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Continúa supervisión de trabajos en drenajes de Ciudad Marsella tras inundaciones
La supervisión de los trabajos que realiza la empresa Salazar Romero en el sistema de drenajes de la residencial Ciudad Marsella, ubicada en San Juan Opico, La Libertad Centro, continuó este lunes, luego de las inundaciones registradas durante la tormenta del sábado por la noche, según informó la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
A través de su cuenta oficial en X, la funcionaria detalló que desde tempranas horas se mantiene la supervisión de los trabajos ejecutados por la empresa Salazar Romero, enfocándose en la limpieza de drenajes, extracción de residuos y despeje de tuberías obstruidas.
«Esta mañana continuamos con la supervisión de los trabajos que realiza la empresa Salazar Romero en los drenajes, para sacar residuos y despejar las tuberías», escribió Sol.
La ministra subrayó que, aunque los equipos gubernamentales supervisan las labores, la ejecución y responsabilidad directa recaen en la empresa constructora.
«Estas acciones son supervisadas por nuestros equipos, pero es deber de la empresa la ejecución para responder a las familias que han comprado viviendas en ese proyecto», añadió.
La tormenta del sábado ocasionó inundaciones en varias viviendas de los polígonos 3 y 9 del Quartier 11 de la residencial, dejando pérdidas materiales que, según las autoridades, en algunos casos son totales. Ante esta situación, el Gobierno ha reiterado que la empresa constructora deberá asumir la responsabilidad por los daños.
«La empresa tendrá que asumir la responsabilidad al 100 % de cada uno de los daños materiales porque ha sido pérdida total la que han tenido en sus viviendas», aseguró Sol en declaraciones recientes.
La ministra señaló que los técnicos de la Unidad de Permisos de Construcción del Sistema de Vivienda llegaron a la oficina de OPVSA para solicitar el expediente completo de permisos del proyecto Ciudad Marsella, esto «con el fin de verificar que cada autorización cumpla con lo establecido en la ley».
Asimismo, personal de la Defensoría del Consumidor se trasladó a la zona para realizar un censo de las viviendas dañadas y documentar las pérdidas sufridas por las familias.
El presidente de la institución, Ricardo Salazar, explicó que se llevará a cabo una revisión integral, incluyendo el análisis de los contratos de compraventa.
«Desde nuestra institución veremos por los derechos de estas familias, que se restituyan las pérdidas. Haremos una revisión completa incluyendo aspectos contractuales», indicó Salazar en una entrevista concedida a Diálogo 21 este lunes.
Salazar agregó que han detectado posibles irregularidades en la forma en que algunas familias han estado pagando sus viviendas.
«Nos hemos dado cuenta que prácticamente están haciendo uso de las familias, no como propietarios sino con alquileres que son onerosos, y vamos a establecer un mecanismo para que haya una compensación para que ese dinero sea abonado al capital, del valor de la vivienda», concluyó.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
El Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos de estabilización de dos taludes en residencial Palo Alto, Zaragoza, continúan. Estos trabajos forman parte del Plan Nacional de Mitigación 2026.
«Nos encontramos en Palo Alto donde estamos haciendo una obra más como parte del Plan Nacional de Mitigación. Se intervendrán dos taludes de grandes proporciones, uno es este que empezamos con varias actividades», dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
De acuerdo con las autoridades, ya se realizó el chapeo y perfilado del talud como parte de las primeras fases del proyecto de estabilización, por lo que continuarán con la construcción de muro soil nailing, drenajes profundos, aplicación de shotcrete, canaletas, aceras y revegetación del área.
«Por el tipo de suelo que tiene el talud si solo se hace lanzado fácilmente se puede venir el talud; por eso hay que hacer otro tipo de obras. Se realizaron estudios de suelo y por eso se están haciendo perforaciones para poderlo anclar, esta ronda los 5 mil metros cuadrados», añadió Rodríguez.
El segundo talud que también se intervendrá mide 6 mil metros cuadrados.
Durante una entrevista en el programa de radio La Tribu FM, el titular de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, detalló esta mañana que el programa Proceso Formativo continúa creciendo y ya beneficia a miles de estudiantes salvadoreños con oportunidades de formación universitaria y técnica.
Según explicó, en la actualidad alrededor de 17 mil jóvenes cursan estudios en 37 universidades y escuelas técnicas, mientras que para el próximo año se prevé incorporar a otros 20 mil estudiantes.
Además, señaló que 49 mil alumnos que se encuentran en su último año de bachillerato iniciarán el proceso para ingresar a la educación superior.
Gutman indicó que prácticamente todas las universidades del país participan en el programa, el cual busca incentivar la continuidad académica entre los jóvenes.
«Yo le quiero agradecer a don Alejandro porque este esfuerzo ningún funcionario de antes pudo haberlo hecho mejor que usted…Le insto muchísimo a los jóvenes que estas oportunidades deben aprovecharse porque solo son una vez en la vida», dijo uno de los oyentes durante la entrevista radial, que también es beneficiario de la Dirección de Integración.
El funcionario enfatizó que este esfuerzo forma parte de un cambio estructural impulsado en 2025, orientado a superar las limitaciones históricas que restringían el acceso a la educación superior para la mayoría de bachilleres.
