Judicial
Presentan peritajes por presunta corrupción del exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez
La Fiscalía General de la República presentó dos informes periciales en el proceso penal instruido en contra del exministro de Obras Públicas contra David Gutiérrez Miranda, acusado de peculado (apropiarse de fondos públicos).
El exfuncionario es señalado de haber pagado más de $13 millones por trabajos no ejecutados a una empresa constructora que ganó el proyecto tramo II del Bulevar Monseñor Romero, denominado al principio Diego de Holguín.
«Gutiérrez autorizó anticipos y pagos mensuales en el diseño y construcción de la obra, la cual no fue terminada.
Con estas evidencias, se busca demostrar que David Gutiérrez Miranda actuó con negligencia al no supervisar que la obra se construyera en el tiempo estipulado y realizó pagos indebidos a la empresa constructora», destaca el ministerio público en su cuenta oficial de la red social X.
Según la Fiscalía con esas acciones ilegales el exfuncionario causó afectaciones financieras al Estado. Uno de los peritajes es un análisis técnico documental que en su momento autorizó el extinto Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador con el cual se establece los daños ocasionados al proyecto fase dos durante el período que David Gutiérrez fungió como ministro de Obras Públicas, en el gobierno de Antonio Saca.
La pericia técnica estuvo a cargo de tres ingenieros que tiene la calidad de peritos permanentes por ser empleados de una entidad estatal.
Gutiérrez Miranda está con medidas alternas a la detención emitidas por el Juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvador cuando realizó la audiencia inicial.
La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción la Fiscalía ha plasmado en el expediente que los hechos ocurrieron entre diciembre del 2005 hasta enero de 2007 cuando autorizó pagos por obras no realizadas en el diseño y construcción de la apertura del bulevar.
Los fiscales han indagado que se pagó a la constructora del tramo II del Bulevar Diego de Holguín a pesar de que la obra no se terminó. El proyecto estaba para 420 días, al pasar el 50% de ese tiempo la obra tuvo 20% de avance y la empresa no fue sancionada por incumplir el contrato.
Según el ministerio público el exministro causó un perjuicio económico al Estado por negligencia y omisión de sus funciones como titular de esa secretaría del Estado.
La fase II del proyecto estuvo paralizada varios meses, pero el Ministerio de Obras Públicas siguió pagando por avances de la obra, al asocio temporal Copreca-Linares, que era representado por el prófugo guatemalteco Jesús Hernández Campollo.
La Fiscalía dijo en el dictamen de acusación que David Gutiérrez, pagó $13,723,132. 60, dinero que tendría que cancelar a través de una responsabilidad civil. Las anomalías iniciaron a ser investigadas el 24 de mayo del 2010, por una denuncia recibida, por acciones fuera de la ley en la ejecución del proyecto que fue otorgado en la modalidad llave en mano, es decir que no podía hacerse ninguna modificación.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
