El Gobierno de Ecuador anunció este jueves el despliegue masivo de cerca de 10.000 militares en las provincias costeras del Guayas, Los Ríos y Manabí, como parte de una nueva fase ofensiva contra la delincuencia organizada, informó el Ministerio de Defensa Nacional.

Según un comunicado oficial, la operación ha sido denominada «Fase de Ofensiva Total» y se ejecuta en las provincias más golpeadas por la violencia criminal, las cuales se encuentran actualmente bajo «estado de excepción» decretado por el Ejecutivo.

Agregó que durante la jornada se llevó a cabo un mega despliegue de tropas militares hacia la ciudad de Guayaquil (suroeste), desde donde los efectivos serán distribuidos estratégicamente hacia distintos cantones (municipios) del Guayas, Los Ríos y Manabí.

Precisó que esta movilización marca el inicio de una operación sostenida y coordinada del Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Además, las acciones se ejecutan «con carácter ofensivo y sin tregua», enfocadas en golpear directamente a quienes atentan contra la seguridad ciudadana en el país que, desde 2024, enfrenta un conflicto armado interno declarado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Añadió que por disposición del ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, se ordenó la instalación indefinida del Alto Mando Militar en la provincia del Guayas, con el fin de dirigir las operaciones desde el territorio, agilizar la toma de decisiones y garantizar una respuesta inmediata frente a cualquier amenaza.

Ecuador enfrentó en 2025 una ola de inseguridad sin precedentes, año que ha sido calificado como el más violento de su historia, con 8.847 homicidios registrados hasta el pasado 19 de diciembre, según cifras de la Policía citadas por la prensa local.

La mayor parte de la violencia se concentró en las tres provincias donde, desde este jueves, se ejecuta la nueva ofensiva militar, de acuerdo con estadísticas oficiales.

En enero de 2026, la violencia criminal se mantiene con una serie de ataques armados y asesinatos múltiples registrados en los primeros días del año, hechos que las autoridades vinculan a disputas entre bandas delictivas.

Estados Unidos ha concluido una venta de petróleo venezolano, la primera desde que Washington tomó el control del sector tras la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro, indicó el jueves a la AFP un responsable estadounidense.

Según esta fuente, el monto de la operación asciende a $500 millones y podrían concretarse otras ventas en los próximos días o semanas.

«El presidente Trump ha negociado un acuerdo energético histórico con Venezuela, inmediatamente después del arresto del narcoterrorista Nicolás Maduro, que beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano”, declaró el jueves una portavoz de la Casa Blanca.

La semana pasada, el presidente estadounidense había anunciado que «las autoridades interinas de Venezuela (iban) a entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado y de alta calidad», es decir, entre uno y dos meses de producción.

Trump ha dejado clara su intención de «controlar» los ingresos derivados de la venta de esos barriles.

El presidente también instó a las grandes petroleras a lanzarse al asalto de las vastas reservas del país sudamericano.

«Ustedes tratan directamente con nosotros, no queremos que traten con Venezuela», advirtió Trump a los ejecutivos de esas empresas en un encuentro en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense firmó este fin de semana un decreto de emergencia destinado a colocar bajo protección especial los activos venezolanos, incluidos los ingresos petroleros, ubicados en territorio estadounidense, a fin de impedir, en particular, que sean embargados por tribunales o acreedores.

El republicano «protege» el continente americano «contra los narcoterroristas, los traficantes de drogas y los adversarios extranjeros que buscan sacar provecho», estimó el jueves una portavoz de la Casa Blanca.

Además, la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez presentó ayer un proyecto para reformar la ley de Hidrocarburos, mientras ajusta su relación con Estados Unidos.

Rodríguez elevó al parlamento el mensaje anual de Maduro. Ella era su vicepresidenta y asumió el poder tras la incursión estadounidense del 3 de enero.

Los fiscales reprocharon al exjefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».

También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».

«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur, aunque no se ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1997.

Este martes, al hablar en su propia defensa, Yoon afirmó que apenas había ejercido su autoridad como presidente.

«No fue una dictadura militar que elimina ciudadanos, sino un esfuerzo por salvar la libertad y la soberanía, y por revivir el orden constitucional», dijo Yoon, según informó la agencia de noticias Yonhap.

La Fiscalía también pidió que el exministro de Defensa Kim Yong-hyun fuera condenado a perpetuidad.

El veredicto será anunciado el 19 de febrero.

En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.

Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado de soldados, y votase la suspensión de su decreto.

Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.

Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial – medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980 – alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.