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Google eliminará archivos con datos personales que rastreó en modo incógnito
Google acordó eliminar miles de millones de registros de datos sobre las actividades en línea de los usuarios, como parte de un acuerdo ante una demanda que alegó que la empresa rastreaba los datos personales de las personas sin su conocimiento, informó el lunes The Wall Street Journal.
Una demanda colectiva en nombre de millones de usuarios del navegador web Chrome fue presentada ante un tribunal estadounidense en 2020. Se planteaba allí que la empresa recopilaba en secreto los datos de las personas, aun cuando estuvieran en modo incógnito. A finales de diciembre de 2023, los abogados que representaban a los demandantes y los de la empresa anunciaron que habían llegado a un acuerdo para ayudar a resolver la demanda.
Google prometió actualizar la información sobre los datos que recopila durante la navegación ‘privada’, así como dar a los usuarios la posibilidad de bloquear las cookies de terceros en ese modo. La demanda pedía originalmente 5.000 dólares por daños y perjuicios para cada usuario, pero el acuerdo de conciliación no incluyó esa cláusula. Sin embargo, el acuerdo permitirá a los particulares presentar posteriores demandas.
El abogado David Boies, que representa a los consumidores, dijo que el acuerdo obliga a Google a eliminar y remediar «en un alcance y escala sin precedentes» los datos que recopiló indebidamente. «Este acuerdo es un paso histórico en la exigencia de honestidad y responsabilidad a las empresas tecnológicas dominantes», subrayó.
«Nos complace llegar a un acuerdo sobre esta demanda, que siempre hemos considerado infundada. Los demandantes querían originalmente 5.000 millones de dólares y están recibiendo cero», comunicó al respecto el portavoz de Google, José Castañeda. «Estamos encantados de borrar datos técnicos antiguos, que nunca estuvieron asociados a un individuo y que nunca se utilizaron para ninguna forma de personalización», agregó.
En su obra «La Experiencia Bukele: El Renacer del Estado», el politólogo Óscar Martínez Peñate analiza el surgimiento del llamado «Modelo Bukele» como una respuesta transformadora frente a décadas de corrupción y violencia en El Salvador. A través de un enfoque académico, el autor examina cómo este modelo ha redefinido el papel del Estado y la relación entre el gobierno y la ciudadanía.
En las primeras páginas, Martínez Peñate contextualiza el ascenso de Nayib Bukele en un país marcado por la desconfianza hacia las instituciones tradicionales. Destaca que el «Modelo Bukele» no es simplemente una estrategia de gobierno, sino un paradigma que emerge como reacción al estatus quo. Según el autor, este modelo se erige «en negación a lo que prevalece, crea un discurso de rechazo al contexto en donde se produce el desarrollo de las estructuras, y a las propias dinámicas internas que le dan vida a la realidad presente y dominante».
El autor señala que este paradigma tiene su génesis en condiciones adversas, siendo una reacción al estatus quo existente. Se erige en negación a lo que prevalece, creando un discurso de rechazo al contexto en donde se produce el desarrollo de las estructuras, y a las propias dinámicas internas que le dan vida a la realidad presente y dominante.
Martínez Peñate argumenta que el «Modelo Bukele» representa una ruptura con el pasado, al enfocarse en la eficiencia del Estado y la cercanía con la población. Este enfoque ha permitido al gobierno implementar políticas públicas con mayor rapidez y eficacia, ganándose el respaldo de amplios sectores de la sociedad salvadoreña.
Una de las características distintivas del modelo es su capacidad para adaptarse a las necesidades del pueblo, priorizando la seguridad, la salud y la educación. El autor destaca que estas áreas han sido tradicionalmente descuidadas por administraciones anteriores, lo que ha generado un cambio significativo en la percepción ciudadana sobre el rol del Estado.
El texto también aborda las críticas que ha recibido el gobierno de Bukele, especialmente en lo relacionado con la concentración de poder y la supuesta erosión de la institucionalidad democrática. Martínez Peñate reconoce estas preocupaciones, pero sostiene que el modelo debe evaluarse en función de sus resultados y del contexto en el que opera.
En este sentido, el autor plantea que el «Modelo Bukele» ha logrado estabilizar el país y reducir los índices de violencia, lo que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Este logro, según Martínez Peñate, es un indicador clave del éxito del paradigma en cuestión.
Además, el libro explora cómo el liderazgo de Bukele ha influido en la política regional, inspirando a otros movimientos que buscan replicar su enfoque en diferentes contextos latinoamericanos. El autor sugiere que este fenómeno podría dar lugar a una reconfiguración del panorama político en la región.
Martínez Peñate también analiza el papel de las redes sociales en la consolidación del modelo, destacando cómo el gobierno ha utilizado estas plataformas para comunicarse directamente con la ciudadanía y contrarrestar las narrativas de la oposición. Este uso estratégico de la tecnología ha sido fundamental para mantener el apoyo popular.
El autor concluye que el «Modelo Bukele» representa una nueva forma de gobernar, centrada en la eficiencia, la cercanía con el pueblo y la capacidad de respuesta ante las demandas sociales. Aunque reconoce los desafíos que enfrenta, Martínez Peñate considera que este paradigma ofrece una oportunidad para repensar el papel del Estado en América Latina.
En resumen, «La Experiencia Bukele: El Renacer del Estado» ofrece una visión detallada y reflexiva sobre un fenómeno político que ha captado la atención tanto a nivel nacional como internacional. A través de su análisis, Óscar Martínez Peñate invita a los lectores a considerar las implicaciones de este modelo para el futuro de la gobernanza en la región.
Para una lectura completa y detallada, puede acceder al texto original: https://revistacon-secuencias.com/index.php/ebook-rcs/article/view/103/236
Las autoridades continúan la búsqueda del profesor Enrique Peña, desaparecido desde el 16 de abril tras separarse de su grupo durante una caminata en el volcán Chinchontepec, San Vicente. Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil, informó que se han desplegado drones, unidades caninas y guías locales para rastrear meticulosamente la zona, registrando cada movimiento con coordenadas GPS.
Peña, exdocente del Instituto Nacional José Simeón Cañas de Zacatecoluca y actualmente en el Centro Escolar Jule Gálvez de Santiago Nonualco, es buscado intensamente desde que se reportó su desaparición. Lamentablemente, su madre, Mercedes, falleció al conocer la noticia.
Desde el 19 de abril, Protección Civil de la Paz Este suspendió indefinidamente todas las actividades en el volcán Chinchontepec para facilitar las labores de búsqueda y garantizar la seguridad de la población.
Nacionales
Autoridades capturan a sujetos por hurtar celulares en bus de la ruta 101-D en Santa Tecla
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a dos hombres que habían hurtado teléfonos celulares a pasajeros de un autobús de la ruta 101-D, en Santa Tecla.
Los detenidos son José María Landaverde Callejas, de 24 años, y el nicaragüense Carlos Fernando Vaquero, de 29, según confirmó la PNC tras el procedimiento.
De acuerdo con la base de datos policial, el extranjero ya contaba con antecedentes por el delito de hurto, y ambos enfrentarán un nuevo proceso por hurto y receptación.
«Fueron interceptados en la colonia Escalón, San Salvador, y al percatarse de la presencia policial comenzaron a tirar los teléfonos al piso del bus», informó la institución en su cuenta oficial de X.
En una fotografía difundida por la PNC se observan seis teléfonos celulares que habían sido sustraídos a pasajeros de la unidad de transporte. Ambos sujetos serán puestos a la orden de la Fiscalía General de la República para que se les inicie un proceso penal por los dos delitos, en un juzgado de San Salvador.
El hurto es un delito que se consuma sin uso de violencia, y la pena es menos severa que la del robo, donde sí se recurre a la fuerza.
El 7 de febrero de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma que incrementó las penas por delitos patrimoniales. El hurto es castigado con prisión de 6 a 8 años cuando el valor de lo sustraído supera los $22.85. En el caso del hurto agravado, la pena puede oscilar entre 10 y 15 años de cárcel.
