Judicial
Presentan peritajes por presunta corrupción del exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez
La Fiscalía General de la República presentó dos informes periciales en el proceso penal instruido en contra del exministro de Obras Públicas contra David Gutiérrez Miranda, acusado de peculado (apropiarse de fondos públicos).
El exfuncionario es señalado de haber pagado más de $13 millones por trabajos no ejecutados a una empresa constructora que ganó el proyecto tramo II del Bulevar Monseñor Romero, denominado al principio Diego de Holguín.
«Gutiérrez autorizó anticipos y pagos mensuales en el diseño y construcción de la obra, la cual no fue terminada.
Con estas evidencias, se busca demostrar que David Gutiérrez Miranda actuó con negligencia al no supervisar que la obra se construyera en el tiempo estipulado y realizó pagos indebidos a la empresa constructora», destaca el ministerio público en su cuenta oficial de la red social X.
Según la Fiscalía con esas acciones ilegales el exfuncionario causó afectaciones financieras al Estado. Uno de los peritajes es un análisis técnico documental que en su momento autorizó el extinto Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador con el cual se establece los daños ocasionados al proyecto fase dos durante el período que David Gutiérrez fungió como ministro de Obras Públicas, en el gobierno de Antonio Saca.
La pericia técnica estuvo a cargo de tres ingenieros que tiene la calidad de peritos permanentes por ser empleados de una entidad estatal.
Gutiérrez Miranda está con medidas alternas a la detención emitidas por el Juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvador cuando realizó la audiencia inicial.
La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción la Fiscalía ha plasmado en el expediente que los hechos ocurrieron entre diciembre del 2005 hasta enero de 2007 cuando autorizó pagos por obras no realizadas en el diseño y construcción de la apertura del bulevar.
Los fiscales han indagado que se pagó a la constructora del tramo II del Bulevar Diego de Holguín a pesar de que la obra no se terminó. El proyecto estaba para 420 días, al pasar el 50% de ese tiempo la obra tuvo 20% de avance y la empresa no fue sancionada por incumplir el contrato.
Según el ministerio público el exministro causó un perjuicio económico al Estado por negligencia y omisión de sus funciones como titular de esa secretaría del Estado.
La fase II del proyecto estuvo paralizada varios meses, pero el Ministerio de Obras Públicas siguió pagando por avances de la obra, al asocio temporal Copreca-Linares, que era representado por el prófugo guatemalteco Jesús Hernández Campollo.
La Fiscalía dijo en el dictamen de acusación que David Gutiérrez, pagó $13,723,132. 60, dinero que tendría que cancelar a través de una responsabilidad civil. Las anomalías iniciaron a ser investigadas el 24 de mayo del 2010, por una denuncia recibida, por acciones fuera de la ley en la ejecución del proyecto que fue otorgado en la modalidad llave en mano, es decir que no podía hacerse ninguna modificación.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana impuso una condena de 50 años de prisión a José Francisco Linares Girón, declarado culpable del feminicidio agravado de su expareja.
El crimen ocurrió el 23 de septiembre de 2023 en el distrito de Metapán, Santa Ana Norte. De acuerdo con las investigaciones, Linares Girón había mantenido una relación sentimental con la víctima, la cual terminó debido a la violencia física y psicológica que él ejercía sobre ella. Pese a la ruptura, el agresor continuó acosándola e insistiendo en retomar la relación.
Ante la negativa de la mujer, el condenado la citó en un predio donde la atacó violentamente hasta causarle la muerte. Luego intentó alterar la escena del crimen y huyó del lugar. El cuerpo fue localizado tres días después, el 26 de septiembre, por trabajadores de la zona que dieron aviso a las autoridades. Linares Girón fue capturado un día después, el 27 de septiembre, y desde entonces permanece en prisión.
En un caso similar, el Juzgado Primero de Sentencia de Zacatecoluca sentenció a 30 años de cárcel a Pedro Martínez López por el delito de feminicidio agravado. Este hecho tuvo lugar el 2 de noviembre de 2013 en el cantón San Pedro Loma, distrito de Tapalhuapa, en el departamento de La Paz.
Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.
Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.
La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.
Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.
Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.
No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.
Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.
