presentarse ante autoridades migratorias. La protección es temporal contra la deportación.
“Este ha sido un proceso iterativo. Obviamente, comenzamos con un enfoque en cómo podríamos respaldar un programa de libertad condicional para venezolanos hace unos meses, en 2022”, recordó Sullivan.
“Ahora lo hemos ampliado a cubanos, nicaragüenses y haitianos. Hemos establecido objetivos numéricos. Estamos en los primeros días de la implementación de eso… y luego tomaremos decisiones sobre dónde dar el siguiente paso”, acotó.
El programa ha desatado opiniones encontradas de defensores de inmigrantes, al considerar que no es una solución al problema sobre peticiones de asilo, además de que aquellas personas que arriben a puertos fronterizos sin cita no serán aceptadas en el programa.
Mientras que gente que ingrese irregularmente a EE.UU. será expulsada en forma expedita bajo el Título 42 y el Título 8.
Organizaciones civiles han criticado que los aplicantes a este programa, que pretende recibir a unos 30,000 inmigrantes mensuales.
Aquellos que sean expulsados en forma expedita serán enviados a México, país que aceptó recibir a unos 30,000 inmigrantes mensuales, bajo sus programas de refugio.
Sullivan dijo que en la cumbre no se ahondará sobre una posible expansión del programa con relación a las personas que pueden ser enviadas a México.
El presidente Biden visitó la frontera desde El Paso, Texas, donde se reunió con elementos de la Patrulla Fronteriza y reconoció que enviaría más recurso para vigilancia.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un llamado a la coordinación entre las autoridades para combatir al crimen organizado, luego de la masiva operación policial realizada el martes en las favelas de Penha y Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro, que dejó 130 muertos.
“No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo a los vecinos y esparciendo droga y violencia por las ciudades”, escribió Lula en la red social X.
El mandatario enfatizó la importancia de trabajar de manera coordinada para atacar la “espina dorsal” del crimen sin poner en riesgo a policías y civiles. Asimismo, recordó la reforma de la ley de seguridad presentada por su Gobierno, que busca la actuación conjunta de todas las fuerzas policiales.
La operación tenía como objetivo capturar a los principales cabecillas del Comando Vermelho, considerada una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Río de Janeiro.
El paso del huracán Melissa por Jamaica ha causado estragos, dejando miles de viviendas sin techo y carreteras intransitables, además de afectar el suministro eléctrico de aproximadamente 500 mil hogares.
Hugh Grant, presidente y director ejecutivo de la Jamaica Public Service (JPS), informó que los municipios más afectados son Saint Elizabeth, Manchester, Hanover y Saint James, donde cerca del 75 % de los clientes permanecen sin electricidad.
El jefe de la Policía, Kevin Blake, indicó que varios sectores quedaron inundados y muchas calles bloqueadas tras la caída de árboles y postes eléctricos a causa de los fuertes vientos.
Hasta el momento, las autoridades reportan más de 40 personas fallecidas en distintos países del Caribe como consecuencia del fenómeno meteorológico.
El periodista Miguel Ángel Beltrán fue asesinado el 25 de octubre en el poblado Río Chico, Durango, mientras transitaba por la carretera rumbo a Mazatlán, confirmaron autoridades locales. Con este crimen, suman nueve los comunicadores asesinados en México en lo que va de 2025.
El caso ha generado condenas nacionales e internacionales. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) reiteraron su preocupación por la violencia que enfrenta el gremio en el país, considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.
Los ataques contra comunicadores incluyen asesinatos, amenazas, acoso judicial, espionaje y campañas de desprestigio en redes sociales, afectando el derecho ciudadano a la información. A pesar del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, diversos colectivos señalan fallas estructurales, ya que varios periodistas han sido asesinados incluso bajo resguardo oficial.
Amnistía Internacional y otros organismos exigieron al Estado mexicano una investigación exhaustiva y la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), así como garantizar condiciones seguras para los comunicadores, especialmente en zonas con alta presencia del crimen organizado.
La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación, mientras RSF solicitó que la FEADLE conozca el caso, al existir indicios de que el asesinato está vinculado con la labor periodística de Beltrán.
La impunidad en casos de violencia contra periodistas en México supera el 90%, según organismos internacionales, lo que genera un clima de miedo y limita la labor informativa. El asesinato de Miguel Ángel Beltrán refleja la crisis de la libertad de expresión en el país y refuerza el llamado urgente para adoptar medidas efectivas de protección y justicia.
