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Defensoría del Consumidor registró 25 casos de abusos al incremento de precios de alimentos
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, informó que como institución continúan con el desarrollo la verificación de precios de alimentos en las diferentes plazas y comercios del territorio salvadoreño.
El funcionario dijo que las inspecciones se desarrollan en conjunto con los ministerios de Economía, Hacienda y Agricultura, así como la Dirección General de Aduanas y la Policía Nacional Civil, y se enfoca principalmente en la afectación del transporte de productos, clave en el abastecimiento, a raíz de la problemática en el territorio guatemalteco.
Salazar confirmó que a diario visitan entre 17 y 22 municipios para realizar verificaciones a diferentes establecimientos. Hasta la fecha, se han detectado 25 casos que pueden derivar en prácticas abusivas y podrían ser multados hasta con 500 salarios mínimos.
“Tenemos requerimientos de información, procedimientos administrativos e investigación por incrementos injustificados de precios en vista que tenían productos que días previos habían ingresado con costos bajos”, expresó Salazar.
De acuerdo con el funcionario, el despliegue del equipo, conformado por varias instituciones gubernamentales, inició el pasado miércoles 4 de octubre, a fin de llevar a cabo inspecciones con el objetivo de conocer los puntos de afectación y las medidas a seguir. Hasta la fecha, han realizado 23,000 inspecciones a escala nacional a distribuidores, importadores y comerciantes.
Por otra parte, el Salazar comentó que mantienen contacto con empresas que proporcionan servicios de transporte terrestre. “Mantenemos una comunicación constante para que a los consumidores se les pueda garantizar sus derechos y ellos puedan cumplir con sus obligaciones”.
Es por ello, que explicó que se han reunido con empresas del rubro transporte, así como las de turismo para que las que cancelen el servicio, les hagan el reembolso del dinero a los consumidores.
Nacionales -deportes
Firpo conquista el Apertura 2025 tras vencer a Alianza en la tanda de penales
Luis Ángel Firpo volvió a coronarse campeón 12 años después al imponerse a Alianza en la final disputada en el estadio Jorge “Mágico” González. El conjunto pampero no celebraba un título desde el Clausura 2013 y llegaba con cuatro derrotas previas en finales, la última en 2001.
El partido fue disputado y con pocas opciones claras durante el tiempo reglamentario y la prórroga. Firpo generó las primeras llegadas de peligro, mientras Alianza apostó por el juego directo. El encuentro se mantuvo sin goles y se definió en la tanda de penales.
En los lanzamientos desde los doce pasos, Mario Jacobo falló para Alianza, mientras Firpo fue efectivo. El penal convertido por Marvin Solano y el cierre de Mauricio Cerritos sellaron el triunfo pampero 4-5, dando paso a la celebración de su undécima corona.
Opinet
Derechos Humanos en El Salvador 2025 – Siglo XXI
Para comprender la nueva situación de Derechos Humanos en El Salvador, es necesario conocer objetivamente que sucedió en el pasado.
Los Derechos Humanos han sido protegidos por el derecho positivo por la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Diciembre de 1948. Y en El Salvador en la Constitución de la República desde 1983.
La vigencia y protección de los derechos humanos, ha sido limitada ya que nunca se ha elaborado una ley de derechos humanos, que proteja y garantice esos derechos. Por tanto, la violación y abuso de los derecho humanos de los salvadoreños nunca han sido garantizados. Han sucedido gobiernos conservadores, liberales, militares, quienes institucionalmente y sistemáticamente han violados esos derechos fundamentales.
Es importante establecer que quien viola los derechos humanos es el Estado, por medio de sus instituciones y funcionarios. Y simultáneamente es el estado mismo quien está obligado a garantizar la vigencia de esos valores.
En el Salvador conservamos un sistema jurídico, que establece la jurisdicción criminal en los Códigos Penal, Procesal Penal y del menor infractor. Pero la jurisdicción en derechos humanos es una categoría especial completamente diferente al derecho criminal, no tenemos legislación, carecemos de una ley, institución que ejecute y jurisdicción competente (tribunales). Las lesiones, homicidios asesinatos, secuestros etc. cometidos por particulares de manera individual o crimen organizado son delitos penales y no violación a derechos humanos, ya que no son políticas de estado.
Los más altos niveles de violación en derechos humanos, especialmente el derecho a la vida y libertades individuales y colectivas sucedieron durante las dictaduras militares desde 1932 hasta 1979 (de Gral. Maximiliano Hernández Martínez a Gral. Carlos Humberto Romero).
La última experiencia vivida fue durante la guerra civil en los años 80, donde el gobierno de General Romero, calificado como dictadura militar, marco asesinatos políticos masivamente, cometiendo entre 50 a 60 asesinatos semanales, con centenares de desapariciones forzadas. Torturas en centros de detenciones de la policía Nacional, Guardia Nacional, Policía de hacienda y centros penitenciarios. Crueles y sanguinarias masacres a nivel nacional calificadas como delitos de lesa humanidad, asesinatos y desapariciones forzosas por escuadrones de la muerte , que eran parte del gobierno, policía y fuerzas armadas.
Desde la Comisión de Derechos Humanos no Gubernamental CDHES y el Comité de Madres de Asesinados, Desaparecidos y Presos Políticos COMADRES, logramos colectar información, clasificarla por sectores como: sindicalistas, estudiantes, profesores, defensores de derechos humanos, iglesias, profesionales, población civil, opositores políticos, periodistas etc. utilizamos mecanismos legales interponiendo Recurso de Habeas Corpus ante la Corte Suprema de Justicia, denuncias en medios de comunicación radial, escrita y televisiva a nivel internacional. Denunciamos en forma presencial ante el Congreso de los Estados Unidos, ante Naciones Unidades en Ginebra y foros de Derechos Humanos a nivel internacional (USA. México, Canadá, Europa).
Los resultados fueron negativos, a nivel interno la CSJ integrada por miembros del partido de gobierno jamás no resolvió un caso y a nivel internacional fue similar. Nuestros esfuerzo convertidos únicamente en denuncias, logramos solidaridad y apoyo financiero de organizaciones internacionales. Nuestro trabajo fue en forma voluntaria, es decir no recibimos un salario, sino únicamente un bono para alimentación, transporte y ropa. Estábamos en plena guerra civil y organizada políticamente junto al pueblo. Varios profesionales y la mayoría estudiantes, algunos con empleo.
FIN DE LA GUERRA CIVIL
Enero de 1992, oficialmente finaliza el conflicto armado y las cúpulas de las fuerzas beligerantes, hacen sus acuerdos inescrupulosos en contra del pueblo golpeado y sufrido, salvadoreños que valientemente dimos nuestro trabajo. Sin embargo los defensores de derechos humanos logramos visualizar, que sucedería después del conflicto armado en el tema de derechos humanos. Estudiamos por seis meses el marco legal, comparativo, doctrina, jurisprudencia de varios países y concluimos que lo más moderno y viable era la creación de una ley de Derechos Humanos y la institución que llevaría a la práctica esa ley denominada Ombudsman o Ombusdperson, que se traduce a Defensor del Pueblo.
Dicho anteproyecto de ley lo donamos a la dirección política del FMLN, para que lo presentara y discutieran con el gobierno salvadoreño de A. Cristiani en San José Costa Rica. Como defensores de derechos humanos de la fuerza política Resistencia Nacional (RN), dimos nuestra contribución para garantizar y defender los derechos humanos de los salvadoreños, después del conflicto armado.
Como todos conocemos, la codicia de poder económico de los políticos de izquierda y derecha, dicho anteproyecto de ley fue presentado y enviado al basurero del olvido y tanto el FMLN como el Gobierno salvadoreño (ARENA), bajo en asesoramiento de la ONU, se ponen de acuerdo para hacer una fotocopia de LA PROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, que se había impuesto en Guatemala al finalizar el conflicto armado. Creando una institución disfrazada de derechos humanos, pero que en realidad era para no investigar ni llevar a la justicia a los violadores de derechos humanos del gobierno y de los crímenes de guerra cometidos por la Guerrilla del FMLN.
Legisladores ignorantes de la época, desconocen el proceso de formación de una ley. La lógica jurídica nos indica que primero se crea la ley y luego esta crea la institución que ejecutará la misma. La práctica nos ha demostrado lo ineficiente e ineficaz que es la PDH, que sus resoluciones son simples recomendaciones. Sin vinculación en los procesos de violación a derechos humanos que equivocadamente llevan los tribunales penales. Los únicos recurso que existen y garantizan los derechos humanos son los Recursos que se presentan a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia :Habeas Corpus, Amparo e Inconstitucionalidad.
DERECHOS HUMANOS DESPUÉS DEL CONFLICTO ARMADO
Continuamos sin un marco legal que defienda y garantice los derechos humanos.
En la actualidad se han llevado procesos de derechos humanos en tribunales con jurisdicción Penal y Procesal Penal, ocurridos en el conflicto armado de los 80. Será posible que la Fiscalía General de la República acuse al Estado salvadoreño? Técnicamente no es posible ya que la Fiscalía representa al Estado ante cualquier demanda en su contra. No puede ser juez y parte.
Aunque algunos dirán que la Fiscalía también representa a la sociedad, de igual forma no puede jugar ambos roles. El estado tiene una deuda en este tema, no ha creado legislación para garantizar y defender los derechos humanos.
El periodo de 20 años después de la guerra civil, se activaron las viejas estructuras de derechos humanos, callaron que en El Salvador se continuaba abusando y violentando los derechos humanos por los gobierno de turno, tanto de ARENA como del FMLN. Pero nunca denunciaron ni interna ni internacionalmente, por el contrario encubrieron y se volvieron cómplices por omisión. Nacieron más organizaciones de D.H. no gubernamentales financiadas por los gobiernos de turno y organismos internacionales que coordinaban una agenda globalista, que fomentaba el crimen organizado, el narco tráfico, el neo liberalismo y control geopolítico.
Docenas de ONGs de derechos humanos, medios digitales como el Faro, Focus, Gato encerrado, Canales de TV, universidades como la Centroamericana UCA, la Nacional UES y la Tecnológica. Financiadas por el órgano legislativo, ejecutivo y debajo de la mesa por partidos políticos, empresa privada y agentes extranjeros como AID, Open Society, Amnistía International, Human Rigth Watch, AECID (cooperación española),Fundación Interamericana IAF, Asociación Universitaria Iberoamericana(AUIP), Fundación Carolina, Agencia Mexicana de cooperación internacional para el desarrollo(AMEXID).etc.
DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO DE NAYIB BUKELE 2019- 2025
En el 2019 inicia un nuevo periodo político, bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele. Joven político milenial, que rompe por primera vez el bipartidismo en la historia política de El Salvador. Presenta un plan de largo plazo, que prioriza fundamentalmente la seguridad. Porque? porque encuentra un país destruido, donde los derechos humanos del pueblo salvadoreño, no tiene ninguna protección por parte del estado, especialmente del órgano ejecutivo y de las fuerzas armadas. Recibe un país considerado el más inseguro del planeta, estructuras del gobierno totalmente corrompidas por políticos acostumbrados a vivir de las arcas del estado. Una partidocracia profundamente desarrollada en la corrupción y una economía basada en las remesas de los migrantes salvadoreños.
Recibe un país controlado económicamente por la tradicional oligarquía nacional y extranjera, con un grupo de burgueses corruptos y una burocracia estatal totalmente corrupta.’
También enfrenta la manada de ONG’s de derechos humanos del pasado y fuera de la coyuntura política, que proyecta el nuevo gobierno de Bukele. Ya que estos no actúan en defensa de derechos humanos sino que buscan vivir a costa de victimas del crimen organizado o defendiendo activistas políticos corruptos y ejecutando la agenda globalista, disfrazados de defensores de derechos humanos. Ejemplo el IDHUCA, la Iglesia Luterana, Tutela legal del Arzobispado y luego convertida en Tutela legal María Julia Hernández, Cristosal, Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, CRIPDES, FESPAD, FUSADES, CDHES, FUNDE,etc.
Esta masa de activistas partidarios de izquierda y derecha, en el 2019 se les inicio un proceso de identificación, investigación y auditorias, para comprobar el mal uso de los fondos recibidos del estado y de asistencia internacional. Se integró una comisión Especial en la Asamblea legislativa. La fiscalía y Corte de Cuentas de la República activaron sus mecanismos para comprobar la corrupción de estas organizaciones de fachada.
La mayoría fueron expuestas públicamente y se les abrió procesos judiciales ante la Fiscalía General de la República, sus fundadores y directores en su mayoría huyeron del país, otros están presos y algunos en libertad condicional.
De esta manera se demostró la verdadera naturaleza de estas organizaciones de fachada. Se han creado candados legales para evitar, que este tipo de asociaciones fraudulentas continúen malversando fondos, que busquen un oficio o trabajo digno y dejen de vivir como parásitos. Hoy se auto exilian y se auto denominan perseguidos políticos, cuando la realidad es que son activistas políticos delincuentes, que deben pagar por sus actos delictivos.
Nosotros del Defensores de Derechos Humanos durante el conflicto armado, dimos una verdadera lucha en la defensa de los DH de los salvadoreños, es cuando se da la vida, no cuando se vive de ellos, con elegantes oficinas y buenos salarios. Nosotros arriesgamos la vida sin esperar nada a cambio, los de ahora en el siglo XXl, únicamente se dedican a desarrollar una agenda de sus patrocinadores globalistas, que exclusivamente están criticando un proyecto que esta garantizando y defendiendo los derechos humanos.
CONCLUSIONES:
- El Gobierno de El Salvador desde el 2019 al 2025, ha creado un estado de derecho moderno, que garantiza el derecho a la vida y a la libertad individual.
- Ha cumplido su mandato constitucional de proteger los habitantes del país, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad, color, religión o grupo social en particular. Reformando leyes secundarias para fortalecer la eficiencia del sistema de justicia.
- Ha recuperado la confianza de la población, para que esta cumpla las leyes y mantenga el orden y respeto a los derechos individuales de los ciudadanos.
- Ha logrado eliminar la corrupción de la partidocracia y de los grupos de Ong’s de fachada de derechos humanos, que han vivido del dolor de las víctimas.
- A puesto en prisión y en evidencia la corrupción de políticos, tradicionalmente corruptos de la derecha e izquierda podrida en El Salvador.
- Ha demostrado al mundo que los derechos humanos a defender desde el gobierno son los de la población y no la de los criminales. se ha liberado el 99% de la población y se ha encarcelado el 1%, calificados como criminales terroristas.
- El órgano legislativo está en deuda, debe emitir una ley de derechos humanos y crear una institución y tribunales que defiendan y garanticen los derechos humanos de los salvadoreños.
De esa manera los salvadoreños nos vamos a sentir protegidos institucionalmente por el Estado en la Nueva República que se construye.
Los patriotas defensores de derechos humanos durante el conflicto armado, terminamos nuestra labor humanitaria al final del conflicto armado, no acompañamos a corruptos políticos y parásitos oportunistas. Nuestro trabajo es apoyar a quien defiende y garantiza los D.H. del pueblo salvadoreño
Jose Mario Ramirez o Jacobo Quiteño
Ex coordinador General de la Comisión de Derechos Humanos
No gubernamental de El Salvador. CDHES. 1980-1984
Nacionales
Incendio afecta fábrica de alimentos para mascotas en Sonsonate
Un incendio estructural se registró este día en una fábrica de alimentos para mascotas ubicada en la colonia Santa Beatriz, 1.º pasaje San José, cantón Acopapayo, distrito de Armenia, Sonsonate Este.
Personal del Cuerpo de Bomberos ejecutó maniobras de control y enfriamiento para evitar la propagación del fuego hacia estructuras cercanas y reducir riesgos en la zona. Al cierre del informe, no se reportan víctimas.









