Internacionales
Aumenta a 50 los muertos en masacre en Nueva Zelanda
Los angustiados familiares esperaban ansiosos el domingo a que las autoridades les entregasen los restos de mortales de las víctimas de las masacres en dos mezquitas en la ciudad neozelandesa de Christchurch, mientras la policía anunció que el número de víctimas de los ataques racistas subió a 50 personas.
Según la ley islámica, los cadáveres deben ser limpiados y sepultados lo más pronto posible, por lo general antes de 24 horas. Pero dos días después del peor ataque terrorista en la historia moderna de Nueva Zelanda, los parientes siguen sin saber cuándo podrán sepultar a sus seres queridos.
El comisario de la policía, Mike Bush, dijo que las autoridades estaban trabajando con patólogos y forenses para entregar los cuerpos lo antes posible.
«Tenemos que estar absolutamente seguros de la causa de la muerte y confirmar sus identidades antes de que eso pueda suceder», señaló. «Pero también somos muy conscientes de las necesidades culturales y religiosas. Así que estamos haciéndolo de la forma más rápida y sensible posible”.
La primera ministra, Jacinda Ardern, dijo que un pequeño número de cadáveres serán entregados a las familias el domingo en la noche, y que las autoridades esperan completar el proceso antes del miércoles.
La policía dijo que entregó una lista preliminar de los fallecidos a las familias, lo que ayudó a algunos parientes que seguían esperando noticias.
La magnitud de la tragedia y de la tarea que queda por delante se hizo patente con la llegada de seguidores desde todo el país para ayudar en los entierros en Christchurch. Las autoridades movilizaron retroexcavadoras para abrir nuevas tumbas en una zona de sepulturas musulmanas que ya estaba vallada y protegida de las miradas de los curiosos por una malla blanca.
Brenton Harrison Tarrant
El sospechoso de las balaceras, el supremacista blanco Brenton Harrison Tarrant, de 28 años, compareció el sábado en un tribunal en medio de fuertes medidas de seguridad, encadenado y con uniforme blanco de presidiario. No mostró emoción alguna cuando el juez le leyó un cargo de homicidio, tras el que afirmó que “es razonable asumir” que le serán fincados más.
Tarrant publicó un confuso manifiesto de 74 páginas en las redes sociales antes de las masacres y al parecer utilizó un casco con cámara para emitirlas en vivo.
Ardern señaló que el agresor había enviado el documento por correo electrónico a su oficina nueve minutos antes del ataque, aunque ella no lo recibió personalmente. Su oficina era uno de los 30 destinatarios del correo, que se envió al departamento de seguridad parlamentaria apenas dos minutos después de recibirlo.
En una conferencia de prensa el domingo, Bush apuntó que se encontró otro cuerpo en la mezquita Al Noor al retirar las últimas víctimas, elevando el número de fallecidos en ese templo a 42 personas. Otras siete personas perdieron la vida en la mezquita de Linwood y una más murió más tarde en el hospital de Christchurch.
Otros 34 heridos seguían ingresados en el hospital de la ciudad, 12 de ellos en estado crítico, según las autoridades. Una niña de 4 años en el hospital infantil de Auckland también presentaba lesiones críticas.
Docenas de personas se congregaron en un centro habilitado para las víctimas, familias y amigos frente al hospital, y muchos volaron desde otras partes del país para prestarles su apoyo.
Tras las matanzas perpetradas durante las oraciones del viernes, Arden reiteró en una conferencia de prensa el domingo su promesa de realizar cambios en las leyes de armas del país. Su gobierno discutirá los detalles de la política el lunes.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
Internacionales
La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
