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Presidente Bukele destaca soberanía y seguridad de El Salvador en la ONU
El presidente de la república, Nayib Bukele, declaró este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que, luego de que El Salvador adoptara su propia «medicina» y la población le diera su voto de confianza en los poderes Ejecutivo y Legislativo, «El Salvador ya no es la capital de la muerte».
“Hoy vengo a decirles, ese debate se acabó, ya no somos la capital mundial de la muerte”, dijo en el 28o periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, cuyo tema central fue el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Bukele hacía referencia al debate o las críticas recibidas ante el hecho ocurrido el 1 de mayo de 2021 cuando la Asamblea Legislativa dominada por su partido destituyó a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que concluían su mandato en 2027 y los sustituyó en la misma sesión plenaria con nombramientos directos de personas cercanas o afines a su gobierno. “Nos criticaron y condenaron por cada una de las decisiones que tomamos en aquel momento”, recordó el funcionario.
“Se enfrascaron en un debate sobre lo que estábamos haciendo. Hoy vengo a decirles, ese debate se acabó, ya no somos la capital mundial de la muerte, hoy somos un referente de seguridad, ahí están los resultados, son irrefutables, en El Salvador hicimos lo correcto para El Salvador”, prosiguió el mandatario.
El presidente explicó que El Salvador adoptó su propia “medicina” y que el “pueblo” le otorgó dos votos de confianza, al elegirlo a él y al darle gobernabilidad con la mayoría legislativa a partir de mayo de 2021. Manifestó que fue en ese momento cuando comenzaron “las condenas internacionales” y “de pronto” les exigían explicaciones” sobre los cambios de fiscal, Sala de lo Constitucional y jueces.
«De pronto nos exigían explicaciones que por qué cambiábamos al fiscal, a los magistrados o los jueces. ¿No les parece absurdo que nos cuestionaran por eso?, ¿de quién es la responsabilidad de mantener una política de seguridad interna en cualquier país del mundo?, es responsabilidad del gobierno, del Órgano Ejecutivo, sí, a través de las fuerzas de seguridad del Estado y del sistema penitenciario pero en cooperación con el Ministerio Público, la Fiscalía, el Órgano Judicial, era una condición indispensable que todos trabajaran articulados y alineados hacia un mismo lado para que el plan funcionara”, expresó Bukele en referencia al plan de seguridad que hoy permite al país según el mandatario dejar de ser «la capital de la muerte».
En septiembre de 2021, luego de que la Sala recién nombrada avalara la reelección presidencial inmediata, la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador emitió una condena y dijo que “este fallo es el resultado directo de la decisión el primer día de mayo de la Asamblea Legislativa salvadoreña de remover inconstitucionalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional e instalar reemplazos”. Una de las críticas que recibió el cambio de la Sala de lo Constitucional es que los nuevos nombramientos no fueron realizados con base en listados propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
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El Salvador destaca cooperación y fortalecimiento institucional en cumbre regional del SICA
En el marco de la XCIII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, tuvo una participación activa en el diálogo regional enfocado en fortalecer la cooperación y avanzar hacia resultados concretos para los países miembros.
El encuentro, encabezado por el canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, abordó temas clave como la integración regional, el desarrollo común, la seguridad colectiva y el bienestar de los pueblos, bajo el lema «Fortaleciendo la integración para avanzar como región».
Durante su intervención, Hill Tinoco destacó la importancia de consolidar una institucionalidad sólida que permita mejorar la eficiencia del sistema regional.
«Reafirmé el compromiso con una integración regional más eficiente y orientada a resultados», expresó la funcionaria salvadoreña, destacando que estos esfuerzos son fundamentales para impulsar mayores niveles de cooperación entre los países.
La canciller también enfatizó que el trabajo conjunto dentro del SICA representa una oportunidad estratégica para enfrentar desafíos comunes y generar mayores beneficios para la población centroamericana.
La Organización Internacional de la Policía (Interpol) notificó el pasado 15 de abril a la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador que eliminó la difusión roja en contra del expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani y bloqueó temporalmente los datos del exdiputado del Partido Demócrata Cristiano, Rodolfo Paker, ambos acusados en la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres al interior de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) durante la madrugada del 16 de noviembre de 1989.
En cuanto a Cristiani, la Interpol notificó a la PNC que «habiendo estudiado el expediente respectivo, fueron eliminados los datos del señor Alfredo Félix Cristiani Burkard y ya no se puede utilizar el medio de Interpol para la búsqueda y localización de este».
Mientras que en el caso del exdiputado, la resolución indica que la Secretaría General de Interpol bloqueó sus datos como medida temporal «a la espera de un análisis detenido del caso».
Ambos escritos fueron enviados por la Oficina Central de Interpol El Salvador, de la PNC, al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador que conoce el caso. Según expertos del caso, esto significa que tanto Cristiani como Parker pueden pasar por cualquier control migratorio sin ser objeto de detención.
Interpol El Salvador también trasladó la notificación al Tribunal que en cuanto a las notificaciones rojas de Juan Orlando Zepeda Herrera y Joaquín Arnoldo Cerna, quedan sujetas al número de control A-10114/1-2025 y A-10115/1-2025.
En este proceso penal figuran como acusados, el expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard; el exdiputado, Rodolfo Antonio Parker; los exmilitares Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía. Todos procesados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de asesinato, encubrimiento personal y fraude procesal.
El 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana fueron asesinados los sacerdotes jesuitas: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo y Amando López Quintana, de nacionalidad española y Joaquín López y López, de nacionalidad salvadoreña; y sus dos colaboradoras, Elba Ramos y su hija, Celina Ramos. El crimen fue perpetrado por un comando militar en el contexto del conflicto armado salvadoreño.
Tras la resolución judicial en etapa de instrucción, el 18 de noviembre de 2024, el caso fue remitido al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, instancia que será la encargada de conocer la causa y desarrollar el juicio; sin embargo, la defensa del general Larios ha presentado una recusación contra la presidenta del tribunal.
Ante ello el tribunal notificó que celebrará una audiencia especial el próximo 30 de abril a las 2:00 de la tarde.
Un ataque bomba este sábado dejó 7 muertos y 20 heridos en una zona con fuerte presencia guerrillera de Colombia, en medio de una seguidilla de atentados a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, informó el gobernador del Cauca.
La explosión fue en una carretera de esta violenta región e impactó en varios vehículos. Desde ayer se han registrado varios atentados que las autoridades atribuyen a los disidentes de la guerrilla de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y siembran terror en el país.
«Fue activado un artefacto explosivo» que «deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad», publicó en X Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, junto a un video que muestra a las víctimas en el suelo y vehículos volcados y destruidos tras el ataque.
Otros videos compartidos en redes sociales muestran fuertes daños y huecos en la vía, con testigos que aseguran que el impacto los movió varios metros.
El viernes un atentado contra una base militar en Cali, la tercera ciudad del país, dejó dos heridos e inició una serie de ataques en las regiones del Valle del Cauca y el Cauca. En 2025, sangrientos atentados contra la fuerza pública en la zona dejaron civiles muertos y marcaron la peor ola de violencia del país en la última década.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este sábado que reforzaron la presencia militar y policial en la zona para hacer frente a los ataques.
La ofensiva aumenta el clima de tensión de cara las presidenciales del 31 de mayo, en las que la seguridad es uno de los temas centrales. El delfín político del presidente izquierdista Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda, es el favorito seguido por los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, según las encuestas.
Los tres han denunciado amenazas de muerte.
En Colombia es habitual que los grupos armados, que se financian con actividades ilegales como el narcotráfico, la minería y la extorsión, intenten ejercer presión violenta sobre los comicios presidenciales.
Tras su llegada al poder en 2022, Petro intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, que han fortalecido sus filas en los últimos años.
