Judicial
Incautan bienes relacionados a Sánchez Cerén, su familia y dos exfuncionarios
La Fiscalía General de la República (FGR), incautó este miércoles 3 bienes relacionados al expresidente Salvador Sánchez Cerén, su grupo familiar y dos exfuncionarios, por un valor de US$1,312,158.02.
La Fiscalía explicó que en este procedimiento se decomisó una cuenta bancaria a nombre del exmandatario, por un monto de US$24,670.45.
Otros decomisos son dos inmuebles, uno propiedad de Manuel Melgar, por un valor de US$101,809.00 y otro a nombre de Saúl Osorio, por US$27,428.57. «Estos bienes serán administrados por el CONAB a partir de este día», dijo la Fiscalía.
Sánchez Cerén y Manuel Melgar, prófugos de la justicia, son procesados por Lavado de Dinero y Peculado en el caso denominado «Gastos Reservados 2014-2019» junto a otros 15 incriminados que se encuentra en la fase de instrucción a cargo del Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador.
En agosto de 2022, la Fiscalía acusó a Sánchez y a 17 exempleados de su Gobierno de lavar $183 millones de la cuenta de Gastos Reservados de Casa Presidencial a seis cuentas particulares.
De ese monto, $152 millones fueron retirados en efectivo y otros fondos fueron pagados a proveedores que no tenían relación comercial con Capres, según la acusación.
Los 18 señalados también habrían desviado fondos de las donaciones de la República de China Taiwán, por $3,968,547.19. Supuestamente eran enviados a cuentas donde luego se emitían cheques por el pago de presuntos proveedores.
El expresidente salvadoreño y su familia residen en Nicaragua donde han adoptado la nacionalidad de ese país.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
