Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
Internacionales
Suecia prepara ley para obligar a aceptar pagos en efectivo en supermercados y farmacias
Muchos suecos llevan años sin tocar billetes, pues muy pocos comercios aceptan dinero en efectivo y prácticamente todos los pagos se realizan con tarjeta o a través de servicios en línea.
La mayoría de las sucursales bancarias ya no aceptan depósitos ni retiros de efectivo, por lo que los clientes se acaban orientando hacia servicios de banca en línea.
Sin embargo, a principios de marzo el banco central sueco recomendó a los hogares ahorrar 1.000 coronas (unos 93 euros) en efectivo por adulto para cubrir una semana de compras de productos de primera necesidad.
Además, instó a los suecos a asegurarse de disponer de varios medios de pago, entre ellos el efectivo, tarjetas de crédito y servicios de pago en línea mediante el celular, «en caso de perturbaciones temporales, de crisis o, en el peor de los casos, de guerra».
El proyecto presentado este miércoles exigiría también que los bancos permitan a sus clientes depositar dinero en efectivo y que las tiendas y las empresas tengan acceso a servicios para ingresar su recaudación diaria en efectivo.
Según estadísticas oficiales, la cantidad de dinero en efectivo en circulación en Suecia se ha reducido prácticamente a la mitad desde 2008.
«La digitalización de la sociedad se ha producido muy rápidamente y ha creado muchas oportunidades, pero también ha entrañado ciertos riesgos», señaló en un comunicado el ministro de Administración Pública, Erik Slottner.
«Uno de los principales riesgos es que la exclusión digital se generaliza, especialmente entre las personas mayores», añadió el ministro.
Según él, es «importante, para reforzar nuestro nivel de preparación», exige a los supermercados y a las farmacias que acepten pagos en efectivo.
La autoridad migratoria de Colombia informó el miércoles de la detención del narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar, vinculado al asesinato en Quito del candidato presidencial Fernando Villavicencio una semana antes de las elecciones de 2023.
Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares, fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en la capital ecuatoriana en un caso que marcó un punto de quiebre en la violencia sin precedentes que sacude al país.
Aguilar llegó al aeropuerto de Bogotá en un vuelo desde México y fue arrestado de inmediato, dijo a la AFP un responsable de prensa de Migración Colombia.
Conocido como «Lobo Menor», el capo es miembro de Los Lobos, la mayor organización narcotraficante de Ecuador, y está investigado por su presunta participación como autor intelectual del asesinato de Villavicencio, indicó la autoridad en un comunicado que acompañó de fotografías del capo esposado y rodeado de agentes de Interpol.
Las autoridades mexicanas también informaron de la detención de Aguilar en ese país y difundieron fotografías del hombre con la misma ropa.
La AFP contactó a funcionarios de Migración Colombia y aseguraron que Aguilar está en Bogotá y no pudieron explicar si venía detenido desde México.
El presidente izquierdista Gustavo Petro aplaudió en X la captura y calificó a Aguilar como «uno de los asesinos más grandes del mundo».
El arresto ocurre en pleno lío diplomático y comercial entre Ecuador y Colombia, que escala todos los días tras denuncias de Petro sobre un supuesto bombardeo del gobierno de Daniel Noboa en su territorio.
«Este resultado (…) ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México», dijo el presidente colombiano.
En julio de 2024 la justicia de Ecuador condenó a penas de hasta 34 años de cárcel a cinco implicados en el magnicidio.
El autor de los disparos fue abatido por los guardaespaldas del candidato. La policía detuvo después a seis colombianos presuntamente vinculados al ataque, pero todos fueron asesinados en la cárcel.
Otra decena de personas está siendo procesada por este caso.
Aguilar fue sentenciado a 20 años de cárcel en 2013 por asesinato en Ecuador, según autoridades colombianas.
«Sin embargo, tras cumplir la mitad de la pena en 2022, un juez concedió la libertad condicional a Aguilar, beneficio que habría aprovechado para cometer otra serie de delitos incluso fuera» de su país, añadió.
La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó el miércoles al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que estuvo al frente de las fuerzas armadas ideologizadas durante más de una década.
Padrino, de 62 años, era considerado un fiel aliado de Nicolás Maduro, que gobernó Venezuela con mano de hierro desde 2013 hasta su captura por parte de Estados Unidos en una operación militar el 3 de enero. Su destitución se produce en medio de la efervescencia nacional por el primer título de Venezuela en el Clásico Mundial de béisbol.
«Agradecemos al G/J (general en jefe) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país», escribió Rodríguez en Telegram.
Momentos después, Padrino le agradeció por «todo el apoyo brindado».
«Ha sido el más alto honor de mi vida servir a la Patria como soldado, y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa», escribió Padrino en Telegram.
La mandataria encargada designó en su lugar al también general en jefe Gustavo González López, a quien había designado a cargo de la guardia presidencial y de la temida agencia de contrainteligencia DGCIM pocos días después de asumir el poder.
González encabezó ante el servicio de inteligencia (Sebin).
Rodríguez nombró también este miércoles nuevos ministros para las carteras de Energía Eléctrica y de Vivienda.
«Lealtad y subordinación absoluta»
Padrino era uno de los pocos estrechos aliados de Maduro que permanecían en el gobierno interino. Tarek William Saab renunció en febrero a la fiscalía general después de casi una década de justicia que expertos tildan de servil al chavismo.
El poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, sigue en el cargo.
Vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez asumió funciones temporales tras la caída del mandatario en una incursión militar de Estados Unidos en la que murieron cerca de un centenar de personas, incluidos uniformados.
Los militares, pilar del chavismo, le expresaron su respaldo irrestricto en ausencia del líder izquierdista. El propio Padrino, en el cargo desde 2014, juró su «lealtad y subordinación absoluta» a Delcy Rodríguez.
«Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas», agregó la mandataria interina, sin detallarlas.
Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos, que dice estar a carga del país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.
Reformó la ley petrolera y promulgó una amnistía histórica, al tiempo que avanza con cambios en su gabinete y en el ejército, entre ellos los generales que comandan la tropa en las regiones de Venezuela.
Fuerza Armada chavista
Bautizada como bolivariana por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), la Fuerza Armada venezolana no esconde su politización. Ha tenido entre sus lemas «¡Patria, socialismo o muerte!» y el actual «¡Chávez vive!».
La Constitución que Chávez impulsó en 1999 concedió el voto a los militares, que además ganaron un inmenso poder con cargos claves en instituciones del Estado.
Además de las armas, los militares en Venezuela controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios, en medio de numerosas denuncias de abusos y corrupción.
