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Ataques armados de fuerzas de Daniel Ortega deja cinco fallecidos: entre ellos un niño de 15 meses
Al menos cinco muertos, incluido un niño de 15 meses, dejaron ataques simultáneos de fuerzas combinadas del gobierno de Daniel Ortega en barrios de Managua y en la principal universidad de Nicaragua, informó un grupo de derechos humanos.
“Estamos hablando de cinco muertos, incluido el niño, pero podría haber más”, afirmó a la AFP Georgina Ruiz, activista de Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), que contabiliza unas 200 muertes en poco más de dos meses de protestas contra Ortega.
Desde la medianoche, fuerzas de policías, parapolicías y paramilitares incursionaron fuertemente armados en al menos seis barrios del oriente capitalino y en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), en el suroeste, donde decenas de estudiantes se mantienen atrincherados.
Dos jóvenes murieron en la zona universitaria, en tanto que otros 15 resultaron heridos, según el CENIDH. Los otros fallecimientos ocurrieron en los barrios.
El niño murió cuando su madre lo llevaba a un lugar donde se lo cuidaban, en momentos en que las fuerzas combinadas entraron a un barrio en el sector este de la capital para desmontar barricadas, según contaron los familiares a la prensa.
“Fue un balazo de parte de la policía. Yo los vi, fueron policías, nadie me lo dijo”, declaró la madre del niño, Kenia Navarrete, al canal 100% Noticias.
El sitio oficial del gobierno, El 19 Digital, aseguró que quienes le “dispararon” al menor fueron “delincuentes que se encuentran operando en el sector de la Universidad Politécnica(Upoli)”.
“Reiteramos nuestro llamado al cese inmediato de toda forma de violencia y represión, el pueblo nicaragüense merece una oportunidad para la paz”, escribió en Twitter el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tras condenar la muerte del niño y de los dos jóvenes en la UNAN.
Ante los ataques, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, de grupos de la sociedad civil, suspendió una marcha prevista para la tarde de este sábado.
Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de seguridad social, pero se ampliaron para demandar justicia por las muertes y la salida del poder de Ortega, a quien acusan de instaurar, junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, un gobierno autocrático y corrupto.
Cuatro personas con «experiencia operativa» están involucradas en el doble asesinato de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, confirmaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El ataque fue planificado, aseguraron las autoridades.
La investigación apunta a que el tirador, captado en las cámaras de videovigilancia, esperó a que los servidores públicos Ximena Guzmán y José Muñoz estuvieran juntos para cometer el delito el 20 de mayo sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.
Una vez que las víctimas abordaron el vehículo con el que se disponían a realizar su jornada laboral, el agresor se colocó de frente y disparó con un arma de fuego contra ellas. Las heridas de bala en sus cráneos y tórax les causaron la muerte de inmediato.
Ocho casquillos calibre 9 mm fueron encontrados en la zona del ataque, y de acuerdo con la Fiscalía, el arma no está vinculada a otros delitos. Con apoyo de otras tres personas, el pistolero logró darse a la fuga en una motocicleta.
Además, los involucrados cambiaron de vehículo en dos ocasiones para abandonar el perímetro de la ciudad. Los números de serie fueron alterados y tienen reporte de robo, detalló la Fiscalía. «Los indicios confirman que el ataque fue directo, ejecutado con un alto grado de planeación y experiencia operativa», destacaron.
Sin embargo, las autoridades todavía no tienen una «hipótesis concluyente sobre el móvil del crimen ni sobre posibles autores intelectuales». Por ello, se mantienen abiertas «todas las líneas de investigación», explicaron.
«Puedo asegurarles que estamos agotando todos los recursos y las líneas de investigación para que estos hechos […] no queden impunes», detalló la fiscal general, Bertha Alcalde Luján. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada si incrementará sus medidas de seguridad en actos públicos ante estos crímenes.
«No, no tenemos pensado», respondió en su conferencia matutina de ayer. La mandataria también negó que haya recibido denuncias de amenazas de algún funcionario.
De enero a abril, en la Ciudad de México hubo 316 víctimas de homicidio doloso, detalla el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Rusia anunció el viernes que canjeó 270 militares y 120 civiles capturados con Ucrania, en un intercambio acordado con Kiev en las conversaciones de Estambul la semana pasada.
«270 militares rusos y 120 civiles (…) fueron devueltos. A cambio, fueron entregados 270 prisioneros de guerra del ejército ucraniano y 120 civiles», informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.
Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó el viernes que su país repatrió a 390 personas en la primera fase de un intercambio de prisioneros a gran escala con Rusia, que durará varios días.
«La primera fase del acuerdo de intercambio ‘1.000 por 1.000’ concluyó» con la repatriación de «390 personas», declaró en X. «Esperamos que el intercambio continúe el sábado y el domingo», añadió Zelenski.
Se trata de la segunda condena contra el exfuncionario en ese país, luego de que en octubre pasado fuera sentenciado a 39 años de cárcel por proteger al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos, tras un juicio en el que testificaron antiguos miembros del grupo criminal.
El nuevo fallo corresponde a una demanda civil que presentó México en septiembre de 2021 contra García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, a quienes acusa de conformar una «red de corrupción y lavado de dinero» que abarcó decenas de contratos públicos. Las operaciones de blanqueo se ejecutaron en Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), brazo antilavado del gobierno, dijo en un comunicado que «la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente», conforme a la ley de Florida, donde se llevó el caso.
García Luna, de 56 años, fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012).
El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Vivía desde 2012 en Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha dicho que un conglomerado empresarial familiar de García Luna obtuvo 30 contratos con varios organismos de seguridad pública, a partir de los cuales se extrajeron recursos por un monto de 745,9 millones de dólares.
En marzo de 2023, la UIF señaló que los fondos «fueron transferidos al extranjer» mediante la utilización de paraísos fiscales y la adquisición de bienes y otros activos en el estado de Florida.
