El director de la NASA dijo el martes que la agencia espacial estadounidense pretende suspender su proyecto para construir una estación espacial en la órbita de la Luna, conocido como «Gateway», y que se centrará en su lugar en «construir una base lunar».

El cambio ocurre tras el anuncio reciente de la NASA de que reestructuraría su programa Artemis, con el que pretende enviar nuevamente astronautas a la Luna y establecer allí una presencia a largo plazo, pensando en futuras misiones a Marte.

«La agencia tiene la intención de pausar Gateway en su forma actual y cambiar el foco hacia infraestructura que permita operaciones sostenidas en la superficie» lunar, dijo el jefe de la NASA, Jared Isaacman, en un comunicado.

«A pesar de los desafíos con algunos equipos existentes, la agencia reutilizará el hardware aplicable y aprovechará los compromisos de sus socios internacionales para respaldar estos objetivos».

La Agencia Espacial Europea era una de las organizaciones internacionales socias en el proyecto Gateway.

El proyecto ya había sido criticado por quienes lo consideraban un despilfarro y una distracción de otras misiones lunares.

El programa Artemis sufrió múltiples atrasos en años recientes, pero sigue teniendo como objetivo llevar estadounidenses a la superficie lunar en 2028.

La NASA está reorganizando su calendario de vuelos para incluir una misión de prueba antes de un eventual alunizaje, explicó Isaacman.

La revisión también ocurre en medio de atrasos de la misión Artemis 2 -postergada de febrero a abril-, en la que astronautas volarán alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

El Gobierno continúa beneficiando a cientos de familias salvadoreñas con una vivienda propia. Durante la gestión del presidente Nayib Bukele, se han invertido $56 millones a través del Programa de Reasentamientos impulsado por el Ministerio de Vivienda, en coordinación con las instituciones del Sistema de Vivienda.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, afirmó que el programa brinda un espacio seguro, accesible y de calidad, sobre todo a las familias que vivían en zonas de peligro como ríos, quebradas, taludes o cárcavas y que en cada temporada lluviosa tenían que ser albergadas.

«Este esfuerzo [la entrega de viviendas] forma parte del Programa de Reasentamientos, que ya alcanza una inversión de $56 millones, beneficiando a familias en condición de riesgo, vulnerabilidad o afectadas por fenómenos naturales», destacó Sol.

Asimismo, en fechas anteriores, Sol ha mencionado que cuando llegaron al Gobierno encontraron un déficit habitacional elevado, familias que vivían en zonas de alto riesgo y a eso a lo que le han estado apostado durante toda la administración Bukele.

Es importante destacar que, a través de las diferentes modalidades de intervención, el Ministerio de Vivienda brinda una solución habitacional adecuada e integral, procurando el arraigo, el tejido social, redes de apoyo y las mejores condiciones de vida de las familias, garantizando servicios urbanos y escrituras de propiedad.

También, como parte del programa, la ministra informó recientemente que los equipos sociales del Sistema de Vivienda han concluido el censo de las familias de las comunidades de alto riesgo Río Mar y Chilama 1 y 2, a quienes se les ha presentado un proyecto habitacional para su reubicación.

Recientemente, Michelle Sol entregó viviendas a 16 familias de la Lotificación La Aguja, en La Libertad Costa, en el marco de este programa. La inversión social por cada vivienda fue de $35,000, sumando un total de $560,000.

Las viviendas constan de dos habitaciones, sala, comedor, cocina, lavatrastos de acero inoxidable, baño completo, pila, ventanas tipo francesa, puerta balcón y cuentan con los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica.

El nuevo gobierno de Chile anunció el lunes un aumento histórico de casi medio dólar por litro en los combustibles, tras hacer un severo ajuste en un mecanismo estatal que amortigua la volatilidad de los precios internacionales.

Chile depende casi en su totalidad de las importaciones de petróleo, cuyo valor en las últimas semanas registró un fuerte incremento de 70 dólares a 110 por la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán en Oriente Medio.

La administración del ultraderechista José Antonio Kast, quien promete una reducción del déficit fiscal, asegura que el mecanismo de control le cuesta al Estado unos 140 millones de dólares semanales debido al actual contexto internacional.

Los nuevos precios empezarán a regir el jueves. La gasolina pasará de costar unos 1.3 dólares por litro a 1.7, mientras que el diésel se revalorizará de 1 dólar a también 1.7.

La medida se hace «para ajustar los precios internos hacia niveles consistentes con los precios internacionales», dijo en un comunicado el Ministerio de Hacienda.

«Estamos enfrentando un shock de los más grandes en el mercado del petróleo en décadas, en un contexto de estrechez fiscal muy severa. Tenemos que tomar decisiones duras para resguardar las finanzas públicas», señaló Jorge Quiroz, ministro de esa cartera, citado por el comunicado.

Tras el anuncio se generaron largas filas en algunas gasolineras de la capital Santiago, constató la AFP.

«Para el ciudadano común es un alza sin precedentes al precio de la gasolina y diésel», dijo a la AFP el economista Juan Ortiz, profesor de la Universidad Diego Portales.

La inflación «será mayor como resultado de este aumento del precio de los combustibles. El mayor impacto se verá en abril», apuntó.

Para mitigar la subida del costo de vida de los chilenos, el gobierno anunció medidas como el congelamiento de la tarifa del transporte público y un bono de 110 dólares mensual para los taxistas por medio año.

La nueva administración busca reducir el déficit fiscal que reportó el país en 2025, de 3.6 % del PIB, que el gobierno anterior del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026) atribuyó a ingresos menores a los previstos.

Kast, que asumió el poder hace dos semanas, ordenó la disminución de un 3 % en los gastos de los ministerios para ahorrar unos 3,000 millones de dólares en 2026.

El mandatario busca una reducción de 6,000 millones de dólares del gasto público en 18 meses, equivalente al 2 % del PIB.