Principal
Andreu Oliva renuncia a la rectoría de la UCA
A través de un comunicado difundido en redes sociales, que fue confirmado por Diario Co Latino con otras fuentes cercanas a la prestigiosa UCA, se conoció la renuncia del rector de ese centro de estudios superior, el sacerdote jesuita Andreu Oliva.
«Nos comunicamos con ustedes para informarles que el padre Andreu Oliva, S.J, presentó el pasado 1 de diciembre a la Junta de Directores la petición de ser relevado en el cargo de rector por motivos personales», dice el comunicado.
«La junta, comprendiendo dichos motivos, ha aceptado la solicitud y quiere dejar constancia de su profundo agradecimiento al P. Oliva por sus 13 años de generosa entrega y dedicación a la UCA», agrega el comunicado.
El sustituto del padre Oliva será el también sacerdote jesuita, de nacionalidad salvadoreña, Mario Ernesto Cornejo, de 42 años de edad.
En las redes sociales provocó sorpresa e incredulidad de la renuncia del padre Olivo.
Olivo, en su calidad de rector de la UCA, se convirtió en una voz incomóda por el gobierno, por sus posiciones valientes ante los acontecimientos políticos y sociales del país, por lo que fue atacado por los seguidores del gobierno, incluido los troles.
Una familia de Guanajuato, México, despertó la mañana del 24 de febrero con una desagradable sorpresa: su ropa, que había quedado secando en el tendedero, había desaparecido por completo. Entre las prendas sustraídas, se encontraba su ropa interior, dejándolos literalmente «sin calzones».
El insólito robo quedó registrado en un video que se hizo viral en redes sociales. En las imágenes se observa a un sujeto con sudadera blanca y gorro subiendo a una pared para alcanzar el tendedero del traspatio de la vivienda. Aprovechando la oscuridad de la madrugada, el individuo comenzó a arrancar la ropa colgada y a lanzarla hacia la calle.
El «roba calzones» ataca de nuevo 😳🩲
Este sujeto fue captado robando hasta los calzones del tendedero de una vivienda ubicada en Guanajuato 📍 pic.twitter.com/A2fGUFxD2U
— adn40 (@adn40) February 26, 2025
Según la grabación, el hurto se llevó a cabo alrededor de las 5:51 a. m. del pasado domingo 23 de febrero. A pesar de los ladridos de los perros de la casa, el delincuente continuó tomando la ropa sin mostrar señales de nerviosismo.
Tras el suceso, los propietarios de la vivienda compartieron el video en redes sociales para alertar a sus vecinos sobre el peculiar ladrón. La grabación rápidamente se viralizó en Guanajuato y posteriormente en otros estados como Nuevo León y Veracruz, donde usuarios aseguraban que el robo también pudo haber ocurrido en esas entidades.
Internacionales
Gobierno argentino corrige norma donde llamaba «imbécil» o «idiota» a los discapacitados
En enero, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicó una resolución en la cual establece los parámetros con los que serán evaluados los individuos para que obtengan, o continúen percibiendo, un subsidio por discapacidad. En su anexo, se describen los niveles de desarrollo intelectual de los «retardos mentales».
Según este texto, primero está el «idiota», que «no atravesó la etapa glósica (verbal), no lee ni escribe, no conoce el dínero…»; luego el «imbécil», que «no lee ni escribe, (pero) atiende sus necesidades elementales»; y finalmente el «débil mental profundo», que «realiza tareas rudimentarias», el «moderado» y el «leve», que «puede realizar tareas de mayor envergadura».
«Les corresponde pensión a los que presentan debilidad mental profunda o mayor», prosigue el texto difundido en el Boletín Oficial, publicado en el marco de una amplia auditoría implementada por el gobierno del ultraliberal Javier Milei a fin de revisar la ideoneidad de las pensiones por invalidez.
Tras el repudio a este contenido por parte de organizaciones de derechos humanos y de personas con discapacidad, ANDIS reconoció en un comunicado este jueves que la publicación de tales términos fue «un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta».
La resolución y el polémico anexo «serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales», indicó la agencia en la red X, aclarando que estos cambios no modificarán «sus criterios de evaluación».
Siete organizaciones exigieron hace tres semanas la derogación de esta norma al señalar que su contenido «atenta de modo flagrante» la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, entre otras cosas porque «la clasificación de las personas como ‘válidas’ o ‘inválidas’ para el trabajo es contraria al modelo social y es en sí misma discriminatoria».
«Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarnos del Consejo de Derecho Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites», anunció en medios oficialistas Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua junto a su esposo, Daniel Ortega.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una «dictadura familiar», junto a su esposa, de 73 años.
En su informe anual, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua aseguró que, con una reforma constitucional que entró en vigor el 18 de febrero, el gobierno «eliminó los pocos controles institucionales que quedaban» y creó un «poder ejecutivo con dominio absoluto»,
Los expertos acusaron al «régimen de Ortega y Murillo de ejecutar sistemáticamente una estrategia autoritaria de dominio del país, mediante la comisión de graves violaciones de derechos humanos».
Según el reporte, publicado en Ginebra, «el gobierno reclutó a excombatientes, militares y policías retirados, jueces y empleados públicos, para que se unieran» a un ejército de decenas de miles de encapuchados que vigilan y reprimen a la población.
Vestidos con camiseta blanca y pantalón negro, unos 30.000 encapuchados, que formaron filas en la Plaza de la Fe en Managua, fueron juramentados por Ortega y Murillo en la noche del miércoles para unirse a otros 50.000 del resto del país.
«Caja de resonancia»
Ambos aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de abril de 2018, que consideraron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington y cuya represión, en la que según el Grupo de Expertos participó el ejército, la policía y paramilitares encapuchados, dejó más de 320 muertos.
«El autodenonimado Grupo de Expertos, la Oficina del Alto Comisionado y el Consejo de Derechos Humanos se han convertido en caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y tranquilidad», agregó Murillo, en referencia a los manifestantes.
La copresidenta nicaragüense aseguró que «esos informes son un obstáculo para el desarrollo económico y social» del país, y calificó a esos órganos de la ONU de «irrespetuosos» que «perdieron su naturaleza y esencia».
«No los reconocemos y no nos vemos siendo parte o cómplice de atropellos contra la soberanía, la igualdad de los Estados, la dignidad de los pueblos», agregó.
La reforma constitucional establece la «vigilancia» sobre la prensa y la Iglesia, y el despojo de la nacionalidad nicaragüense a quienes el gobierno considere «traidores a la patria», como hizo con unos 450 críticos y opositores expulsados del país en los últimos años.
«Nicaragua se ha convertido en un lugar de vigilancia y silencio impuesto para quienes permanecen, mientras que aquellos que se atreven a resistir, o que simplemente son percibidos como disidentes, enfrentan una vida de apátrida y exilio» dijo Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos.
Los investigadores de la ONU instaron a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas para abordar estas violaciones.
