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Presidente Bukele destaca soberanía y seguridad de El Salvador en la ONU
El presidente de la república, Nayib Bukele, declaró este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que, luego de que El Salvador adoptara su propia «medicina» y la población le diera su voto de confianza en los poderes Ejecutivo y Legislativo, «El Salvador ya no es la capital de la muerte».
“Hoy vengo a decirles, ese debate se acabó, ya no somos la capital mundial de la muerte”, dijo en el 28o periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, cuyo tema central fue el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Bukele hacía referencia al debate o las críticas recibidas ante el hecho ocurrido el 1 de mayo de 2021 cuando la Asamblea Legislativa dominada por su partido destituyó a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que concluían su mandato en 2027 y los sustituyó en la misma sesión plenaria con nombramientos directos de personas cercanas o afines a su gobierno. “Nos criticaron y condenaron por cada una de las decisiones que tomamos en aquel momento”, recordó el funcionario.
“Se enfrascaron en un debate sobre lo que estábamos haciendo. Hoy vengo a decirles, ese debate se acabó, ya no somos la capital mundial de la muerte, hoy somos un referente de seguridad, ahí están los resultados, son irrefutables, en El Salvador hicimos lo correcto para El Salvador”, prosiguió el mandatario.
El presidente explicó que El Salvador adoptó su propia “medicina” y que el “pueblo” le otorgó dos votos de confianza, al elegirlo a él y al darle gobernabilidad con la mayoría legislativa a partir de mayo de 2021. Manifestó que fue en ese momento cuando comenzaron “las condenas internacionales” y “de pronto” les exigían explicaciones” sobre los cambios de fiscal, Sala de lo Constitucional y jueces.
«De pronto nos exigían explicaciones que por qué cambiábamos al fiscal, a los magistrados o los jueces. ¿No les parece absurdo que nos cuestionaran por eso?, ¿de quién es la responsabilidad de mantener una política de seguridad interna en cualquier país del mundo?, es responsabilidad del gobierno, del Órgano Ejecutivo, sí, a través de las fuerzas de seguridad del Estado y del sistema penitenciario pero en cooperación con el Ministerio Público, la Fiscalía, el Órgano Judicial, era una condición indispensable que todos trabajaran articulados y alineados hacia un mismo lado para que el plan funcionara”, expresó Bukele en referencia al plan de seguridad que hoy permite al país según el mandatario dejar de ser «la capital de la muerte».
En septiembre de 2021, luego de que la Sala recién nombrada avalara la reelección presidencial inmediata, la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador emitió una condena y dijo que “este fallo es el resultado directo de la decisión el primer día de mayo de la Asamblea Legislativa salvadoreña de remover inconstitucionalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional e instalar reemplazos”. Una de las críticas que recibió el cambio de la Sala de lo Constitucional es que los nuevos nombramientos no fueron realizados con base en listados propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
